El régimen de excepción ha generado un entorno que agrava la vulnerabilidad de las víctimas de trata de personas. Esta medida, que busca combatir la violencia de pandillas, ha conducido a una falta de identificación adecuada de víctimas y una posible revictimización de aquellas privadas de libertad bajo este régimen, de acuerdo con el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Las personas detenidas como resultado del régimen de excepción, muchas veces jóvenes vinculados a las pandillas, son frecuentemente erróneamente señaladas como miembros activos sin considerar que podrían ser víctimas de trata explotadas por dichas pandillas. La situación evidencia una crítica deficiencia en los mecanismos de identificación y protección de las víctimas de trata, lo que pone en riesgo su seguridad y derechos fundamentales.
«El gobierno carecía [en el 2023] de procedimientos formales para identificar y remitir a las víctimas de trata entre algunos grupos vulnerables, incluidos los niños detenidos por actividades relacionadas con pandillas», según el apartado «Protección» del Reporte sobre la Trata de Personas 2024 del Departamento de Estado de los Estados Unidos, presentado el 24 de junio de 2024.
El informe señala que, debido a la ausencia de procedimientos formales de identificación, las autoridades pudieron «haber detenido y arrestado a víctimas de trata no identificadas, incluidos niños explotados por pandillas». Además, que la policía y otros funcionarios no estaban capacitados para identificar y proteger a las víctimas, a menudo confundiéndolas con delincuentes y castigándolas por actos ilegales cometidos bajo coerción.
«Desde el inicio del Estado de Excepción del gobierno hasta diciembre de 2023, las autoridades arrestaron a más de 75,000 personas por actividades relacionadas con pandillas sin evaluar a las personas vulnerables en busca de indicadores de ser víctimas de trata», de acuerdo con el documento. Al 7 de julio de 2024, la cifra de personas privadas de libertad sumaba 81,100. El Socorro Jurídico Humanitario había documentado 301 muertes en custodia del Estado, entre estas la de 3 niñas y un niño.
En 2023, bajo el régimen de excepción, las autoridades detuvieron a 1,500 niños. Entre marzo de 2022 y diciembre de 2023, sumaban 3,319 niños encarcelados. A enero de 2024, 841 seguían encarcelados, de acuerdo con el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina). Aunque el Gobierno mencionó que algunos arrestos podrían estar vinculados con la trata, no se identificó ni asistió a las víctimas, según el Reporte de Trata 2024. «La corrupción y la complicidad entre algunos funcionarios gubernamentales individuales pueden haber resultado en obstáculos para los esfuerzos de aplicación de la ley contra la trata».
En el informe, el Departamento de Estado expresa su preocupación por la vulnerabilidad de las personas trans y la comunidad LGBTIQ+, destacando que los servicios disponibles son insuficientes y que esto aumenta el riesgo de trata y la discriminación en el acceso a la justicia.
Las 10 organizaciones que integran Observa LATrata Capítulo El Salvador presentaron este 30 de julio varias recomendaciones para proteger los derechos humanos de las víctimas de trata y tráfico de personas. Entre ellas, destacan la necesidad de brindar capacitación continua a las autoridades migratorias, implementar protocolos claros de protección, establecer mecanismos de seguimiento independientes y fomentar la cooperación internacional para coordinar esfuerzos contra las redes de trata. Además, sugieren proveer recursos y capacitación especializada para la persecución de estos delitos, y crear políticas públicas socioeconómicas focalizadas para reducir las causas de la migración forzada. Esto de acuerdo con su comunicado de prensa.
También recomendaron asegurar el cumplimiento de la Ley Especial contra la Trata de Personas y crear un Fondo Nacional para financiar programas de prevención y atención a víctimas. Adoptar un enfoque de interseccionalidad en la ley y la política, capacitando a los responsables en estos aspectos, y mantener una base de datos actualizada sobre casos de trata. Insisten en la implementación de las recomendaciones internacionales y de organismos de derechos humanos para abordar integralmente la prevención de la trata de personas y mejorar las condiciones que impulsan la migración.
En El Salvador, la Asamblea Legislativa aprobó en noviembre de 2014 la Ley Especial contra la Trata de Personas.
El Salvador asciende a nivel 2 en el combate contra la trata
A pesar de estas observaciones, El Salvador subió al nivel 2 en la lucha contra la trata, según el Reporte 2024 de EE. UU. El avance se debe a más investigaciones y apoyo a víctimas, aunque no hubo condenas en 2023, a diferencia de 2022, cuando 10 personas fueron condenadas en casos de trata sexual.
«El Gobierno de El Salvador no cumple completamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas, pero está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo».
En el 2023, el Gobierno identificó a 40 víctimas de trata, entre ellas 27 de trata sexual (13 niñas, 2 niños, 10 mujeres y 2 hombres) y 4 niñas de trata laboral en 2023. A pesar del aumento, los servicios siguen siendo insuficientes, especialmente para víctimas masculinas y LGBTIQ+, quienes no recibieron refugio del Estado.
La trata de personas involucra captación y traslado mediante amenazas, engaño o abuso, con fines de explotación sexual, laboral u otras, como prostitución forzada, trabajos forzados, esclavitud, servidumbre y extracción de órganos.
Una de cada tres víctimas de trata es menor de edad, la mayoría niñas, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Toda forma de trata y tráfico de personas, especialmente la explotación sexual, representa una grave manifestación de violencia contra las mujeres. Las Américas se destacan como origen, tránsito y destino de víctimas de trata. En Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, más del 70 % de los casos de trata son por explotación sexual, una de las tasas más altas a nivel mundial. Según el Informe Global 2022 de la UNODC, las mujeres y niñas representan la mayoría de las víctimas detectadas en estas regiones: 58 % en Centroamérica y el Caribe, y 87 % en Sudamérica.
En 2020, el trabajo forzoso y la explotación sexual fueron las formas más comunes de explotación de la trata, con el trabajo forzoso representando casi dos tercios y la explotación sexual más de un tercio de los casos. Las mujeres víctimas de trata sufren violencia extrema a una tasa tres veces mayor que los hombres, y esta tasa es el doble en menores de edad comparado con adultos.
El informe fue presentado por el secretario de Estado de EE. UU., Antony J. Blinken. Este documento evalúa la lucha contra la trata en 188 países. Blinken destacó la importancia del apoyo bipartidista y la colaboración con expertos y supervivientes para mejorar las políticas de protección.
Este año, el informe resalta el papel creciente de la tecnología digital en la trata, donde las redes de trata utilizan plataformas en línea y criptomonedas para reclutar y explotar a víctimas. A su vez, Blinken subrayó cómo la tecnología puede ser una herramienta poderosa para detectar y combatir la trata, con ejemplos de colaboración entre gobiernos, sociedad civil y el sector privado para desarrollar soluciones basadas en inteligencia artificial y aplicaciones móviles.
