La odisea de las personas trans para encontrar un empleo

Mónica Campos Y Metzi Rosales Martel | 28/06/2024

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En El Salvador, las mujeres trans enfrentan exclusión y violencia en diversos ámbitos. A los 15 años, Harley fue obligada por su familia a abandonar su hogar al iniciar su transición para expresar su identidad de género. Pese a sus logros académicos, enfrentó la discriminación porque sus potenciales empleadores le exigían renunciar a su feminidad. En el último quinquenio, las políticas públicas para la inclusión laboral de personas trans en El Salvador han sido descontinuadas, exacerbando la discriminación. Aun así, Harley ha encontrado reconocimiento como decoradora de fiestas, en un país donde la mitad de las personas LGBTI estaba desempleada entre enero y octubre de 2021.


Ilustración por Alejandro Sol


Desde su adolescencia, Harley Luna comenzó a enfrentar exclusión y violencia debido a su identidad de género. A los 15 años, mientras cursaba noveno grado, decidió iniciar su transición, dejándose crecer el cabello y vistiendo ropa que reflejaba su verdadero yo. Aunque se sentía feliz con su decisión, sus padres no estaban de acuerdo y le «pidieron» que se fuera de su casa, ya que su expresión cada vez más femenina les resultaba incómoda. Esta experiencia marcó el inicio del ciclo de violencia social e institucional que la mayoría de las personas trans enfrentan en sociedades como la salvadoreña. 

Harley no sabía adónde ir. No acudió donde otros familiares por temor a que también la rechazarán. Era una adolescente de 15 años y estudiante de noveno grado. A esa edad, empezó a trabajar en un pequeño negocio de comida y bebida de una amiga a cambio de alojamiento y alimentación. En ese lugar, trabajaba más de 10 horas diarias y, además, continuaba con sus estudios. Ahí, sufrió maltrato laboral, pero no tenía adónde ir. Vivió así más de un mes hasta que su abuela se enteró de la situación y fue a buscarla. La llevó de regreso a casa y habló con los padres de Harley. Fue contundente. Les recordó que no podían abandonarla. Ellos aceptaron que se quedara, pero su madre le advirtió que la trataría como a cualquier inquilino. Y así fue.  

Harley fue obligada por sus padres a abandonar la casa en 2016, pese a que el artículo 199 del Código Penal sanciona con prisión de uno a tres años a quienes, teniendo el deber legal de cuidar a un menor de dieciocho años o a una persona incapaz de proveerse por sí misma, la abandonen, poniendo en peligro su vida o su integridad personal, o la coloquen en situación de desamparo. 

Además, para 2016, el artículo 38 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (derogada el 22 de junio de 2022) establecía que el Estado debe implementar políticas y programas para prevenir, atender y erradicar el maltrato y abandono físico y emocional de niñas, niños y adolescentes. Este artículo definía el maltrato como cualquier acción u omisión que cause o pueda causar daño a la integridad o salud física, psicológica, moral o sexual de un menor, e incluye el descuido en la provisión de alimentación, atención médica, educación o cuidados diarios. Desde junio de 2022, la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, en su art. 64, retoma esta definición y la protección contra el maltrato infantil.  

Pasaron dos años y los padres de Harley se fueron acostumbrando a ella. Así, pudo estudiar el bachillerato bajo el cobijo de su familia. Aunque su mamá le daba dinero, era insuficiente para costear el autobús y el almuerzo, ya que estudiaba mañana y tarde. Debido a esto, decidió seguir trabajando en el chalet de su amiga, esta vez por una paga irregular. “Me ofrecieron un pago semanal. Me pagaban $2 o $3 diarios: a veces eran $12 o $15 semanales, a veces no me daban ni los $10”, recuerda.  

A los 17 años se graduó de bachillerato general con un diplomado en computación con buenas calificaciones. Solicitó a sus profesores recomendaciones para incluirlas en su hoja de vida y comenzó a buscar empleo. Aplicó a puestos de cajera en un supermercado, bancos y farmacias. Aunque fue llamada para entrevistas y le ofrecieron trabajo en uno de estos lugares, no pudo aceptar porque el principal requisito era renunciar a su identidad y expresión de género femenina. 

“Lo primero que me pedían como requisito para poder darme el trabajo es que me vistiera como ellos consideraban que me vistiera, es decir, como hombre». También le exigían que se cortara el cabello. “Es algo que no iba a hacer porque apenas estaba empezando mi transición y no quería dejarlo”, recuerda.  

