El 1 de junio de 2024, Nayib Bukele anució una segunda dosis de «medicina amarga» para poder «sanar la economía salvadoreña». Apenas veintiséis días después de su juramentación para un mandato consecutivo inconstitucional, ordenó el despido masivo de 300 empleados del Ministerio de Cultura. En cuanto a la situación económica, la deuda pública de El Salvador asciende a unos 30 mil millones de dólares, con aproximadamente 11 mil millones acumulados durante el primer mandato de Bukele.
Para Lourdes Molina, economista senior y coordinadora de país del Icefi, el crecimiento de esta deuda representa un riesgo para el desarrollo del país, afectando la mejora de infraestructuras como escuelas, hospitales, carreteras, y la implementación de políticas sociales como programas de salud y prevención de la violencia.
Molina señala que cada año el gobierno destina una parte significativa del presupuesto general al pago de la deuda pública. En 2024, por ejemplo, aproximadamente una quinta parte del presupuesto total se destinará a este fin. Esta situación, según Molina, subraya la necesidad urgente de adoptar medidas claras y estratégicas para manejar la deuda pública y mitigar sus impactos directos en la población salvadoreña.
La economista explica que la adquisición de deuda es una práctica común entre los países para financiar programas gubernamentales. El verdadero problema es la ausencia de un plan gubernamental para frenar el crecimiento de la deuda, así como la falta de transparencia en el manejo del gasto público. Según ella, El Salvador sigue rezagado en la implementación de un sistema de presupuesto por resultados, que garantice a la ciudadanía que cada dólar invertido en sectores como la educación se traduzca directamente en mejoras tangibles como libros, infraestructuras escolares adecuadas y contratación de personal docente.
¿Cuál es el estado actual de la deuda pública en El Salvador?
La deuda pública es de alrededor de 30 mil millones de dólares hasta el 2023. Al 31 de diciembre de 2023, la deuda pública del sector público no financiero, que incluye al gobierno central, algunas entidades descentralizadas y algunas entidades públicas que no son bancos públicos, era de unos 29 mil 595 millones de dólares. Usualmente, cuando revisamos la deuda pública, no se habla de la cantidad de millones, sino que se vincula con el tamaño de la economía, que se mide a través del Producto Interno Bruto (PIB).
Esos 29 mil 595 millones representan alrededor del 87 % del PIB. ¿Qué nos dice esto? Que la deuda pública de El Salvador equivale a 87 dólares de cada 100 que se producen en la economía salvadoreña.
¿Cómo se interpreta?
Es una deuda pública muy alta que sigue creciendo. El sector público salvadoreño continúa endeudándose. Este no es un problema nuevo, es un problema estructural de las finanzas públicas salvadoreñas. Es un desafío que se sabía que la administración actual iba a tener, pero lamentablemente no se han tomado las medidas necesarias ni ha habido claridad sobre qué se va a hacer. La deuda es alta y creciente, pero ¿cuáles son las respuestas que se le van a dar a eso? ¿Qué se hará para que la deuda no siga creciendo?
¿Cuáles son las consecuencias de que la deuda sea alta y que siga creciendo?
Cualquier deuda debe pagarse año con año en el presupuesto público. Existe algo llamado servicio de la deuda pública, que comprende el pago de intereses y capital de la deuda, es decir, los intereses y las amortizaciones de la deuda. Al tener una deuda tan alta y creciente, el porcentaje del presupuesto que se debe destinar también es alto. En El Salvador, por ejemplo, este año, el 20 % del presupuesto público se destinará a la deuda. Es decir, por cada 100 dólares que el Estado salvadoreño ha presupuestado gastar en 2024, 20 dólares serán para el pago de intereses y amortizaciones de la deuda.
Se sigue pagando la deuda y hay que pagarla, sí, pero al no tomar ninguna medida o no tener una estrategia clara de cómo solventar el problema de la deuda pública, hay implicaciones directas para la población salvadoreña. Primero, porque el pago de la deuda sale de los impuestos que pagamos los salvadoreños. Segundo, porque representa un costo de oportunidad; al destinar una quinta parte de nuestro presupuesto al pago de la deuda, hay menos recursos disponibles para financiar políticas públicas en sectores como salud, educación, seguridad e infraestructura. Entonces, no solo es el costo financiero del pago de la deuda, sino también el costo de oportunidad, es decir, lo que se deja de hacer por tener que pagar la deuda pública.
Cada año, el Icefi ha señalado recortes presupuestarios del Gobierno en programas sociales, como los destinados a mujeres en el Isdemu, en Ciudad Mujer y en la infraestructura de caminos rurales. ¿Podría profundizar en las implicaciones de estos recortes y la necesidad de una estrategia para gestionar la deuda pública?
Exactamente. Con esto no decimos que la deuda pública no se tenga que pagar, sino que es importante que el gobierno salvadoreño adopte una estrategia que permita hacer más manejable la deuda pública, hacerla más sostenible y que el costo de endeudarnos no sea cada vez más alto, sino que vaya disminuyendo. Esto debería reflejarse en que cada año la partida de recursos destinada al servicio de la deuda sea menor y no siga creciendo. Ahí es donde vemos que el costo de oportunidad significa tener menos recursos para financiar intervenciones que podrían ser mucho más estratégicas para el bienestar de la población.
