Francisca, de 60 años, se levantaba después de las 9 de la mañana para desayunar y prepararse para vender ropa en San Salvador. Regresaba a su casa a las 8 de la noche. Esta había sido su rutina diaria durante 30 años. Era su forma de ganar un poco de dinero. Sin embargo, un miércoles de febrero de este año, no regresó a casa a la hora habitual, lo que preocupó a su familia, ya que en 25 años nunca había faltado. Esto rompió su rutina y la de su familia.
A medida que pasaban las horas sin que Francisca apareciera, sus dos hijas y su hijo menor comenzaron a buscarla en hospitales de San Salvador. Ya habían llamado a familiares y a personas conocidas, pero nadie sabía nada. Quienes la vieron ese día fueron taxistas y vendedores con quienes solía tratar. La última vez que la vieron fue a las 5 de la tarde cuando pasó por sus puestos de trabajo.
“No queríamos llegar a la morgue. La habíamos dejado como última opción. Uno tiene que ir preparando la mente, porque no sabe con qué se va a encontrar”, explica Nancy, una de sus hijas.
La familia de Francisca publicó una alerta de búsqueda en redes sociales y a través de organismos como el Bloque de Búsqueda de Familiares de Personas Desaparecidas. Solo recibieron una llamada de un abogado que decía haberla visto en una patrulla policial, pero no dio detalles. Él quería cobrarles por representarla como defensor. Las autoridades de seguridad tampoco contactaron a la familia. Tras dos días de búsqueda, decidieron buscarla en una bartolina policial en San Salvador.
“Cuando mi hermana llegó a esa bartolina, le dijeron: «Sí, aquí está». Desde el miércoles, estaba ahí. Fue de alguna manera un alivio porque, gracias a Dios, la pudimos encontrar, pero lo duro es que ahí solo estuvo ocho días, porque al siguiente miércoles la trasladaron. Desde entonces, le perdimos la pista”.
Según Nancy, su madre está acusada de venta ilícita de drogas, algo que la familia niega, ya que, aunque Francisca consumía drogas, nunca se dedicó a la venta. El día que la capturaron, iba acompañada de otra mujer que también se dedicaba a la venta informal y consumía drogas. La policía solo detuvo a Francisca.
Nancy dice que la última vez que vieron a su madre fue cinco días antes de que la trasladaran a un penal. Desde entonces, como otras familias con parientes detenidos, van cada mes al penal a dejarle un paquete de higiene personal y comida, sin saber si sigue con vida. Llevan más de siete meses en esta situación.
La historia de Francisca es similar a la de decenas de familias cuyos casos han sido documentados por organizaciones defensoras de derechos humanos desde que se aprobó el régimen de excepción.
El Estado se las llevó
Entre marzo de 2022 y noviembre de 2023, las organizaciones de la sociedad civil registraron 327 denuncias de desapariciones forzadas de corta duración. Este término se refiere a casos en los que personas detenidas por agentes del Estado permanecen desaparecidas, sin que sus familiares sepan de su paradero durante varios días.
Idalia Zepeda, abogada de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU) y representante del Bloque de Búsqueda de Familiares de Personas Desaparecidas, afirma que, desde la aprobación del régimen de excepción en marzo de 2022, familias llegan a sus oficinas con fotos de sus hijos e hijas, solicitando ayuda tras una búsqueda infructuosa en hospitales, organismos de socorro e incluso en sedes policiales.
“Ha surgido otro fenómeno en el que las familias reportan a sus seres queridos como desaparecidos, especialmente al inicio del régimen de excepción, cuando no se tenía acceso a información ni en Centros Penales ni en centros de detención. Compartimos muchas alertas de hombres y mujeres desaparecidos y acompañamos para buscarlos en hospitales o en algunos territorios. Luego nos enteramos, a través de información de Centros Penales o reportajes en los medios y redes sociales, que estas personas estaban privadas de libertad”.
Zepeda también afirmó que el Bloque de Búsqueda acompañó a la familia de Francisca en su proceso de búsqueda. Señaló que encontraron un desorden institucional, con falta de registros, datos certeros y mecanismos de información sobre muchas personas inocentes detenidas.
“Además, hay falta de información sobre los procesos legales. Las abogadas y abogados no pueden entrar a las bartolinas, y mucho menos a los penales. A menudo, las familias no son informadas de las audiencias y solo se les convoca el mismo día. Algunas personas [detenidas] son llevadas a audiencias, otras no. Así, las familias no tienen acceso a información sobre el caso, y mucho menos a ver a su familiar”.
Las denuncias a nivel internacional ante la negativa del Estado salvadoreño
Siete organizaciones de derechos humanos, como Cristosal, Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), la Fundación para el Estudio y la Aplicación del Derecho (Fespad), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Servicio Social Pasionista (SSPAS) y la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), participaron en noviembre de 2023 en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Denunciaron internacionalmente las desapariciones forzadas durante el estado de excepción, señalando que es una práctica sistemática de abuso de poder que no es atendida por el sistema de justicia salvadoreño.
