Pese al régimen de excepción instaurado el 27 de marzo de 2022, la desaparición de personas en El Salvador es un problema. Tanto cifras oficiales filtradas como datos de organizaciones de la sociedad civil indican que entre las principales víctimas de este delito se encuentran mujeres menores de edad.
De acuerdo con una publicación reciente de La Prensa Gráfica, la Policía Nacional Civil (PNC) recibió 158 denuncias sobre personas desaparecidas del 1 de enero al 15 de marzo de este año. Estos datos provienen de una base policial filtrada en la web por un grupo de hackers. De estas 158 personas desaparecidas, 68 son mujeres, de las cuales 50 son menores de edad.
A esta problemática, se suman las desapariciones forzadas de corta duración ocurridas desde el inicio del régimen de excepción. Durante la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en noviembre de 2023, organizaciones defensoras de derechos humanos, documentaron 327 denuncias de desapariciones forzadas de corta duración. A todas estas desapariciones las precedieron detenciones ilegales y arbitrarias de policías o militares, y se caracterizaron por la negación de información sobre el paradero de las personas privadas de libertad. Esto de acuerdo con Informe anual 2023. El estado de los derechos humanos en El Salvador, del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Según el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (WGEID por sus siglas en inglés), no hay un plazo definido para considerar que una desaparición ha ocurrido de forma forzada. Además, se debe proporcionar información precisa y sin demora a los familiares sobre la detención de cualquier persona privada de libertad y su lugar de detención.
El 9 de mayo, seis organizaciones defensoras de derechos humanos presentarán ante WGEID, un informe que documenta estas 327 desapariciones forzadas o involuntarias ocurridas desde el inicio del régimen de excepción.
El caso de Rosa Elvira
Alerta Raquel, un movimiento surgido en 2019 para buscar a una joven desaparecida después de salir de su casa para dejar su hoja de vida en un centro comercial, informó sobre tres desapariciones en el primer trimestre de 2024. Entre las desaparecidas se encuentra la lideresa del Movimiento Salvadoreño de Mujeres, Rosa Elvira Flores Martínez, aunque este caso no figura en la base de datos policial que fue filtrada en la web por un grupo de hackers.
Rosa Elvira, de 47 años, desapareció el 19 de marzo en San Julián, Sonsonate Este. Su cadáver fue encontrado ocho días después. Coincidentemente, el 27 de marzo, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó cero homicidios. Fue hasta el 17 de abril, la Fiscalía General de la República confirmó que se trató de un feminicidio.
La coordinadora del Programa «Hacia una vida libre de violencia para las mujeres» de la Organización de Mujeres para la Paz (Ormusa), Silvia Juárez, considera que el caso de Rosa Elvira es una indicación de que los programas o políticas de seguridad del gobierno actual no están siendo efectivos en la protección y prevención de la desaparición de mujeres. Juárez sostiene que las mujeres salvadoreñas enfrentan diversos tipos de violencia, tanto en el ámbito privado como en el público.
“Este grave hecho de violencia contra la defensora ponen en muestra que, a pesar de la narrativa de seguridad de que [el régimen de excepción] hace reducir los homicidios, las muertes de mujeres asociados a su entorno de confianza siguen siendo el peor problema de inseguridad para la vida de las mujeres”.
Ormusa ha documentado un total de 10 muertes violentas de mujeres, incluyendo tres niñas menos de 10 años, entre el 1 de enero y el 30 de abril de este año. De estas, seis han sido catalogadas como feminicidios. La recolección de esta información se realizó mediante el monitoreo de noticias, ya que desde 2023 las autoridades de seguridad han dejado de publicar esta información.
“Esa tendencia la venimos alertando desde hace años y para este año también advertimos, que alrededor del 57 % de las muertes que ocurrían a las mujeres están a la base de las violencias que ejercen sus propias parejas y no están siendo atendida como un problema de inseguridad”, explica Silvia Juárez.
Edith Elizondo, integrante de Alerta Raquel, señala que los casos de desaparición de mujeres continúan sin cesar. Hasta marzo de este año, han registrado tres casos, incluyendo el de Sofía Santos Cruz y Yeimi Saenz, de 85 y 14 años respectivamente. En el caso de Yeimi Saenz, fue encontrada con vida.
