El relato de las mujeres raptadas que sobrevivieron

Vilma Laínez Y Suchit Chávez | 11/05/2022

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En los últimos 20 años, cada vez que una mujer fue privada de libertad en El Salvador, en tres de cada diez casos, fue agredida sexualmente. Las carreteras, los caminos vecinales, los pasajes de colonias, los parques, los cafetales y hasta los hogares han sido escenarios de este delito. Alharaca analizó las sentencias judiciales existentes sobre este delito de los últimos 20 años y encontró que, entre todos los motivos, el principal es agredirlas sexualmente.



A las 6:30 de la tarde del 1 de marzo de 2016, María fue raptada por un hombre al que, según contó después, nunca había visto en su vida. Él detuvo su vehículo sobre la carretera Panamericana a la altura de Santa Cruz Michapa, en el departamento de Cuscatlán, a pocos metros de la venta de cocos que María tenía con su familia. Sacó un arma de fuego y desde el vehículo le apuntó. “Me han mandado a matarte”, le dijo. La obligó a subirse al carro ante la mirada atónita de uno de sus hermanos y se dirigió rumbo al oriente. Durante tres o cuatro kilómetros de trayecto, nunca dejó de apuntarle con el arma de fuego. En un pasaje solitario, abusó sexualmente de ella por unos 20 minutos, hasta que su familia y varios policías llegaron a rescatarla.  

Él mintió asegurando que eran amigos. Era policía del Sistema de Emergencias 911 destacado en el puesto de la Colonia Flor Blanca, del departamento de San Salvador y fue condenado a 12 años de cárcel por violación y privación de libertad. 




Como María, cientos de mujeres han sido privadas de su libertad o desaparecidas en El Salvador desde el año 2000. Varias de ellas han sido raptadas de día, de noche, en colonias populosas, y casi por cualquiera a quien se le ocurra hacerlo en ese momento. Son pocos los casos que llegan a los tribunales de justicia, y mucho menos los que tienen condena de por medio.  

Alharaca revela en este reportaje un análisis sobre el destino de decenas de mujeres que fueron privadas de libertad en momentos que transitaban por una calle, un parque, una colonia o regresaban de un turicentro, salían de compras, visitaban a una amiga o estaban en sus casas.  

Entre los años 2000 y 2020, identificamos 255 casos relacionados con el delito de privación de libertad que llegaron a juicio en los tribunales de justicia salvadoreños, aunque en los años 2019 y 2020 no hubo casos procesados. Del total de casos, 95 involucran por lo menos a una mujer víctima. En algunos casos, el sexo de la víctima no pudo determinarse porque le fue asignada una clave para proteger su identidad. 

El principal motivo de privación de libertad de las mujeres en El Salvador es sexual: 41 % de los casos tienen ese móvil detrás.



La privación de libertad está definida en el artículo 148 del Código Penal y sostiene que «el que privare a otro de su libertad individual, será sancionado con prisión de tres a seis años». 

Según la abogada Johanna Ramírez, del Servicio Social Pasionista, organización que se ocupa de dar atención y asesoría en derechos humanos, este delito se diferencia del de la desaparición por su temporalidad.»“La privación de libertad puede ser durante un lapso de tiempo corto», indicó. 

El presidente de la Asociación Salvadoreña de Derechos Humanos (ASDEHU), el abogado Pedro Cruz, apuntala esa misma idea. «Privación de libertad es, por ejemplo, que a usted la encierren en un lugar y no la dejen salir; y la desaparición es que no se tiene ningún dato. La privación de libertad es como un secuestro, solo que, sin cobrar rescate. En cambio, la desaparición lo que busca es que se esfume la persona, o no dar información sobre sus restos, en el caso que hayan procedido con un homicidio», detalló Cruz. 

La Asamblea Legislativa reformó en octubre de 2019 el artículo 148 del Código Penal, para incorporar el delito de «desaparición cometida por particulares», incorporando así una figura que había implicado hasta entonces un vacío para las víctimas. Esta define así el delito de desaparición: «El que de cualquier forma privare a otro de su libertad cuando esta acción fuera seguida de la desaparición u ocultamiento del paradero o localización de la víctima, será sancionado con pena de quince a veinticinco años de prisión». 

