Ilustración por Nikita Deshpande
Editado en el inglés original por Ruby Russell
Este reportaje se publicó en el proyecto colaborativo Democracy Playbook de Unbias the News, una redacción feminista transfronteriza de Hostwriter dedicada a luchar activamente contra la perpetuación de estereotipos racistas sexistas capacitistas. Consultá el artículo original en inglés aquí.
Es 9 de junio de 2022. Un grupo de mujeres se levanta desde las tribunas públicas del Congreso de los Diputados y eleva sus manos en triunfo. Una celebración llena de emoción resuena en las calles frente al edificio legislativo. Varias mujeres sostienen pancartas que dicen: “¡Ratifiquen el C189 ahora!” mientras se abrazan, unas a las otras. El Congreso había hecho justamente eso: reconocer la igualdad de sus derechos frente a los demás trabajadores de cualquier otro sector.
De hecho, el Congreso tenía pocas opciones. A inicios de ese año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió una sentencia contra el Estado español por discriminación indirecta hacia las trabajadoras del hogar y los cuidados.
Que este caso llegara hasta esta institución europea fue gracias a la campaña que miles de mujeres y más de 60 grupos activistas liderados por personas migrantes han luchado desde 2011. Fue en este año que el Convenio sobre Trabajadoras y Trabajadores Domésticos –conocido como C189– se convirtió en el centro de un movimiento internacional.
Cuatro meses después de que el Congreso ratificara el convenio, las leyes entraron en vigor concediendo a las trabajadoras del hogar y los cuidados –de las cuales un 70 por ciento estimado es migrante– cobertura en seguridad social, incluyendo pensiones y beneficios de desempleo, así como protección frente a despidos injustificados y garantías en protección laboral y seguridad. Ya pueden exigir la obligatoriedad de contratos por escrito, un salario mínimo y protocolos frente a abusos, acoso y explotación laboral.
Sin embargo, algunas de las activistas más comprometidas con el movimiento sabían que no se verían beneficiadas por estas reformas. Aquellas en situación administrativa irregular –sin autorización para residir en el país–, y que en su mayoría realizan trabajos no declarados, no contarían con los recursos legales para reclamar sus derechos.
También las reformas de 2022 llegaron tarde para las mujeres cuyas cotizaciones a la seguridad social anteriores a ese año no les dieron derecho a prestaciones por desempleo y que tuvieron acceso limitado a esquemas de pensión durante gran parte de su vida laboral. Una de esas mujeres es Rafaela Pimentel, de 64 años.
Aun así, Rafaela estaba entre las mujeres que celebraron en las tribunas en ese histórico día de verano, reconociéndose entre aquellas “cuyo trabajo no ha sido reconocido y valorado”.
Incluso Rafaela se muestra sorprendentemente optimista al ver que los derechos por los que ella ha luchado tanto y que le han sido negados, han podido ser otorgados a otras mujeres. “A muchas compañeras les está salvando la vida”, dice sobre las legislaciones posteriores al Convenio 189.
Para las mujeres como Rafaela, la victoria de 2022 fue un hito en una travesía mucho más larga que comenzó décadas atrás antes de que el Convenio 189 fuese redactado, y que hoy en día continúa. Se trata de una lucha que va más allá de los derechos legales y la seguridad financiera. Es acerca de la agencia, la dignidad y el reconocimiento propio de un trabajo esencial que sostiene el funcionamiento de toda la economía.
“Es que sin nosotras, este mundo no funcionaría. Si dejáramos de trabajar un día, esto… ¡vamos!, petaría”, afirma Rafaela.
“Hemos venido a reactivar esa lucha que quedó dormida”
La precariedad de las mujeres empleadas en hogares privados se entrelaza con la historia de los roles de género y la migración, que se extiende hasta al menos a principios del siglo XX, cuando las trabajadoras del hogar eran consideradas “sirvientas”. Durante la dictadura ultraconservadora y nacionalista de Francisco Franco, por lo general estas trabajadoras eran mujeres que se trasladaban de la España rural a las ciudades en busca de empleo.
Como se explica en “En una casa: Genealogía del trabajo doméstico y de cuidados”, los términos utilizados en España para referirse al trabajo doméstico han ido cambiando con el tiempo, reflejando transformaciones sociales, culturales y políticas.
Durante la dictadura de Franco se utilizaba el término “sirvienta”. A partir de la década de 1960 y en las últimas etapas del régimen, comenzó a usarse “empleada doméstica”, en un contexto marcado por el éxodo rural y ciertos cambios en el papel de la mujer, que se interpretaron como un reconocimiento, aunque limitado, de este trabajo. En la actualidad, se habla de “trabajadora doméstica y de cuidados”, una denominación que busca visibilizar mejor tanto el valor del trabajo como su dimensión de cuidados.
“Sirvienta’ — en su forma femenina— marca una profunda diferenciación social entre los grupos destinados a servir y a ser servidos […] Este término está completamente ligado a un modelo social que combina nacionalismo y catolicismo, comúnmente utilizado durante la primera etapa del régimen franquista”.
