Un altar lleno de flores, velas y retratos se erigía frente a la Universidad de El Salvador, honrando a las mujeres víctimas de la violencia feminicida. También había mensajes dedicados para las que están reportadas en situación de desaparición y para denunciar las agresiones sexuales hacia las niñas, la violación sexual y el embarazo producto de violación. Los mensajes de justicia y memoria captaban la atención de quienes llegaban al lugar.
Este altar, cargado de solemnidad y simbolismo, no solo marcaba el inicio de la marcha del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, sino que también simbolizaba la urgencia de alzar la voz por las que ya no están.
Los retratos recordaban a Katya Miranda, Carla Ayala, Karla Turcios, Fernanda Nájera, Rosa Elvira Flores, entre otras víctimas de feminicidio. Eneyda Abarca recordó, en el altar, que no sabe nada de su hijo Carlos Abarca desde el 1 de enero de 2022.
Desde este punto de encuentro, cientos de mujeres avanzaron por la 25 Avenida Sur hasta el parque Cuscatlán, llevando consigo un mensaje claro: “Unidas luchamos, resistimos y avanzamos”.
A medida que la marea feminista llenaba las calles, los cánticos y los tambores resonaban en cada esquina, transformando la capital en un espacio de resistencia y esperanza. Durante el recorrido, las manifestantes denunciaron los retrocesos del gobierno en políticas públicas para mujeres, lamentando la desaparición de programas de prevención y atención a la violencia, así como el abandono de proyectos destinados a mujeres rurales. “No se trata solo de datos, son vidas en juego”, se leía en una pancarta mientras los pasos firmes marcaban el ritmo de la protesta.
La marcha no solo fue un acto de denuncia, sino también de memoria. En medio del colorido y las consignas, las organizaciones feministas dieron a conocer las alarmantes cifras de violencia en el país. “De enero a noviembre de 2024, hemos registrado 36 feminicidios y 67 muertes violentas de mujeres”, declararon con indignación.
Keyla Cáceres, de la Asamblea Feminista, subrayó que estas cifras reflejan una crisis de seguridad pública y la falta de voluntad política para garantizar la vida y los derechos de las mujeres. “Es necesario recalcar que estos datos son recopilados por nosotras, ya que desde 2022 el gobierno mantiene en reserva información sobre feminicidios y desapariciones”, afirmó frente a las manifestantes.
Las denuncias no se limitaron a los feminicidios. La marcha también fue un espacio para exigir justicia por las 7,742 mujeres detenidas bajo el régimen de excepción. De ellas, 17 habrían sido asesinadas en prisión y cuatro niñas han muerto bajo este régimen, según cifras de las organizaciones convocantes. “Esto solo demuestra que el discurso oficial sobre la seguridad es una falacia. Las mujeres en comunidades, territorios, zonas marginalizadas y urbanas siguen enfrentando violencia estructural”, sentenció Cáceres, recibiendo un coro de aplausos de las asistentes.
Para las organizaciones de mujeres, de la que es parte la Asamblea Feminista, El Salvador ha retrocedido en la de defensa de los derechos humanos, especialmente de las mujeres desde que Nayib Bukele asumió la presidencia el 1 de junio de 2019 y finalizó su periodo constitucional el 31 de mayo de 2024.
Entre abril y diciembre de 2023, el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina) reportó 5 mil 430 víctimas de violencia sexual. Mientras que la Fiscalía general de la República en su informe de labores de junio 2023 a mayo de 2024, registró 20 mil 950 hechos de violencia feminicida, sexual, física, psicológica y patrimonial, de acuerdo con el comunicado de las más de siete organizaciones de mujeres que convocaron a la marcha.
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Otras expresiones de denuncias
Desde el cantón Chancala, en el distrito de Mejicanos, Marisol llegó a la marcha. Iba acompañada de un grupo de mujeres que forman parte de la Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO) de la comunidad. Su propósito era denunciar la violencia económica que enfrentan en este cantón debido a la falta de empleo y de políticas públicas que apoyen a las mujeres rurales. Hace cuatro años, dejó de vender verduras en los alrededores del mercado Zacamil, después del desalojo de vendedoras y vendedores de esa zona.
“Las emprendedoras estamos arruinadas ahí, porque no tenemos un documento escrito para vender. Nos sacan. Si yo voy a vender al mercado me sacan por ser ambulante”.
