Desplazarse es estar atravesada por dos lugares
Por Kellys Portillo
Antonia huyó de su casa con su familia y dejó atrás casi dos décadas de esfuerzo. La persecución de policías y militares bajo el régimen de excepción les obligó a desplazarse. Ahora forman parte de las más de 600 familias desplazadas internamente, según Cristosal. Viven sin protección estatal, a pesar de haber sido afectadas por agentes encargados de garantizar su seguridad.
Los nombres de las personas sobrevivientes fueron cambiados para proteger su identidad. Las fotografías fueron recreadas e intervenidas por seguridad.
Antonia empacó dos mudadas de ropa en una mochila para sus hijos, su esposo y ella. Bajo el sol del mediodía, cerró la puerta de su casa y dejó atrás todas sus pertenencias. Era el hogar que había construido durante casi dos décadas. La premura no le permitió despedirse. Caminó con paso ligero, apretando la mano de sus hijos, hasta llegar al carro de un familiar que la esperaba con el motor encendido.
Desde ese día, la vida de Antonia y su familia cambió significativamente. Ahora forman parte de los cientos de familias que han huido de sus hogares por el acoso de policías y militares, una práctica que se ha intensificado con el régimen de excepción en El Salvador.
Del 27 de marzo de 2022 a la fecha, Cristosal ha registrado 606 casos de desplazamiento forzado, que afectan a 2,407 personas. En 170 de esos casos, con 684 personas afectadas, los responsables señalados fueron agentes militares o policiales.
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En su informe “El régimen de excepción y la ruptura de proyecto de vida”, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (Idhuca) señala que la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) son un factor clave en el desplazamiento forzado interno. Las detenciones arbitrarias, la vigilancia constante y el acoso en las comunidades, terminan forzando a muchas personas a desplazarse.
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Rina Monti, directora de Investigación en Derechos Humanos de Cristosal, explica que antes las personas se desplazaban por la violencia de las pandillas, pero ahora lo hacen por la violencia ejercida por el Estado, especialmente por agentes de la PNC e integrantes de la FAES.
“El gobierno niega la existencia de personas en condición de desplazamiento forzado, lo que agrava más la situación y aumenta el riesgo. En la versión oficial, los únicos que se consideran víctimas son los familiares de los pandilleros. Esto genera un estigma que dificulta aún más la situación de las personas desplazadas”.
Desde el 2020, El Salvador cuenta con la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de personas en condición de desplazamiento forzado interno. Sin embargo, su aplicación es inoperante. De acuerdo con Rina Monti, la ley no tiene reglamento, presupuesto ni una institución oficial que atienda a las personas desplazadas.
El artículo 31 de la ley obliga el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública a incluir en su presupuesto los recursos necesarios para el funcionamiento de la Dirección Nacional de Víctimas y Migración Forzada. No obstante, entre 2020 y 2023 no existen registros de que esta dirección haya recibido fondos. Los presupuestos de 2024 y 2025 aún no están disponibles.
El 2021 fue el último año en que dicha dirección apareció en el organigrama del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. A partir de 2022, solo figura la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), que no brinda atención a personas desplazadas, según su sitio web y su estructura institucional. organigrama de la institución.
Aunque la DGME anunció el 3 de octubre de 2019, la apertura de una Oficina de Atención a Víctimas de Desplazamiento Forzado, esta tampoco aparece en su organigrama actual.
Tampoco cuenta con reglamento. Aunque la ley fue publicada en el Diario Oficial, Tomo N.º 426, Decreto 539, con fecha del 23 de enero de 2020, hasta el momento dicho reglamento no ha sido hecho público. Según el artículo 34 de la misma ley, este debió elaborarse dentro de los 90 días posteriores a su entrada en vigor, lo cual ha limitado su implementación.
Actualmente, organizaciones como Cristosal, la Unidad de Defensa de los Derechos Humanos y de la Comunidad (UNIDEHC), el Socorro Jurídica Humanitario y la Organización de Mujeres por la Paz (Ormusa) documentan y brindan asistencia jurídica y psicológica a las personas afectadas.
A nivel internacional, El Salvador ha suscrito convenios y acuerdos en que se compromete a atender las necesidades de las personas en esta condición. Uno de ellos es el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS), impulsado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), un mecanismo de cooperación regional que busca proteger y brindar soluciones a quienes huyen de la violencia en sus comunidades.
Huir del hogar
Antonia tiene 35 años. Vive con José, su pareja, y con dos hijos; uno de 4 y otro de 16. Ella se dedica a vender artículos por catálogo, mientras que José es comerciante en el centro de San Salvador. Ambos dependen de ingresos variables: cuando las ventas van bien, José logra reunir hasta $400 mensuales. Antonia obtenía entre $150 y $200 al mes, pero desde el desplazamiento ya no puede salir a vender debido al temor al acoso policial. Ninguno de los dos cuenta con seguridad social y forman parte del 66.7 % de personas trabajadoras informales en El Salvador, según la última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM).
