En El Salvador, las mujeres enfrentan una brecha salarial significativa, ganando en promedio $40 menos que los hombres por realizar el mismo trabajo. Esta disparidad salarial se ve agravada por el hecho de que las mujeres son principalmente responsables de los cuidados y del hogar, lo que las hace más vulnerables al impacto del aumento en el costo de vida. En la marcha del Día Internacional del Trabajo, se evidenciaron estas preocupaciones y otras demandas dirigidas al Gobierno actual.
En medio de las protestas contra el régimen de excepción vigente desde el 27 de marzo de 2022, se resaltó la escasez de presupuesto en instituciones clave como el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y la Universidad de El Salvador (UES). Además, se hizo hincapié en la falta de reconocimiento de la labor de cuidados como un trabajo. Como punto central de las demandas, se destacó el aumento del costo de vida y los salarios insuficientes para cubrir las necesidades básicas.
Representantes de diversas organizaciones sindicales y de la sociedad civil se reunieron en la intersección de la Alameda Juan Pablo II y el Bulevar Constitución, el 1 de mayo. Durante la concentración, visibilizaron el incremento en el costo de la vida y la insuficiencia de los salarios para hacer frente a este aumento. Entre las y los participantes se encontraban la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de El Salvador, la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES), y la Asamblea Feminista, junto al Movimiento Ampliado LGBTIQ+, entre otros.
La Asamblea Feminista destacó que la canasta básica urbana alcanzó los $256.81, lo cual contrastaba con los salarios mínimos para sectores como el de comercio, servicios e industria que se sitúan en $364.80 y para el sector maquilas y trabajo a domicilio, donde el sueldo es de $359.16. Esta situación deja poco margen para cubrir otras necesidades esenciales de los trabajadores.
Mariana Méndez, integrante del FEASIES, cuyo nombre fue modificado por su requerimiento, señaló que los salarios son insuficientes para las trabajadoras que también deben encargarse de los hogares, incluyendo los gastos de transporte escolar y otros servicios. “Los funcionarios están metiendo la pobreza debajo de la mesa porque la verdad es que un solo sueldo no alcanza para nada ya”, afirmó Méndez.
Según la economista, investigadora y docente universitaria Saira Barrera, con el actual salario mínimo de $364.80, sin descuentos legales como AFP, seguro social o renta, en 2024 solo alcanza para comprar una canasta básica alimentaria y una tercera parte adicional para un hogar de cuatro personas.
«Estamos hablando estrictamente de necesidades calóricas. De acuerdo con la línea de pobreza establecida, aquellas personas que tienen un ingreso suficiente para comprar el doble de la canasta básica alimentaria ya no son consideradas pobres. Las que no tienen el doble, pero tienen más de una, son consideradas pobres relativas, y aquellas personas que no tienen ni siquiera una son consideradas pobres extremas. Entonces, tenemos que el salario mínimo condena a una familia de cuatro personas a la pobreza relativa”, explicó Barrera.
El artículo 144 del Código de Trabajo establece que “todo trabajador, incluso el trabajador a domicilio tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra suficientemente las necesidades normales de su hogar, en el orden material, moral y cultural, el cual se fijará periódicamente”. Esto implica que, independientemente de cuántas personas del mismo hogar tengan un trabajo remunerado, cada persona trabajadora debe recibir un salario que le permita sostenerse y vivir dignamente.
Último aumento fue una decisión aleatoria
Barrera explica que, para llevar a cabo un ajuste salarial, el Consejo Nacional del Salario Mínimo, un organismo del Ministerio de Trabajo compuesto por tres representantes del interés público, dos representantes del interés de los trabajadores y dos representantes del interés de los patronos, debería establecer los indicadores que se deben tener en cuenta para realizar dicho ajuste.
El último aumento al salario mínimo se aprobó en 2021. Nayib Bukele promovió este aumento el 1 de julio del 2021, el mismo día en que se hizo pública la Lista Engel de “actores corruptos que atentan contra la democracia”. Según la economista, el proceso de aprobación de este incremento del 20 % fue «bastante opaco y expedito».
Durante la marcha, una de las demandas fue que el Consejo Nacional del Salario Mínimo se reúna y discuta un incremento adecuado a las nuevas necesidades de la población. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, expresó en abril de este año que la revisión al salario mínimo depende de Nayib Bukele.
Salarios por debajo del costo de vida
El economista José Luis Magaña agregó que, desde agosto de 2021, cuando entró en vigor el último incremento, hasta marzo de 2024, el costo de la canasta básica alimentaria había aumentado en un 24.4 %. “Eso quiere decir que ese aumento al salario mínimo ya perdió la capacidad adquisitiva que pudo haber logrado en un inicio”.
