El abogado y defensor de derechos humanos Alejandro Henríquez y el pastor y líder comunitario José Ángel Pérez recuperaron su libertad tras permanecer siete meses privados de libertad, luego de aceptar un proceso abreviado dentro del proceso penal iniciado en su contra en mayo de 2025.
De acuerdo con el documento de acusación presentado por la fiscalía general de la República, ambos fueron señalados por los delitos de resistencia agresiva y desórdenes públicos, relacionados con su participación en una manifestación realizada en la comunidad El Bosque, en el municipio de Tacachico, departamento de La Libertad. La protesta tenía como objetivo solicitar apoyo para evitar el desalojo de aproximadamente 300 familias campesinas.
En esta mañana como han declaro mis abogados motivados por muchas razones, pero principalmente por la intención de alcanzar un procedimiento abreviado, que me devuelva con mi familia y esposa que me espera, y sobre todo por las condiciones conocidas de los centros penales procedo a realizar la confesión de los hechos en que se basa su proceso».
José Ángel Pérez, Confesión causa 106-2025-2.
Según la acusación fiscal, los hechos imputados ocurrieron durante una concentración pública realizada en mayo de 2025, posterior a la notificación de una orden de desalojo emitida por un juzgado de Santa Tecla. La Fiscalía sostuvo que la manifestación derivó en alteraciones al orden público, base sobre la cual se formularon los cargos penales.
Agentes de la Policía Nacional Civil cuyo nombre no conozco al parecer observaron a personas que realizaban actos de violencia y peligros para esas personas, en el lugar que estaba yo, y los agentes que se encontraban en el lugar procedieron a intervenir, por lo anterior agentes de la policía se acercaron a mi persona y me intervinieron con la intención de detenerme, al ver lo anterior. la comunidad me protege y comienza a jalonearme para evitar mi detención, yo también intento retirarme del lugar y de los agentes, no lográndolo, siendo detenido por los delitos de desórdenes públicos y resistencia agresiva. Estos son los hechos que voy a confesar».
José Ángel Pérez, Confesión causa 106-2025-2.
En el documento de confesión, firmado el 17 de diciembre de 2025, Henríquez y Pérez aceptaron el procedimiento abreviado y reconocieron los hechos atribuidos por la autoridad fiscal, como condición para acceder al beneficio de la libertad. El proceso permitió la finalización anticipada del juicio penal.
Mi persona junto a otros miembros de la Comunidad El Bosque, de los cuales asesoro como defensor de Derechos Humanos, nos encontrábamos en una protesta no violenta para llamar la atención de transeúntes y funcionarios sobre la resolución judicial de desalojo, también en el lugar se encontraban agentes y miembros de la Policía Nacional Civil, dando seguridad para la manifestación pacífica que empezó en horas de la mañana, que cerca de las nueve de la noche en el lugar que estaba yo, agentes de seguridad me intervinieron por haber observado actos de violencia, los agentes me trataron de detener pero logré huir del lugar, pero al día siguiente fui capturado en el redondel Atlacatl».
Alejandro Henríquez, Confesión causa 106-2025-2.
Como parte de las condiciones impuestas, el tribunal estableció restricciones posteriores a la liberación, entre ellas la prohibición de participar en manifestaciones similares a las que dieron origen al proceso penal. Esta medida quedó consignada dentro de las resoluciones asociadas al procedimiento abreviado.
Fotos cortesía ReverdES.
Las detenciones de Henríquez y Pérez se enmarcan en un contexto más amplio de criminalización de personas defensoras y líderes sociales. El 18 de mayo de 2025 fue capturada Ruth López, jefa del área Anticorrupción de Cristosal, acusada por la Fiscalía del delito de peculado. Diversas organizaciones sostienen que su detención responde a su trabajo contra la corrupción y a sus denuncias sobre detenciones arbitrarias bajo el régimen de excepción.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales se pronunciaron durante los meses de detención, solicitando la liberación de ambos señalando preocupaciones sobre la criminalización de la protesta social y el uso del sistema penal contra personas defensoras de derechos. También se han pronunciado para exigir la liberación de Ruth López.
En este mismo período también fue detenido el abogado Enrique Anaya, crítico del oficialismo, y en febrero de 2025 se produjo la recaptura de Fidel Zavala, vocero de UNIDEHC, junto a líderes comunitarios de San Juan Opico.
Desde marzo de 2022, El Salvador se mantiene bajo un régimen de excepción que ha facilitado detenciones sin orden judicial. Hasta abril de 2024, al menos 34 personas defensoras de derechos humanos habían sido capturadas arbitrariamente, según organizaciones especializadas.
En noviembre de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva prórroga del régimen de excepción. Según cifras oficiales presentadas al Legislativo, esta medida ha facilitado más de 90,200 capturas desde su implementación, mientras que organizaciones como Socorro Jurídico Humanitario han documentado al menos 450 muertes bajo custodia del Estado.
La liberación ocurre además en un escenario político y legal caracterizado por la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, que ha sido cuestionada por su impacto en el ejercicio de derechos fundamentales y en el trabajo de organizaciones sociales y medios independientes.
