En El Salvador, el sistema de justicia ha condenado hasta por 40 años de cárcel a mujeres acusadas de haber asesinado a sus hijas e hijos recién nacidos. Todas ellas son pobres, todas tuvieron partos extrahospitalarios y algunas con complicaciones. Sus procesos judiciales se llenaron de irregularidades en su contra. ¿Se ha hecho justicia? Esta investigación hecha en coproducción con Revista Factum lo explica.
Había una vez un país en el que las mujeres pobres que parían fuera de los hospitales eran las principales sospechosas de haber matado a sus hijos si no sobrevivían después de nacer. No valían nada las razones médicas o las complicaciones que sufrían en el parto. Los fiscales de ese país las acusaban de asesinar a sus recién nacidos. Los abogados de esas mujeres poco hacían para defenderlas de las acusaciones. Muchas veces, sin pruebas contundentes, los jueces las condenaban a pasar hasta tres décadas en una cárcel.
Ese país se llama El Salvador y esa historia se repite desde hace años. Veintiún años para ser exactos. El Estado salvadoreño ha construido un relato que inicia con mujeres embarazadas, pobres, que sufren complicaciones en sus embarazos y tienen partos fuera de los hospitales. La consecuencia es que sus hijos no sobreviven. Y sigue el punto de tensión: las etiqueta de ser las asesinas, sin ninguna duda, de sus hijos. Pasan por un juicio y entonces viene el desenlace: las encarcela. Es un cuento que empieza mal y termina peor.