La ley establece que los salarios deben ser revisados, al menos, cada tres años y deben tener en cuenta el costo de la vida. Para determinar este dato, según lo dispuesto en el artículo 146 del Código de Trabajo, se deben considerar los gastos ordinarios en alimentación, vestuario, vivienda, educación y protección de la salud de una familia obrera promedio, campesina o urbana.
Estos factores se están incumpliendo. “Si el salario mínimo es de $365 y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para marzo de este año es de $254.79, según la Oficina Nacional de Estadística y Censos (ONEC), estamos hablando que le deja a la familia poco más de $110 para cubrir el resto de sus necesidades”, apunta Magaña. Es por ello por lo que, representantes de sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y de colectivas reclamaron salarios que les permitan mejorar sus condiciones de vida durante la marcha del 1 de mayo.
Maricarmen Molina, secretaria general de la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de El Salvador, exigió que el Consejo Nacional del Salario Mínimo tome acción y señaló: «Desde la Asamblea Legislativa, desde la Comisión de Trabajo, debe haber una iniciativa de reforma; porque si no lo hace el Ejecutivo, que lo haga el Legislativo», acotó sobre la recién extinta Comisión de Trabajo. Además, agregó: «Necesitamos que se instale el Consejo del Salario Mínimo, porque es allí donde se discute el incremento y queremos que sea un incremento sobre la base del costo de la vida, que realmente cubra las necesidades de la persona trabajadora».
Al respecto Mariana Méndez, integrante del FEASIES, agregó que dentro de la discusión es necesario que se incorporen las cargas que recaen sobre las mujeres trabajadoras, como el cuidado del hogar y las personas que lo conforman. «No solo se trata de ir a trabajar y ganar dinero para el hogar, la comida y las necesidades de la familia, sino también de mantener la casa: la limpieza, la preparación de la comida, el transporte y los gastos médicos. Es como tener otro trabajo», expresó.
«La tarifa mínima afecta a hombres y mujeres de manera diferente porque participamos en el empleo en distintas ramas productivas», aclaró Barrera, y agregó que el trabajo de las mujeres tiende a concentrarse en actividades económicas informales, por lo que un ajuste salarial dirigido principalmente a la población asalariada les beneficia menos.
Barrera destaca que hombres y mujeres reciben de forma diferencia el impacto de la inflación ya que, por la división sexual del trabajo, las que atienden los cuidados en los hogares son las mujeres. «Las mujeres son quienes enfrentan el estrés de estirar el dinero para alimentar lo mejor posible a la mayor cantidad de miembros de la familia», afirmó, destacando que esto se debe a que socialmente son las encargadas de administrar los hogares.
La brecha salarial entre géneros se agrava porque las mujeres suelen tener empleos de menor calidad en comparación con los hombres. Esto según la última edición del Índice de Mejores Trabajos 2024 «Calidad del empleo en América Latina, entre la informalidad y salarios que no alcanzan» del Banco Interamericano de Desarrollo, El Salvador ocupa el puesto 14 de 17 países de América Latina.
El informe también señala que las mujeres de América Latina enfrentan condiciones laborales menos favorables que los hombres, con una diferencia de 16 puntos en el Índice de Calidad del Empleo. En este segmento, El Salvador se sitúa en el puesto 13 de 17 países, lo que indica que la brecha laboral entre hombres y mujeres en el país es más amplia que en otras naciones de América Latina. Según el estudio, «De 2010 a 2022, el Índice de Mejores Trabajos para las mujeres creció a una tasa de 0.8 % anual. A ese ritmo, el Índice para las mujeres tardaría más de 47 años en alcanzar el nivel de calidad y cantidad del empleo que tienen los hombres para 2022».
Las dos propuestas de incremento al salario mínimo: 25 % o 40 %
Aunque en la marcha se pidió instalar el Consejo Nacional del Salario Mínimo, y escuchar atentamente las necesidades de los trabajadores, la sociedad civil ya diseñó dos propuestas.
La Mesa por la Soberanía Alimentaria solicita un aumento del 40 %. Alberto Blanco, parte de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, señala que esta revisión debió realizarse el año pasado y que el salario mínimo debe ajustarse para responder a las necesidades de la población. Además, añade que no solo debería revisarse el salario mínimo, sino también la estructura de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que se encuentra desactualizada.
“El salario mínimo al menos debería ser alrededor de $600, esto para responder tanto a los incrementos producto de la inflación, la especulación, la inacción del Gobierno y a responder a una nueva canasta básica que realmente recoja las necesidades de la población”, declaró Blanco. Esto “evitaría que el incremento sea absorbido por la inflación automática alrededor del incremento de los salarios mínimos”.
Por otro lado, el Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) planteó este año un incremento del 25 %.
A pesar de estas sugerencias y peticiones de la sociedad civil, así como de los trabajadores organizados, no se ha comunicado ninguna evaluación o estudio que el Ejecutivo esté realizando para cumplir con esta demanda.
