Sofía abandonó El Salvador el 27 de marzo de 2022. Ese mismo día, Nayib Bukele anunció el régimen de excepción, tras el asesinato de 87 personas atribuidos a las pandillas, en un fin de semana violento. Había comprado su pasaje a Argentina un mes antes, cuando se cansó de vivir sin derechos. Durante la pandemia del COVID-19, decidió transicionar como mujer trans. Sabía que, fuera de los call centers con políticas inclusivas, no encontraría un trabajo donde no la discriminaran.
Desde 2016, Sofía comenzó a investigar qué garantías ofrecía el Estado salvadoreño a la población LGBTIQ+. Descubrió que ni siquiera existe una Ley de Identidad de Género que reconozca a las personas trans. La idea de migrar empezó a rondar su mente, aunque de forma esporádica. Dos años después, esa idea tomó fuerza. Por su cuenta, investigó posibles destinos donde pudiera sentirse protegida y, sobre todo, existir plenamente. Canadá, España y Argentina figuraban entre sus opciones, pero descartó los dos primeros por las complicaciones migratorias. Argentina, con su avanzada legislación en derechos humanos, le parecía más factible, aunque apenas supiera algo del país.
En 2022, decidió renunciar al último call center donde trabajó. Con los 2 mil dólares de indemnización que recibió, comenzó a planear su salida del país. El boleto directo hacia Argentina era demasiado caro, así que optó por viajar en tramos. Primero llegó a Guatemala. Desde allí, tomó un vuelo a Chile, con escala en Panamá. Finalmente, desde Chile, abordó otro avión hacia Argentina.
El 29 de marzo, aterrizó en suelo argentino, con 50 dólares, una maleta de mano y una mochila en la que guardaba su computadora. No tenía trabajo, amistades ni un lugar donde quedarse. Solo tenía el deseo de empezar de nuevo.
El año que Sofía decidió migrar, la Organización Comcavis Trans, junto con el Refugio Casas Rosada, registraron el desplazamiento forzado de 101 personas LGBTIQ+ en El Salvador. Además, brindaron asesoría a otras 110 que buscaban protección internacional debido a la violencia por su orientación sexual e identidad de género. Según Bianka Rodríguez, presidenta de Comcavis Trans, entre 2019 y octubre de 2024, 202 personas se desplazaron internamente y 307 migraron. La mayoría son mujeres, principalmente trans, que huyen en busca de un lugar donde sus vidas sean reconocidas y respetadas.
Los desplazamientos y migraciones forzadas de personas LGBTIQ+ tienen como principales responsables a las pandillas, a personas civiles y a los cuerpos de seguridad pública. En el marco del régimen de excepción, las organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amate El Salvador, han documentado al menos 130 casos de abusos, incluidas torturas, contra personas disidentes sexuales, cometidos por militares y policías. Este régimen, impulsado por Bukele, y renovado cada mes por las y los diputados oficialistas y sus aliados, suspende tres derechos constitucionales y agrava la situación de poblaciones que ya enfrentaban condiciones de extrema vulnerabilidad.
De acuerdo con Bianka, muchas personas que buscan asesoría lo hacen tras ser rechazadas por la Dirección Nacional de Víctimas y Migración, adscrita al Ministerio de Seguridad y Justicia. Esta institución alega no contar con programas dirigidos a la población LGBTIQ+ y, además, desarticuló albergues destinados a proteger a quienes denunciaban violencia. También señala que, a diferencia de años anteriores, los documentos oficiales de esta dirección ya no incluyen categorías de orientación sexual distintas a la heterosexualidad, lo que invisibiliza aún más a estas comunidades diversas.
“Las cifras de desplazamiento y migración han ido aumentando debido a la potestad que les ha dado el régimen de excepción a los cuerpos de seguridad, de alguna manera, de hostigar y de perseguir a las personas LGTB, porque se les ve como un factor estigmatizante y como la generadora de delitos”, sostiene.
Comcavis Trans ha documentado casos de policías que amenazan a mujeres trans, ya sea para forzarlas a proporcionar información o simplemente por su identidad de género. Estas amenazadas surgen de una visión discriminatoria que considera las cárceles como una medida correctiva para quienes desafían el género binario o las expresiones sexuales no heterosexuales.
Sofía dejó atrás un país violento y ahora vive en otro gobernado por la ultraderecha, donde los derechos humanos enfrentan riesgos crecientes. A pesar de ello, no quiere regresar a El Salvador. «No encontré nada, ni siquiera para decir: ‘Me voy a quedar a hacer esta lucha’. Lo siento por todas las personas en El Salvador que están luchando, pero yo lo sentí como una batalla perdida”, dice, mientras toma café en una cafetería, una tarde de septiembre de 2024, en Buenos Aires. Aquí, al menos por ahora, todavía se siente segura.