En un informe, estas organizaciones muestran patrones de desapariciones forzadas de corta duración bajo el régimen, destacando la negativa sistemática de las autoridades de seguridad pública a proporcionar información a los familiares.
David Morales, jefe de la unidad de justicia transicional de Cristosal, afirmó que, en algunos casos, los familiares no saben del paradero de sus parientes hasta que mueren bajo custodia del Estado y son informados por funerarias. En otros casos, las personas detenidas que fallecen son enterradas en fosas comunes.
“Durante el régimen de excepción, estos elementos de crimen internacional se están repitiendo en un número elevado de casos en el que las personas son detenidas y desaparecen dentro del sistema penitenciario, las autoridades no dan más información de ellas. Algunas dan información luego de meses, pero otras están apareciendo enterradas como desconocidas en fosas comunes, lo cual genera sospechas que podrían haber sido víctimas de ejecuciones judiciales”.
Las organizaciones de la sociedad civil han registrado la muerte de 301 personas bajo custodia estatal, desde el 27 de marzo de 2022 al 27 de mayo de 2024.
Cristosal documenta casos de desapariciones forzadas de corta duración ante la falta de respuesta del Estado y su negativa a reconocer estos delitos. Este año, planean presentar un nuevo informe sobre estos casos, ya que las denuncias de las familias continúan llegando a estas organizaciones de la sociedad civil.
La mayor preocupación de la familia de Francisca es no volver a verla y no poder compartir con ella el café de la tarde, como solían hacer cuando ella descansaba de su trabajo como vendedora informal. Días antes de ser capturada, Francisca había sufrido dos ataques cardíacos. “Me da miedo el saber que en algún momento pueda salir en una bolsa negra y no den explicación de nada. Uno no sabe, sigue desaparecida”, dice Nancy.
Sin embargo, el Estado niega estas prácticas sistemáticas de tortura. En la audiencia ante la CIDH en noviembre de 2023, el Comisionado de Derechos Humanos del Gobierno de Bukele, Andrés Guzmán, negó la existencia de casos de desaparición forzada, argumentando que la Comisión estatal no tiene registros de denuncias de este tipo.
“Quiero dejar claro, que, en 2023, la fiscalía general de la República no ha registrado una sola denuncia sobre este tipo de delitos. Tampoco existe ni reconocemos en este contexto las desapariciones forzadas de corta duración, un concepto que ha tratado de introducirse en esta audiencia, que, además, no está definido ni en convenciones ni en la jurisprudencia nacional e internacional”, afirmó Guzmán.
Sin embargo, el comisionado omitió mencionar que la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos registró 54 denuncias de desapariciones forzadas entre enero de 2022 y diciembre de 2023.
De acuerdo con el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (WGEID por sus siglas en inglés), no existe un tiempo determinado “para considerar que se ha producido una desaparición forzada, y que se debe facilitar sin demora a los familiares información exacta sobre la detención de toda persona privada de libertad y sobre su lugar de detención”.
En 2022, el Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones analizaron el fenómeno de las desapariciones de corta duración, en relación con antecedentes mundiales de personas desaparecidas de forma forzada, a veces por menos de un día.
El comisionado de Bukele obvio decir, que la Procuraduría de Derechos Humanos desde enero de 2022 a diciembre de 2023 registró 54 denuncias sobre casos de desapariciones forzadas de personas.
David Morales cree que hay suficientes argumentos para afirmar que el Estado salvadoreño desaparece a personas en las cárceles después de detenerlas bajo el régimen de excepción.
“Es un término que, en los últimos años, ha sido analizado por mecanismos internacionales de derechos humanos, principalmente por la ONU. Han identificado la práctica en algunos Estados de detener a personas, privarlas arbitrariamente de su libertad, sustraerlas de la protección de la ley y negar información sobre su paradero. Negar esa información configura todos los elementos de un crimen internacional de desaparición forzada, independientemente de que luego la persona aparezca viva”.
La audiencia también abordó el caso de Juan, un hombre detenido por la policía el 30 de marzo de 2022. Su esposa lo buscó en al menos tres delegaciones policiales, pero no obtuvo información sobre su paradero. Ni la PDDH ni la Fiscalía intervinieron en la búsqueda. El 3 de abril de ese año, una empresa funeraria se presentó en la casa de los familiares de Juan para informarles que había fallecido. El cuerpo de Juan presentaba múltiples golpes, y el Estado no ha investigado el caso, a pesar de las evidencias.
Otros casos se han viralizado en redes sociales y medios de comunicación, como el de los colombianos José Antonio Potes y Manuel Castrillón, capturados bajo el régimen de excepción y detenidos durante tres meses sin contacto con sus familiares. Las autoridades colombianas afirman que hay al menos otros 20 colombianos en las cárceles de El Salvador, cuyas familias desconocen su estado.
Victoria Barrientos, oficial de programas de DPLF, señaló que mientras el Estado siga negando información sobre los detenidos, se les considerará personas desaparecidas. “Mientras no se sepa el paradero de la persona reportada como detenida, el delito continúa existiendo… La situación bajo el régimen seguirá mostrando casos de desapariciones mientras no haya una política que respete estrictamente los derechos humanos”.
