Desde 2024, UNIDEHC ha documentado casos de personas desplazadas por temor a ser capturadas. La organización ha brindado asistencia jurídica gratuita en casos de desalojos, despidos y detenciones arbitrarias.
Cruz señala que las instituciones no están respondiendo a estas situaciones. Agrega que muchas personas tienen miedo de denunciar porque las autoridades, en lugar de proteger, agreden.
¿El Estado salvadoreño ha reconocido el desplazamiento forzado interno como consecuencia del régimen de excepción?
El Estado no lo ha reconocido. No es un tema que esté dentro de las políticas de seguridad. Tampoco hay una institución que esté verificando algún tipo de dato precisamente a consecuencia del régimen de excepción. Las organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos y las investigaciones periodísticas han sido las únicas que han permitido documentar los casos en que se comprueba que hay desplazamiento forzado interno a causa del régimen de excepción, sobre todo personas que antes fueron víctimas de pandillas y ahora son víctimas de las autoridades del Estado por vivir en una zona estigmatizada, asediada por pandillas.
¿Cuáles son las principales razones por las que las personas están siendo desplazadas bajo el régimen de excepción?
El miedo a la militarización de ciertas zonas y a la corrupción dentro de la Policía Nacional Civil, que en algunos casos se utiliza para chantajes. También está el impacto del régimen de excepción, ya que muchas personas son amenazadas con ser capturadas si no ceden ante presiones, lo que en ocasiones incluye acoso a niñas y adolescentes.
Además, esto provoca detenciones arbitrarias que constituyen violaciones a los derechos humanos. Como hemos denunciado desde diversas organizaciones, el régimen de excepción no fue implementado únicamente contra las pandillas, sino que ha afectado a la población en general, lo que ha llevado a numerosas capturas injustificadas.
Como consecuencia, también se ha incrementado el desplazamiento forzado, tanto interno como externo. Hay familias que se ven obligadas a migrar a otros lugares; algunas tienen familiares que pueden darles un espacio en sus casas, pero otras no. Esto, a su vez, genera más pobreza debido a los gastos económicos asociados a la reubicación y la inestabilidad que conlleva este contexto.
¿Cuáles son los riesgos que enfrentan las personas desplazadas cuando intentan denunciar?
El problema es que, en un país sin institucionalidad ni confianza en las autoridades, ¿adónde pueden acudir las personas para denunciar si quienes deberían protegerlas son, en muchos casos, sus principales agresores? Esto hace que la motivación para denunciar sea mínima.
Algunas personas buscan apoyo en abogados para que al menos documenten su situación, pero eso no garantiza que se evitará una captura arbitraria. Además, la Fiscalía [General de la República] no suele tomar acción en estos casos, incluso cuando las víctimas denuncian acoso por parte de la policía.
En UNIDEHC, hemos presentado varios avisos penales contra agentes policiales, algunos con respaldo de ONG y otros de manera anónima. Sin embargo, ni siquiera utilizando los mecanismos legales, hemos logrado resultados efectivos para proteger a las familias.
Ante esta falta de respuestas, muchas personas optan por denunciar bajo anonimato a través de periodistas y organizaciones, pero siempre con medidas de protección. También buscan alternativas externas, ya que las internas no funcionan, lo que ha impulsado la migración.
¿Qué respuesta dan las instituciones públicas frente a estos casos?
No hay respuesta por parte de las instituciones en este caso, y lo más grave es precisamente esa ausencia. La situación de documentar lo que ocurre refleja un patrón similar al que enfrentan las familias de personas desaparecidas a manos de las pandillas: el mismo dolor y la misma incertidumbre ahora afectan a las familias de las víctimas del régimen de excepción.
Al final, ¿este mecanismo garantiza la seguridad jurídica? No. ¿Respeta los derechos humanos? Tampoco. ¿Previene la violencia? No, porque las propias autoridades también ejercen violencia a través de capturas arbitrarias.
Además, este contexto tiene un fuerte impacto en la salud mental de las personas afectadas. En algunos casos, la desesperación y la depresión pueden llevar incluso a intentos de suicidio, convirtiéndose en otra de las graves consecuencias de esta crisis.
¿Con qué medidas y herramientas debería de contar el Estado para atender estos casos?
El Estado debería crear políticas públicas en conjunto con las organizaciones civiles. Esta colaboración permitiría que las organizaciones identifiquen arbitrariedades y propongan un tratamiento adecuado para los casos. Así es como debería funcionar: una articulación que garantice atención efectiva a las víctimas.
En su momento, programas como Ciudad Mujer fueron clave para abordar la violencia de género, ya que ofrecían protección, atención psicológica y asesoría jurídica, lo que incentivaba a más mujeres a denunciar. Este tipo de estrategias pueden contribuir a erradicar la violencia. Sin embargo, en la actualidad, los programas sociales no son una prioridad para el Gobierno.
En lugar de fortalecer la atención a las víctimas, se ha apostado por fortalecer a la Fuerza Armada y a las autoridades de manera irresponsable. Se han emitido mensajes peligrosos, como la idea de que la policía actúa como “juez en la calle”, otorgándoles un nivel de autoridad desproporcionado. Antes, existían programas de derechos humanos dirigidos a los cuerpos de seguridad, pero han sido eliminados.
Esto demuestra que el respeto a los derechos humanos no es una prioridad para el Gobierno. Como consecuencia, muchas familias están siendo desplazadas forzosamente.
Cómo organización jurídica, ¿cuáles han sido los obstáculos para atender estos casos?
En el ámbito jurídico, no observamos obstáculos para activar un mecanismo legal. Es decir, las personas pueden acudir a la Fiscalía o a la Procuraduría, y efectivamente son recibidas. Sin embargo, el problema radica en la falta de tratamiento adecuado a los casos: no se les asigna un número de referencia, no se da seguimiento y no se informa quién será el fiscal encargado.
Por lo tanto, no se respeta el acceso a la justicia ni los derechos de las personas. Ante esta situación, lo que sí podemos hacer es elaborar informes y agotar los mecanismos nacionales para luego recurrir a instancias internacionales. También es clave trabajar con organizaciones internacionales que se enfoquen en este tema y exigir al Gobierno transparencia, documentación de los casos y, sobre todo, atención a las víctimas.
Estamos viviendo tiempos críticos, similares a los de la guerra, con muchas familias en la clandestinidad. El problema es que esta situación ocurre de forma cotidiana y, en muchos casos, se está normalizando. Por eso, las organizaciones tienen un papel fundamental en la denuncia y documentación de estos hechos. Desde UNIDEHC y otras entidades, seguimos visibilizando esta crisis porque no podemos permitir que se normalice algo que atenta contra la vida, la seguridad, la salud y la economía de las personas. El desplazamiento forzado de familias es una de las muchas consecuencias de esta grave situación.