Antes de esa reforma, las autoridades registraban los casos solo como «privación de libertad» o conspiración para el delito de privación de libertad, aunque las víctimas no aparecieran. Si aparecían, pero fallecidas, se tipificaba como homicidio.  

De 2005 a 2018, por ejemplo, la Fiscalía General de la República registró 35,826 denuncias de privación de libertad. De esas, 14,479 fueron de mujeres (40.4 %), según datos obtenidos a través de la Ley de Acceso a la Información Pública. En los mismos años, solo aproximadamente 95 casos con una víctima mujer de por medio alcanzaron la fase plenaria o de juicio, según los datos analizados procedentes de los tribunales salvadoreños. Los casos podrían ser más, pero algunos no son identificables por las claves asignadas.  

Esto implica que un aproximado de 1 % de los casos de privación de libertad denunciados, o menos, llegaron a la fase de juicio con un presunto responsable, en lo que respecta a mujeres. En el caso de los hombres, la realidad no es muy diferente. 



Tras la reforma al Código Penal, la Fiscalía registra los casos bajo los delitos de privación de libertad y desaparición, tal como se puede observar en los datos del Departamento de Estadísticas (DATI), que se basa en los registros de la Base de Datos del Sistema de Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal (SIGAP) y que fueron solicitados por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) a la Oficina de Información y Respuesta (OIR) de la Fiscalía, y compartidos a Alharaca. 

En esos datos, la Fiscalía reportó que, del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021, hay 707 casos que aglutinan los delitos de privación de libertad y desaparición.


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La participación de pandillas en la privación de libertad de una víctima mujer representó el 21.05 % de los casos que llegaron a tribunales entre los años 2000 a 2020, según las sentencias analizadas por Alharaca. Es un porcentaje menor, si se compara con el de agresores que eran desconocidos para las víctimas. Pero también es cierto que en muchos de los casos no existen datos que indiquen que la Fiscalía o la Policía hayan investigado para establecer la pertenencia, o no, de los acusados a estructuras de pandillas.  

Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista, considera que muchos de los casos de privación de libertad o desapariciones cometidos por pandillas no llegan a tribunales porque las víctimas o sus familiares tienen miedo de denunciar o porque en el proceso se retiran debido a amenazas de estos grupos.  «Lo que quieren casi todas las familias es encontrar a su familiar. Creo que les interesa poco lograr cierto nivel de justicia, sobre todo, si son pandillas las responsables de la privación de libertad o desaparición, porque esas familias viven a la par de pandilleros, o de la estructura misma, no pueden mantener y señalar al responsable sin que pueda haber otra agresión”, señaló Verónica. 

La organización Internacional Crisis Group, en un informe titulado: “¿Milagros o espejismo? Pandillas y el desplome de la violencia en El Salvador”, señala que, de acuerdo a datos oficiales, se estima que 60 mil pandilleros operan en el 94 % de los municipios en El Salvador. Reyna dice que eso les permite un nivel de control mucho mayor de las zonas que el de la Policía y la Fuerza Armada.  



La desaparición es un delito que, cada vez más, se denuncia a través de redes sociales por parte de familiares de las víctimas, o colectivos de voluntarios. Alerta Raquel, una iniciativa creada en 2020 para visibilizar la búsqueda de mujeres, por ejemplo, emitió 180 alertas de mujeres desaparecidas desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre de 2021, a través de redes sociales. 

La mayoría de casos de Alerta Raquel son jóvenes entre 14 y 17 años de edad, aseguró una de las voluntarias de la iniciativa, Anabel Elizondo. En sus redes sociales se pueden observar los rostros de niñas, adolescentes y mujeres jóvenes reportadas como desaparecidas, como el caso de la atleta Jimena Ramírez, reportada como desaparecida el 24 de octubre de 2021 y encontrada sin vida el 17 de noviembre del mismo año. También los hermanos Karen y Eduardo Guerrero, reportados como desaparecidxs el 18 de septiembre de 2021, y encontrados sin vida el 23 de diciembre. Y la desaparición de Yuri Majano, encontrada sin vida el 12 de diciembre, entre otras víctimas. 