Un estudio sobre el acceso desigual de las personas LGBTQ a la seguridad social en San Salvador, Soyapango y Santa Tecla, realizado y publicado en 2019 por el Centro de Estudios de la Diversidad Sexual y Genérica – AMATE El Salvador, reveló que las mujeres trans tienen una edad promedio de 15.2 años al “salir del clóset”, mientras que los hombres gais y bisexuales superan los 20 años en promedio. Este dato es relevante porque establece una correlación entre la edad en que las personas LGBTQ revelan su identidad y el número de años de escolaridad. De acuerdo con el informe, quienes demoran más en hacerlo llegan a niveles de escolaridad más altos. Por ejemplo, las mujeres trans tienen un promedio de 10.6 años, mientras que los hombres cisgénero (gay y bisexuales) superan los 14 años, con estudios universitarios incompletos. Para este estudio se encuestó a una muestra de 384 personas LGBTQ de los entonces municipios de San Salvador, Soyapango y Santa Tecla durante las marchas del 17 de mayo y del orgullo 2019, en organizaciones sociales y bares frecuentados por la población LGBTQ.  

El documento también revela que, en 2019, el 50 % de las personas LGBTIQ encuestadas tenían empleo formal. De este grupo, solo el 40.1 % estaban cubiertas por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. El 30.7 % trabajaban por cuenta propia, el 5.5 % realizaban trabajo no remunerado y un 13.8 % se encontraban desempleadas.  

Dos años después, esta realidad no cambió. Otro informe sobre las condiciones actuales de la población LGBTI en El Salvador, basado en 244 encuestas realizadas entre 2020 y 2021, reveló que el 48 % de las personas estaban desempleadas, solo el 24 % tenía un empleo formal, el 13 % tenía un negocio propio o emprendimiento, el 11 % contaba con un empleo informal, el 2% realizaba trabajo sexual y otro 2 % estudiaba. 


Una oportunidad en una zapatería 


Harley tenía 9 años cuando el entonces presidente Mauricio Funes creó la Dirección de la Diversidad Sexual de la Secretaría de Inclusión Social, mediante el Decreto presidencial 56. Con este documento se buscaba evitar toda discriminación en la administración pública por razones de orientación sexual, identidad y expresión de género. La Dirección de Diversidad Sexual se creó con el objetivo de erradicar la discriminación contra las personas LGBT, promover políticas públicas inclusivas que garanticen la igualdad de trato en la prestación de servicios y aumentar la conciencia y sensibilidad respecto a la comunidad LGBT. 

En 2016, cuando Harley tuvo que abandonar su hogar. Salvador Sánchez Cerén ya llevaba dos años como presidente de la República. La Dirección de Diversidad Sexual continuaba funcionando, al igual que la discriminación hacia la población LGBT.  

Cuando cumplió los 18 años, Harley siguió enfrentando una dura realidad: nadie la empleaba por su identidad y expresión de género. Sin opciones laborales, comenzó a hacer gelatinas y comprar turrones para vender en su casa con sus vecinos como clientes. Cada vasito de gelatina lo vendía a $0.25 centavos y las gelatinas de bolsa a dos por $0.25. En un mes, con buenas ventas, ganaba aproximadamente $40 por semana. En paralelo a este emprendimiento, volvió por tercera vez a trabajar en el chalet de comida. Esta venta junto con su trabajo en el negocio de su amiga le permitió ahorrar lo suficiente para iniciar un pequeño emprendimiento de ropa usada en su casa.  

Pero el dinero nunca alcanzaba así que decidió buscar otro trabajo. En su búsqueda de empleo, la única persona que le dio una oportunidad de trabajo fue la dueña de una zapatería. Aunque la propietaria del local fue amable con ella, Harley enfrentó discriminación por parte de la clientela. “Cada vez que ofrecía los zapatos, las personas no me volteaban a ver. Me ignoraban y buscaban a las otras trabajadoras, solo por mi identidad”. El impacto emocional de sentirse invisible ante la sociedad en ese entorno la llevó a renunciar solo cinco meses después de haber comenzado.  

