¡No en nuestro nombre!

En las últimas semanas, hemos tenido un recordatorio hiriente y humillante para todas las mujeres de la falta de interés en el combate a la violencia de género. Una denuncia interna interpuesta por una mujer cuando trabajaba en el periódico El Faro fue expuesta en La Página —un medio digital administrado por el gobierno — sin su consentimiento y con otras graves faltas de ética periodística. En medio de una pandemia y valiéndose de las dinámicas polarizadoras  en Twitter, el presidente Nayib Bukele retomó la publicación para arremeter en contra de El Faro, un medio que en las últimas semanas ha destapado varios casos de corrupción en su gobierno. De paso, también atacó a grupos feministas y retó al Fiscal General de la República a que investigara el caso.  

Después de la nota, El Faro publicó un editorial en el que desmintió el señalamiento de violación o intento de violación; pero aceptó que hubo denuncias internas de prácticas sexistas discriminatorias, entre estas, el caso tergiversado por La Página y al que El Faro luego se refiere como “comportamiento indebido”. El editorial denuncia la exposición del periodista presunto responsable de la agresión como parte de la persecución a la prensa y como un intento de desacreditar el trabajo del medio. La Fiscalía, por su parte, actuó de forma deplorable, no solo porque su representante reaccionó al tweet del presidente como si de una orden se tratara, sino también por la sospecha que desde esta institución se filtró a La Página información del caso. 

Estos hechos nos han interpelado como feministas, como periodistas, como medio digital que busca la eliminación de todo tipo de violencia contra las mujeres; pero también como parte de aquella ciudadanía que mira con estupor las maneras en que el Ejecutivo y su aparataje están socavando nuestra democracia.  

Quienes están en el poder gubernamental demostraron su falta de límites éticos y de escrúpulos al instrumentalizar el caso de una mujer —a quien en realidad deberían proteger— para atacar a quienes el presidente ve como adversarios. En paralelo, quienes tienen poder en los medios parecen todavía no entender, como responsabilidad indispensable y urgente con sus audiencias, que deben enfrentar la violencia contra las mujeres dentro de los espacios laborales de forma permanente, honesta y transparente. Nuestros nombres no deberían ser usados ni como armas ni como escudos por nadie.

Atacar desde el Ejecutivo a la prensa y a voces disidentes en nombre de las mujeres es una acción vergonzosa e hipócrita, y aún más cuando el mismo jefe de prensa del gobierno tiene una denuncia por amenazas de muerte y cuando aliados del gobierno insultan y atacan a mujeres de forma sistemática y en total impunidad.  

Si el presidente y su gobierno realmente tuvieran interés en prevenir y combatir este tipo de violencia, en sus manos está atender el problema de forma integral, promoviendo leyes, destinando presupuesto a políticas y proyectos que tengan como objetivo garantizar el acceso a derechos y la construcción de una cultura igualitaria y libre de violencia.  En cambio, lo que vimos fue cómo se ventiló la historia de una mujer, volviéndola objeto de revictimización constante. Muchas personas opinaron sobre su caso sin conocerlo y sin consideración alguna sobre su voluntad o bienestar. Finalmente ella, en un intento por retomar el control de su historia, se vio en la necesidad de exponerse y pronunciarse públicamente para poner fin al uso político de su experiencia y exigir que la dejaran en paz, mediante un comunicado emitido por su representante legal, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA). 

Las mujeres somos las únicas que podemos decidir el momento y la forma de hacer una denuncia. Reconocerse como persona agredida o víctima, o no hacerlo, es un proceso que no responde a los tiempos de otras personas. De hecho, el sistema judicial da hasta diez años para interponer una denuncia. Ninguna presión es justificada y las necesidades y los deseos de quienes viven la violencia deberían ser siempre la prioridad. Lo único que situaciones como la provocada por el gobierno consiguen es desalentar a otras mujeres a romper el silencio por el temor a ser expuestas al escrutinio público; por la posibilidad de que las autoridades las revictimicen; que sus círculos sociales minoricen lo sucedido o que terminen culpadas. 

Entre los ataques del presidente a El Faro y la defensa de la libertad a la prensa, la violencia contra las mujeres en los lugares de trabajo quedó oscurecida y se instauró una narrativa de jerarquización de la gravedad de las agresiones en la que las violencias de tipo no sexual aparecieron como sucesos menores y sin tanta importancia. 

La violencia contra las mujeres es “cualquier acción basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como privado”, (LEIV). En ninguna circunstancia se debería provocar la relativización de la gravedad de las violencias que son menos evidentes, ni jerarquizar cuánto merecen ser condenadas unas en comparación con otras. Este juego refuerza lo que la antropóloga feminista, Rita Segato, señala como “minorización de la violencia contra las mujeres”. Minorizar alude a tratar a la mujer como menor y a sus problemas como temas minoritarios. 

