Texto por Vilma Laínez / Fotografías por Kellys Portillo
La madrugada del 17 de junio, Tacuba, ubicado en Ahuachapán Centro, retumbó en los medios de comunicación y redes sociales del país por la muerte de tres integrantes de una misma familia: una niña, un niño y un joven. Murieron tras quedar soterrados por el derrumbe de un muro. El llanto de familiares y las imágenes del lugar con las dos champas caídas se reprodujeron. Horas después de lo ocurrido, también, las de los organismos de socorro y autoridades estatales. La familia Godínez se sumaba a la lista de las 19 personas que murieron esa semana de junio por derrumbes de muros y deslizamientos de tierra. Un día antes, la Asamblea Legislativa había decretado estado de emergencia nacional por las lluvias provocadas por la tormenta tropical Alberto.
Rosa, madre del joven y abuela de los niños que murieron, ya había advertido de la amenaza. “El muro tenía como tres meses que lo habían construido. No lo habían hecho bien. Estaba pacho [no profundo]. Ahí todo el tiempo había cerco, se acumulaba basura. Ya habíamos hablado con la Policía, Protección Civil, con la alcaldía y no hicieron nada por nosotros”, describe, impotente por lo ocurrido.
Según Rosa, ella y su familia viven desde hace más de 20 años en la zona de la tragedia, conocida como colonia Santa Clara, ubicada en el final de la Avenida Cuscatlán del Barrio el Centro, en el casco urbano de Tacuba. Este lugar está rodeado de pequeños negocios. Arriba de las champas de tierra y techo de lámina, un comerciante de la zona había construido un muro con el que se tapaba la colonia desde la calle. Ese muro colapsó la madrugada del 17 de junio, cayendo sobre las dos champas de la familia Godínez mientras dormían.
En esa colonia viven otras 16 familias. La caída del muro es un ejemplo de la cadena de desgracias que enfrentan por su situación de precariedad: viviendas hechizas, de paredes de tierra y techos de lámina, escasez de alimentos, falta de acceso a agua potable y energía eléctrica, empleo informal y desempleo. Algunas mujeres se dedican a vender verduras, a los oficios del hogar en casas ajenas para obtener un poco de dinero; los hombres, a trabajos de albañilería, agricultura o en seguridad privada en la capital.
Para llegar a esta zona, hay que bajar por una pequeña pendiente de tierra con mucho cuidado para no deslizarse por el desagüe de aguas lluvias que la cruza. Al fondo está el rio Guayapa, el resto de terreno es tierra movediza, monte y árboles. Cuando llueve, las personas que habitan en este lugar se ven expuestas a deslizamientos y derrumbes. Las paredes de sus casas se deterioran y los techos suelen dañarse. A pesar de eso, Rosa y su familia aseguran que nunca había pasado una tragedia como la del 17 de junio.
Una semana después de esta tragedia, de las champas de Rosa y de su hija no quedaba nada. Todo estaba tirado en el suelo: láminas, horcones de madera y algunas de sus pertenencias como ropa, utensilios, juguetes. Las camas donde dormían estaban llenas de lodo. “Si el muro no lo hubieran construido, estuviera con mi hijo y mis nietecitos”, reclama.
Rosa llegó a vivir hace más de 20 años a ese lugar, a petición de su hija, la mamá del niño y la niña que murieron soterrados. La necesidad las llevó a este sitio. Nunca han tenido un terreno propio donde asentarse. Rosa tuvo 11 hijos. De estos, 7 están vivos: 3 murieron por alcoholismo, y el último, soterrado el 17 de junio. Rosa se dedica al trabajo del hogar y de cuidados no remunerados: limpia, cocina, cuida a sus nietos y lava la ropa de quienes integran su hogar, mientras los 2 hijos con quienes vive se dedican a diferentes tareas remuneradas, como la albañilería. No cultivan la tierra por falta de dinero para la compra de insumos. “Les digo a ellos que a veces uno no tiene [dinero] para las plagas, entonces comprando los poquitos de maíz la vamos pasando”.
Después de que las champas quedaran soterradas, Rosa, junto a sus hijos y nietos, se fueron a vivir a la casa de una amiga del pueblo, más cerca del centro de Tacuba. Permanecerán ahí hasta que encuentren otra solución.
Las pertenencias de Rosa y su familia quedaron soterradas entre escombros. Fotografías: Kellys Portillo.
