Como lo hizo en 2019, en su primera toma de posesión presidencial, el presidente inconstitucional, Nayib Bukele, recurrió a la metáfora de la medicina amarga y el enfermo. Esta vez su enfoque no fue la seguridad, sino la economía, un problema que reconoce no haber resuelto en su primer mandato. Nuevamente, auguró sufrimientos para la población salvadoreña.
«En este nuevo tratamiento para sanar la economía, quizá también haya que tomar medicina amarga. Pero, así como el enfermo que se curó del cáncer y ahora quiere curarse del corazón, el país ya se curó de las pandillas y ahora quiere curarse de la mala economía». Con un enrevesado símil sobre enfermedades no tratadas y una estructura discursiva que recuerda a la de los líderes religiosos, El Salvador inició una nueva era de dictadura bajo su liderazgo. La última registrada fue la de Maximiliano Hernández Martínez, quien gobernó de 1931 a 1944, tras un golpe de Estado y postularse como candidato único a la presidencia, prolongando su mandato mediante decretos legislativos a pesar de que la Constitución lo prohibía.
Nayib Bukele fue juramentado ayer para un segundo mandato consecutivo, a pesar de que seis artículos de la Constitución prohíben la reelección inmediata. Entre ellos, el artículo 154 establece: “El período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más.”
Para esta segunda dosis de medicina amarga, Bukele pidió a la ciudadanía sumisión. Nada de quejas ni cuestionamientos, solo apoyo incondicional para que el milagro se concrete. “El Salvador necesita tres cosas para curarse de la economía, para arreglar la economía. Uno, la guía de Dios. Dos, el trabajo incansable del Gobierno. Y tres, que el pueblo vuelva a defender a capa y espada cada una de las decisiones que se tomen”. Como ya es su estilo, no proporcionó una explicación detallada sobre el plan o la estrategia para lograr esta recuperación económica.
Una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, presentada en enero de este año, reveló que, al cierre de 2023, el 70% de la ciudadanía consideraba la economía como su principal preocupación.
«El camino pronto será irreversible, primero Dios»
La Plaza Cívica Gerardo Barrios y el Palacio Nacional fueron nuevamente el escenario desde donde Bukele emitió su discurso. A pesar de haber jurado solemnemente «cumplir la Constitución Política y demás leyes que aseguren los derechos establecidos en la Carta Magna» en 2019, el 15 de septiembre de 2022 anunció su intención de buscar la reelección presidencial consecutiva, desafiando la prohibición constitucional.
Aunque hoy, 1 de junio de 2024, volvió a jurar cumplir la Constitución, sus acciones durante el quinquenio finalizado plantean dudas sobre su compromiso con la constitucionalidad y el estado de derecho.
Entre los invitados, se encontraba el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Guillermo Wellman, quien afirmó que esta investidura inconstitucional marca el cierre del proceso electoral del 4 de febrero de 2024. A pesar de las críticas por las irregularidades presentadas, defendió el proceso, destacando que se demostró la capacidad para superar los obstáculos surgidos ese día. “Es totalmente una presidencia constitucional, porque las sentencias de la Sala son de estricto cumplimiento”. En septiembre de 2021, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impuesta por el oficialismo, habilitó un mecanismo para permitir la reelección presidencial, a pesar de ser una Sala ilegal.
Después de que Nuevas Ideas, el partido fundado por Bukele, ganara la mayoría absoluta en las elecciones legislativas para el periodo 2021-2024, en su primer acto legislativo del 1 de mayo de 2021, destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general de la república, imponiendo en los cargos a personas afines al oficialismo. En su discurso, hizo referencia a este hecho argumentando que, con esta acción que rompe el equilibrio de poderes y la democracia, logró convertir al país «en el más seguro de toda la región».
«Quitamos al fiscal general anterior y quitamos a los magistrados de la Sala Constitucional anteriores, y en menos de un año, el 1 de mayo del 2022, ya éramos el país más seguro de toda la región. Un año después, el 1 de mayo del 2023, ya éramos el país más seguro de toda Latinoamérica; y, un año después de eso, el 1 de mayo del 2024, ya somos el país más seguro de todo el hemisferio occidental».
