Diversas organizaciones ambientalistas advirtieron que el proyecto minero transfronterizo Cerro Blanco pone en riesgo la seguridad hídrica de El Salvador, Honduras y Guatemala. La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica en El Salvador y la Alianza Centroamericana Contra la Minería (ACAFREMIN), lamentaron que pese a los 17 años de lucha contra proyectos mineros y a la aprobación de la Ley de Prohibición de Minería Metálica, proyectos transfronterizos generen la contaminación contra la que las comunidades han estado resistiendo.
El proyecto Cerro Blanco, de la empresa canadiense Bluestone Resources, está ubicado en el municipio de Asunción Mita, en el departamento de Jutiapa, Guatemala. La mina está a 14 kilómetros de Metapán, Santa Ana, y amenaza directamente la cuenca del río Lempa, la cuenca hídrica transfronteriza más importante de Centro América, con una extensión de 17,926 km² que inician en Guatemala, se comparte con Honduras y cruza El Salvador.
El Lempa abastece a aproximadamente 1.5 millones de personas en el área metropolitana de San Salvador y permite generar energía para abastecer el 28 % de la demanda energética nacional, según datos de la organización Rescatemos el Río Lempa. Además, en la cuenca del río viven 3.8 millones de personas, de los tres países.
Pedro Cabezas, de ACAFREMIN, dijo que la empresa encargada del proyecto minero Cerro Blanco planea utilizar 8 toneladas de cianuro por día, durante 11 años, generando 10,800 toneladas de desechos tóxicos por día en el proceso de extracción de oro.
“Según el estudio de impacto ambiental de la empresa, esto resulta en 144 millones de toneladas de desechos tóxicos que van a quedar solo a 14 kilómetros de la frontera con El Salvador y que van a estar generando contaminación, drenaje ácido, en las cuencas que van a parar al lago Guija que luego viene al El Salvador”, dijo Cabezas. Recordó que el lago de Güija vierte su caudal al margen derecho del río Lempa, por el río Desagüe donde se encuentra la presa hidroeléctrica del Guajoyo.
Las organizaciones señalaron que en El Salvador ha entrado en vigor la Ley de Recursos Hídricos, aprobada por los diputados oficialistas la noche del 21 de diciembre, y que pese a los múltiples cuestionamientos de la sociedad civil a dicha normativa, esta manda al Estado a generar políticas de protección a las cuencas hidrográficas. “De manera puntual la Ley de Recursos Hídricos mandatada a la suscripción de tratados binacionales o multinacionales para la protección de las cuencas hidrográficas compartidas, y así el estado salvadoreño debería promover la adhesión a tratados que existen en la materia”, dijo Omar Flores, de la Mesa Nacional frente a la Minería.
Luis González, también parte de esta Mesa, recordó que El Salvador también cuenta con una ley que prohibe la minería metálica, y que muchos aspectos de esta no fueron implementados de forma adecuada, como los cierres técnicos de minas o los procesos de reconversión de la minería artesanal, y expresó que es importante que no siga ocurriendo con otras leyes de protección ambiental, como la de Recursos Hídricos.
“Hay varios aspectos que hemos señalado que la Ley de Recursos Hídricos no retoma, como la gestión de cuencas, la participación ciudadana y el desarrollo del derecho humano al agua”, comentó González. Agregó que la Ley General de Recursos Hídricos plantea la creación de un comité para dar seguimiento a las cuencas transfronterizas y a crear marcos jurídicos para la protección de estas.
“El llamado es a que se retome las lecciones aprendidas en la creación de políticas públicas, que se retome la lucha ambiental que se dio contra la minería metálica y se hagan todas las acciones pendientes para mantener la prohibición y también a aplicar adecuadamente normativas ambientales”, dijo González.
Las organizaciones expresaron su apoyo y reconocimiento a la lucha de la comunidad de Asunción Mita, quienes se encuentran también trabajando para evitar la continuación del proyecto minero de Cerro Blanco.