Tacuba: una expresión de pobreza
Desde 2006, Tacuba está catalogado en el rango de «pobreza extrema alta» en el Mapa de Pobreza de El Salvador. Ocupaba el 12avo lugar entre los 262 municipios, ahora distritos, en pobreza extrema alta. Su población hasta 2018 era de 34, 740, según el Directorio Municipal 2018-2021 elaborado por la Fundación Doctor Guillermo Manuel Ungo.
De acuerdo con las «Estimaciones y Proyecciones de Población Municipal 2020-2025» (revisión 2021), de la extinta Digestyc, ahora Oficina Nacional de Estadística y Censos, para 2024 la población tacubense ha disminuido a 31,967: 16,966 mujeres y 15,001 hombres. Es un distrito mayormente rural (148.98 kms2 versus 1.40 km2 de área urbana). Se divide en 14 cantones y 70 caseríos, 4 barrios y 5 colonias aledañas. Se ubica a 116 kilómetros de la capital de San Salvador. Internamente, se conecta con sus cantones y caseríos, a través de caminos vecinales y calles de tierras, algunas se vuelven intransitables cuando llueve.
La parsimonia y la simpleza de su infraestructura se combina con los pequeños negocios de comida, tiendas de ropa en cada esquina, agroservicios, bares y una caja de crédito. Hay un complejo educativo público donde se imparten clases hasta bachillerato. En sus calles urbanas, adoquinadas y de cemento, aún se habla de la tragedia de la familia Godínez. “Ha habido damnificados y derrumbes, pero es la primera vez que mueren”, cuenta Marcelo Galicia, un líder juvenil de Tacuba.
De hecho, el alcalde del municipio de Ahuachapán Centro, Carlos Milla, quien también fue alcalde por dos periodos consecutivos (2018-2021 y 2021-2024) de Tacuba por el Partido de Reconciliación Nacional (PCN), señala que dentro del mapa de riesgo que tenían en este distrito, la zona de la tragedia no aparecía, a pesar de la vulnerabilidad de su terreno desnivelado y movedizo.
“Hay un mapa donde tenemos identificadas las zonas vulnerables por las lluvias y ese lugar nunca lo habíamos considerado. La gente lo monitoreaba y nos decían que nunca pasaba nada y hoy se dio esa situación”.
Milla asegura que están a la espera de la resolución judicial contra el residente que construyó el muro, para tomar decisiones como autoridades municipales, ya que nunca se les autorizó construirlo.
En una reforma al artículo 4 del Código Municipal, aprobada en el 2015, se establece en el numeral 23, que los municipios tienen como competencia la “regulación de parques, calles, aceras y otros sitios municipales; en caso de calles y aceras deberá garantizarse la libre circulación sin infraestructura y otras construcciones que la obstaculicen”. El muro que se construyó representaba una amenaza para la familia Godínez, pero las autoridades locales la ignoraron, denuncia la familia.
Tacuba, al igual que Ahuachapán, Concepción de Ataco y Apaneca, dejaron de ser municipios desde el 1 de mayo de 2024. Ahora, los cuatro distritos forman parte de un nuevo municipio llamado Ahuachapán Centro. Recientemente, el Programa de las Naciones Unidas presentó el Mapa socioeconómico. Guía para los 44 municipios de El Salvador. Aunque este no desagrega la información por distrito, para el caso de Ahuachapán Centro, los indicadores muestran su realidad: el ingreso promedio es de $301 mensuales, $30 menos que el salario mínimo; el 31 % de los hogares está en situación de pobreza monetaria, y el 40 % en pobreza multidimensional. Además, el 76 % de las personas está empleada en el sector informal.
Ya no se duerme tranquilo
Desde que pasó la tragedia, Remberto, de 47 años, vecino de la familia de Rosa no duerme por las noches cada vez que llueve. Su hija menor era compañera de clases de la niña que murió soterrada. Sus ojos se llenan de lágrimas y su voz se corta cuando se refiere a este acontecimiento.
Cuando ocurrió, Remberto fue uno de los primeros en llegar a auxiliarles. Remberto tiene miedo. “No se siente igual, con otras lluvias se puede caer la casa. Están rajadas las paredes. Se ha metido el agua por debajo”, explica mientras señala las paredes de tierra de su casa.