La visibilización pública de los casos ha alcanzado a la misma Fiscalía luego de mucha presión ciudadana. El 25 de noviembre de 2021, el fiscal impuesto, Rodolfo Delgado, aseguró que a diario registraban dos personas desaparecidas.  

La abogada penalista Marcela Galeas aseguró que, después de la reforma al artículo 148 del Código Penal, todos los casos son documentados desde el inicio como desaparición y es hasta el hallazgo de la persona cuando se califica como privación de libertad. «Ese es el inicio de la persecución penal. Después de haber sido calificado ese delito, después de haber pasado los filtros de la Fiscalía y es que le corresponde a la Fiscalía iniciar la actividad penal en un tribunal de Paz», indicó Galeas. 

Galeas agregó que la investigación de estos delitos no depende solo de una denuncia. Según ella, las autoridades tienen que actuar de oficio, porque son delitos de acción pública. Las autoridades pueden iniciar la investigación de un caso desde el momento en que existe conocimiento público sobre él.  



La investigadora especializada en temas de seguridad, Jeanette Aguilar, señala que la falta de interés del Estado por establecer sistemas de información confiables dificulta dimensionar la magnitud numérica, el perfil, las características y las zonas donde hay más incidencia de personas desaparecidas. «Las estadísticas son apenas una porción de casos que llegan a sede administrativa», detalló Aguilar. 

Celia Medrano, otra investigadora sobre temas de seguridad, sostiene que los casos de desaparición registran un aumento en los últimos años. Sus afirmaciones se sustentan con datos del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (UCA), que registran un aumento del 20 %, entre enero a junio de 2021, en los delitos de extorsión, homicidio y desapariciones.  

Ambas investigadoras hicieron referencia específicamente al delito de desaparición de personas, pero, como se verá más adelante, hasta el 2019, «desaparición» y «privación de libertad» eran usados de forma complementaria en los registros judiciales. 

«La cifra negra de desapariciones es altísima, precisamente porque es sostenido de que allí es el indicador real para medir control territorial de grupos criminales en los homicidios», opinó Medrano. 

«Soy de la idea de que no es casualidad que la baja de más de mil homicidios coincida con que sube aproximadamente la misma cantidad de personas reportadas como desaparecidas», valoró. 



Según el informe «Desaparición de personas en El Salvador«, que presentó la Fundación para el Estudio y la Aplicación del Derecho (Fespad) en abril de 2021, el 60.1 % de las personas desaparecidas entre los años 2014-2019 fueron hombres y el victimario principal tras los casos son pandilleros. El análisis se basó en datos brindados por la Policía.  

Los datos de la Fiscalía reseñan que en un período similar (2014-2018), esa institución procesó 11 mil 82 denuncias de privaciones de libertad de hombres, que implica el 59.9 % de los casos registrados en ese rango de tiempo. 

El informe de FESPAD advierte que además de las pandillas, la venganza familiar es otro de los motivos que impulsa algunos casos de desaparición, sobre todo, cuando los delitos son cometidos por vecinos e incluso, familiares de forma directa. 

Óscar Escalón es el actual juez de la Cámara Especializada de Santa Tecla. Durante una entrevista a finales de 2019, cuando aún era Juez Especializado de Sentencia C de San Salvador, dijo que en algunos casos que él conoció bajo su jurisdicción, los hombres fueron privados de libertad por transitar en lugares bajo dominio de pandillas, por dar información a la Policía, o por negarse a participar en actividades de pandillas.  

En 2016, el juez Escalón condenó a 32 pandilleros por 28 homicidios. Las víctimas fueron privadas de libertad, torturadas, asesinadas y enterradas en un cementerio clandestino en la comunidad El Guarumal, municipio de Colón, en el departamento de La Libertad. Y aunque existió una privación de libertad de las víctimas, Escalón aclaró que se procesó por homicidio porque los cuerpos fueron encontrados.  

