Democracia

Dictadura guatemalteca judicializa las elecciones

Contra todo pronóstico, el Movimiento Semilla a segunda vuelta para la elección presidencial en Guatemala. Sin embargo, los partidos cercanos a las élites corruptas se aliaron para frenar la oficialización de los resultados. En este análisis, la activista y periodista Lucía Ixchíu denuncia la gravedad de estos hechos: "La dictadura judicial no ha respetado la decisión popular".

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Por Lucía Ixchiu



Guatemala atraviesa una crisis prolongada que diversos sectores sociales han denominado una dictadura judicial, y que opera en articulación entre distintos poderes desde el 2017. Esto a raíz de la expulsión arbitraria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), que anuló el juego de pesos y contrapesos, parte fundamental de las democracias. 

Más de 33 jueces, fiscales y funcionarios del más alto nivel del sistema de justicia se encuentran en el exilio o llevando casos de criminalización por dar fallos apegados al derecho y en ley. Expusieron y evidenciaron los nexos y relaciones de las élites económicas y los acuerdos y negocios con el crimen organizado que, junto a la clase política actual, han mantenido durante décadas. 

Con la condena del periodista más influyente del país, José Rubén Zamora, y el cierre de su medio, elPeriódico, también es evidenciada la persecución a periodistas. La libertad de expresión es sin duda, perseguida en este régimen autoritario. El exilio de activistas y defensores de derechos humanos expone en carne viva lo que están viviendo las personas que se niegan a ser parte de este pacto de impunidad o a guardar silencio. 

En medio de este contexto, el pasado 25 de junio del 2023 en Guatemala se llevaron a cabo las elecciones generales para elegir representantes y funcionarios del Estado para la presidencia, diputaciones y alcaldías. El proceso desde el inicio fue cuestionado por las prácticas arbitrarias de prohibición de candidaturas y de falta de transparencia e información de los procesos. 

Dentro de los elementos importantes para el análisis en esta elección y coyuntura que atraviesa el país, es vital mencionar que la narrativa de los medios oficiales, a partir de encuestas de opinión, posicionaba como partidos favoritos a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y a Visión con Valores (Valor) el partido de la cuestionada candidatura de Zury Ríos, hija del general golpista Efraín Ríos Montt, condenado por Genocidio en el año 2013. 

Los comicios se llevaron a cabo con algunos hechos de violencia registrados, con inconformidad entre los electores y con un panorama relativamente normal de elecciones para la región centroamericana. Las mesas cerraron a las seis de la tarde y alrededor de las ocho de la noche se comenzaron a oficializar los resultados. De forma sorpresiva, el partido UNE y Semilla encabezaban los resultados para ir potencialmente a una segunda vuelta.

El Movimiento Semilla es un partido de centro izquierda que en 2015 en una coyuntura de movilización masiva contra la corrupción y la impunidad. Este había sido invisibilizado y no figuraba dentro de los favoritos en estas elecciones, lo que evidencia la falta de credibilidad de las encuestas oficiales. Además, esto expone el cambio cultural y generacional que vive en este momento Guatemala, con un hartazgo al sistema político. 

Guatemala ocupa el primer lugar (según el Banco Mundial) en pobreza extrema en el continente y es de los países más peligrosos del mundo. Las mujeres y niñas tienen un panorama actual desalentador, pues son las mujeres y niñas indígenas y no indígenas las que ocupan los primeros lugares en analfabetismo, desnutrición y embarazos forzados. 

En conferencia de prensa, el Movimiento Semilla oficializó los resultados con más del 80% de los votos y manifestó ser un futuro candidato para la segunda vuelta. Diversos sectores comenzaron de forma pública, con conferencias de prensa y pronunciamientos, a reconocer los resultados de las elecciones generales.

En este punto todo parecía normal, como cualquier otro proceso electoral vivido en el país. Al día siguiente, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el ente legal y facultado por la legislación guatemalteca, dio a conocer los resultados finales y preliminares, haciendo únicamente falta la ratificación final de estos.

Sin duda, la falta de claridad con el conteo de votos para la elección a la alcaldía de la ciudad de Guatemala fue el inicio —o la excusa— que las élites y la dictadura encontraron para frenar, empantanar y llevar a la Corte de Constitucionalidad una discusión que, según abogados expertos en la legislación guatemalteca, jamás debió llevarse a las cortes. Y que, en primera instancia, debió resolverse en el TSE. 

El partido Valor fue el primero en interponer un amparo que fue seguido por diversos partidos políticos para frenar la oficialización de los resultados. Esto —sin duda, además, arbitrario, pues contradice la legislación guatemalteca— causó sorpresa e indignación de la población, y desencadenó protestas y acciones en diferentes partes del país. 



Guatemala está a la puerta de un golpe de Estado técnico, afirmaron constitucionalistas, que desde diversas plataformas explicaban la ilegalidad de estos hechos y que volver a contar y revisar altera el proceso en todas sus formas. En estos momentos, se está repitiendo un conteo de actas a todas luces ilegal y arbitrario, que tiene al país en tensión y caos político. 

La dictadura judicial no ha respetado la decisión popular vertida en las urnas el pasado 25 de junio. Están llevando a decidir a las cortes de Justicia algo que, por legalidad, jamás debió conocerse allí. La molestia y la indignación popular incrementa a cada minuto.

La respuesta de la población ha sido fiscalizar y ejercer un papel activo, especialmente desde las juventudes, que además de estar en las calles, están haciendo seguimiento desde las plataformas oficiales para resguardar su voto y la decisión popular.

Hicieron más grande al Movimiento Semilla de lo que ya era, derivado del cinismo y la impunidad que sin titubear han decretado de forma descarada. El clamor popular pide que las elecciones se hagan «en las urnas, no en las cortes», en medio de la polémica sin precedentes en los últimos 26 años —lo que lleva de ser una democracia este país, luego de la firma de los Acuerdos de Paz—.

Sectores indígenas se han levantado para lo que afirman es la defensa del voto y la democracia. En conferencia de prensa afirmaron no estar a favor de ningún partido, sino más bien velar por el cumplimiento del Estado de derecho y la democracia. 

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