Las paredes de la casa donde viven Remberto, su esposa, dos hijas y un hijo, tienen pequeñas grietas. El techo de lámina está dañado. Cuando llueve, el piso de tierra se convierte en lodo y el terreno se vuelve liso. Hace más de un año, él y su grupo familiar migraron de la capital, a este lugar porque sus ingresos son insuficientes para alquilar o solicitar un préstamo para comprar un terreno o una casa.
Cada vez que llueve, Remberto hace vigilia mientras el resto de su familia descansa. “Cuando miramos las nubes, pensamos que ya va a venir la lluvia. Yo le digo a ella [esposa]: «Ustedes duerman, si llueve duro, nos salimos de aquí”.
Remberto tiene un plan. Lo primero que haría ante una amenaza de caída de su casa es salir a la calle y buscar ayuda entre los vecinos y familiares. Conoce los organismos de socorro, pero no tiene sus contactos. Donde viven tampoco existe un organismo comunitario que sea referente de Protección Civil para abocarse.
Remberto con uno de sus hijos. Fotografía: Kellys Portillo.
Esta familia ya no quiere vivir en este lugar. Tienen miedo. Quisieran mudarse. Quisieran vivir en una zona donde sus vidas no corran peligro. En una casa, donde no se enlode ni haya goteras cada vez que llueve. pero carecen de recursos para hacerlo. Desde que pasó la tragedia, él y su esposa perdieron sus empleos. Remberto era vigilante de seguridad privada en una colonia de San Salvador; su esposa de dedicaba a tareas remuneradas del hogar, también en la capital. Ahora esperan poder vender verduras y frutas en el mercado o en las calles de Tacuba para garantizar su sobrevivencia y la de sus hijos.
En riesgo permanente
La alcaldía de Ahuachapán Centro tampoco puede garantizar, por hoy, una solución a Remberto como al resto de las 16 familias que viven en la colonia Santa Clara. El alcalde Milla asegura que no cuentan con los fondos ni con planes de mitigación y prevención de riesgo.
“Cuando hay este tipo de situaciones, es el Gobierno el que declara alertas a través de decreto Legislativo y es ahí que nos habilita a nosotros para tomar algún tipo de recursos. Un fondo disponible para eso no hay. Lo que sucede es que hoy las alcaldías vamos sacando plata solo para ir pagando los gastos”.
En noviembre de 2021, la Asamblea Legislativa, a petición del Gobierno, redujo el presupuesto del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (Fodes) del 10 % al 1.5 %. Desde entonces, cada año ha seguido recortando el presupuesto a las municipalidades.
De enero a mayo de este año, el Gobierno, a través de Protección Civil, solo había ejecutado 3.4 millones de dólares en la prevención y mitigación de desastres, de más de 286 millones de dólares programados para 2024, destacó Diario El Mundo en una publicación de junio. Para Eduardo González, gerente de emergencia y gestión integral de riesgo de la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria (PRO-VIDA), mientras esta problemática no se tome en serio, familias como las de Tacuba seguirán viviendo en permanente riesgo. “Están expuestas a múltiples eventos porque en ocasiones ha habido enjambres sísmicos en occidente y hay algunos impactos. Están expuestas a deslizamientos. En las zonas cercas del Parque El Imposible, están expuestas a inundaciones, otras están expuestas a derrumbes. Los accesos en ocasiones son obstruidos”.
González señala que el desmantelamiento del Sistema de Protección Civil es una muestra clara de que la prevención de riesgos y la mitigación de desastres no son prioridades en la agenda del actual Gobierno. Por ello, personas como Remberto tendrán que seguir ideando maneras de sobrevivir a desastres en un pueblo cuya vulnerabilidad es bien conocida. desde 2006 cuando Tacuba salió del anonimato debido al Mapa de Pobreza. “El sistema solo responde cuando hay emergencias, no hay una parte preventiva y los planes tampoco se construyen. Necesitamos una fuerte etapa de prevención, de mitigación y establecer acciones para que la gente realice con motivos de prevención: si están ubicadas en zonas de riesgo, las personas deben saber qué hacer”.
Cuando Milla fue alcalde de Tacuba, desde 2018 a 2024, apoyaron en iniciativas de prevención de riesgo, pero con la nueva estructura territorial esos trabajos de coordinación quedaron paralizados.