“Hemos visto una disminución en el tema de las desapariciones con el tema de pandillas, vinculadas al crimen, pero sí seguimos viendo las desapariciones de chicas que salen huyendo de sus casas por el tema de violencia sexual”.
Elizondo asegura que mientras esta problemática no sea reconocida y atendida de forma integral, seguirá presente en el país. Las mujeres, afirma, son las principales afectadas en la búsqueda. “Las desapariciones pesan mucho en los cuerpos de las mujeres. La búsqueda no es fácil. El Estado debería retribuirlas, ya que son las que incurren en gastos, pagan para sacar los carteles, y organizan caminatas para pegar los afiches»
Entre 2021 y 2023, Alerta Raquel ha registrado 250 casos de mujeres desaparecidas.
Los nombres y rostros de las personas desaparecidas de 2024
Desde el inicio de 2024, familiares han reportado la desaparición de personas adultas mayores. Durante la primera semana de abril, las autoridades reconocieron las muertes violentas de Sofía Santos Cruz, María Catalina Chávez Ortez y Víctor Manuel Quijano, de 85, 90 y 80 años, respectivamente. Sus familiares reportaron estas desapariciones, no así las autoridades. Sofía desapareció en Chalchuapa; María, en Morazán, y Víctor, en Tonacapateque.
En redes sociales, familiares y organizaciones como DESAPARECIDOS SOS El Salvador, han informado sobre la situación de desaparición de más de 10 personas, incluyendo al inversionista estadounidense- salvadoreño, Neftaly Rivera Navarro, de 60 años. Pese a ser identificado, fue sepultado en una fosa común.
Idalia Zepeda, coordinadora del área jurídica y social de la Asociación Salvadoreña para los Derechos Humanos (ASDEHU) e integrante del Grupo de Trabajo por las Personas Desaparecidas de El Salvador (GTPD), coincide en que la falta de registros oficiales dificulta la identificación de los responsables de las desapariciones en El Salvador, especialmente en territorios donde se supone que no hay presencia de pandillas.
“Sobre la lectura de los últimos casos, pueden existir varias posibilidades y una de ellas es que el mismo crimen organizado que ha actuado en los territorios desde hace varios años esté mandando señales al Estado. Es una posibilidad que ya hemos visto antes en este y otros gobiernos”, puntualiza.
También señala que las personas desaparecidas, según las denuncias reportadas en redes sociales, continúan teniendo el mismo perfil que las personas desaparecidas en años anteriores: personas que viven en condiciones de vulnerabilidad, en comunidades estigmatizadas por la violencia y en situación de pobreza.
Para Zepeda la débil institucionalidad que existe en estos momentos no garantiza la prevención de estos casos. “El Salvador sigue siendo un país culturalmente violento, donde las mujeres están sufriendo de violencia de género, feminicidios. La niñez está siendo violentada, vulnerada y por supuesto que la población en general está siendo afectada por las desapariciones… El Salvador tiene una débil institucionalidad estatal que no alcanza a trabajar en la prevención de la violencia desde el enfoque estructural. Esta debilidad institucional refleja la carencia de un registro de personas desaparecidas por una intención política clara de ocultar las cifras”.
Desde el lanzamiento del Bloque de Familiares de Personas Desaparecidas en febrero de 2022, han registrado 46 casos de personas desaparecidas, cuyas familias llevan años buscando a sus seres queridos, especialmente madres que buscan a sus hijas e hijos.
La eterna búsqueda
Uno de los nuevos casos que registra el Bloque de Búsqueda es el de Carlos Adolfo Ramírez, hijo de Margarita Ramírez, quien tenía 20 años cuando su familia perdió contacto con él. Desapareció en Apopa el día de la madre de 2017. Desde entonces, Margarita no ha dejado de buscarlo. “Pasé un año todos los días yendo a [Instituto de] Medicina Legal, de ahí me dejaron tres veces por semana, una vez al mes y de ahí me restringían las entradas”.
La búsqueda infructuosa de su hijo afectó su salud mental. Asegura que cayó en depresión debido a la tristeza y angustia de no tener noticias sobre Carlos, lo que la llevó a ingresar al hospital psiquiátrico ubicado en Soyapango. «Decidí buscar ayuda en los grupos cuando vi que varias compañeras encontraban a sus hijos», explica.