El informe Condiciones actuales de la población LGBTI en El Salvador durante el período 2020-2021, realizado por COMCAVIS TRANS, revela que la mayoría de las personas encuestadas afirmaron no tener oportunidades laborales o no estar trabajando. El documento indica que el 32.7 % de ellas ganaba menos de $100 al mes. El 27.7 %, entre $100 y $200; el 5.0 % entre $201 y $300; el 5.9 % entre $301 y 400; el 7.9 % entre $451 y $600 y solo el 16. 8 % ganaba más de $650 al mes.  

Harley creció rodeada de amigas que le acompañaron durante los primeros años de su transición. A finales de 2021, era reconocida entre sus amistades por su habilidad para decorar fiestas y reuniones. Su talento era tal que, en una ocasión, una persona le ofreció pagarle por decorar una fiesta, y ella aceptó. “Nunca imaginé que alguien me iba a pagar por una decoración, porque lo tomaba solo como un pasatiempo, como un hobby”. Ese día, al final de la fiesta, la persona que la había contratado le pagó y le comentó que estaba tan satisfecha con su trabajo que la iba a recomendar a otros.  

“Cuando me dijo que me iba a dar la recomendación para otras personas… Eso fue la mayor paga para mí, decir que me recomendaría. Y de hecho sí lo hizo, porque después de ella, a los meses me escribió su hermana y me buscó para decorar unos 15 años, que fueron los primeros 15 que tuve en grande”. Fue así como en el 2022, a los 21 años, Harley inició su propio emprendimiento como decoradora de eventos.  

Ever Pacheco, integrante de la organización Estrellas del Golfo explica que, debido a la discriminación y a la exclusión social, las mujeres trans tienen menos oportunidades para acceder a empleos formales. A menudo, se ven obligadas a recurrir a trabajos informales o de subsistencia, los cuales no ofrecen seguridad social ni derechos laborales básicos. 

Estrellas del Golfo es una organización que realiza talleres de derechos humanos para personas trans y atiende a la población LGBTIQA+ en el oriente del país. Ever, familiarizado con esta problemática, asegura que las personas trans que logran conseguir empleo a menudo enfrentan acoso y violencia en el lugar de trabajo. “Esto incluye tanto acoso verbal como físico por parte de compañeros de trabajo y empleadores”. 


Emprender contracorriente 


Harley cobró $525 para decorar esa primera fiesta de una quinceañera. Para ella, este fue su primer gran logro como emprendedora. En este camino hacia el emprendimiento, ha caminado de la mano de organizaciones sociales que luchan por los derechos LGBTIQA+. Ha participado en talleres de “medios de vida”, como son nombrados por las oenegés. En estos, ha aprendido a hacer planes de negocios, presupuestos y a administrar mejor sus ganancias. Bianka Rodríguez, directora de ILGA LAC y COMCAVIS Trans, aseguró que implementar talleres de “medios de vida” para personas LGTBI ha sido como un reto abismal, debido a la falta de políticas públicas orientadas a esta población. Destacó que no existe ningún artículo dentro del Código de Trabajo que aborden la prevención de la discriminación por orientación sexual, identidad de género ni la inclusión de estas personas en ambientes laborales.  

“A pesar de que en los diversos tratados de la OIT (Organización Mundial del Trabajo) hablan de la inclusión de las personas LGTBI en el mundo de la empleabilidad, en el mundo del desarrollo económico, hoy el Estado de El Salvador no ha avanzado en materia de estas políticas públicas», afirmó Bianka.  

En 2022 la OIT publicó su manual “Inclusión de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer (LGBTIQ+) en el mundo del trabajo”. En el documento, se destaca que el Convenio 190 de la OIT, sobre la violencia y el acoso, publicado en 2019, establece que toda persona tiene derecho a un trabajo libre de acoso y violencia.  

El convenio dice en el artículo 6: “Todo (país) miembro deberá adoptar una legislación y políticas que garanticen el derecho a la igualdad y a la no discriminación en el empleo y la ocupación, incluyendo a las trabajadoras, así como a los trabajadores y otras personas pertenecientes a uno o a varios grupos vulnerables, o a grupos en situación de vulnerabilidad que están afectados de manera desproporcionada por la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.” 

En El Salvador, aunque hubo esfuerzos por implementar políticas públicas que incluyeran a la diversidad sexual en lo laboral, estos fueron descontinuados. En julio del 2014, durante el periodo presidencial de Salvador Sánchez Cerén, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) abrió una ventanilla de empleo en su oficina central en San Salvador, exclusivamente para atender a personas LGBTIQA+. Aquí, las personas podían entregar personalmente su currículum para aplicar a plazas vacantes. Gonzalo Montano, de la organización Amate El Salvador, recuerda que en la ventanilla se podían dejar los currículums y había empresas que aceptaban contratar a personas trans sin inconvenientes.  