Un informe del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de 2017 destaca que el 88.7 % del territorio salvadoreño se considera zona de riesgo. El 95.4 % de la población habita en estos territorios. El país está expuesto a inundaciones, derrumbes por lluvias extremas, a terremotos, erupciones volcánicas, al cambio climático y contaminación por basura. El informe también señala que la pobreza y la proliferación de asentamientos cada vez más vulnerables, acentúan las condiciones de riesgo.
En el caso del departamento de Ahuachapán, el 49.25 % de viviendas están en condiciones de vulnerabilidad. Están construidas de adobe, bahareque, madera, lámina, entre otros materiales. Además, de acuerdo con PRO-VIDA, el 95 % de las familias que se dedican a la agricultura se ven afectadas todos los años con la pérdida de sus cultivos, lo que provoca inseguridad alimentaria y desnutrición infantil. “Alrededor del 30 % tienen acceso a agua potable por cantareras en los cantones, a los servicios de recolección de desechos sólidos solo tienen acceso las personas que viven en el casco urbano, mientras que solo el 40 % más o menos tienen acceso servicios de letrinas en el área rural de Tacuba”, describe González.
El hambre es otra de las emergencias en Tacuba
La inseguridad alimentaria es una de las principales amenazas que padecen las personas que viven en condición de pobreza en Tacuba, según lo han documentado organismos como la Asociación de Desarrollo Juvenil del Municipio de Tacuba (ADEJUMUT) y PRO-VIDA.
En 2007, las familias más afectadas pasaron a ser parte del entonces programa de atención a familias en pobreza llamado Red Solidaria. Para ese año, Tacuba ocupaba el puesto 44 dentro de los 100 municipios más pobres del país.
PRO-VIDA trabaja en cinco comunidades de Tacuba desde el 2019 con programas de seguridad alimentaria para familias en condición de pobreza.
Marcelo Galicia es el presidente de ADEJUMUT. Con el colectivo de jóvenes impulsa campañas de donación de víveres para ayudar en Tacuba a las familias en condición de pobreza. Tras las afectaciones por las fuertes lluvias que se registraron a mediados de junio, recolectaron alimentos que luego entregaron a mujeres y a personas adultas mayores que perdieron sus cultivos o fueron afectadas por las lluvias.
“La mayor parte de las familias padecen inseguridad alimentaria en Tacuba, sobre todo, las mujeres, niños, niñas y adultos mayores. Ellos son los más vulnerables. A veces en mi casa, en el local [de la asociación] llega la gente a preguntarnos cuándo les vamos a apoyar, porque aquí no hay empleos, más que en la agricultura, o en servicios de restaurantes o tiendas”.
Una de las personas beneficiadas de esas campañas fue Micaela García. Tiene 75 años y vive en el cantón El Chagüite, a dos horas del casco urbano. Su vivienda también sufrió daños por las fuertes lluvias de junio. Mientras recibía una bolsa con arroz, frijoles, azúcar, pastas, leche, pan, entre otros productos, relató que, en la madrugada del 17 de junio, parte del techo de lámina de su casa se cayó.
Micaela en su casa con su perrita Linda. Fotografía: Kellys Portillo.
“Está triste mi casa. Ni acordarme me da, porque las lluvias unos pliegos de lámina me han dejado y las demás las tiró adentro. Es como estar afuera. El día del padre [17 de junio] nos acostamos sin pena, pero nunca imaginé que iba a quedar sin casa. Eran las 12 de la noche”.
Este es el segundo año consecutivo que Micaela se ve afectada desde el inicio de las lluvias. El año pasado, la tormenta también le derribó el techo. Su vivienda también es un rancho de paredes de tierra y láminas oxidadas. Se ubica en un terreno vulnerable a deslizamientos y a caídas de árboles. Cuando llueve se llena de agua que convierte al piso de tierra en un lodazal.
La vivienda de Micaela tras las lluvias del 17 de junio. Fotografías: Kellys Portillo.
Durante el día, Micaela pasa en esta champa para aprovechar la luz eléctrica que le llega a través de un pequeño cable, del cual cuelga un foco. Al interior de su champa está su cocina de bloque donde cocina, con leña, el maíz, los frijoles y el café. Por las noches, baja a dormir a la casa de una de sus nueras donde se alumbran con lámparas. La casa o champa de su nuera tampoco es segura. No cuenta con horcones o bases y las paredes están agrietadas. Solo es el cajón cubierto de tierra, con bigas y láminas. “Con una lamparita me ando adentro. No tenemos corriente. Nos toca comprar seguido las lámparas de a dólar”.
