Aunque el país cuenta con una Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno desde 2020, esta sigue sin presupuesto, reglamento ni una institución encargada de ejecutarla. La incertidumbre y el miedo persisten, especialmente para mujeres y personas LGBTIQA+.
De acuerdo con Rina Monti, directora de Investigación en Derechos Humanos de Cristosal, la restitución de derechos no puede entenderse como el simple retorno al lugar de origen. En el caso de las mujeres víctimas de violencia, forzarlas a regresar implica una revictimización que puede ponerlas en riesgo físico y emocional. Muchas han huido no sólo del agresor, sino también de una comunidad que las estigmatiza.
La situación es aún más grave para personas LGBTIQA+, quienes ahora enfrentan más odio y violencia. Cristosal ha documentado casos de hombres gais y mujeres trans víctimas de detenciones arbitrarias, burlas, robos y violencia sexual por parte de agentes del Estado. También han registrado un aumento de casos de tortura y explotación, sobre todo contra mujeres trans trabajadoras sexuales. En varios de estos casos, el desplazamiento ha sido la única forma de sobrevivir.
Cristosal insiste en que cada persona debe decidir si reubicarse dentro del país, regresar a su comunidad o salir de El Salvador. Lo importante es respetar su decisión y evitar nuevas violencias. Aunque no cuentan con programas de reubicación internacional, acompañan los procesos de quienes optan por migrar. Para muchas personas desplazadas, volver no es una opción segura.
¿Cuáles son los actores y las causas que actualmente originan el desplazamiento forzado interno en El Salvador?
En El Salvador, las causas del desplazamiento forzado interno son bastante similares a las de años anteriores, principalmente debido a la violencia. Sin embargo, lo que ha cambiado es el perpetrador. Antes, la violencia era más social, pero ahora proviene principalmente del Estado. En 2021, solo el 1.7 % de los casos de desplazamiento eran atribuidos a agentes del Estado, pero en los últimos años, bajo el régimen de excepción, ese porcentaje ha aumentado a alrededor del 50-60 %. Las amenazas y el amedrentamiento por parte de agentes del Estado, junto con políticas como las capturas indiscriminadas y la estigmatización de ciertas zonas, han hecho que muchas personas teman por sus vidas y busquen moverse.
Además de los agentes del Estado, hay casos en los que las personas prefieren no identificar a los perpetradores por temor, aunque probablemente los conocen. También siguen existiendo casos de pandillas, que aún son una de las principales causas de desplazamiento, especialmente en algunas zonas donde supuestamente ya no operan. Incluso hemos recibido reportes de pandillas que, aunque se pensaba que estaban extintas, siguen perpetrando extorsiones y desplazamientos. En algunos casos, son personas desplazadas por pandillas en años anteriores que aún no han podido reubicarse con éxito, por lo que continúan buscando soluciones permanentes.
¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las personas desplazadas con relación al acceso a vivienda, empleo y otros derechos fundamentales?
Las dificultades son múltiples. Primero, la falta de seguridad, pues no encuentran un lugar donde habitar de forma estable. El aumento alarmante en los costos de vivienda hace que sea aún más difícil encontrar un lugar que puedan pagar. Además, muchas de estas personas, al ser desplazadas, también pierden sus trabajos, lo que agrava la situación. En segundo lugar, se enfrentan a la pérdida de acceso a servicios de salud y educación. Muchas familias pierden los tratamientos médicos que recibían en sus lugares de residencia previos, y el proceso de trasladar a los niños a otro centro educativo es un desafío. El principal obstáculo, sin embargo, es la imposibilidad de denunciar su situación. A menudo, las personas desplazadas no pueden recurrir a la policía, ya que, en muchos casos, es precisamente la policía la que las ha desplazado. Esto crea un círculo vicioso donde no pueden obtener apoyo ni siquiera para recoger sus pertenencias.