Esta situación ha incrementado la pobreza en su hogar, ya que su única fuente de ingresos es, en ocasiones lavar ropa ajena. En Chancala viven alrededor de 250 personas, muchas de ellas mujeres que, al igual que Marisol, se dedican a la venta de tortillas o trabajo del hogar remunerado.
Marisol también exige proyectos de desarrollo que mejoren el acceso al agua, los caminos vecinales y los servicios de salud y educación, que considera derechos fundamentales aún negados en su comunidad. Según ella, varias niñas y niños del cantón dejan de estudiar debido a la falta de docentes.
“Ahí hay una escuela cerca, pero no hay maestros porque no hay ingresos. Si usted ve en la comunidad, hay bastantes niños que no estudian”.
La violencia económica golpea especialmente a las mujeres rurales, vendedoras desalojadas y a las mujeres despedidas, quienes enfrentan la creciente presión del costo de la vida en 2024, señalaron las organizaciones feministas durante la marcha. En las zonas rurales, el incremento de la canasta básica fue de $ 47.52, mientras que en las urbanas fue de $59.67.
“Denunciamos el alto costo de la vida que golpea a niñas, mujeres y a la población que carga con la economía familiar, poniendo en riesgo la salud nutricional de las familias salvadoreñas”, fue parte del comunicado de la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM El Salvador), Católicas por el Derecho a Decidir, Asamblea Feminista, Red Feminista Frente a la Violencia contra las Mujeres (RDFEM), la Resistencia Feminista y otras organizaciones de la sociedad civil.
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Las mujeres con discapacidad a causa de la guerra también sufren violencia
Olga Serrano, directora de la Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador (Alges), denunció que, con el cierre del Fondo de Protección de Lisiados, las mujeres que tienen discapacidad a causa de la guerra han quedado sin acceso a los beneficios que antes recibían. Explicó que, mientras existía el fondo, las mujeres eran priorizadas en la entrega de apoyos productivos y créditos, pero desde 2022 esto ha desaparecido. A partir de ese año, la atención en la salud también se ha vuelto más difícil, aseguró.
“La atención en salud es complicadísima. La ley contempla ese beneficio de salud, pero al momento de aplicarla no se hace. No hay un mecanismo establecido de cómo se va a atender a la gente”.
Actualmente, Alges cuenta con 1, 048 mujeres afiliadas. Durante la marcha, según Olga, más de 200 mujeres de Morazán, Usulután, Cabañas y Chalatenango se unieron para alzar su voz. “Somos mujeres de avanzada edad. La discapacidad, más las enfermedades, es una situación bastante complicada […]. En el caso de las mujeres lisiadas, hay algunas que les falta un riñón. Los problemas de salud más complicados en las mujeres son los tumores cancerígenos y la hipertensión”, describió.
Destacó que al menos cinco mujeres con discapacidad que pertenecen a Alges han muerto debido a la falta de atención médica adecuada. Esta situación se ve agravada por las condiciones de pobreza en las que viven muchas de ellas. La pensión que reciben cada mes por su discapacidad es su único ingreso, y va desde los $175 en el caso de quienes tienen una discapacidad parcial, hasta los $444 para aquellas con discapacidad total.
Las mujeres con discapacidad producto del conflicto armado también denunciaron el desinterés estatal. Según los datos presentados por las organizaciones durante la marcha, el 68 % de las mujeres con discapacidad ha sufrido violencia sexual, y el 30.8 % ha enfrentado violencia psicosocial o emocional. En la mayoría de los casos, los agresores son sus parejas o vecinos. Además, el 52.4 % de las mujeres reportaron haber sido maltratadas en el sistema de salud público.
Alges está trabajando en una propuesta de reformas legales que presentarán a la Asamblea Legislativa, con el objetivo de mejorar la atención a la salud de las personas con discapacidad a causa del conflicto armado.
Por más acciones a favor de las mujeres
La marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres en El Salvador concluyó en el Parque Cuscatlán con una serie de demandas. Entre ellas, las mujeres, exigieron políticas públicas más efectivas para las salvadoreñas, el alto a la reserva de datos sobre violencia contra las niñas, y una educación integral de la sexualidad, basada en un enfoque laico y científico. También pidieron la despenalización del aborto y la libertad inmediata para las víctimas del régimen de excepción.
Con la marcha, las organizaciones iniciaron los 16 días de activismo naranja contra la violencia de género, que finalizarán el 10 de diciembre, Día Mundial de los Derechos Humanos.
