Camina despacio, silencioso. Su mirada está centrada hacia la acera de una calle principal de San Salvador. Espera cruzarla. Los vehículos transitan veloces. Sus manos y voz empiezan a temblar. Es miércoles por la noche y acaba de salir de una reunión a la que asiste a diario con otras personas jubiladas. En esta, intercambian experiencias de vida, quejas y temores. Una de las principales preocupaciones de Vicente es atender su salud mental y el insomnio. Tiene meses esperando una cita en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) para ser atendido por un psicólogo. La falta de sueño y la soledad le están pasando factura.
“El periodista se jubila y ya nadie vuelve a saber de él. Yo no tengo contacto con otros colegas”. Esa es su realidad desde hace más de tres años.
Es difícil imaginar que detrás de este hombre trajeado, con una barba bien afeitada y con un toque de intelectualidad, existe una preocupación latente de cómo terminar el mes con la pensión que recibe. Vicente fue reportero, presentador y entrevistador. Trabajó por 36 años en los noticieros de todos los medios televisivos de El Salvador. Durante su último quinquenio laboral, fue comunicador institucional en uno de los tres órganos del Estado. Con la llegada del oficialismo al poder, inició sus trámites de jubilación porque lo despidieron en el 2021. Tuvo que esperar hasta el 2022 para empezar a recibir su pensión porque aún no cumplía el requisito de edad (60 años), pero sí el de «un tiempo mayor o igual a 25 años cotizados de forma continua o discontinua».
Vive en un pupilaje, al igual que otras personas retiradas y otras que aún trabajan. Recibe $369.12 mensuales de su pensión. Destina $160 para el alquiler de la habitación; de $117 a $121 para su alimentación; y, el restante, un poco más de $90 para su higiene, limpieza y transporte. Salir por las tardes a tomarse un café es una especie de lujo desde 2021.
Así como es prolijo con su presentación lo es para la administración de su pensión. Al día solo destina $3.90 para los tres tiempos de comida. La compra en la calle. No puede cocinar en su pupilaje porque no tiene trastes y sartenes. El dinero no le alcanza para comprarlos. Para él, esta es una situación agobiante.
“Tengo que ver cómo le hago para sobrevivir con los $369.12 que me dan de pensión [de la AFP]”.
La pensión que recibe equivale casi al salario mínimo de los sectores industria, comercio y servicios: $365. De acuerdo con sus gastos, destina en comida un poco más del costo diario de la canasta básica alimentaria urbana por persona estimado en $2.13 para junio de 2024 por la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (ONEC).
En 2022, retiró el 25 % de su saldo de pensión para poner un chalet de comida que le garantizara una entrada de dinero extra, pero el emprendimiento no funcionó. La persona a la que contrató para cocinar se hurtó todos los utensilios de cocina. No la denunció por miedo a sus posibles vínculos con grupos delictivos.
El periodismo: un oficio o profesión precarizado
Vicente empezó a trabajar como periodista en 1986 en el canal 10, en la era del expresidente pedecista, Napoleón Duarte. Aunque no logró graduarse de la universidad, sus casi 40 años en este oficio lo acreditan como profesional de la información. Durante su trayectoria, cubrió los tres terremotos que afectaron al país, el de octubre de 1986 y los dos de 2001, el conflicto armado que duró 12 años, la masacre de los seis jesuitas, la Firma de los Acuerdos de Paz, la llegada del FMLN al poder, entre otros acontecimientos.
Entrevistó a personajes como el líder histórico de la izquierda, Schafik Hándal, a los expresidentes de derecha Francisco Flores y Elías Antonio Saca. Durante décadas, estuvo asignado a la cobertura de la Asamblea Legislativa.
Recibió premios de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y de la Asociación de Periodistas Independientes de El Salvador (Aspies). “Hay bastantes periodistas de mi época que se están dedicando a labores de sobrevivencia, a hacer actividades diferentes. Yo me metí en un curso de bisutería para pasar el tiempo”. Su experiencia le hace reflexionar sobre la importancia de adquirir otros conocimientos de cara al periodo de retiro. Como parte de la conversación, recomienda a las nuevas generaciones aprender otros oficios. “Todos vamos a llegar a un final de la carrera y hay que ver cómo proyectare. Hay una edad donde las empresas van pensando en cómo despedirte”.
En sus 36 años como periodista, no logró ganar más de $700. Al aplicar los descuentos de la renta y seguridad social (ISSS y AFP), el salario líquido se reduce a $594.96. Este ingreso no le permitió ahorrar porque, en ese entonces, tenía responsabilidades económicas como pareja y padre de dos hijas.