El Ministerio de Trabajo actuaba como intermediario, facilitando la colocación de las personas LGBTI en los puestos de trabajo ofertados por estas empresas. Además, Gonzalo destaca que, aparte de esta ventanilla, también se organizaron ferias de empleo LGBTIQA+ y se estableció una mesa de diálogo entre organizaciones sociales y el MTPS. Sin embargo, con la llegada del gobierno de Nayib Bukele estas iniciativas fueron descontinuadas. “Esto afectó el trabajo que las organizaciones de la sociedad civil teníamos con el Estado, ya que ahí hablábamos sobre las problemáticas a nivel laboral que existían en la población LGBTI y cómo las instituciones del Gobierno podían hacer para eliminar esta brecha de desigualdad y de exclusión, pero también para mejorar las condiciones de vida de las personas LGBTI”, recuerda.  

Por su parte, Bianka,de ILGA LAC, confirmó que este espacio articulado entre el gobierno y las organizaciones sociales fue cerrado. Actualmente, explicó no solo no hay políticas de empleabilidad para la diversidad sexual, sino que también existe un discurso de odio por parte de las instituciones gubernamentales.  

El 2 de junio de 2019, durante su primera sesión de ministros, el presidente Nayib Bukele eliminó la Secretaría de Inclusión Social, que tenía bajo su cargo la Dirección de Diversidad sexual, encargada de promover los derechos de la población LTBIQA+ y desde la cual el gobierno y las organizaciones sociales mantenían diálogos frecuentes. En el primer quinquenio de Bukele, los retrocesos en los derechos de la diversidad sexual han sido numerosos.  

En un caso reciente, el presidente hizo oficial su postura antiderechos en una entrevista realizada después de su participación en la Conferencia de Acción Conservadora (CPAC). El video de su respuesta se hizo viral. En las imágenes, Bukele le dice a la directora de Moms for Liberty, Catalina Stubbe: “Nosotros no permitimos esas ideologías en las escuelas y en los colegios. Creo que es importante, además, que la currícula no lleve ideología de género y todas esas cosas”. Además, prohibió el uso del acrónimo   LGBTIQA+ en los documentos de programas sociales de los 16 ministerios 

“Los mensajes de odio generan información errónea para la sociedad, porque se busca generar un mensaje de que nosotras estamos exigiendo derechos especiales. O que queremos afectar a la niñez y a la adolescencia, que estamos generando un adoctrinamiento, lo cual no es así. Entonces los mensajes de odio van y aumentan los índices de discriminación, de violencia, de exclusión”, argumenta Bianka sobre la institucionalización de los discursos de odio.  


Un futuro de esperanza 


Harley lleva dos años como decoradora de eventos en el oriente del país, ofreciendo paquetes que van desde $150 para decoraciones sencillas hasta $400 para eventos como cumpleaños y bodas. En El Salvador, el salario mínimo  es de $365 para el sector comercio, servicios, industrias, ingenios de azúcar y otras actividades industriales, incluyendo el trabajo a domicilio de esas ramas; mientras que, la canasta básica urbana cuesta $256.56, según estima el Banco Central de Reserva.  

Harley, aunque no tiene un salario fijo mensual, gana más del mínimo. Reconoce que, en el camino de emprender, se sigue enfrentando a los prejuicios de la sociedad salvadoreña. A pesar de esto, la mayoría de los eventos que decora son fiestas infantiles. “Dicen que soy un mal ejemplo y, pues, ese ha sido un reto para mí, que las personas acepten mi negocio sabiendo que la persona que lo maneja es una persona trans”.  

A las personas trans que tienen dificultades laborales en El Salvador, Harley les recomienda estudiar y emprender para que no se vean obligadas a renunciar a expresar su identidad de género y, como ella dice, “regresar al pasado”. Para enfrentar los desafíos, la falta de aplicación de políticas públicas y cumplir la legislación para garantizar y respetar su derecho a la educación y al trabajo, aconseja acercarse a las organizaciones sociales que luchan por los derechos de las personas de la diversidad sexual, ya que suplen el papel educativo y de inclusión laboral que no tiene el Estado. 

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