Las personas desplazadas enfrentan inseguridad habitacional y altos costos de vivienda, pérdida de acceso a servicios de salud y educación, y la imposibilidad de denunciar su situación, a menudo por la implicación de la policía en su desplazamiento.
¿Existe un protocolo adecuado para tratar a los sobrevivientes de esta situación?
Existen leyes que teóricamente deberían apoyar a las personas que han sido desplazadas, como la Ley Especial para Personas en Situación de Desplazamiento Interno. Sin embargo, no se ha implementado correctamente. Fue creada en 2020, pero no tiene reglamento, ni presupuesto, ni una estructura funcional. Existen protocolos en la ley, pero sin una institución activa que coordine la respuesta, estos no sirven de nada. De hecho, la ley no especifica cómo tratar a las personas desplazadas por el Estado, lo que genera más confusión. Las víctimas del desplazamiento forzado por pandillas tienen acceso a protección, pero las víctimas de desplazamiento por parte del Estado no reciben la misma atención.
El protocolo no funcionó adecuadamente porque nunca se estableció de manera formal. La ley hablaba de activar diferentes entidades, como salud, educación y la Dirección de Atención a Víctimas del Ministerio de Seguridad, pero en la práctica nunca se implementaron esos mecanismos. En algunos momentos, las organizaciones de la sociedad civil fueron las que asumieron gran parte del trabajo, ya que el Estado no hizo nada efectivo.
Entonces, ¿el Estado no ha cumplido con su rol?
En realidad, el rol del Estado ha sido mínimo. Sabemos que el Estado registra los casos, pero no hace nada más. Incluso en ocasiones, los desplazados son derivados a organismos internacionales como ACNUR o la Cruz Roja, y es ahí donde se gestionan las soluciones, no en el Estado. Aunque hay una Dirección de Atención a Víctimas, no sabemos si está operando efectivamente en este contexto. El trabajo real lo realizan las organizaciones civiles, no el Gobierno.
¿Cómo debería garantizar el Estado salvadoreño la seguridad de personas que, habiendo sido detenidas y liberadas durante el régimen de excepción, se encuentran en riesgo por amenazas de pandillas y quieren movilizarse?
En un país donde la ley funcione, debería haber un mecanismo de protección activo. Las personas deberían de poder cambiar de residencia por razones de seguridad, y el Estado debería activar una protección inmediata. La Policía [Nacional Civil] y la Fiscalía [General de la República] deberían intervenir para garantizar la seguridad de la persona y su familia. De hecho, la ley establece que el Estado debería proporcionar resguardo temporal a las víctimas y activar mecanismos de protección, como escoltas policiales para el traslado. Sin embargo, en este momento no existe un sistema de resguardo funcional. El último albergue operativo fue cerrado hace algún tiempo, por lo que no hay una respuesta adecuada a estas situaciones. En este caso, la Corte Suprema [de Justicia] debería ser notificada para permitir un cambio de domicilio y garantizar la seguridad de la familia. Pero el problema principal es que el Gobierno niega la existencia de víctimas, lo que agrava aún más la situación, ya que invisibiliza el problema y coloca a las víctimas en un riesgo mucho mayor. En la versión oficial, los únicos que se consideran víctimas son los familiares de los pandilleros. Esto genera un estigma que dificulta aún más la situación de las personas desplazadas.
¿Cómo se puede garantizar el acceso a la atención psicológica para las personas desplazadas, independientemente de su decisión de regresar o no a su lugar de origen?