Para el 27 de marzo de 2022, el oficialismo aprobó un régimen de excepción que, hasta la fecha, ha suspendido tres derechos constitucionales fundamentales: el derecho a ser informado sobre la detención y el acceso a la defensa legal, la limitación de la detención a un máximo de 72 horas y el derecho a la privacidad de las telecomunicaciones. Bajo este régimen, el Socorro Jurídico Humanitario ha documentado 301 muertes de personas bajo custodia del Estado, incluida la de Alejandro Muyshondt, exasesor de seguridad nacional y amigo personal de Bukele. Cristosal ha registrado los casos de 44 personas privadas de libertad que presentan trastornos psiquiátricos, mientras que otras organizaciones de la sociedad civil han documentado la detención de personas con enfermedades graves. Desde la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022 hasta mayo de este año, se han detenido arbitrariamente a 80,200 personas.
El 29 de abril de 2024, la Asamblea Legislativa saliente, controlada por el oficialismo, modificó una cláusula pétrea del inciso segundo, del artículo 248 de la Constitución Política de El Salvador. Esta modificación se realizó solo dos días antes de concluir su período legislativo. El inciso establecía el procedimiento para realizar reformas constitucionales, asegurando un proceso deliberado y adecuado al requerir que las enmiendas se aprobaran en una legislatura y se ratificaran en la siguiente.
Con esta reforma, una misma legislatura puede aprobar y ratificar cambios constitucionales. Esto abre la puerta a modificaciones rápidas y sin una evaluación adecuada. De acuerdo con expertos consultados por Alharaca señalan que esto pone en peligro la alternancia en el poder y otros derechos constitucionales. Para que esta reforma entre en vigor, la Asamblea Legislativa 2024-2027 necesita ratificarla con al menos dos tercios de los votos, lo que equivale a 40 votos. Con sus 54 votos, Nuevas Ideas supera el umbral requerido para ratificar la modificación constitucional.
Bukele se postuló para un segundo mandato consecutivo en las elecciones presidenciales de 2024. Con una oposición relegada a la mínima expresión, ganó con más de 2 millones y medio de votos, lo que, según él, legitima su triunfo. «Exactamente como hicimos este país seguro, vamos a hacerlo próspero», afirmó.
Un mal quinquenio para el comercio y la economía
Durante el quinquenio presidencial que inició el 1 de junio de 2019 y finalizó el 31 de mayo de 2024, de la mano del alcalde de Nuevas Ideas, Mario Durán, el Gobierno ha desalojado a comerciantes y personas que se dedican a la venta ambulante en el Centro Histórico de San Salvador. Los desalojos se han agudizado durante eventos como los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el certamen Miss Universo y la investidura inconstitucional.
A finales de 2023 e inicios de 2024, la canasta básica alimentaria alcanzó sus precios más altos en 20 años. Según la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (ONEC), en enero de 2024, su costo fue de $256.74 en zonas urbanas y $185.11 en zonas rurales.
El economista José Luis Magaña cuestionó las decisiones económicas tomadas por Bukele durante el quinquenio, señalando que no beneficiaron a las personas en situación de vulnerabilidad, sino que respondieron a intereses del gran capital.
“El panorama muestra una profundización de un modelo económico basado en el despojo a las comunidades locales para ponerlas en función de intereses privados de grandes capitales, y ante un deterioro institucional”, señaló Magaña. Agregó que estas medidas podrían intensificarse en el futuro de formas más agresivas y violentas.
Además de los desalojos de vendedoras y vendedores informales, durante el mandato de Bukele se reportaron fallos en la gestión de recursos naturales que benefician a grandes empresas. Ejemplos de esto incluyen la Ley de Recursos Hídricos, que permite a las entidades que más consumen extraer agua por más tiempo, la concesión de permisos ambientales sin considerar el impacto en las comunidades aledañas, como en la construcción del aeropuerto del Pacífico y el megaproyecto de la iglesia La Luz del Mundo, un aliado del Gobierno. El desalojo de vendedores en la Costa del Sol, que dejó a muchas personas sin empleo, es otro ejemplo reciente de estas políticas.