Infancias violentadas
La primera vez que Sofía vio a una mujer trans fue en las calles de San Salvador. Era de noche, y algunas trabajaban en las principales avenidas de la ciudad, ejerciendo el trabajo sexual. Tenía 17 años cuando su madre la obligó a mudarse desde Sensuntepeque a la capital para estudiar Ingeniería en Sistemas en la Universidad Evangélica. Le decía que con esa profesión tendría dinero. Además, como practicante de la religión evangélica, no quería que su hija estudiara en otra universidad. Aunque la forzaba a asistir a la iglesia, Sofía inventaba cualquier excusa para no ir.
En Sensuntepeque, Sofía comenzó a reconocerse como una mujer, aunque todavía no supiera nombrar lo que sentía. En casa, la relación con su familia era distante y poco sana. Cuando tenía 11 años, su papá migró a Estados Unidos. Más tarde, su hermana mayor también migró. Sofía y su hermano quedaron a cargo de su madre, quien, con la misma rigidez, obligó a su otro hijo a estudiar la misma carrera, en la misma universidad.
De niña, Sofía recuerda cómo su madre castigaba con golpes a sus hermanos. Para evitar las discusiones, ella se apartaba y se refugiaba en un terreno que había en su casa. Allí pasaba horas, intentando esquivar la violencia física. Sin embargo, no logró escapar de la psicológica. De acuerdo con ella, esta violencia nunca estuvo relacionada con su identidad de género, pero desde que se independizó, cortó relación con su mamá, quien no sabe de su transición ni que migró a Suramérica.
Un proceso en soledad
Sofía aprendió a inyectarse hormonas viendo tutoriales y leyendo protocolos de terapias de reemplazo hormonal en Internet. Durante la cuarentena por el COVID-19 trabajaba desde casa y, sola en su habitación, comenzó a aplicarse en los muslos pequeñas dosis de espironolactona, un bloqueador de testosterona; y luego, estradiol, una hormona feminizante. Las hormonas las compraba a domicilio en la farmacia San Nicolás, sin necesidad de recetas médicas.
Los resultados no llegaron de inmediato. Pasaron tres meses antes de que notara cambios, y más que físicos, fueron emocionales. Se dio cuenta que, desde que inició la hormonización, reaccionaba con enojo ante situaciones de estrés y, en ocasiones, sentía ganas incontrolables de llorar. Recuerda una ocasión en la que lloró durante 12 horas seguidas.
Cuando Bukele levantó las restricciones por la cuarentena, acudió a un chequeo médico en Diké, la única clínica especializada para personas trans en El Salvador. Allí le informaron que la cantidad de hormonas que había aplicado estaba acorde a su cuerpo, pero le cambiaron las inyecciones por pastillas.
Bajo el seguimiento de un endocrinólogo, empezó a preocuparse más por su futuro como mujer trans en El Salvador. En 2009, decidió dejar la universidad y, al año siguiente comenzó a estudiar la Licenciatura en Computación en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que era la carrera más parecida a la ingeniería que había comenzado en la otra universidad. Después de jornadas de trabajo de 10 horas, no tenía energía para asistir a clases ni estudiar. Finalmente, optó por enfocarse únicamente en el trabajo.
Durante la pandemia, solo tuvo que ir dos semanas a trabajar de manera presencial en el call center. Apenas una compañera notó sus cambios corporales. “En los call center tienen normas extranjeras, no tienen problemas con que transicionés. Los problemas te los va a dar la gente que trabaja ahí, pero, como política, te aceptan. Pero yo ya no quería trabajar en un call center. Pensé: ¿Qué otro trabajo no va a tener problema con mi transición? Y no se me ocurrió ninguno”, recuerda. Así, poco a poco, la idea de migrar empezó a tomar forma.
En su primera gestión, Bukele desmanteló las políticas públicas a favor de las disidencias sexuales y las mujeres impulsadas por el FMLN (2009-2019). Eliminó la Dirección de Diversidad Sexual al delegar sus funciones al Ministerio de Cultura, que no rinde cuentas sobre este tema. También dejó de implementar ferias de empleo, protocolos de salud y procedimientos para investigar crímenes de odio dirigidos a la población LGBTIQ+.
