Este 12 de septiembre de 2023, a solicitud del consejo de ministros del presidente Nayib Bukele, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron con 67 votos a favor, ocho abstenciones y siete votos en contra, una nueva prórroga del régimen de excepción. El régimen entró en vigencia el 27 de marzo de 2022 e implica una serie de medidas que anulan garantías fundamentales como el derecho a la defensa, la inviolabilidad de las comunicaciones y la prolongación de la detención administrativa.
Esta es la decimoctava vez que el Gobierno promueve y los diputados aprueban alargar el régimen de excepción. Se trata de una figura contemplada en la Constitución para casos de calamidad nacional, pero que solo puede aprobarse para 30 días y alargarse, como máximo, por 30 días más.
Según el dictamen presentado en el pleno, en este año y medio de régimen ha habido 72,600 capturas. La organización de derechos humanos Cristosal ha registrado 170 muertes en centros penales y más de 3,000 denuncias por detenciones arbitrarias durante el régimen de excepción.
Organizaciones como Cristosal, el Socorro Jurídico Humanitario, y Servicio Social Pasionista, se han vuelto el único recurso para víctimas del régimen y sus familiares. Estas organizaciones ya contabilizan más de 5,400 denuncias de abusos por parte de las autoridades en el marco del régimen de excepción. El mismo Gobierno ha admitido que se ha liberado a más de 7,000 personas que resultaron ser inocentes.
Pese a la enorme cantidad de personas inocentes y detenciones arbitrarias, el Gobierno sigue usando la guerra contra las pandillas como pretexto para mantener la suspensión de derechos ciudadanos. La iniciativa fue llevada nuevamente al Salón Azul por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro y el ministro de la Defensa René Merino Monrroy, al diputado presidente Ernesto Castro, del oficialista partido Nuevas Ideas. «Los pandilleros ya no mandan, gobierna el Estado. El Salvador ha cambiado, ahora podemos gritar que somos el país más seguro de la región y por eso debemos dar gracias a Dios por las decisiones del presidente Nayib Bukele», aseguró Castro.
El Estado salvadoreño ha sido denunciado ante organismos internacionales por las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de estas medidas. Estas incluyen muertes, detenciones arbitrarias y torturas. Las organizaciones sociales incluso presentaron el impacto del régimen ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en julio de 2023.
Las denuncias documentadas por organizaciones no gubernamentales incluyen las detenciones arbitrarias, pero que también acoso, amenazas, lesiones, violaciones y muertes en centros penitenciarios. Las víctimas identificaron como responsables a la Policía Nacional Civil, en un 74.97 % de los casos; a la Fuerza Armada, en un 7.09 %, y acciones conjuntas entre ambas instituciones, en un 14.74 %.
Marleni Funes, diputada del FMLN, aseguró que las 18 prórrogas del régimen significan que a El Salvador le hace falta una política de seguridad pública adecuada. «Mas de un centenar de salvadoreños han perdido el bien más preciado que se tiene: la vida», aseguró, refiriéndose a las muertes dentro de centros penales.
La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, cuestionó que no ha habido ninguna disculpa pública o reparación para los miles de liberados, a los que funcionarios gubernamentales han llamado «margen de error» y que en total son 7,000 según cifras oficiales, aseguró la legisladora.