En el caso de las mujeres, el victimario que sobresale son las ex parejas, aseguraron las especialistas Jeannette Aguilar y Verónica Reyna. Ambas matizaron que la dificultad del acceso a información oficial de estos casos dificulta la identificación con certeza del número de pandilleros, o exparejas involucradas. 

En el 17.8 % de los casos de privación de libertad de mujeres, ellas han sido víctimas de sus exparejas y parejas actuales, según el análisis de las sentencias.  


«El 90 % de la gente que desaparece es gente que la van a encontrar muerta o que no la van a encontrar nunca» 

Óscar Escalón, juez de la Cámara Especializada de Santa Tecla



El informe de FESPAD sostiene que los primeros casos de desaparición en contra de las mujeres se empezaron a documentar en 2003. Algunas de estas víctimas fueron localizadas muertas, luego de varios años. Las pandillas, las parejas de las mujeres, familiares y hasta policías aparecen entre los perpetradores. 

«Es importante manejar el enfoque diferencial, porque todas las mujeres en los casos analizados, han sido asesinadas y desaparecidas por razones de género por pandilleros, pero también por parejas que están pretendiendo a la muchacha, o que tienen celos. Es el hecho de mantener esta lógica de los cuerpos de las mujeres como propiedad también de la pandilla», detalló la investigadora Jeannette Aguilar, quien elaboró el documento. 

Celia Medrano opinó que el control que ejercen las pandillas en los cuerpos de las mujeres en los territorios se evidenció más durante la pandemia por covid-19.  

«Durante la pandemia, las pandillas incluso generaron sistemas de ‘delivery’ de muchachas. Llegaban en taxis a traer a las jóvenes, avisaban a los padres, a los familiares ‘vamos a llegar por fulana a la casa y no la van a ver tres o cuatro días’. Entonces, así como obligaban antes a las niñas a que tenían que presentarse a una casa destroyer, ahora tenían que presentarse a un lugar donde estaban los pandilleros y ya se sabía que esa niña sería violada ese día”, detalló Medrano, quien accedió a varios relatos de víctimas como parte de una investigación en la que colaboró.  

En 2020, el año de la pandemia, según el Observatorio de Seguridad Ciudadana de las Mujeres, 551 mujeres fueron desaparecidas en El Salvador. Ese año, cada 18 horas una mujer fue desaparecida, según este observatorio que administra ORMUSA. 





Antes de 2019, año de la reforma que incluyó la desaparición como un delito, las denuncias por desaparición y privación de libertad se confundían en los registros oficiales.  

Pero también sucedía que los desaparecidos que eran encontrados fallecidos; ni siquiera quedaban registrados como tales, o como privados de libertad. Algunas de estas víctimas fueron encontradas únicamente porque un testigo involucrado en el crimen había confesado a cambio de beneficios judiciales, bajo la figura del criterio de oportunidad.  

Alharaca tuvo acceso a una sentencia sobre una joven que fue privada de libertad junto a su hija y posteriormente asesinada por al menos 5 pandilleros en Zacatecoluca, La Paz. Los pandilleros fueron condenados por homicidio agravado en contra de una mujer, a quien llamaremos Yanira. El cuerpo de la joven no se encontró, a pesar de que un pandillero que participó en el crimen confesó que la habían asesinado y que supo que sus restos los habían quemado y enterrado.  

Yanira fue asesinada en noviembre de 2012, por órdenes de su entonces esposo, un pandillero recluido en una cárcel. Según el testigo, el esposo de la víctima estaba convencido que ella lo traicionaba con un pandillero rival. El juez que llevó el caso, quien prefirió no identificarse, aseguró que esta es una práctica en las privaciones de mujeres que ha logrado identificar en los juicios. Los pandilleros ordenaban sus asesinatos desde las cárceles por considerarlas «soplonas». 