Entre 2016 y 2021, su situación salarial mejoró cuando trabajó como periodista institucional para un órgano de Estado. A raíz de su despido, por Nuevas Ideas, su situación económica empeoró, al igual que su salud emocional. A sus casi 62 años, es difícil que una empresa le dé trabajo. “Mi mayor preocupación es caer en cama y que nadie me cuide”.
La presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Angélica Cárcamo, afirmó que los bajos salarios, despidos, la falta de contratos y prestaciones laborales son algunas de las principales violaciones a los derechos laborales que enfrenta el gremio periodístico en todos los medios de comunicación, tanto tradicionales como comunitarios y digitales.
“En promedio, la mayoría de los periodistas y personas trabajadoras de la comunicación trabajan entre 12 a 16 horas al día sin remuneración de horas extras. Hemos registrado casos donde el salario apenas llega a ser el mínimo. En el mejor de los casos, hay colegas que llegan a ganar un salario, que aún sigue siendo bajo, de 300 a 600 dólares”.
Ser mujer y periodista
Beatriz tiene 40 años. Lleva la mitad de su vida trabajando como periodista en medios radiofónicos, impresos y digitales. Cubrió deportes y temas relacionados con la defensa de los derechos humanos. A diferencia de Vicente, no tiene garantizada una pensión. A pesar de acumular 20 años ejerciendo este oficio, solo ha cotizado 10, porque en la mayoría de las empresas informativas, la han contratado por servicios profesionales. Fue docente en una universidad privada durante un año. Lleva 12 meses desempleada.
“Tengo muchísima incertidumbre a cómo voy a llegar a mi vejez. Me preocupa no tener acceso a una vivienda, no tengo acceso a un seguro. Tengo una deficiencia de salud que debe ser tratada de forma permanente y no tengo seguro médico para tratarme”.
De acuerdo con el Observatorio Centroamericano de Violencia Laboral de la Organización de Mujeres Salvadoreña por la Paz (Ormusa), en 2023 de cada 10 cotizantes en el ISSS, 4 eran mujeres. Este mismo observatorio destaca que en 2022, las mujeres seguían ganando en promedio $59.98 menos que los hombres, lo que representa una brecha salarial de género del 15 % desfavorable a las mujeres.
Beatriz es licenciada en periodismo. Se graduó de la Universidad de El Salvador en 2016. Ella experimentó esa brecha salarial al ganar $100 menos que sus colegas hombres, incluso, produciendo más contenido periodístico que ellos. Cuando pidió que su salario fuera nivelado, la despidieron, afirma.
En los últimos medios que trabajó, su salario estaba abajo del mínimo. Actualmente, colabora en un medio internacional, produce un pódcast sin recibir paga. Para aportar en su hogar, ayuda a su hermano en un negocio familiar.
Angélica Cárcamo, de la APES, explica que casos como el de Beatriz no son la excepción a la regla. Ni los medios ni el Estado toman acciones para modificar esta realidad. Ejemplifica con la propuesta de Ley de Protección de Periodistas, engavetada la primera semana de mayo de 2021 por el oficialismo.
A la falta de prestaciones laborales, se agregan los casos de despidos sin pago de indemnizaciones, explica Cárcamo. “No todos los medios de comunicación otorgan prestaciones laborales. En algunos casos, sobre todo en medios emergentes, en las plataformas digitales, tiene que ver más con un tema de sostenibilidad. No es tanto que no lo quieran dar, sino que no les alcanza. A veces se le obliga a los periodistas a tener una condición de servicio permanente, cuando las contrataciones son por servicios profesionales, justo para evitar prestaciones laborales. Ahí hay un abuso de parte del patrono”.
Hay periodistas que incluso no le ven futuro a esta profesión en El Salvador tanto por el ambiente político en el que se vive, como por la falta de oportunidades en los medios. De la mano de la precarización laboral están las exigencias multimedia: cada periodista debe escribir para la edición impresa y/o web, tomar fotografías, hacer video y escribir para las redes sociales.
Álex, un periodista de 35 años, está considerando irse del país porque no logra conseguir un empleo que le garantice seguridad social y un salario justo. Es padre de una niña y un niño que dependen de él. “He pensado que sería bueno migrar para buscar otros trabajos, no cierro las puertas de quedarme aquí porque busco trabajos de freelance, pero lo está ameritando porque se está cerrando la libertad de expresión en el país”.