La activista Amalia Leiva considera que este retroceso comenzó antes del régimen de excepción, marcado por un discurso conservador que favorecía a la empresa privada y a GANA, partido aliado de Bukele, conocido por su oposición a la despenalización del aborto y al matrimonio igualitario.
En febrero de 2024, cuatro meses antes de iniciar su mandato inconstitucional, Bukele endureció esta agenda al prohibir el uso del acrónimo LGBTIQ+ en instituciones estatales. Según el investigador Amaral Arévalo, esto no solo elimina la protección estatal para esta población, sino que convierte al Estado en un actor de violencia, empujando a muchas personas a migrar para sobrevivir.
El viaje a Argentina
El martes 29 de marzo de 2022 marcó el primer día de Sofía en Argentina. Su vuelo aterrizó a la 1 p.m. Apenas conocía algo del país y su única referencia era la Ciudad de Buenos Aires. Al arribar en el aeropuerto internacional de Ezeiza, buscó un cajero automático y retiró los únicos 20 dólares que tenía en su cuenta. Los retiró en moneda argentina. A esto se sumaban los 30 dólares en efectivo que llevaba consigo, sus únicos ahorros, que luego cambió en una casa de cambio.
En el vuelo, evitó pensar lo que le esperaba. No tenía asegurada una estadía y apenas se había guiado con Google Maps para orientarse. Su referencia principal era el Obelisco, el icónico monumento ubicado en el centro porteño.
Desde Ezeiza, Sofía tomó el colectivo 8 con la intención de bajarse en la parada del Obelisco, pero se perdió y terminó en Parque Patricios, en el extremo opuesto de la ciudad. No había comido durante todo el trayecto. Al bajar, encontró una venta de comida y compró un pancho (hot dog). Luego caminó por más de una hora de regreso hasta el Obelisco. Sus comidas del resto de ese día y del siguiente se limitaron a cafés y dos medialunas en McDonald’s.
Esa noche, logró pagar una estadía en un hostal. Al día siguiente, buscó otro hostal, inclusivo, que encontró en Google, en el barrio de Villa Crespo. Al llegar, no quisieron alojarla y tampoco le quisieron dar información de otro lugar inclusivo que pudiese acogerla. Caminó una hora y media de vuelta al Obelisco, con su maleta de mano y la mochila con su laptop. Esa noche la pasó en unas bancas de la avenida 9 de Julio, la más ancha de América Latina. Su celular estaba descargado, porque McDonalds, donde lo cargaba, estaba cerrado. Entre cigarrillos y lágrimas, pasó la noche.
A la mañana siguiente, logró cargar su celular y retomó contacto con su mejor amiga salvadoreña, quien estaba al tanto de su situación desde su llegada a Argentina. Ella la puso en contacto con otra salvadoreña viviendo en el país, quien le recomendó asistir esa tarde a un centro cultural en Buenos Aires, donde se reuniría el colectivo travesti-trans para conmemorar el Día de la Visibilidad Trans, el 31 de marzo.
Por la tarde, Sofía se dirigió al lugar. Allí fue recibida por integrantes del colectivo. Una persona le ofreció hospedarla en su casa por esa noche. “Estaba cansada, pues había caminado por horas”, recuerda. Después de esa noche, le ofrecieron compartir una casa con más personas trans y no binarias que no podían alquilar por su cuenta. Vivió con elles durante algunos días.
De las 307 personas que buscaban una protección internacional y que asesoró Comcavis Trans entre 2019 hasta 2024, 28 han accedido al refugio. El refugio es un mecanismo que los gobiernos ofrecen a quienes huyen de sus países debido a situaciones de violencia, incluyendo las motivadas por orientación sexual, identidad o expresión de género.
Bianka Rodríguez explica que Estados Unidos sigue siendo uno de los destinos más solicitados debido a las oportunidades laborales, la posibilidad de reunificación familiar y la protección que ofrece. Sin embargo, esta ruta implica entregarse a las autoridades fronterizas y ser llevadas a estaciones o centros de detención para migrantes, donde las personas LGBTIQ+ enfrentan un riesgo particular de violencia. Pocas optan por refugiarse en América Latina. De acuerdo con Rodríguez, su organización solo ha acompañado a dos personas que eligieron Costa Rica y Chile.
Amaral Arévalo señala que Estados Unidos ha dejado de ser el destino principal para migrantes LGBTIQ+ debido a las dificultades para cruzar la frontera y las políticas migratorias restrictivas implementadas durante la administración de Donald Trump. Estas medidas complicaron aún más el acceso a refugios.
