«Quiero agradecer enormemente a quienes siguen creyendo y siguen apostándole a una verdadera justicia», dijo la líder ambientalista Vidalina Morales, frente a un grupo de personas que se había concentrado el miércoles 23 de agosto de 2023, en las afueras del Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia de San Salvador. El grupo daba seguimiento a la audiencia especial de revisión de medidas que desarrolló el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque en el caso de seis líderes comunitarios detenidos en enero pasado, acusados de un crimen cometido durante la guerra civil en El Salvador.
Morales se ha convertido en uno de los rostros más visibles de la lucha por la liberación de sus compañeros, entre ellos, el director ejecutivo de la Asociación de Desarrollo Económico y Social, Santa Marta (ADES), Antonio Pacheco. Vidalina es la presidenta de esta asociación. A ella le ha tocado asumir el liderazgo de la ADES, junto a otras dos personas.
Santa Marta es una comunidad del municipio de Victoria, en Cabañas, una de las åreas más afectadas por el conflicto armado que atravesó El Salvador entre 1980 y 1992. Tras la firma de los Acuerdos de Paz, la ADES ha sido uno de los motores de desarrollo para esta zona. En estos 30 años han protagonizado también luchas contra los intentos de empresas internacionales para realizar explotación minera metálica en el lugar.
Vidalina asegura que tanto en la ADES como en la comunidad Santa Marta hay liderazgo para continuar con los proyectos de desarrollo social contemplados en el plan de trabajo para los próximos tres años: «Como ADES, desde 2022 preparamos el escenario que estamos viviendo hoy, en términos de seguimiento al trabajo de nuestra asociación. Creemos que, a 30 años del surgimiento, la ADES recoge el fruto que empezaron a sembrar desde que surgió la asociación».
Ese miércoles en el que Vidalina se dirigía al grupo fuera del juzgado, la jueza del caso decretó detención domiciliaria para los seis líderes, cinco de ellos con vinculación directa con Santa Marta, y el otro, con el departamento de Cuscatlán. Les impuso una fianza de US$3,000 a cada uno. El abogado defensor de los dirigentes comunitarios, Denis Muñoz, considera que pese a la incertidumbre, es una decisión favorable, pues desde febrero no se tenía comunicación con ellos. A él tampoco se le permitía verlos. «Es mejor que nada, el mal menor. Como defensa nos sentimos satisfechos moderadamente en lo que cabe, en el sentido, que [la jueza] pudo haber ratificado la detención provisional», apuntó.
Vidalina comunicó al grupo la decisión de la jueza. La gente de Santa Marta estalló en un aplauso de alegría y se abrazaron frente al juzgado. Creen que esta decisión se debe, en gran parte, a la presión que han ejercido como comunidad, con el apoyo de otras organizaciones nacionales e internacionales.
Antonia Recinos es parte del grupo que encabeza la vocería en las actividades públicas que realizan para exigir la pronta liberación de sus líderes. «Mientras regresamos a Santa Marta, luego de una intensa jornada en San Salvador, a esta hora (8:50 p.m.) hay un cansancio físico acumulado, pero justo en este momento quisiera compartir que me siento con una dosis importante de alivio, de aliento, de fuerza moral, de espíritu, de lucha como mujer joven que he estado en este proceso, porque justo hoy, la comunidad ha recibido una esperanza en medio de toda la adversidad que este caso ha significado para la comunidad», aseguró, en referencia a la decisión de la jueza del caso.
Desde la madrugada del 11 de enero de 2023, cuando la Policía Nacional Civil detuvo a los líderes comunitarios, Santa Marta ha desarrollado concentraciones públicas, actos culturales, vigilias, campañas y ha participado en marchas para denunciar que el Gobierno, a través de la Fiscalía General de la República, criminaliza a sus líderes por su labor de defensa del territorio.
Según ha documentado la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, los defensores han sido criminalizados en el contexto de la suspensión de garantías ciudadanas por el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022. Se les ha prolongado la detención provisional, los mantuvieron incomunicados y se les ha negado la presunción de inocencia.
La defensa asegura que la Fiscalía no ha logrado probar la culpabilidad de las personas detenidas, y que en el proceso hay muchas contradicciones por parte de los supuestos testigos del caso. A finales de junio, fiscales llegaron a la comunidad para realizar las diligencias de búsqueda y posible exhumación de los restos de María Inés Alvarenga, desaparecida y asesinada a finales de 1989, crimen por el cual acusan a los líderes comunitarios. Sin embargo, después de varios días de diligencia, la FGR no logró encontrar los restos de Inés.
En Santa Marta, mientras tanto, las personas se mantuvieron concentradas y con pancartas en mano, exigieron justicia para las diversas masacres cometidas por el ejército durante la guerra en esta comunidad. «Sabemos que libramos una lucha justa. Nos hemos mantenido ocho meses. Santa Marta lo ha hecho y no va a tener ningún problema de seguir. Que no nos falte la alegría», dijo Leonel Rivas, otro de los líderes de Santa Marta.