El delito de privación de libertad no aparece en este caso. Ni siquiera fue planteado por la Fiscalía en la acusación. No hubo ubicación física de la persona y hasta 2015, no se sabía dónde estaban sus restos. Se condenaron a los victimarios por pruebas indiciarias complementarias: el relato del testigo, y el corvo con el que la mataron y que tenía manchas de sangre, hallado en un veredal. La familia de la víctima desistió de brindar muestras de sangre para hacer un cotejo de ADN, porque fueron amenazados de muerte si lo hacían. 

Yanira fue privada de libertad antes de su muerte. Una amiga, pareja de otro pandillero, ayudó al crimen: la condujo al lugar del asesinato bajo el engaño de ir a traer un dinero. Incluso pidió a los pandilleros retirarse antes de que empezaran a agredir a Yanira.  


«Los cuerpos de las mujeres han sido utilizados como trofeos de guerra en la disputa de los territorios, entre grupos delincuenciales rivales, o como objeto de venganza misógina».

Informe Personas Desaparecidas de El Salvador, FESPAD, 2021.

Los responsables de la seguridad pública aplican desde 2019 un mecanismo de búsqueda denominado, Protocolo de Acción Urgente y Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador (PAU). Según esta directriz, la Fiscalía es la responsable de activar el PAU para dar con el paradero de una persona que ha sido reportada desaparecida.  

El PAU establece que la Fiscalía tiene menos de seis horas para decidir si activan o no este mecanismo, después de recibida la petición de búsqueda, según detalla su instructivo. Antes que la Fiscalía ordene la activación del PAU, la Policía Nacional Civil deberá recibir las denuncias o avisos, además, por iniciativa propia, también deberá investigar estos delitos, según el protocolo. 

Pero en la práctica, la prioridad en investigación de este delito está motivada por la presión mediática de algunos casos, señaló la especialista Jeanette Aguilar. 

«Ellos (Fiscalía) han establecido previamente tres criterios, que es la atención a casos donde haya más de dos o tres (personas reportadas como desaparecidas), en segunda instancia, que sean agentes del Estado, que sean fuerzas de seguridad, y que sean casos mediáticos», enfatizó. 

Esto obedece, según Aguilar, a que la Fiscalía solo cuenta con cinco fiscales para investigar estos delitos; y a que tampoco se le ha asignado los suficientes recursos para atender con mayor eficacia el problema de las desapariciones. 

Lo que no es tan conocido públicamente es que cualquier familiar de una persona desaparecida puede pedir la activación del PAU a la Fiscalía al momento de denunciar la desaparición; y puede hacerse ante la Fiscalía, la Policía o ante un juez de Paz.   

El juez Escalón también explicó en su momento que, mientras no se doten de recursos a las autoridades y se tenga voluntad para resolver el problema de las personas desaparecidas, mecanismos como el PAU no serán eficientes. «Estamos rebasados, las estadísticas rebasan a la capacidad que tiene el Estado», dijo.  




A pesar de la alarma que han generado los delitos de desapariciones y privaciones de libertad, incluso, a nivel internacional, el Gobierno ha optado por la estrategia del silencio y por pedir que los casos no se denuncien públicamente, o a través de redes sociales; como han venido presionando familiares de víctimas. 

El 31 de mayo de 2021 el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, criticó a través de una entrevista televisiva a los familiares de víctimas por usar las redes sociales para denunciar y minimizó el problema. El funcionario dijo que los parientes «desgraciadamente lo primero que hacen es activar las redes sociales» y los acusó de estar «fregando psicológicamente a sus hijos y a sus hijas» porque al ser encontrados con vida, ya han sido expuestos públicamente.   

Meses después, la Policía ha empezado a publicar en sus redes sociales oficiales fotos e información sobre personas que fueron encontradas después de haber sido reportadas como desaparecidas. La institución no publica las denuncias recibidas, sino únicamente cuando las personas son encontradas con vida, incluidos menores de edad con el rostro difuminado, con mensajes tales como «no fue víctima de ningún delito», «estaba en la casa del novio», «huyó con una nueva pareja», entre otros.   