Para nosotros siempre ha sido fundamental respetar los deseos de las personas. Hay quienes definitivamente ya no ven un futuro en El Salvador. Lo ideal sería que pudieran reubicarse dentro del país, ya que la mayoría realmente desea hacerlo, pero no podemos obligar a nadie. Esto nos lleva al mismo punto: si alguien quiere reubicarse dentro del país, regresar a su lugar de origen o mudarse a otro lugar, no estamos en posición de forzarlo. La restitución de derechos no implica necesariamente el regreso al lugar de origen. Además, la revictimización es un componente clave. En el caso de las mujeres, este tema es mucho más complicado, especialmente cuando han sido víctimas de violencia. Hemos manejado varios casos, no solo en El Salvador, sino también en Guatemala, de mujeres que logran salir de situaciones de violencia de género. Sin embargo, en muchas ocasiones, la violencia no solo proviene del agresor, sino también de la comunidad, que puede estigmatizar a la mujer por lo que se supone que hizo. Forzar a una mujer a regresar a su lugar de origen no solo la pone en peligro, sino que la somete a una especie de tortura emocional, al tener que revivir los hechos que la obligaron a desplazarse. Por ejemplo, hemos atendido casos espantosos de familias que fueron testigos del asesinato de sus seres queridos en sus propios hogares. Tras ser reubicadas, no se puede obligarlas a regresar, ya que el solo hecho de estar en ese lugar las haría revivir escenas traumáticas.
Hay casos en los que las personas nos han solicitado irse del país, pero nosotros no podemos atender esos casos debido a que no contamos con los programas de reubicación internacional que existían anteriormente. Podemos acompañar a estas personas en sus gestiones, pero no podemos forzarlas a quedarse.
¿Se observa alguna tendencia entre las personas que fueron detenidas y liberadas tras la captura por régimen de excepción?
De las personas liberadas, no tenemos información precisa sobre si buscan irse, ya que no contamos con esos datos. Sin embargo, algunos peritos que manejan casos de solicitudes de asilo en países como Estados Unidos, Canadá y algunos países europeos nos han compartido información, y hemos observado que hay una gran cantidad de personas que solicitan asilo en esos países. Esto confirma que muchos se van debido a la persecución en su país de origen. En cuanto a las familias de personas detenidas, hemos visto que generalmente son los hombres quienes se desplazan, ya que el régimen se enfoca principalmente en la captura de hombres. Aunque no tenemos estadísticas precisas, sí hemos notado un cambio en la rapidez con la que las personas toman la decisión de irse. Antes, el proceso de decisión podía tardar semanas o incluso meses, pero ahora la gente decide irse de manera casi inmediata. Esto se debe a la creciente probabilidad de ser rastreados por la policía, sobre todo a través de teléfonos. Por esta razón, muchas personas se desplazan clandestinamente, sin pasaporte, buscando puntos ciegos para salir del país rápidamente y evitar ser detectados por las autoridades.
Con respecto a la población LGBTIQ+ ¿desde Cristosal documentan los motivos de desplazamiento en esta población?
Los motivos de desplazamiento han cambiado para todos, pero en particular para la población LGBTI[Q+] ha sido especialmente dramático. La narrativa oficial está ahora cargada de odio, lo que ha generado un aumento de la violencia contra esta comunidad. Aunque en el pasado había algunas comunidades que, aunque no aceptaban abiertamente, al menos toleraban a las personas LGBTI[Q+], ahora esto ya no ocurre. Esto ha puesto a muchos en un riesgo aún mayor. Hemos atendido casos de hombres gais, principalmente, que han sufrido detenciones arbitrarias, así como mujeres trans que han sido detenidas por supuestos vínculos con pandillas, cuando en realidad, el motivo real de su detención es el rechazo de la comunidad hacia ellos. Esto no es más que una manifestación de odio. La detención de estas personas, muchas veces sin justificación, y el abuso por parte del Estado, se ha convertido en un detonante de su desplazamiento.
Además, hemos visto un incremento en los casos de tortura, no necesariamente con detenciones, sino en situaciones donde la policía abusa de las personas LGBTI[Q+] se burlan de ellas, las roban y luego las dejan en impunidad. También hay casos de mujeres trans trabajadoras sexuales que son contratadas, pero luego golpeadas y explotadas, y no se les paga lo acordado. Estos casos, que antes no se veían con tanta frecuencia, ahora son más comunes.