¿Tiene este gobierno margen de maniobra para evitar el crecimiento de la deuda pública?
El desafío es justamente ese, que el margen de maniobra cada vez se va reduciendo. El Gobierno salvadoreño ha tenido muchas dificultades para acceder a financiamiento externo, como la emisión de bonos, debido al alto perfil de riesgo del país, lo que haría que endeudarse en mercados internacionales resulte muy caro. El país ya está muy endeudado. Además, hay factores políticos, como el deterioro del Estado de derecho y la adopción del bitcoin, que han dificultado aún más el acceso a financiamiento externo para el Estado salvadoreño. Por eso, se ha recurrido más al financiamiento interno, es decir, dentro del país, lo cual también resulta relativamente caro para el gobierno salvadoreño.
¿Cuáles son las medidas necesarias para revertir la situación de la deuda pública y mejorar las finanzas del país?
El Gobierno debe definir un plan no solo para la sostenibilidad de la deuda pública, sino para las finanzas públicas en general. Esto incluye mejorar la recaudación de impuestos y garantizar la efectividad y eficiencia del gasto público.
Un elemento que también puede apoyar el manejo sostenible de las finanzas públicas es la transparencia y la rendición de cuentas. No se trata solo del tema de la deuda, sino de asegurar que los pocos recursos con los que contamos se utilicen de manera eficaz y eficiente, garantizando los derechos de la población salvadoreña.
Usted mencionó que la falta de claridad en la gestión de la deuda pública no es algo nuevo, que nunca se ha tenido claridad de qué hacer para evitar el crecimiento. ¿En qué se diferencia el enfoque de este Gobierno respecto al endeudamiento público en comparación con los gobiernos anteriores?
Cuando digo que esto no es algo nuevo, es porque las finanzas públicas salvadoreñas llevan muchos años, varios periodos presidenciales, en los que las alertas fiscales se han encendido. Ya sabíamos que los ingresos eran insuficientes, que se recaudaban de manera regresiva y dependían en su gran mayoría del Impuesto al Valor Agregado. En El Salvador, una de las prácticas que debilitan las finanzas públicas es el otorgamiento de privilegios fiscales, es decir, incentivos tributarios a ciertas actividades económicas sin ningún tipo de mecanismo de rendición de cuentas.
Desde el Icefi hemos señalado estos problemas durante varios años. Algunos podrían decir que repetimos lo mismo, pero es porque no es un problema coyuntural, sino un problema estructural que requiere un replanteamiento de las finanzas públicas en El Salvador. Esto incluye decisiones sobre qué tipo de impuestos se van a recaudar, cómo mejorar la recaudación, cómo lidiar con la evasión y elusión fiscal, cómo enfrentar los desafíos de la tributación internacional y cómo garantizar la efectividad y eficiencia del gasto público. Que la deuda pública se gestione de manera transparente y vinculada a resultados. En El Salvador, no hemos avanzado en el presupuesto por resultados, es decir, que la ciudadanía tenga certeza de que cada dólar invertido en educación se traduce en una cantidad específica de libros, escuelas en buen estado y maestros contratados.
¿Parece que la gestión pública depende exclusivamente de préstamos? Esta dinámica es evidente semana tras semana en la Asamblea Legislativa, donde el oficialsmo y sus aliados autorizan al Ministerio de Hacienda a negociar nuevos préstamos sin un análisis exhaustivo.
No tenemos que satanizar la deuda pública ya que puede ser un instrumento de desarrollo si se utiliza estratégicamente. Por ejemplo, cuando se destina a proyectos de gran envergadura que mejoren las condiciones de vida, fomenten la inversión o impulsen el crecimiento económico, como lo han hecho otros países invirtiendo en sistemas de transporte público, infraestructura, y mejoras en la infraestructura escolar y hospitalaria. La clave está en emplear la deuda de manera estratégica y evitar su uso ineficaz
¿Existen argumentos técnicos que justifiquen el aumento en el endeudamiento del Estado desde que Nuevas Ideas asumió la mayoría legislativa?
Nos hemos enfocado en un análisis más macro, es decir, global, sin adentrarnos en la revisión préstamo por préstamo. Para comprender mejor esto, le puede servir examinar el destino de esa deuda. No solo debemos prestar atención en el momento de la aprobación del préstamo, sino también en su ejecución. Por eso mencionaba la importancia de la Contraloría.
¿A quiénes afecta principalmente el endeudamiento público insostenible?
Hay un costo de oportunidad para la población salvadoreña, ya que hay menos recursos para inversiones estratégicas y proyectos clave que impacten en su bienestar. A los economistas nos gusta referirnos a ello como «costo de oportunidad».
¿Hay alguna forma de saber cómo la insostenibilidad en el pago de la deuda pública exacerba la desigualdad económica entre hombres y mujeres? ¿De qué manera?
En la medida en que destinamos más recursos para el servicio de la deuda, tenemos menos recursos para políticas que promuevan la equidad de género, por ejemplo, la igualdad entre hombres y mujeres.