Seguidores de Bukele piden mejoras económicas
Este sábado, la Plaza Gerardo Barrios estuvo llena de gente vitoreando y gritando el nombre de Bukele. Con camisas cian y abanicos de cartón entregados por empleados del gobierno, los asistentes escucharon con atención las promesas del presidente. Noé Martínez, de 60 años, llegó desde Sierra Morena, Soyapango, a las tres de la mañana para tener la mejor vista de Bukele, a quien apoya fervientemente. Aunque el presidente no detalló medidas específicas para abordar la crisis económica, Noé confía en su promesa de mejorar la economía. “Con lo que se comprometió este día, me imagino que él tiene que decirles a sus ministros un método interesante de salir adelante para las MIPYMES, el sector informal. Esperamos que cumpla lo que ha prometido”, comentó.
Otro salvadoreño, quien se autonombra como “Youtuber Anticorrupción, somos todos”, expresó su deseo de que el gobernante promueva el aumento del salario mínimo y reduzca los altos salarios de los funcionarios. “Para quedar bien con toda la población y subsanar un poco la pobreza, sería que le aumentara al salario mínimo, a 5 dólares la hora. Actualmente, solo se gana para los gastos, para luz, agua, casa; pero para ahorros no te queda nada” se lamentó.
Si bien el presidente inconstitucional no mencionó ninguna medida clara sobre su plan para “curar” la economía de El Salvador, pidió a la población defender las medidas que implementen, aunque estas sean “amargas”.
El economista José Luis Magaña señaló la necesidad de construir una economía centrada en la vida de las personas, protegiendo los bienes naturales finitos y reconociendo las labores de cuidado esenciales para la supervivencia. Indicó que para lograrlo se requiere «una política fiscal progresiva que garantice una redistribución equitativa de los recursos y la sostenibilidad financiera del Estado. Esta política debe incluir la reforma del sistema tributario para aumentar la recaudación de impuestos directos, especialmente aquellos que afectan a las personas y empresas con mayores ingresos y patrimonios. Además, una política de gastos transparente y participativa y planes de largo plazo para la gestión y sostenibilidad de la deuda pública”. Sin embargo, los planes de Bukele para su mandato ilegítimo siguen siendo un misterio.
Religión y obediencia
Bukele reconoció la laicidad del Estado salvadoreño, pero afirmó que los avances en seguridad de los últimos cinco años «son más de 20 milagros juntos, y todo es por la gloria de Dios». Su discurso estuvo lleno de referencias religiosas y alusiones directas a Dios y al cristianismo.
De acuerdo con Luis Aguilar, doctor en ciencias políticas, todos los presidentes anteriores han recurrido a menciones sobre Dios en sus discursos en algún momento. Sin embargo, destaca que Bukele es el primer mandatario en emplear esta herramienta de manera tan prominente.
“Bukele enfatizó mucho en los milagros, lo dijo varias veces y de forma positiva. Ningún presidente se había atrevido a mencionarlo de forma explícita y positiva. Estas menciones de Dios tratan de amalgamar un poder físico, por medio del control de todo el aparato de Estado y un poder ideológico que es muy popular que permite la manipulación de las ideas”, explicó.
En ese sentido, Aguilar señaló cuatro aspectos clave: la vinculación entre Dios y las políticas de seguridad, la presentación de sí mismo como un instrumento divino, la relación implícita entre los milagros y la economía sin establecer una estrategia clara, y la tríada entre él, su gobierno, Dios y el pueblo.
“Para él estas “tres divinas personas” son fundamentales porque ninguna se puede cuestionar. La sabiduría del pueblo, el reconocimiento de Dios como el centro de todo y él al mismo nivel que estos para evitar cuestionamientos en la manera de ejercer el poder. Esta parte es la más peligrosa porque no quiere rendir cuentas, no quiere promover una situación democrática, sino algo más absolutista”, concluyó.
Después del discurso de Bukele, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, cerró el acto con oraciones, pidiendo una sociedad reconciliada donde la protección de la familia y la vida sea primordial para los gobernantes. Luego, Dante Gebel, pastor evangélico, leyó un pasaje bíblico, solicitando bendiciones para el presidente, su familia, el gabinete, la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo, instando a la obediencia del pueblo a cambio de bendiciones.