Eran las 8:30 a.m. cuando Antonia, mientras daba el desayuno a sus hijos, vio llegar a cuatro policías y tres soldados. Preguntaban insistentemente por José. Rodearon la casa. Él ya se había ido a trabajar y, antes de salir, se había despedido de su mamá, quien vive en otra casa, ubicada en la parte baja del mismo terreno. Desde ese momento, Antonia enfrentó una serie de cuestionamientos y amenazas.
“Entregá a tu marido. Como él no está, a vos o a su mamá las vamos a capturar”, repetía uno de los agentes. Antonia les explicó que José ya había salido a trabajar. Le pidieron que lo llamara, pero él no respondió. Los agentes levantaron drones en la comunidad para buscarlo, desde las quebradas hasta su vivienda Mientras tanto, continuaron amenazándola con llevársela. “Me decían que si él no aparecía, me iban a fichar como colaboradora y encubrimiento”. En medio del ajetreo por encontrar a José, los policías ingresaron a la casa, registraron todos los espacios y desordenaron sus pertenencias. Su hijo de 4 años, al verlos, se asustó: corrió a su cama y se cubrió de pies a cabeza con una cobija.
Al no encontrar a José, los policías salieron y le indicaron a Antonia que también saliera porque debía firmar un documento. Ella no quería y no sabía de qué se trataba, pero le advirtieron que si se negaba, escribirían en el informe que se estaba resistiendo, por lo que se sintió obligada a firmar. Luego, le tomaron varias fotografías del rostro desde diferentes ángulos.
“Me tomaban fotos como si yo fuera una delincuente, y no paraban de escribir en el informe”, recuerda Antonia. Después de firmar, le informaron que el documento era una ficha que afirmaba que ella y su esposo eran colabores de las pandillas, y que, por no encontrar a José, le asignaría otro delito. “Si encontramos a tu marido, olvídate que lo vas a volver a ver”, le dijo un policía.
Antonia temía no volver a ver a José debido a las amenazas hechas por policías y militares. Fotografía e intervención: Kellys Portillo.
Uno de los policías la observó de pies a cabeza. “¿Tenés tatuajes?”, le preguntó. Ella respondió que no. Era temprano y Antonia vestía ropa de dormir: una camisa y un short pequeño. Según relata, ambas prendas eran algo transparentes y no llevaba brassier. Para verificar si no tenía tatuajes, la obligaron a levantarse la ropa.
Antes de salir de la casa, los policías volvieron a amenazarla y le advirtieron que regresarían para capturar a José. Sin dudarlo, Antonia llamó a sus familiares, quienes llegaron de inmediato.
No era la primera vez que los agentes se presentaban en su vivienda. Antonia recuerda que habían ido en tres ocasiones a preguntar por José, pero no lo encontraron, ya que él trabaja de lunes a sábado. La suegra de Antonia, quien vive en la parte baja del terreno, aunque no fue amenazada directamente, también resultó afectada emocionalmente y vive con temor por la seguridad de su hijo y su familia.
“¿Cómo vamos a ser delincuentes? Nosotros hemos sido testigos de la violencia de esos grupos pandilleriles, quienes le arrebataron la vida a uno de mis hermanos”, cuenta José. “Somos inocentes, no le debemos nada a nadie, hemos hecho muchos sacrificios por sacar a nuestra familia adelante”, añade Antonia, quien teme que estén siendo blanco de hostigamientos debido a una acusación que enfrentó su esposo hace un par de años, cuando fue detenido por homicidio, pero logró demostrar su inocencia y fue absuelto.
Antonia no logra describir lo que sintió al dejar su casa; sólo pensaba en la seguridad de su familia. José era propietario de su casa, parte del 65.4 % de hogares salvadoreños que viven en casa propia, según datos del VI Censo de Vivienda del 2024. Durante dos décadas, fueron construyeron su hogar poco a poco. Les tomó varios años convertirlo en un espacio seguro para sus dos hijos, quienes lo habitaron desde que nacieron. La casa que los acogió durante tantos años quedó sola, con sus pertenencias, con los espacios que habitaban, con historias familiares y con la comodidad de la que disfrutaban.
Actualmente, viven hacinados en un cuarto pequeño de cinco metros por cinco, donde comparten una cama, una mesa donde comen y en la que su hijo mayor estudia por las noches con la luz encendida.
Todas las pertenencias de Antonia y su familia quedaron en su casa sin ningún tipo de protección. Fotografía e intervención: Kellys Portillo.
“Antes teníamos una casa grande, cada quién tenía su cuarto y teníamos un patio bonito. Mi hijo mayor, quien es muy aplicado en la escuela, tenía su espacio para estudiar. Ahora, mientras tratamos de dormir, él permanece con el foco encendido por la noche porque estudia. Aunque nos sintamos todos apretados, prefiero estar así que poner en riesgo nuestra seguridad”, relata Antonia.
Los hijos de Antonia contaban con un espacio para recrearse en su antigua casa. Fotografía e intervención: Kellys Portillo.
Los achaques de la violencia estatal
Desde el día que abandonaron su casa, Antonia no pudo volver a dormir con tranquilidad. En un inicio, cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de los agentes. El miedo se apoderaba de ella cuando los perros ladraban, porque imaginaba que alguien tocaría la puerta para capturarlos.