Pese a las afirmaciones del presidente de que ahora estamos más seguras, El Salvador sigue siendo un país peligroso para las mujeres. Solo en el período de emergencia se han reportado 26 feminicidios, 60 denuncias por violación y 2318 agresiones contra mujeres registradas por la Fiscalía. Para lograr caminar hacia una sociedad más justa e igualitaria, cualquier tipo de violencia de género debe ser señalada, condenada y sancionada, porque todas tienen en la base el mismo sistema de desigualdad que promueve la impunidad y justifica a los agresores minorizando la gravedad de sus acciones al calificarlas como “pláticas de vestidores”, “bromas entre colegas”, “coqueteo”, “accidentes”, “malos entendidos”, “ libertad de expresión“, “ser políticamente incorrectos” o “comportamientos indebidos”.  

El ejercicio profesional debe ir de la mano de estándares éticos y de conducta. Ejercer el periodismo contralor no puede ser una carta blanca para agresores. La defensa de la libertad de prensa no debe servir a los agresores ni al resto de la sociedad como un escudo y una excusa para tolerar estas conductas. Si desde los medios no empezamos a revisar nuestros comportamientos, las relaciones de poder y a asegurar ambientes laborales seguros para las mujeres y otras personas, ¿cómo vamos a exigirlo después a gobiernos y empresas? 

Esta exigencia es aún más imperativa para un medio como El Faro, un actor social de gran importancia para la democracia de nuestro país. Su capacidad fiscalizadora ha sido crucial para la lucha contra la corrupción y para la exigencia de la transparencia gubernamental. Y ante los hechos aceptados por el mismo medio, lo que como ciudadanía esperamos es que se comporte a la altura: con transparencia y honestidad, ponderando debidamente la gravedad de las situaciones ventiladas. 

La existencia de prácticas de discriminación sexista y acoso en El Faro es grave, pero más grave es lo que parece haber sido una decisión de callarlas, porque con ese silencio dan la impresión de que siguieron el libreto de los agresores: ocultando lo que pasó, considerando que ese tipo de violencia puede y debe permanecer en el ámbito privado. Con eso perdieron una gran oportunidad, dejaron escapar la ocasión ideal para enviar un mensaje claro a la comunidad a la que sirve sobre lo grave que es la violencia contra las mujeres y demostrar que la institución se toma con la seriedad debida estas agresiones.  

Así como su papel contralor es valioso para la ciudadanía, es de vital importancia que este y todos los medios sean transparentes con sus audiencias, no solo sobre quiénes los financian o qué conflictos de intereses pueden tener, sino también sobre faltas y errores que se han cometido dentro de sus salas de redacción.  

Exponer y transparentar casos de violencia de cualquier tipo, discriminación sexista y acoso debería ser un ejercicio habitual de honestidad y transparencia. Y puede hacerse de forma sensata, responsable, protegiendo a las personas que han sido agredidas, y sin revictimizarlas. Colegas de El Faro, seguimos esperando.  

Reconocemos como un importante avance que, a raíz de las denuncias, El Faro creó una política de género y un comité vigilante de que se cumpla.  Esa debería ser la regla para todos los lugares de trabajo.  

En nuestro pasado Coloquio de Brujas, la especialista Silvia Juárez señaló que las políticas de género no hacen que la violencia contra las mujeres desaparezca, sino que la visibilizan al ser una herramienta para “sacar el polvo debajo de las alfombras” y romper el silencio.  

En un país como El Salvador, con un sistema penal que le falla a las mujeres y juega un rol en su revictimización, los procesos internos pueden ser una alternativa a la vía penal. Pero para que sean una forma real de búsqueda de justicia, estos mecanismos internos deben ser transparentes, garantizar la no revictimización, el respeto a la voluntad de las víctimas y contar con las herramientas para sancionar de manera justa, sobre todo cuando son agredidas por personas con mayor poder dentro de los lugares de trabajo.  

En Alharaca estamos convencidas de que es indispensable que los medios asumamos nuestra responsabilidad en la erradicación de la violencia contra las mujeres en busca de una sociedad más igualitaria y justa para todas las personas. Por ello hemos adoptado un código de conducta y una serie de lineamientos y principios elaborados por dos grupos de aliadas. Ambos documentos nos están guiando en la creación de un espacio seguro de trabajo.  

Hacemos un llamado a todxs a tener tolerancia cero con la instrumentalización política de la violencia contra las mujeres para atacar a la prensa independiente. Pero también a aplicar tolerancia cero con cualquier tipo de violencia basada en género. Nuestros nombres e historias no están al servicio de nadie.