En los medios digitales, donde ha trabajado, ha experimentado violencia laboral: no le garantizaban equipo para realizar sus actividades y le descontaban la renta y no la reportaban al Ministerio de hacienda, relata.
No recuerda cuántos años ha cotizado para su jubilación, pues la mayoría de sus contratos han sido por servicios profesionales. “Mis salarios han sido bastantes precarios, bajos, siempre bastante ajustado a mi presupuesto, más con dos hijos. Para poder nivelar mis salarios, he trabajado en otras empresas… He sido mesero, vigilante de tiendas de ropa, también he trabajado entregando botellas de agua”.
Álex se graduó como periodista en 2012 de la Universidad Tecnológica. Empezó a ejercer este oficio en 2010 en un medio escrito en la sección de deportes. Es fotógrafo y tiene su propio canal en YouTube donde publica su contenido. Al igual que a Beatriz, en medios televisivos le han cerrado las puertas por su postura crítica al Gobierno. Los medios se niegan a contratarlo. Después de un año y medio desempleado, ha empezado a trabajar en otro medio escrito de circulación nacional.
“Me sirve porque tengo varias deudas. Para conseguir este tipo de trabajo que te da cierta estabilidad laboral en el entorno en el que nosotros trabajamos es bien difícil”. Él no descarta irse del país. “Es una opción que no descarto por la situación en cómo se está poniendo el país”.
En marzo de este año, la APES presentó un informe sobre el estado actual de la libertad de prensa en El Salvador durante 2023 en el que señala aumento de más del 60 % de agresiones a la prensa por parte de funcionarios públicos, entre ellos diputados, agentes de seguridad y usuarios de redes sociales a fines al Gobierno. Declaraciones estigmatizantes, acoso digital, restricciones al ejercicio periodistas, fueron las principales agresiones.
El camino cuesta arriba para las mujeres periodistas
En 2019, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe “Mujeres Periodistas y Libertad de Expresión”, señaló que entre las violencias que enfrentan las mujeres periodistas están las amenazas basadas en el sistema sexo-género, hechas por funcionarios, fuentes, colegas y por las jefaturas. Esta violencia sucede tanto en los espacios públicos, laborales y digitales.
En el caso de El Salvador, reconoce que, si bien en los últimos años hay más participación de mujeres periodistas, sobre todo en la reportería, eso no significa que tengan las mismas condiciones que los hombres.
Las dos periodistas entrevistadas para este texto sostienen que, en los medios escritos donde laboran, las editoras tienen más trabajo que sus pares hombres y no son ascendidas a direcciones o gerencias editoriales donde realmente se toman las decisiones. “Las editoras son las piezas clave, pero no tienen mayor poder, más que editar”, dice Janeth, quien ha trabajado en dos de los medios impresos más longevos de El Salvador.
Janeth suma el medio centenar de edad. En más de dos décadas ejerciendo como periodista, su máximo salario ha llegado a los $700. En algunos medios, le han pagado el mínimo. “Los salarios han sido miserables, así que tengo poco ahorrado. Eso de tener garantizada la jubilación, a parte que se están tomando las pensiones, lo dudo”.
En El Salvador, las mujeres pueden pensionarse si cumplen dos requisitos: tener 55 años y haber cotizado durante 25 años de forma continua o discontinua. Janeth no ha cotizado más de 10 años porque sus contratos han sido por servicios profesionales y porque ha experimentado periodos en desempleo. “No sé de qué voy a vivir. A veces siento una gran incertidumbre”. Para ella, en esta profesión, tanto hombres como mujeres, la están pasando mal por los bajos salarios. Considera que las mejoras salariales dependen de la amistad que se tenga con los propietarios de los medios.
En 2023, la Colectiva de Mujeres Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Información encuestó a 50 mujeres periodistas y comunicadoras institucionales, para identificar los tipos de violencia que enfrentan. De las entrevistadas, el 26 % aseguró no tener prestaciones laborales; el 40 % contaba con un contrato laboral; para el 36% su carga laboral había aumentado, pero su salario seguía siendo el mismo.
Krissia Girón, una de las representantes de esta Colectiva, sostuvo que el impacto en las mujeres periodistas es más fuerte comparado con sus colegas hombres, porque aparte de ejercer la profesión, también cargan con los trabajos del hogar y de cuidados, y en algunos casos, la vida de sus familiares depende de ellas. “Desde la Colectiva, siempre hemos hecho el llamado a los medios de comunicación a que tomen conciencia de este tipo de realidad y tomen medidas. Hay muchas periodistas y comunicadoras que por hoy están en desempleo y en una situación de precariedad”.
