El sector maquila continúa siendo uno de los principales empleadores de mujeres en El Salvador, pero también uno de los más precarios. La Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM) de 2024 registró 1,222,000 mujeres con ocupación laboral. De ellas, 117,897 se desempeñan dentro del grupo ocupacional de oficiales, artesanas y operarias, donde se ubica la maquila textil.
En este contexto, ORMUSA ha documentado durante años despidos injustificados, negociaciones fallidas y cierres empresariales que dejan a cientos de personas sin indemnización. Carmen Urquilla, coordinadora del Programa de Justicia Laboral y Económica, explica que la defensa de derechos laborales fue uno de los primeros ejes de trabajo institucional, incluso antes de que la organización fuera ampliamente reconocida por su labor contra la violencia de género.
“Cuando ORMUSA inició uno de sus primeros trabajos lo hizo a través de una academia de costura, de corte y confección. Aparte de esa academia, tenía la función de enseñar a las mujeres un oficio, para que ellas pudieran tener algún ingreso económico, pero la casa también funcionaba para dar talleres de participación política de las mujeres, de empoderamiento, hablar sobre sus derechos, incluido el derecho a vivir sin violencia”, relata Urquilla.
El trabajo en maquila, sin embargo, ha estado marcado por condiciones que distintos estudios califican como altamente precarizadas. El informe Mujeres en la maquila textil: cuerpos, vidas y resistencia (2023) describe este empleo como uno de los más deshumanizantes a nivel global. Entre sus hallazgos señala que más del 70 % de las trabajadoras desarrolla enfermedades laborales después de apenas un año, entre ellas afecciones respiratorias, dolores crónicos de columna, síndrome del túnel carpiano y desgaste articular.
En abril de 2025, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social publicó una actualización del salario mínimo del sector maquila a $402.26 mensuales, equivalente a cerca de $1.60 por hora. En ese mismo tiempo, las operarias pueden verse obligadas a completar entre 20 y 25 piezas por hora: menos de diez centavos por cada prenda cosida.
Aunque el Programa de Justicia Laboral y Económica ha diversificado su trabajo en los últimos años, Urquilla asegura que nunca han dejado de acompañar a las trabajadoras de maquila. ORMUSA ha sido clave en distintos procesos por despidos injustificados y en la búsqueda de indemnizaciones tras el cierre de fábricas.
Diplomacia creativa
De acuerdo con una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de El Salvador, el sector maquila comenzó a instalarse en el país en la década de 1970, pero se expandió tras la firma de los Acuerdos de Paz, especialmente con la aprobación de la Ley de Zonas Francas.
Esta legislación permitió a las empresas operar sin pago de impuestos hasta por un periodo de 20 años si instalaban sus plantas fuera del área metropolitana. Según Urquilla, algunas compañías cierran operaciones justo antes o después de alcanzar ese límite, dejando a cientos de personas desempleadas.
“En los cierres responsables no hay mucho qué hacer, aparte de asesorar a las personas. Pero también, en los últimos años, hemos visto muchas empresas que han cerrado y han pagado a la gente su indemnización, su pasivo laboral y no queda mucho que hacer. Pero hay otros casos que, es cierto que en los últimos años son menos, de empresas que cierran sin seguir ningún tipo de proceso. Simplemente abandonan el lugar de trabajo [y] los empleadores y las personas quedan a la deriva”, explica Urquilla.
Uno de esos casos fue el de la planta Florenzi, cerrada en 2020, cuyo proceso judicial aún continúa. La ausencia de representantes legales dificulta incluso la notificación de demandas.
“Uno de los problemas que existen cuando cierran las empresas es que no existe a quién notificar y, muchas veces, por esos temas de requisitos legales los casos se caen. Ahora nos estamos enfrentando a ese problema. La empresa ya pagó, ya cerró. No hay donde se vaya el juzgado a hacer la notificación de la demanda”, agrega.
Ante este escenario, ORMUSA ha impulsado procesos de negociación para garantizar el pago de indemnizaciones. En algunos casos, estas gestiones se realizan directamente con marcas internacionales que mantenían contratos con las maquilas, con mediación del Ministerio de Trabajo y la Procuraduría General de la República.
En ocasiones, la organización ha recibido los fondos bajo supervisión estatal para entregarlos directamente a las trabajadoras. Sin embargo, incluso en esos procesos surgen nuevas contradicciones.
“Aunque el dinero venga como ayuda humanitaria, ORMUSA no es la empleadora. Estamos obligadas a descontarles el 10 % de impuesto a las mujeres cuando se les entrega”, explica. Solo en el caso Florenzi lograron una exoneración aprobada por la Asamblea Legislativa.
Cuando los fondos son recibidos por el Ministerio de Trabajo, si una sola persona de la planilla no es ubicada, el dinero no puede entregarse. Esta limitación llevó a que, en algunos casos, ORMUSA comenzara a recibir los fondos bajo supervisión institucional, ya que la organización no está sujeta a que todas las exempleadas se presenten al mismo tiempo para hacer efectiva la entrega.
El resultado, señala Urquilla, es paradójico: empresas que operaron durante años con beneficios fiscales terminan trasladando cargas tributarias a las indemnizaciones de sus extrabajadoras. Además, el envío de fondos como “ayuda humanitaria” permite a las marcas evitar reconocer vínculos laborales.
La situación podría complicarse aún más con la aplicación del Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), que grava hasta con un 30 % los fondos provenientes del exterior. Para ORMUSA, inscrita en este registro y actualmente exenta por un año, la medida podría poner en riesgo la continuidad de la gestión de las indemnizaciones.
La situación podría complicarse aún más con la aplicación del Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), que grava hasta con un 30 % los fondos provenientes del exterior. Para ORMUSA, inscrita en este registro y actualmente exenta por un año, la medida podría poner en riesgo la continuidad de la gestión de indemnizaciones.
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Otras estrategias
En los últimos 8 años, el programa también ha ampliado sus acciones hacia la atención legal y psicosocial para trabajadoras de distintos sectores. ORMUSA mantiene un Observatorio Económico y Laboral de las Mujeres y otro enfocado en violencia de género, desde donde documenta vulneraciones laborales y tendencias del empleo.
Uno de sus hallazgos recientes señala que las atenciones por vulneraciones laborales registradas por la Procuraduría General de la República aumentaron más de un 60 % entre 2023 y 2024.
A través de alianzas institucionales, la organización también impulsó mecanismos que hoy forman parte del trabajo permanente de la PGR, como los embargos laborales en casos de despidos injustificados.
“Si el empleador no quiere pagar, hay ejecutores que pueden embargar propiedades, autos o cuentas bancarias. Eso es lo que más ha funcionado”, explica Urquilla.
El Observatorio Centroamericano de Violencia Laboral reportó que solo en 2023 se perdieron alrededor de 18 mil empleos en el sector maquila debido al cierre de plantas. A finales de 2025, además, una publicación de El Diario de Hoy, citando información del Movimiento de Trabajadores Despedidos, registraba cerca de 19 mil empleos suprimidos en el sector público.
Para Urquilla, la disminución de la coordinación institucional con el Ministerio de Trabajo ha dificultado la atención de estos casos. Aun así, ORMUSA continúa apostando por la capacitación y el acompañamiento directo a trabajadoras que buscan defender sus derechos en un contexto laboral cada vez más incierto.
*Este material fue producido con apoyo de Fundación Avina.
