Levi Morales, de 23 años, fue detenido en noviembre de 2022 bajo el régimen de excepción. Según su familia, en dos ocasiones un juzgado determinó que no existían motivos para que continuara en prisión. Ayer por la tarde, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) anunció su liberación a través de las redes sociales.
La familia de Levi fue a recogerlo al centro penal de Izalco, acompañada de representantes de Fespad. Esperaron una hora y media para que la Dirección General de Centros Penales cumpliera la orden del juzgado.
«Levi ha tenido que enfrentar las consecuencias de errores del sistema de justicia: condiciones deplorables de detención, daños a su salud física y emocional y la privación de su libertad a pesar de existir una orden judicial. Hacemos el llamado al Estado de El Salvador a tomar medidas para evitar este tipo de errores», expresó Héctor Carrillo, director ejecutivo de Fespad.
El líder indígena y padre de Levi, Silverio Morales, expresó alegría por la liberación de su hijo de la cárcel, pero lamentó las precarias condiciones de salud en las que se encuentra. «Ha salido mal de salud. Nos han pedido que él no dé declaraciones de nada. Estoy agradecido por la liberación y el trabajo de los defensores».
Desde que entró en vigor el estado de excepción, el 27 de marzo de 2022, las autoridades han privado de libertad a 79,947 personas. Más del 90 % de estas personas permanecen en prisión sin una sentencia judicial en su contra, según la actualización de datos proporcionada por el Gobierno. Además, las autoridades han informado de la liberación de aproximadamente 7 mil personas detenidas por falta de pruebas en su contra.
En una entrevista con Alharaca, Irene Cuéllar, investigadora para Centroamérica de Amnistía Internacional, resaltó que mientras las personas detenidas bajo el régimen de excepción sigan compareciendo en tribunales para firmar, su libertad sigue siendo limitada. Señaló que existe un factor común en todo el proceso: la arbitrariedad. Desde la detención inicial hasta la determinación de medidas sustitutivas, el proceso se caracteriza por su falta de transparencia.
Para Zaira Navas, jefa de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal, todas las personas adultas detenidas siguen siendo procesadas, sin que se haya llevado a cabo una vista pública que resulte en condenas bajo este régimen. Aunque hay diferencias en el tratamiento legal de las personas adolescentes, aún persisten extensiones de audiencias preliminares, lo que indica que el proceso se encuentra en una etapa de instrucción y no ha llegado a una sentencia final.
«Hay una diferencia con las personas adolescentes a quienes se aplican las reglas de la Ley Penal Juvenil y en el caso de ellos sí ya hay varios condenados. No tenemos el dato exacto, pero en este momento lo que estamos viendo es que hay prórrogas incluso para la audiencia preliminar. Lo último que sabemos es que la Fiscalía [General de la República] ha presentado requerimientos por grupos de personas bastante grandes, más de 100-200, pero eso implica que es todavía la etapa de instrucción, no han ido a sentencia», explicó Zaira Navas.
En noviembre de 2023, cuando Levi había cumplido 12 meses de detención, Silverio Morales afirmó que su hijo se dedicaba a la producción y venta de jícamas, así como a la crianza de animales. Explicó que, con las ganancias de su trabajo, Levi ayudaba económicamente a su familia, en una entrevista con Alharaca expresó: “La justicia sería la liberación, porque no ha cometido ningún delito, ni es miembro de pandillas. Si fuera miembro de pandillas, yo mismo se lo entregaría a las autoridades, pero no es ningún miembro de pandillas, por lo tanto, no debería de estar castigado. No deberían aplicarle el régimen de excepción porque no ha cometido ningún delito”.
El 9 de mayo, en su primera Sesión Plenaria Extraordinaria, el oficialismo y sus aliados aprobaron la prórroga 25 del régimen de excepción, el cual está vigente en El Salvador desde marzo de 2022, manteniendo suspendidos tres derechos constitucionales:
- Informar a las personas sobre su detención y derecho a la defensa.
- Que la detención no exceda a las 72 horas.
- La privacidad de las telecomunicaciones.
El nuevo Congreso, bajo control del oficialismo, aprobó la extensión con 57 votos a favor de los 60 diputados. Esta medida estará vigente hasta el 11 de junio de 2024.
Siete organizaciones no gubernamentales* han informado que han registrado un total de 6,305 denuncias de violaciones a los derechos humanos, que incluyen detenciones ilegales, arbitrarias y tratos crueles. Además, han documentado la muerte de 244 personas privadas de libertad bajo la custodia del Estado.
El 9 de mayo, estas organizaciones defensoras de derechos humanos *** presentaron ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (WGEID) un informe que documenta 327 desapariciones forzadas o involuntarias ocurridas desde el inicio del régimen de excepción. El término se refiere a situaciones de privación de libertad por días, semanas o meses, en las que agentes del Estado no reconocen que se está deteniendo a la persona ni proporcionan información sobre su situación de privación de libertad.
*Azul Originario; Centro de Estudios de la Diversidad Sexual y Genérica (AMATE); Cristosal; Fespad; Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca); Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos y Servicio Social Pasionista (SSPAS).