El 8 de agosto, las diputadas y diputados de Nuevas Ideas y aliados aprobaron la prórroga 28 del régimen de excepción, por 30 días más. Con esta prórroga, se mantienen suspendidos los derechos constitucionales, como el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la limitación de la detención administrativa a un máximo de 3 días. Desde la aprobación del régimen en marzo de 2022, se han registrado más de 81,900 mil detenciones arbitrarias.
Las desapariciones en El Salvador, un problema sistemático
El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas. Es una fecha en la que organismos como Naciones Unidas instan a los Estados a prevenir esta práctica, que se ha convertido en un problema global.
En El Salvador, las desapariciones forzadas son un problema sistemático que obliga a las familias a una búsqueda constante de sus seres queridos. De manera igualmente sistemática, el Estado salvadoreño no reconoce esta problemática.
Durante la guerra, se calcula que unas 8 mil personas fueron víctimas directas de desapariciones forzadas perpetradas por militares. Además, se estima que entre 2019 y 2022 desaparecieron entre 6 mil y 7 mil personas, principalmente a manos de pandillas.
Recientemente, el Estado salvadoreño fue condenado por las desapariciones forzadas de Patricia Cuéllar Sandoval, Mauricio Cuéllar y Julia Orbelina Pérez, ocurridas el 28 de julio de 1982 durante el conflicto armado. Cuarenta y dos años después, el 18 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que el Estado violó el derecho de Patricia de defender derechos humanos. En el contexto del régimen de excepción, el actual gobierno ha detenido a defensores y defensoras de derechos humanos.
Aunque esta problemática ha aumentado y evolucionado, el Estado no la ha abordado con seriedad para prevenirla. Se han creado políticas, se ha tipificado el delito y se han aumentado las penas, pero no se cumplen, explicó David Morales.
“Las desapariciones no ocurrirían si se cumpliera con la ley. Más allá de las reformas inconstitucionales y violatorias de derechos humanos, no existe ninguna norma que permita la incomunicación total de una persona detenida durante años o que impida la visita de su abogado”.
Morales considera que las desapariciones forzadas son una grave violación de derechos humanos porque no solo afectan a la persona desaparecida, sino también a toda su familia e incluso a la comunidad. Es una estrategia del Estado para atemorizar a la población, como sucedió durante el conflicto armado y ahora bajo el régimen.
“Ahora, bajo la actual administración del gobierno de Bukele, estamos viviendo un retroceso aún mayor. A partir del régimen de excepción, han resurgido las prácticas de desapariciones forzadas. Desde el fin del conflicto armado, no habíamos visto en El Salvador un escenario de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos como el que se ha impulsado bajo este régimen”.
El miércoles 21 de agosto, las organizaciones civiles del Grupo de Trabajo por las Personas Desaparecidas en El Salvador presentaron el Registro Ciudadano de Personas Desaparecidas en El Salvador, una iniciativa de organismos defensores de derechos humanos. El grupo está integrado por Alerta Raquel, ASDEHU, Ormusa, Cristosal, FESPAD, IDHUCA, DPLF, SSPAS e IXCHEL.
Con la iniciativa, buscan homologar datos ante la reserva oficial de información sobre esta problemática. Cualquier persona podrá acceder de forma digital al registro e ingresar información sobre personas en situación de desaparición.
Silvia Juárez, de Ormusa, participó en el panel de esta iniciativa, que busca responder a las demandas de las familias de víctimas de desapariciones, sin olvidar las obligaciones del Estado de atender esas denuncias.
Juárez explica que el Estado debe contar con al menos siete registros de búsqueda de personas desaparecidas para dar con su paradero.
“Uno es el aviso de desaparición de personas localizadas; segundo, los datos de bancos forenses; tercero, personas fallecidas y no identificadas; cuarto, un registro de fosas clandestinas; quinto, un registro de personas migrantes con sus respectivas rutas; sexto, un registro de personas alojadas; y séptimo, un registro de personas hospitalizadas”.
Ormusa es parte del Bloque de Búsqueda de Familiares de Personas Desaparecidas. Durante los primeros meses de 2024, registraron miles de casos de niñas y mujeres detenidas por militares sin que sus familias supieran su paradero.
Solo en agosto, el Bloque de Búsqueda registró 12 denuncias de personas en situación de desaparición. Idalia Zepeda, del Bloque de Búsqueda, explicó que seguirán recibiendo denuncias hasta que el Estado asuma su responsabilidad.
Para honrar a sus seres queridos, las familias del Bloque de Búsqueda conmemoraron el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas el miércoles 28 de agosto. Como cada año, construyeron un altar colectivo con los rostros de sus hijas, hijos, hermanos, hermanas, madres y padres desaparecidos, y encendieron velas. En un evento público, las madres del Bloque exigieron al Estado que incluya la desaparición de personas en su agenda política y asigne recursos económicos y humanos para la búsqueda de sus familiares.
*Los nombres de Francisca y de sus familiares han sido cambiados para proteger su identidad y evitar que enfrenten represalias y nuevas formas de violencia por contar sus testimonios.
