El Salvador atraviesa una crisis de los cuidados que exige una respuesta inmediata. El proyecto de Presupuesto General de la Nación 2026 debe incluir partidas etiquetadas y suficientes destinadas a la Política Nacional de Corresponsabilidad de los Cuidados, aprobada en noviembre de 2023. Sin estos recursos fiscales, esta iniciativa se queda en papel mojado. Mientras tanto, millones de personas y de hogares seguirán sin recibir la atención que necesitan para funcionar dignamente y participar de manera plena en la vida económica y social del país.
Actualmente, la pobreza multidimensional afecta al 52 % de las familias salvadoreñas . Uno de cada cuatro niños y niñas vive en situación de abandono (BCR, 2024) y el 80 % de los adultos mayores no puede pensionarse cuando deja de laborar debido a que nunca ha cotizado a un sistema de pensiones o bien porque las pensiones son tan bajas que no podrían sobrevivir su ancianidad en condiciones de dignidad y de bienestar humano. Además, de acuerdo con la FAO (2024) casi tres millones de salvadoreños se encuentran en condición de emergencia alimentaria, lo que profundiza la vulnerabilidad de familias que no cuentan con redes de apoyo sólidas ni servicios públicos de cuidado accesibles.
Las consecuencias de la falta de cuidados en El Salvador se manifiestan en múltiples niveles:
A nivel individual y familiar se vulneran derechos fundamentales: el derecho a ser cuidado en condiciones dignas, cuando no existen personas disponibles o espacios accesibles para atender a niños, niñas o adultos mayores; el derecho a no cuidar, pues muchas personas se ven obligadas a sacrificar oportunidades laborales o migrar para asegurar ingresos. También se vulnera el derecho al tiempo, porque tanto quienes necesitan apoyo como quienes lo brindan carecen del espacio necesario para el descanso, el desarrollo personal o la participación social plena.
La carga del cuidado recae principalmente en mujeres, quienes asumen la mayor parte del trabajo no remunerado. Esta sobrecarga limita su acceso al mercado laboral, reduce sus ingresos y las empuja a la inestabilidad económica, perpetuando brechas de género en educación, salud y autonomía económica. En El Salvador, las mujeres dedican en promedio 38 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y en el ámbito rural esa cifra alcanza 49.9 horas semanales, mientras que en zonas urbanas se sitúa alrededor de 40 horas semanales. Estas cifras superan el promedio regional de 22 horas que destinan las mujeres en América Latina al trabajo no remunerado cada semana, lo que posiciona a El Salvador por encima de la media regional
La ausencia de sistemas públicos de cuidado encarece el funcionamiento de los hogares y disminuye la productividad laboral de las personas, lo que afecta a las empresas. Las familias deben destinar recursos —económicos, de salud y de tiempo— para suplir servicios que el Estado no provee, lo que eleva costos indirectos en educación, salud y asistencias sociales, y obstaculiza que el crecimiento económico del país sea justo e inclusivo.
Tanto la microeconomía como la macroeconomía del país sufren los embates de la ausencia de un sistema público de cuidados.
- Menor oferta laboral y menor productividad debido a que las mujeres destinan gran parte de su tiempo a tareas de cuidado no remunerado, lo que reduce su disponibilidad para empleos formales y limita el potencial de crecimiento del PIB.
- El sector informal aumenta su vulnerabilidad, ya que el aumento constante de los precios de la canasta básica afecta a los hogares cuyos integrantes tienen empleos informales, que representan el 70% del total de personas empleadas (OIT, 2025) y carecen de ingresos estables. Para afrontar la crisis de cuidados, muchas familias de este sector, recortan gastos en salud, transporte y otros servicios, profundizando así la precariedad económica de las familias vinculadas a la informalidad y reproduciendo generacionalmente las condiciones de pobreza y de precariedad laboral.