Recientemente, el Bloque recibió el caso de Rosa Gladys Sánchez, quien busca a su hijo Luis, de 22 años, desaparecido en abril de 2019 en Santiago Texacuangos. Por el temor a ser víctimas de las pandillas, Gladys y su familia se vieron obligados a desplazarse. Durante más de cuatro años, ella buscó sola y a veces acompañada de familiares y amigos. A pesar de la afirmación del Gobierno de un país seguro y libre de pandillas gracias al régimen de excepción, Gladys y su familia no desean regresar a Santiago Texacuangos, donde el miedo sigue latente.
“Me dicen: vuelva a este lugar. Se ve normal, pero hay siempre [pandillas]. Le pido al Gobierno que haga algo, que presione a la Fiscalía para que nos ayuden a poder investigar. Tienen obligación de hacer algo por los pobres».
El año pasado, Gladys se unió al Bloque en busca de respuestas, encontrando apoyo entre otras madres que comparten su dolor. “Me han ayudado ellas bastante. Siento el apoyo y respaldo, me dan apoyo psicológico. Me ayudan, también me uno al dolor de ellas, porque igual, como ellas sufren, sufro yo. Ojalá un día Dios tenga misericordia de nosotras y nos ayude a encontrar a nuestros hijos”.
Margarita y Gladys coinciden en que han buscado ayuda a través del Bloque debido a la falta de respuestas por parte del Estado y a la negativa de reconocer las desapariciones de personas. En noviembre de 2023, el Comisionado de Derechos Humanos del Gobierno de Bukele, Andrés Guzmán, afirmó ante la Audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que bajo el régimen de excepción no se han registrado desapariciones e incluso negó que existan desapariciones de corta duración. Ese día organizaciones de la sociedad civil presentaron 327 denuncias de desaparición de corta duración.
Las organizaciones de búsqueda han señalado que al Gobierno no le interesa investigar este delito, mucho menos reconocerlo, lo que se refleja en la falta de asignación de recursos tanto económicos como humanos.
El caso de Carlos Santos Abarca
Eneida Abarca lleva más de 28 meses buscando a su hijo Carlos Ernesto Santos Abarca, de quien tuvo información por última vez el 1 de enero de 2022. Se reporta su desaparición en San Salvador. En esta búsqueda, ha recorrido más de 40 municipios, ahora distritos, acompañada únicamente por su hermana mayor. Lo ha buscado en plazas públicas, en el transporte, albergues, hospitales e incluso en los penales, sin lograr obtener una respuesta. “No hay avances, no he recibido ninguna notificación, revisión de cámaras, de bitácoras de llamadas. 27 meses y no hay respuestas, No hay una prueba de vida. Nadie se ha comunicado, El fiscal del caso jamás se ha comunicado conmigo”.
En las redes sociales, Eneida ha denunciado amenazas debido a su labor de búsqueda y ha cuestionado a las autoridades de seguridad pública por no destinar recursos, tanto económicos como humanos, en la búsqueda de su hijo y de otros casos que han llegado al Bloque. “Todos, Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil, Procuraduría de Derechos Humanos, callados, omisos y sordas, así las defino a 27 meses”.
En sus redes sociales, Eneida lleva su campaña ¿Dónde está Carlos? Por la cual interpela a las autoridades a retomar los casos de desaparición que siguen en el país.
Por esa labor de búsqueda ha sido reconocida a nivel internacional. En abril, la Embajada de Los Países Bajos le entregó el premio “Tulipán 2023 como defensora de derechos humanos”.
Para este año, las organizaciones del Grupo de Trabajo por las Personas Desaparecidas de El Salvador (GTPD) planean crear un registro único de desaparecidos, realizar campañas para visibilizar esta problemática y continuar presionando al Estado para que destine recursos a la búsqueda y atención de las familias afectadas. “Las acciones que realizamos en el Bloque siempre giran alrededor de los objetivos de buscar a las personas desaparecidas, de sensibilizar a la población de todas las implicaciones de una desaparición para poder everncontrar información, alianza o al menos una pequeña empatía y solidaridad. También tener demandas claras al Estado independientemente de la gestión gubernamental que esté», enumera Idalia Zepeda de ASDHU y del Bloque de Búsqueda.
