Por Mariana Belloso
Por iniciativa del Gobierno de Nayib Bukele, la Asamblea Legislativa , de mayoría oficialista, aprobó reformas que establecen hasta 15 años de prisión por publicar «cualquier manifestación escrita» que aluda al «control territorial» de las pandillas. Las enmiendas, aprobadas este martes por los diputados, sin análisis previo, fueron publicadas en la edición del 5 de abril del Diario Oficial, y entrarán en vigor 8 días después de esa fecha. Analistas advierten que la ambigüedad de los textos le abren la puerta al Gobierno para perseguir a periodistas que informen sobre el fenómeno de las pandillas. Esto en el marco de un régimen de excepción en el que una persona puede ser encarcelada hasta por 15 días, sin motivo ni proceso alguno, más que la presunción de culpa o sospecha por parte del policía o soldado a cargo del procedimiento.
La Ley de Proscripción de Pandillas crea una prohibición implícita a los medios de comunicación sobre el tema de las pandillas ya que la reforma criminaliza «la reproducción y transmisión a la población en general de mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieren generar zozobra y pánico en la población».
También se reformó el Código Penal, y se agregó el Art. 345-C: “El que elaborare, participare en su elaboración, facilitare o fabricare, textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis o cualquier forma de expresión visual en bienes inmuebles de uso público o privado, que explícita o implícitamente transmitan mensajes, señales, denominaciones, propagandas, o cualquier tipo de manifestación escrita que haga alusión a las diferentes agrupaciones, o asociaciones criminales terroristas de maras o pandillas, y en especial las que tengan como finalidad aludir a control territorial de dichos grupos o a transmitir amenazas a la población en general, será sancionado con pena de prisión de diez a quince años. En igual sanción incurrirán quienes, por medio del uso de las Tecnologías de la Comunicación y la Información, medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digitales, reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieren generar zozobra y pánico a la población en general».
El abogado José Marinero dijo que la vaguedad y la ambigüedad de estas reformas ponen en riesgo tanto el ejercicio periodístico, como el derecho de la población a informarse y expresarse. Señaló que, al leer los considerandos de la reforma para introducir el Art. 345-C al Código Penal, el propio decreto reconoce que el artículo constituirá una restricción a la libertad de expresión, justificada en razón del orden público. “En el inciso segundo del artículo lo que se castiga, lo que se sanciona, es la transmisión o reproducción de mensajes o comunicados… una de las cosas que más llama la atención es que para que esto constituya delito, necesita generar zozobra o pánico social, ¿quién va a determinar esto?”, explicó.
Los medios de comunicación en El Salvador, sobre todo los dedicados al periodismo de investigación, han documentado ampliamente la evolución del fenómeno de las pandillas en El Salvador. También han revelado cómo funcionarios de gobiernos nacionales y municipales de los partidos ARENA, FMLN, y de la administración actual, han mantenido reuniones con miembros de pandillas para negociar reducciones en el accionar violento de estos grupos, a cambio de diversos beneficios.
Hace solo dos meses, una investigación de Alharaca y La Prensa Gráfica reveló que la política de seguridad publicitada como «Plan Control Territorial» es un documento que se quedó solo en el papel y que el mismo Gobierno ha dinamitado sus propuestas. El Gobierno ha insistido en mantener en secreto el contenido del mismo. Expertos consultados para dicha investigación dijeron que las carencias del plan hacen cuestionar los resultados presentados por el Gobierno, como la disminución de los homicidios y las declaraciones del Ejecutivo de haber logrado frenar a los grupos criminales que contralan en la práctica el territorio.
«La única estructura que yo conozco que tiene impacto nacional y la capacidad de reducir o aumentar los homicidios son las pandillas. Lo demostraron en 2012-2013 y lo están demostrando en este momento», dijo en aquel momento Verónica Reyna directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS).
El pasado 26 de marzo fue el día más violento del siglo con 62 homicidios en un solo día, situación con la que el Gobierno excusó el llamado a un estado de emergencia.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), analistas particulares y organizaciones internacionales han advertido que estas nuevas reformas constituyen un intento por callar tanto a los periodistas, como a cualquier otra voz que intente señalar la relación del actual Gobierno con las pandillas, y la falta de eficacia de las políticas públicas implementadas en materia de seguridad.
“Estas reformas a la Ley de Proscripción de Pandillas y al Código Penal, aunque parece una medida de aplicación general, está dirigida a amordazar y silenciar, y eliminar de tajo todo cuestionamiento ciudadano que adverse la narrativa oficial sobre las pandillas y las políticas de seguridad”, explicó la investigadora Jeannette Aguilar, especialista en temas de seguridad.
Sin embargo, señaló que es evidente que hay un propósito particular de criminalizar el trabajo de la prensa, principalmente la cobertura de la violencia que hace el periodismo crítico y los cuestionamientos relativos al fracaso de las políticas de seguridad, y las críticas o información al rededor del pacto entre las pandillas y el Gobierno.
“De forma específica, con esta reforma el Gobierno y el partido Nuevas Ideas se está anticipando a la posibilidad de que en cualquier momento pueda llegar a manos de la prensa videos o cualquier otro material que pueda ofrecer más evidencia o evidencia más contundente sobre las negociaciones que se han gestado con estos grupos”, agregó Aguilar.
Las reformas también fueron criticadas por entidades como Amnistía Internacional, que aseguró que la “obstaculización del ejercicio del periodismo se suma a las recientes medidas estatales que violan derechos humanos”, en referencia a detenciones arbitrarias en el marco del régimen de excepción decretado hace semana y media, y a reformas que eliminan el derecho a la defensa, y establecen penas de cárcel de hasta 10 años para niños de entre los 12 y los 15 años de edad, acusados de pertenecer a pandillas.
“La reforma preocupa no sólo por su vaguedad, sino porque estaría buscando amedrentar con penas de prisión a quienes con valentía y rigor informan a la población sobre el lamentable fenómeno de las pandillas en el país. Lejos de luchar contra la apología criminal, esta reforma pareciera querer controlar la narrativa pública y censurar la prensa. El Estado salvadoreño en su conjunto debe garantizar el derecho de las personas a informar y a ser informadas”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El abogado José Marinero agregó que quienes van a interpretar esa ambigüedad de la ley son una Fiscalía y unos jueces que responden al Gobierno, y que podrían utilizarla para reprimir y cerrar espacios a la libertad de prensa, y al derecho de la población a informarse. “Junto al riesgo de la ambigüedad en los términos del artículo está el riesgo de la aplicación o de la interpretación de este artículo, con finalidades de represión y de cierre de espacios a la libertad de prensa, de información y de expresión», acotó.