“Sofía es triplemente vulnerable: trans, migrante y es representación de lo femenino. Incluso teniendo familiares en EE. UU., quizá no se fue para allá porque no podría tener relación con su familia y por eso optó por otro país”, reflexiona.
Argentina y Uruguay son reconocidos por sus avances en derechos humanos para la población LGBTIQ+. Ambos países han aprobado la Ley de Identidad de Género y el Matrimonio Igualitario.
La política migratoria argentina, históricamente ha sido flexible, pero durante el gobierno de Javier Milei, la Federación Argentina LGBT+ ha registrado un retroceso en estas políticas. Según Maribel Sgariglia, secretaria de Relaciones Internacionales de la Federación, han registrado casos de solicitantes de refugio, especialmente de Rusia, a quienes la Dirección Nacional de Migraciones ha negado la renovación de su visa de turista. Este documento es fundamental para acceder a la residencia precaria, un paso previo al trámite formal de refugio.
La eliminación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) ha dejado en desventaja a las personas migrantes. Ahora, las funciones del INADI han sido transferidas al Ministerio de Seguridad, que lidera la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE). Este cambio pone en riesgo a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, como migrantes LGBTIQ+, al dificultar el acceso a la regularización de su estatus migratorio, señala Sgariglia.
En julio, la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes denunció un incremento de hasta el 1500 % en los costos de los trámites migratorios. Bajo el gobierno de La Libertad Avanza, las personas de países fuera del tratado MERCOSUR deben pagar el 42 % del salario mínimo argentino —264 dólares— para tramitar su residencia.
Argentina y los derechos ganados en riesgo
Argentina se destaca en Latinoamérica por avances legislativos a favor de la población LGBTIQ+. En 2010 aprobó el matrimonio igualitario y en 2012, la Ley de Identidad de Género, que permite a personas trans, incluyendo extranjeras, cambiar su nombre y género en documentos oficiales y acceder a servicios estatales. Pero estos logros están en riesgo bajo el gobierno de Milei, quien desmanteló instituciones clave como el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad, y el INADI. Además, los despidos masivos del «plan motosierra» afectan a quienes fueron contratados bajo la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans de 2021.
La vulnerabilidad histórica de las mujeres trans se refleja en su esperanza de vida en América Latina, que no supera los 35 años. Muchas enfrentan barreras para acceder a salud, educación y empleo formal, viéndose forzadas a ejercer el trabajo sexual. Ante este contexto, el 1 de noviembre, 13 mujeres trans argentinas demandaron al Estado, buscando que travestis y trans mayores de 50 años accedan a derechos de seguridad social, actualmente reservados a personas cisgénero.
En contraste, El Salvador carece de avances similares. En 2021, el partido oficialista archivó un proyecto de Ley de Identidad de Género. De acuerdo con el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) “Condiciones actuales de la población LGBTIQ en El Salvador, durante el periodo 2020-2021”, de 244 personas de la diversidad sexual entrevistadas, el 50 % estaba desempleada. Otra investigación de AMATE, de 2018, estableció que, de una muestra de 384 personas LGBTIQ+ de los entonces municipios de San Salvador, Soyapango y Santa Tecla, solo una de cada tres mujeres trans había podido insertarse en un trabajo formal.
Mientras Argentina enfrenta retrocesos, en El Salvador los derechos básicos para las personas trans siguen siendo una deuda pendiente.
Sofía encuentra estabilidad
Sofía asistió a una charla sobre educación sexual donde una conocida la contactó con alguien que le ayudó a conseguir empleo. Así fue construyendo redes de apoyo en Argentina.
A los dos años y ocho meses de haber migrado, Sofía trabaja remotamente para una empresa estadounidense realizando auditorías. Vive sola en un monoambiente, sale poco y dedica la mayor parte de su tiempo a estudiar. Actualmente, cursa las primeras dos materias del Ciclo Básico Común, requisito para ingresar a la Universidad de Buenos Aires, donde planea estudiar Física. Además, ha iniciado los trámites para obtener su documento argentino con su nombre elegido y su identidad autopercibida. A sus 37 años, está satisfecha por lo alcanzado.
“En Argentina me siento segura. Puedo salir en la noche, regresar en un colectivo a las 2 de la mañana y no siento que me vaya a pasar nada, allá salía en la tarde y salía con miedo”, relata desde la cafetería porteña donde nos encontramos para entrevistarla.
Para Sofía, migrar fue un acto de supervivencia y afirmación de su existencia. Sofía migró para existir.
Este reportaje fue producido gracias al apoyo del Programa de becas de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
Editado por Metzi Rosales Martel