Su estado psicológico se fue deteriorando: bajó de peso, se mostraba decaída y lloraba con frecuencia. Fue entonces cuando su familia y José encontraron un contacto que brindaba atención psicológica gratuita. Se trataba de la Organización de Mujeres por la Paz (Ormusa), que acompaña casos de desplazamiento forzado interno por violencia de género y por el régimen de excepción. A partir de ahí, se les recomendó buscar asesoría legal y registrar formalmente el caso.
Antonia fue la más afectada emocionalmente tras los hechos ocurridos. Fotografía e intervención: Kellys Portillo.
De acuerdo con una psicóloga que trabaja en ORMUSA, el estrés postraumático es una de las secuelas más frecuentes, acompañado de insomnio, problemas digestivos, ansiedad y síntomas depresivos. “Además, la falta de apoyo institucional agrava la sensación de desesperanza, ya que muchas veces el Estado no brinda alternativas claras para su protección y resguardo”, añade.
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Pasaron más de una semana buscando una institución que les ofreciera información o apoyo, pero no hallaron ninguna, hasta que llegaron a la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC). Una de sus abogadas les recomendó presentar una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Hasta la publicación de este reportaje, no han recibido respuesta. Antonia lleva a todos lados un respaldo legal firmado por UNIDEHC que explica que han sido víctimas de acoso por parte de la PNC.
“En un país sin institucionalidad ni confianza en las autoridades, ¿a dónde pueden acudir las personas para denunciar si quienes deberían protegerlas son, en muchos casos, sus principales agresores?”, explica la abogada Ivania Cruz, de UNIDEHC. Además, advierte que aunque como organización brinden acompañamiento, esto no garantiza que no ocurran detenciones arbitrarias contra personas que huyen del hostigamiento policial.
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Antonia y José dicen haber perdido la confianza tanto en las autoridades como en la PDDH, y dudan que alguna instancia los proteja. Su hijo pequeño se pone nervioso cada vez que ve a la policía. El mayor, por su parte, ha memorizado varios artículos del Código Penal para poder citarlos si la PNC intenta irrumpir en su vivienda. Entre ellos, el artículo 188, que tipifica el delito de allanamiento de morada —entrar sin autorización a una vivienda o permanecer en ella contra la voluntad del propietario—, así como otros artículos relacionados con el abuso de autoridad.
Aunque el artículo 188 del Código Penal salvadoreño tipifica como delito el allanamiento de morada —es decir, ingresar o permanecer en una vivienda sin el consentimiento de quien la habita—, en la práctica, su cumplimiento se ve desdibujado bajo el régimen de excepción. Desde marzo de 2022, se mantienen suspendidas garantías constitucionales clave, como el derecho a la defensa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y el límite de la detención administrativa a un máximo de tres días. En este escenario, muchas intervenciones policiales se realizan sin orden judicial ni supervisión efectiva, dejando a las familias expuestas a abusos amparados en la ambigüedad legal de una medida prolongada más de tres años que suma más de 85, 500 personas detenidas.
Captura de pantalla del artículo 188 del Código Penal, publicado en la web de la Corte Suprema de Justicia.
Durante la investigación de este reportaje, se llamó a los números habilitados por las oficinas de comunicaciones para solicitar entrevistas con representantes de la PNC y la Fiscalía General de la República (PGR), pero no se obtuvo respuesta. También se envió una solicitud por correo electrónico a la Procuraduría Adjunta de Migrantes y Seguridad Ciudadana de la PDDH. Tampoco hubo respuesta. Además, se realizaron solicitudes de acceso a la información a la PNC para conocer cuántas personas han denunciado desplazamiento forzado y cuáles son los mecanismos o protocolos institucionales para su protección. La respuesta oficial fue que se trata de información reservada e inexistente.
José afirma que él y su familia viven en una prisión mental. Ya no salen de su cuarto para distraerse. Antes solían ir a comer pupusas por la noche, pero ahora temen ser capturados en el camino. Extrañan encontrarse con sus vecinos y vecinas y amistades tener la rutina que les ofrecía comodidad y acceso a servicios.
“Nos da mucha pena decirle a nuestros vecinos o amigos que hemos pasado por esto. Da pena, como que uno fuera criminal”
Un mes después de haber dejado su casa, Antonia y su hijo mayor regresaron únicamente para recoger algo de ropa. En el camino de vuelta a su nuevo domicilio, vieron una patrulla policial cerca de su antiguo hogar. Siguieron de largo, con paso rápido, y, acordaron no volver.
Lo que más anhelan, Antonia y José es regresar a su hogar y retomar su proyecto de vida. Pero saben que para hacerlo necesitan medidas de protección del Estado que les permitan vivir sin el acoso policial. “Ojalá quitaran el régimen, solo de esa forma podríamos regresar a nuestra casa”, dice Antonia.
TEXTO Y FOTOGRAFÍAS: KELLYS PORTILLO
Edición: METZI ROSALES MARTEL
diseño web: Andrea Burgos.
Este texto fue producido con el apoyo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (cejil).