Micaela vive con dos de sus nietos, quienes se dedican a cultivar maíz y frijoles. Ella cría animales de corral como gallinas y cerdos que vende para sobrevivir. “Con mi maicito ahí voy pasándola, para la azúcar ahí vendo mis libras de maíz”.
Las lluvias también afectaron los cultivos de maíz de la familia de Micaela. María, su nuera, cuenta que la mitad de su milpa se perdió por las correntadas de lluvias. “Quizás como unas seis tareas se arrancaron. Limpio dejaron los cultivos acá”.
Micaela tiene casi dos décadas viviendo en este lugar. Sus nietos se han dedicado al cultivo de maíz. Ella cría animales de corral para venderlos. Fotografías: Kellys Portillo.
A esto también se suma la plaga del gusano cogollero que les come las hojas de los cultivos de maíz provocando daños intensos en las plantas. En el Chagüite, la mayoría de las milpas habían sido afectadas por este gusano, explicaron sus agricultores.
Eduardo González, de PRO-VIDA, indicó que los daños a los medios de vida, como la agricultura, son recurrentes en Tacuba ya sea por sequía o por las lluvias.
De acuerdo con el «Informe Seguridad Alimentaria y Medios de Vida», elaborado por PRO-VIDA, y publicado en marzo de 2024, en las comunidades La Pandeadura, La Angostura, El Sincuyo, El Níspero, y Loma Larga, ubicadas en Tacuba, el 100 % de la población se vio afectada por la sequía de febrero y marzo de 2024, es decir 5,157 personas de 1,537 hogares
Para junio, Guillermo Jiménez, un agricultor del cantón San Juan, ya registraba una pérdida del más del 50 % de su cosecha de maíz. “De la manzana que cultivo, he perdido la mitad. Así cómo está el tiempo en cuanto a cultivos, los granos básicos van a bajar la cosecha. Se ha perdido la primera siembra, que es la mejor”.
Guillermo vive en una zona vulnerable a movimientos sísmicos. Asegura que, para los terremotos de 2001, las autoridades estatales le recomendaron a él y al resto de la familia salirse del lugar para evitar tragedias, pero nunca les ofrecieron alternativas. En su cantón, él es un líder en la defensa del agua y el medio ambiente. Los deslizamientos o posibles derrumbes le preocupan, sin embargo, por hoy, la pérdida de sus cultivos es la que le quita el sueño y la paz mental.
“Cuando la milpa está buena se saca hasta 60 quintales de maíz, ahora, si al caso, sacaré unos 30. Casi se cultiva para sobrevivir, para los gastos del hogar. Con esos siete días de temporal [registrados en junio] no se pudo ir a trabajar a la milpa para ganar un dólar para el azúcar”.
Guillermo, a veces trabaja, en milpas ajenas para ganar dinero y poder comprar alimentos para su hogar, compuesto por su esposa y dos hijos. Cuando llueve seguido, sus servicios como jornalero no son contratados. Cuando eso pasa, esta familia reduce sus tiempos de comida.
Para mitigar esta situación, organismos como PRO-VIDA entregan cada año, desde 2019, alimentos a las familias más afectadas o transferencias económicas para que varíen su dieta. Eduardo aseguró que cada año benefician alrededor de 600 familias.
“Estamos trabajando con una respuesta combinada entre entrega de paquetes de productos de higiene personal y también se les entrega transferencias monetarias para que ellos compren alimentos… Nos basamos en el periodo de hambre estacional, que por lo general comienza en junio, julio agosto, septiembre. Son los meses intermedios, entre la cosecha de primera y la siembra postrera”.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se prevé que para 2030 más de 600 millones de personas se enfrentarán al hambre en el mundo. Quienes experimentan inseguridad alimentaria no llevan una alimentación sana, como en el caso de Tacuba donde las personas no tienen acceso a empleos y muchas alquilan la tierra para cultivar maíz y frijol, la principal dieta en la zona. El desarrollo nutricional de la niñez se ve amenazado.
Invertir en la agricultura, dice la ONU, es fundamental para reducir la pobreza y el hambre al tiempo que aumenta la resiliencia de las personas frente a desastres.
Eduardo González, de PRO-VIDA, advierte nuevamente que en Tacuba es urgente intervenir para poner fin al hambre y a otras emergencias que enfrentan las familias, a fin de evitar tragedias como la del 17 de junio o muertes por desnutrición.