Alharaca informó sobre la alianza entre Bukele y las iglesias evangélicas, la cual se remonta a su campaña presidencial. En beneficia a los políticos en términos de votos y a las iglesias con asignaciones de fondos desde el Órgano Legislativo y permisos para construir megaproyectos. Esta alianza afecta a las mujeres, la población de la diversidad sexual y al medio ambiente. Temas ausentes del discurso de Bukele durante su investidura inconstitucional.
Democracia y libertad de expresión para quién
A pesar de las acusaciones por graves violaciones a los derechos humanos, Bukele retrató a El Salvador como una democracia donde la población es libre de disentir. Sin embargo, la realidad dista mucho de eso. Bajo el régimen de excepción, se han documentado detenciones arbitrarias, como las del periodista Víctor Barahona, quien denuncia haber sufrido tortura psicológica en prisión, y del padre de la periodista ambiental Carolina Amaya, Benjamín Amaya, detenido tras la publicación de una investigación sobre la urbanización de un cerro protegido en el lago de Coatepeque, un proyecto promocionado por la suegra del presidente Bukele en las redes sociales de su empresa.
Las restricciones al ejercicio periodístico son una característica del gobierno de Bukele. En 2023, la Asociación de Periodistas de El Salvador registró 311 casos de vulneraciones a la prensa, 82 involucraron a funcionarios públicos. Un incidente reciente ocurrió el 31 de mayo, cuando dos reporteros de El Faro fueron retenidos por una empleada del Gobierno mientras trabajaban en la Universidad de El Salvador, una instalación que ha sido utilizada por este Gobierno como dormitorio para hospedar a periodistas extranjeros durante los juegos centroamericanos y del Caribe, Miss Universo y el acto de investidura inconstitucional. Además, el acceso a la información pública ha sido restringido, lo que limita la transparencia en temas como homicidios, feminicidios o desapariciones, y afecta la libertad de expresión e información.
En su discurso, Bukele afirmó que El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental, atribuyendo esto a medidas como el Plan control territorial, del cual no se dispone de información completa, y al régimen de excepción impuesto tras el quiebre de su gobierno con las pandillas, lo que desató la mayor ola de homicidios en veinte años: 85 homicidios en 60 horas. Para Rina Monti, directora de investigaciones de Cristosal, «es fácil pintarse como el país más seguro cuando es precisamente el Gobierno el que manipula los datos sobre los indicadores de violencia y oculta otros indicadores».
Monti destacó que prácticamente toda la información relacionada con la seguridad pública se ha clasificado como reservada, especialmente los datos proporcionados por la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR), lo que dificulta realizar un análisis completo y detallado debido a esta falta de transparencia.
De igual manera, tanto Monti como Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), coincidieron en que estas afirmaciones omiten por completo las violaciones a los derechos humanos cometidas por los cuerpos de seguridad como la PNC y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES). Esto pone en riesgo a la población, ya que el temor que antes se experimentaba hacia las pandillas ahora se dirige hacia los cuerpos de seguridad, lo que también amenaza a defensores y defensoras de derechos humanos y a quienes critican al régimen.
Santos, empleando una analogía similar a la utilizada por Bukele en su discurso, comparó el Régimen de Excepción con tomar un analgésico para el cáncer, ya que en realidad no se están enfrentando las causas fundamentales que provocaron el surgimiento del problema de las pandillas. “Si no estamos cambiando a nivel estructural el tema de la violencia no podemos hablar de un país seguro. Aparte, sabemos que todo este tiempo se han invisibilizado otras violencias, como la violencia feminicida, que no se cuenta, o la violencia por parte del Estado como las muertes que hay bajo custodia del Estado y que son responsabilidad del Estado y no se cuentan en las cifras”.
En El Salvador, desde el 1 de junio de 2019 hasta el 19 de mayo de 2024, se han documentado 507 feminicidios y muertes violentas de mujeres. Solo del 1 de enero hasta el 10 de marzo de este año, Ormusa ha registrado 11 feminicidios, incluidos los de dos niñas menores de 10 años. Ormusa recoge estos datos mediante el monitoreo de medios de comunicación, redes sociales y otras denuncias, dado que el último informe sobre Hechos, Estado y Situación de Violencia contra las Mujeres que el Ministerio de Justicia ha publicado es con datos de 2022.