La constante negación del gobierno sobre el elevado índice de personas desaparecidas generó que 15 organizaciones llevaran una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de su 181 Periodo Ordinario de Sesiones. La CIDH recibió en audiencia a organizaciones como CRISTOSAL, FESPAD, Servicio Social Pasionista, la Colectiva Feminista, el IDHUCA, entre otras, el 21 de octubre de 2021.

Alejandra Burgos, representante de la Colectiva Feminista, citó en la audiencia el caso del cementerio clandestino encontrado en junio de 2021 en el municipio de Chalchuapa (Santa Ana), en la casa del ex agente policial Hugo Ernesto Osorio Chávez. Investigaciones y reportajes periodísticos han revelado que el número de víctimas recuperadas de ese lugar podrían sobrepasar las treinta. La mayor parte de ellas, según esa información, fueron mujeres y, también, en la mayor parte de los casos los delitos conexos son de índole sexual.  

Las representantes de otras organizaciones denunciaron en la audiencia que las víctimas se enfrentan al abandono e indiferencia del Estado y de los responsables de administrar justicia. 

La audiencia internacional posibilitó conocer, aunque sea parcialmente, la postura oficial del Estado a cargo de la Fiscalía, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia y Seguridad, respecto a estos casos. Los representantes del Estado se limitaron a repetir los mecanismos que se han creado: el Protocolo de Acción Urgente y Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador (PAU) y las reformas al Código Penal, ambos de 2019.   

En la audiencia el jefe fiscal de la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, Alvin Serrano dijo que, del 1 de enero al 13 de octubre de 2021, la Fiscalía recibió 1,161 denuncias sobre desaparición de 1,192 personas. El 65 % eran hombres y el 33.2 % mujeres, el 51 % de los casos habían logrado ubicar con vida a las personas y en el 3.9 % sin vida. Serrano, sin embargo, no dio a conocer la cifra de personas no aparecidas y de las que aún investigaban sobre su paradero. 



El fiscal general impuesto en mayo de 2021 y reelegido en enero de 2022, Rodolfo Delgado, publicó a través de su cuenta de Twitter el 6 de diciembre pasado que, del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021, la Fiscalía registró 488 casos de personas desaparecidas y 627 de privación de libertad. En todos los casos de privación de libertad, aseguró el funcionario, se encontró a las víctimas con vida. Insistió que, en estos casos, las víctimas se ausentaron de sus casas de forma voluntaria. 

Sobre los 488 casos reportados de personas desaparecidas aseguró que la Fiscalía seguía investigando el paradero de las víctimas. O sea: son casos que se mantienen como «activos» y son así sacados de la estadística de desaparecidos.  

Según el fiscal Delgado, actualmente registran en promedio, un caso de desaparición al día. 

Esa cifra no concuerda con los registros que llevan las organizaciones sociales que estuvieron presentes en la Audiencia de la CIDH en octubre, que sostienen que desaparecen de 4 a 5 personas cada día. 

Estas organizaciones demandaron al Estado salvadoreño llevar un registro único de búsqueda, crear un banco de perfiles genético y articular esfuerzos con la sociedad civil para garantizar mayor efectividad en la búsqueda de personas desaparecidas.  

El Salvador es un país de fosas y desaparecidos: lo demuestran las 139 fosas encontradas entre 2018-2019, que implican 236 víctimas, aproximadamente, quienes en algún momento fueron llevadas contra su voluntad y asesinadas.  

Los mínimos casos de mujeres, niñas y adolescentes a los que se les ha dado alguna respuesta ante la justicia demuestran que ellas no se van, o se ausentan de sus casas porque quieran. A ellas, las privan de su libertad para abusar de sus cuerpos, las asesinan y, en muchos de los casos, permanecen aún como desaparecidas, con una foto o una madre de por medio para mantener vigente su nombre y un reclamo pocas veces escuchado. 


Créditos


Por Vilma Laínez y Suchit Chávez

Ilustraciones: Natalia Franco

Fotografías: Kellys Portillo

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