Beatriz es uno de esos casos. Desde la pandemia no tiene un trabajo estable, que le permita tener un salario digno y ahorrar para su vejez. En sus 20 años como periodista ha enfrentado violencia, acoso laboral y despido injustificado por solicitar aumento salarial.
En el informe “Mujeres Periodistas y Libertad de Expresión”, la CIDH reconoce que los actos de violencia basados en género son “sintomáticos de un patrón de discriminación estructural contra las mujeres arraigado en estereotipos de inferioridad femenina”. Por ello, pide a los Estados medidas de protección con un enfoque diferenciado; a promover la participación y la igualdad en los medios de comunicación; y recomienda a los medios de comunicación, «que las mujeres periodistas reciban igual salario por igual trabajo y tengan las mismas oportunidades que sus colegas masculinos y puedan cubrir temas diversos».
El gremio periodístico está enfermo
Edgar Romero, coordinador de formación de seguridad del programa centroamericano Riesgo Cruzado, afirma que muchos periodistas padecen enfermedades crónicas desatendidas debido a la falta de prestaciones sociales. Desde 2012, bajo este programa realizan exámenes médicos a colegas que reciben becas para formarse en estos talleres.
“Nos enfrentamos a que más de la mitad no tenían seguro social… Un gran porcentaje con problemas cardíacos, problemas de azúcar, pulmonares, revisión de la dentadura casi nula. ¿Cómo los instructores de defensa personal iban a exigir un rendimiento mayor, si el estado de salud ya es crónico? Si nosotros queremos que nuestros periodistas se formen en seguridad y riesgo, lo primero que decimos es: tiene que haber un periodismo sano, que goce de salud”.
A las condiciones de salud física se agregan las afectaciones a su salud mental. “Un periodista que tiene mal salario no goza de una salud integral, por ende, golpea lo psicosocial. ¿Cómo un periodista va a estar psicológicamente bien si no tiene para comer?”.
Para Edgar, la situación económica y de salud debería ser prioritaria para los propietarios de los medios de comunicación e incluso para el Estado.
Beatriz, por ejemplo, en 2016, fue diagnosticada del síndrome de Guillain Barré que la llevó a estar hospitalizada por un año. “Estuve con cuadriplejía múltiple. Tuve que estar en un proceso de rehabilitación».
Roberto tiene 54 años. Es fotoperiodista. Trabajó por 23 años en uno de los periódicos impresos. Desde hace dos años que lo despidieron, no ha logrado conseguir otro empleo. Esto le ha pasado factura en su salud mental. “Estaba en ruta a lo que iba hacer mi jubilación, pero en este corte que ha habido, salí de la esfera social. Ya no tengo seguro social. Gracias a Dios que no me enfermo por mi pila de andar corriendo, haciendo ejercicio para mantenerme saludable”.
En sus 23 años de trabajo, el máximo salario que percibió fue $600 mensuales. Esto apenas le alcanzaba para sobrevivir. Aunque sus dos hijos ya se graduaron y trabajan, Roberto se rebusca para freelancear y poder contribuir a los gastos del hogar. Su esposa sostiene a la pareja hoy. “Estoy aportando un 30 %. Es un aporte simbólico. Es bien desesperante que entre más te vas haciendo viejo, no vas a tener un retiro digno”.
Roberto ha logrado crear redes de apoyo entre colegas periodistas. No es el caso de Vicente, que desde que fue despedido se ha aislado. A finales de la pandemia, intentó suicidarse automedicándose. Se sentía agobiado por no tener trabajo y por las deudas. Este año, ha retomado sus terapias y está decidido a escribir su biografía.
El psicólogo del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), German Cerros, da seguimiento psicoemocional a periodistas desde la pandemia por COVID. Le ha tocado atender casos de colegas afectados emocionalmente como parte del contexto convulso de país, como también por la precariedad en la que están.
En una entrevista con YSUCA el 23 de julio, explicó que el agotamiento extremo por el estrés laboral, el desgaste emocional por los hechos que cubren como la violencia o la corrupción, son parte de las afectaciones con las que cargan las y los periodistas. “Hemos encontrado afectaciones complejas, pero que se pueden abordar: tristeza profunda, un estrés que es imposible de manejar, procesos depresivos; ha sido un efecto colateral de una situación compleja”.