- Sin redes de protección social sólidas, las familias asumen costos directos e indirectos para suplir cuidados. Esto eleva el gasto doméstico y, a mediano plazo, incrementa la demanda de servicios públicos de salud y asistencia social, presionando aún más el presupuesto público en un contexto de austeridad fiscal y de aumento en el pago del servicio de la deuda pública. La carencia de cuidados obstaculiza el desarrollo infantil y la inserción de personas mayores en esquemas de seguridad social, generando brechas que limitan el capital humano y disparan los niveles de desigualdad existentes. El deterioro del bienestar derivado de la falta de cuidados se traduce en mayores erogaciones en salud pública y programas de asistencia, reduciendo espacio fiscal para inversión en infraestructura y desarrollo.
El reciente Estudio Nacional de los Cuidados elaborado por ISDEMU y la OPAMS propone un conjunto de estrategias que atienden la oferta, la demanda y la corresponsabilidad del trabajo de cuidados en El Salvador.
En primer lugar, se propone fortalecer el marco institucional y legal mediante la aprobación y aplicación plena de la Política Nacional de Corresponsabilidad por los Cuidados; la definición de estándares de calidad y protocolos para servicios de cuidado, y la creación de un organismo intersectorial que coordine iniciativas públicas, privadas y comunitarias.
En segundo lugar, propone asignar partidas presupuestarias etiquetadas para operativizar políticas de cuidados, implementar incentivos fiscales para empresas que ofrezcan centros de cuidado y licencias parentales, así como el establecimiento de fondos rotatorios que garanticen recursos en situaciones de emergencia o crisis.
A lo anterior, dicho estudio agrega un componente de expansión de la infraestructura del cuidado y de los servicios del cuidado, entre los que se mencionan: ampliar la red de jardines infantiles, centros de día y servicios de atención domiciliaria; integrar servicios de cuidados en la atención primaria de salud y en programas de asistencia social, y desarrollar unidades móviles de cuidado para comunidades rurales y zonas periurbanas.
En este orden de propuestas se incluye además el tema de la profesionalización y valoración de las personas cuidadoras (remuneradas y no remuneradas) mediante el diseño de programas de formación y certificación para cuidadores y cuidadoras. Estos garantizarían salarios dignos, brindarían seguridad social y reconocimiento legal como trabajadores y trabajadoras, e impulsarían campañas de comunicación para visibilizar el valor económico y social del trabajo de cuidados al producto interno bruto (PIB) y al funcionamiento del sistema económico en su conjunto,
Finalmente, se propone un sistema de monitoreo, evaluación y generación de datos por medio de la creación de un sistema nacional de estadísticas de cuidados para medir carga, cobertura y calidad de estos; definir indicadores de impacto en bienestar, productividad y equidad de género de la política de cuidados y la realización de evaluaciones periódicas para ajustar políticas y garantizar eficiencia.
El Estado debe financiar el sistema de cuidados
Invertir en un sistema de cuidados público y accesible es una deuda del Estado con la sociedad. Pero también puede transformarse en una estrategia de reactivación económica, pues crea empleos formales en el sistema público de cuidados. Puede además impulsar la autonomía económica de las mujeres mediante su participación en la economía productiva así como aumentar la productividad del trabajo y fortalecer la resiliencia de los hogares y comunidades frente a las crisis económicas, sociales y políticas.
Sin embargo, para que estas propuestas se hagan realidad se debe incorporar recursos propios del Estado en el financiamiento del sistema de cuidados, y dejar de depender exclusivamente de los vaivenes y agendas de la cooperación internacional. De igual forma, tiene que incluirse en la Constitución de la República el derecho al cuidado como un derecho humano, tal como lo ha resuelto recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, deben agregarse dos componentes imprescindibles: el cuidado de los bienes comunes y de los bienes naturales, y la colaboración con las organizaciones no gubernamentales que forman la Red por la Corresponsabilidad de los Cuidados de El Salvador. Sin ellas, no existirá colaboración entre el Estado y la sociedad civil, ni tampoco existirán mecanismos independientes de monitoreo de las acciones de la política de cuidados.