Durante su discurso, Bukele afirmó que ahora la gente puede salir segura a la calle de noche, lo que él considera transparencia. Sin embargo, Monti y Santos discrepan, señalando que su concepto de transparencia es incorrecto.
“La transparencia tiene que ver con el actuar del Estado sin reservas, conforme a la ley”, explicó Santos. Añadió que “la seguridad pública es una obligación del Estado y se puede exigir tanto transparencia como seguridad. Garantizar una no excluye la otra. Los derechos son integrales y deben garantizarse todos, no solo los que convienen”.
Monti recordó que personas han sido detenidas bajo el régimen de excepción, incluso por caminar de noche. Aclaró que la transparencia de la que hablan las organizaciones se refiere a la transparencia en el accionar del Estado.
“Pareciera que se quiere justificar cualquier tipo de irregularidad cualquier irregularidad o bloqueo sobre la base de la popularidad que tiene el presidente; porque eso no lo cuestionamos», dijo Monti. Agregó que esto parece un intento de confundir a la población sobre lo que realmente implica la transparencia.
La investidura inconstitucional contó con la presencia de presidentes como Javier Milei de Argentina, Daniel Noboa de Ecuador, Santiago Peña de Paraguay, Rodrigo Chaves de Costa Rica, Xiomara Castro de Honduras, y el rey Felipe VI de España. También asistió la primera ministra del Gobierno de Guinea Ecuatorial, Manuela Roca Botey, y otras representaciones de Latinoamérica y Estados Unidos. Foto: Kellys Portillo
El acto protocolario
Desde antes de las 6 de la mañana, la Plaza Cívica Gerardo Barrios comenzó a llenarse con la presencia de invitados religiosos, miembros de la diáspora y simpatizantes de Nuevas Ideas. En el Palacio Nacional, ocuparon los espacios al aire libre, divididos por vallas peatonales, se reservó espacio para invitados especiales, incluyendo a la familia presidencial; presidentes de otros países como Javier Milei de Argentina, Daniel Noboa de Ecuador, Santiago Peña de Paraguay, Rodrigo Chaves de Costa Rica, Xiomara Castro de Honduras, Vjosa Osmani de Kosovo y el rey Felipe VI de España.
También asistieron, Rachid Talbi Alami, Representante de la Cámara de Representantes del Reino de Marruecos, John Briceño, primer ministro de Belice, y la primera ministra de Guinea Ecuatorial, Manuela Roja Botey. El evento incluyó un desfile militar por aire y tierra antes de la juramentación de Bukele.
Acompañado de su esposa, Gabriela de Bukele, llegó al Palacio Nacional, después de que la Asamblea Legislativa iniciara la Sesión Extraordinaria para la investidura inconstitucional, esta vez, en el Teatro Nacional.
Las diputadas de ARENA y Vamos, Marcela Villatoro y Claudia Ortiz, respectivamente, ni el diputado Francisco Lira, de ARENA, asistieron a esta actividad. Ortiz había informado antes que no asistiría a un acto que violenta el mandado constitucional que prohíbe a una persona ser presidente del país por dos periodos consecutivos.
Bukele lucía un traje negro adornado con bordados dorados, una vestimenta que algunos compararon con la de un rey, mientras que otros la asociaron al estilo de Augusto Pinochet, el exdictador de Chile, o incluso la vieron como una emulación de un traje musulmán. De esta manera, impuso una estética diferente a la de otros exmandatarios.
En su discurso, afirmó que «todos los gobiernos del mundo reconocen este gobierno, a pesar de lo que digan algunos opositores». Desde el balcón del Palacio Nacional, instó a la población a defender los avances logrados en los últimos cinco años, pero les solicitó lealtad ante las medidas que tomará en los próximos días para abordar lo que él llama «enfermedades», refiriéndose a la crisis económica que afecta principalmente a familias en situación de pobreza. Según una publicación de La Prensa Gráfica que cita datos preliminares de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2023, «55,097 personas salvadoreñas cayeron en pobreza en 2023». El Salvador cerró 2023 con 1.9 millones de personas salvadoreñas en situación de pobreza.