El Idhuca, como parte del proyecto “Libertad de Prensa, Acceso a la Información y Democracia en El Salvador”, ha creado una guía de acompañamiento psicoemocional dirigida a periodistas que se ven expuestos a violaciones de derechos humanos. En la guía se ofrecen pasos a seguir y contactos de atención para quienes los requieran.
Cada año, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), más de 703 personas se quitan la vida en el mundo. Esto corresponde a una muerte cada 40 segundos. Solo en la región de las Américas, entre 2015-2019, más de 98 mil personas se quitaron la vida. Los hombres se suicidan tres veces más que las mujeres, señala este organismo. Las causas están relacionadas con los roles de género ya que los hombres no suelen buscar ayuda profesional para tratar su salud mental.
Les periodistas no escapan a esa realidad, de acuerdo con German Cerros. “Nos tocó identificar casos de periodistas con algunos pensamientos o ideación suicida y con mucho dolor lo digo, es muy difícil atender un caso de esos, porque son los que más demandan atención y otros casos donde ya ha habido intentos. Llegar a ese punto nos dice mucho de cuánto nos puede llegar afectar un contexto en específico o una situación donde el cuerpo y la mente de una persona no encuentra cómo afrontar la situación”.
Serafín Valencia, profesor de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y uno de los promotores de la propuesta de Ley Especial de Protección de Periodista, afirmó que con esta iniciativa precisamente se buscaba atender casos de periodistas que quedan desamparados cuando son despedidos de sus trabajos o pasan por situaciones de violencia como las descrita por el psicólogo Cerros.
“La ley estaba basada en la seguridad para el periodismo: seguridad social, laboral y frente al crimen. Se empezó a pensar en una Ley de protección de periodistas en vista de una queja histórica del gremio periodístico, porque muchos periodistas en los años 2000, los jubilados de la guerra, que van entrando a su etapa de retiro, empiezan a terminar vendiendo dulces, libros, por una necesidad”. En Honduras, Guatemala y Costa Rica existen políticas de protección a los derechos de las y los periodistas, cita como ejemplos. La propuesta de ley fue enviada al archivo en 2021 por diputados de Nuevas Ideas.
En los 90, la APES presentó una propuesta de creación de una caja mutual para garantizar un retiro digno y apoyo a su gremio, pero los medios de comunicación no respaldaron la iniciativa.
La importancia de dignificar a la prensa
Naciones Unidas considera que el periodismo es fundamental en la defensa de los derechos humanos y por eso llama a los Estados a protegerles.
Al periodista dentro del marco democrático se le considera como el vigilante de los otros poderes del Estado y garantizar esa labor con alta calidad, pasa porque también su trabajo sea dignificado, señala el periodista y editor independiente, Ricardo Vaquerano.
“Es inaceptable un trabajo periodístico en condiciones de salarios que no permiten acceder a una vida materialmente tranquila, como es inaceptable un trabajo periodístico en una atmósfera contaminada por criterios ajenos a la técnica y principios periodísticos, como los cálculos políticos, los amiguismos, la reverencia al poder y el cálculo comercial”.
Para Vaquerano, realizar esa labor con calidad pasa por garantizar honorarios que otorguen posibilidades de una vida material tranquila y años postreros con seguridad en salud, alimentación y techo. “El periodismo es intrínsicamente digno, porque es un servicio noble que busca la verdad para ponerla en manos de la ciudadanía con el propósito de ayudar a esta a ser libre”.
Celia Medrano, periodista y consultora, considera que la calidad del periodismo aparte de las mejoras salariales requiere de equipos, formación y un ambiente favorable dentro de los medios de comunicación como también, en el ámbito público. “Cualquiera puede manejar una grabadora, una cámara o una laptop, pero no cualquiera puede ser fotoperiodista, dominar la especialidad de la radio o la prensa, para eso se necesita más que la técnica básica, se necesita estudiar y retarse constantemente. Dignificar la labor periodística es reconocer esto”.
Para Valencia las demandas del gremio periodístico están justificadas, dado el riesgo que significa desempeñar este oficio y la importancia de informar. “No pedimos un trato especial, sino, pedimos un trato acorde a la función que desempeñamos dentro de la institucionalidad democrática. Decimos que el periodismo es vigilante del poder, entonces, si somos el cuarto poder, necesitamos condiciones que nos ayuden a desarrollar nuestra función”.
* Para proteger la identidad y seguridad de las dos y los tres periodistas entrevistados, usamos nombres ficticios en todas las historias. Esto busca prevenir su revictimización y evitar que enfrenten nuevas formas de violencia debido a sus testimonios.
