Por Mónica Campos con reportes de Gabriela Aquino
Con una notificación firmada por el presidente Nayib Bukele, Liduvina Escobar recibió finalmente el escrito que informa sobre su remoción definitiva como comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). El proceso de remoción de su cargo duró nueve meses, en los que Escobar fue víctima de ataques, amenazas y denuncias falsas en su contra.
La ex comisionada Escobar calificó el proceso de remoción como arbitrario. Aseguró que es algo que ya se esperaba. Señaló que la administración de Nayib Bukele ha buscado acabar con el avance en materia de transparencia que había en el país. «Esto tenía que pasar por cooptar una institución tan importante como era el Instituto de Acceso a la Información Pública, porque es el ente garante en esta materia», expresó.
Escobar aseguró que comenzó a ser atacada dentro del instituto luego de dar una entrevista a La Prensa Gráfica , en febrero de 2021, en la que declaró que tras la incorporación de tres comisionados nombrados por Bukele, había tensiones que hacían que el IAIP fuera un «instituto ineficiente». Escobar detalló además, que una de las comisionadas nombradas por Bukele, Roxana Soriano, había estado afiliada al partido Nuevas Ideas hasta el 21 de junio de 2020, lo cual «sirve para comprobar que tiene un vínculo partidario».
En la notificación de su remoción definitiva, a Escobar se le atribuye que no haber llevado a cabo las funciones que le fueron encomendadas por el instituto, haber filtrado información a La Prensa Gráfica y carecer de imparcialidad en la realización de sus funciones.
El castigo a la crítica
La remoción definitiva de Escobar llegó pocos días después de que los diputados de Nuevas Ideas intentaran reformar la Ley de Acceso a la Información Pública y modificarla para alargar plazos de resolución y declarar confidencial la información oficiosa en la plenaria del 1 de febrero. La propuesta de reformas había estado esperando la discusión en el pleno desde julio de 2021.
En la plenaria del pasado martes, el dictamen de la reforma a la LAIP estaba incluido en la agenda, pero fue enviado de nuevo a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su estudio por petición de la diputada oficialista Marcela Pineda.
La propuesta de reforma fue criticada por organizaciones de la sociedad civil, como la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES). César Castro Fagoaga, presidente de la APES, dijo que la reforma podría ser «un atentado contra el ejercicio periodístico».
Escobar recalcó que las reformas que ponen trabas al acceso a la información no son un tema nuevo dentro del IAIP. En agosto de 2020, Casa Presidencial reformó vía decreto el reglamento de la LAIP para acudir directamente al instituto cuando una persona solicitara información pública y se le negara, en su lugar se debía agotar con otro proceso en la misma institución que había denegado la información.
En ese momento la ex comisionada Escobar interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la que otorgó medidas cautelares para impedir que los magistrados del IAIP aplicaran las reformas hechas por el Ejecutivo. Ella asegura que las reformas al reglamento de aquel momento son las mismas que están tratando de impulsar ahora en Asamblea Legislativa, pero esta vez no para modificar el alcance del IAIP vía reglamento sino a través de la ley.
«En ningún momento estas reformas han sido para promover que la información sea de carácter público, sino que, por el contrario, ha sido para poner cada vez más obstáculos a que se haga información pública de primera mano para la gente», señaló.
A Escobar no le sorprende que la noticia de su remoción definitiva llegara luego del reciente intento por reformar la LAIP. «Percibo que como últimamente me puse un poco activa en redes nuevamente a denunciarlos por la Ley de Acceso a la Información Pública, agilizaron el proceso», concluyó.