Fuente: Penyas, A. (2022). En una casa. Publicación. IVAM. https://anapenyas.es/publicacion-en-una-casa/
Para las últimas décadas del siglo XX, muchas más trabajadoras del sector habían migrado, no de otras partes de España sino de lugares más lejanos, particularmente de países de habla hispana de Latinoamérica. Aunque las personas ya no hablaban de tener “sirvientas”, sí continuaba habiendo una gran demanda de “ayuda” en el trabajo del hogar interno, particularmente a medida que cada vez más mujeres españolas salían a trabajar.
Al acceder a trabajos remunerados, estas mujeres obtuvieron mayor independencia económica y posición social, pero a la vez esto profundizó la “crisis de los cuidados” en los hogares españoles. En una tendencia conocida como la “feminización de la migración”, el trabajo vital que antes realizaban esposas y madres –cocinando, limpiando y cuidando de los niños, de los mayores y de los enfermos– fue asignado a migrantes de la Mayoría Global (término que agrupa a poblaciones de América Latina, África y Asia, históricamente marginadas, que constituyen la mayoría demográfica mundial). Y así como las esposas y madres no tenían un sueldo ni derechos laborales, a esa “ayuda” no se le reconoció la dignidad ni los derechos propios de cualquier trabajadora.
A finales de la década de 1960, la dictadura franquista introdujo el Régimen Especial de la Seguridad Social del Servicio Doméstico que otorgó derechos de seguridad social mínimos –por ejemplo, un acceso limitado a cuidados médicos y permisos parciales por enfermedad y maternidad–, pero determinó que las contribuciones estarían basadas en una tasa fija mensual independiente de las horas trabajadas, y que debían ser pagadas por las propias trabajadoras con un salario que a menudo era abusivamente bajo. Muchas mujeres terminaron trabajando en la informalidad.
No fue hasta mediados de la década de 1970 que las “empleadas domésticas” en España comenzaron a organizarse para defender sus derechos, junto al auge de movimientos obreros más amplios mientras el país transitaba hacia la democracia. Exigieron sueldos justos, vacaciones, contratos por escrito y descripciones de trabajo definidas adecuadamente para poder establecer límites frente a lo que los empleadores podían pedirles que hicieran. Sin embargo, los ajustes posfranquistas al régimen especial en 1985 no incluyeron ninguna de estas demandas.
Para el cambio del milenio, las trabajadoras del hogar y los cuidados todavía eran empleadas bajo lo que eran, en gran medida, regulaciones de la era franquista. “Ha habido una desvalorización absoluta del trabajo del hogar y los cuidados, que de por sí no ha sido considerado históricamente un trabajo, sino una ayuda, y esta desvalorización se arrastra”, asegura Edith Espínola, portavoz de Servicio Doméstico Activo (SEDOAC) y del movimiento migrante Regularización Ya!
Sin embargo, el movimiento estaba cobrando impulso y, cada vez más, su causa estaba íntimamente conectada con la lucha por los derechos de las personas migrantes.
“Nosotras, las mujeres migrantes, sentimos que hemos venido a reactivar esa lucha que había quedado dormida, exigiendo derechos que ya no se daban”, dice Edith.
“Desde la lástima nada, desde la dignidad todo”
Cuando Rafaela Pimentel llegó a España en 1992 desde la República Dominicana, ya era una activista experimentada que había luchado por los derechos de las mujeres y contra el racismo, y se había organizado con otras mujeres para exigir servicios básicos como el acceso al agua y a la electricidad.
A inicios del 2000, ya se empleaba como trabajadora interna del hogar y de los cuidados en Madrid. Cuando hablaba con otras mujeres migrantes del sector, surgía una y otra vez la misma pregunta: “¿Por qué, si estamos trabajando, no podemos disfrutar del derecho a vacaciones? ¿Por qué no podemos tener un contrato por escrito o un salario en condiciones, o permiso para ir al médico o acceder a una baja por enfermedad?”
La legislación laboral que regía la mayoría de los empleos no cubría a las trabajadoras del hogar y de los cuidados, de las cuales nueve de cada diez son mujeres. Los empleadores podían despedirlas sin previo aviso, justificación o compensación. Ellas sentían que sus vacaciones eran como un favor. En 2021, Oxfam reportó que a la mitad de las trabajadoras del hogar y de los cuidados en España se les había negado incluso una semana completa de vacaciones.
Para las mujeres migrantes, como Rafaela, el trabajo del hogar y los cuidados era a menudo la única opción. “Siempre se ha hablado del trabajo doméstico como algo peyorativo y algo que tienes que esconder”, dice Rafaela, “Hay gente que dice: ‘Bueno, las trabajadoras domésticas migrantes, ¡pobrecitas!’ Entonces, nosotras eso lo hemos peleado a rabiar y hemos dicho claramente: desde la lástima nada, desde la dignidad todo”.
Con su trayectoria en activismo comunitario, Rafaela supo que reclamar igualdad en derechos significaba escuchar las experiencias de las personas, construir una solidaridad colectiva y, sobre todo, hacerlo con un espíritu de orgullo y celebración.
“Hola, ¿eres trabajadora del hogar? Mira, esto es para ti”
SEDOAC fue una de las primeras asociaciones de trabajadoras del hogar que consiguió un reconocimiento legal en España y fue fundada en 2005 durante una asamblea en América España Solidaridad y Cooperación (AESCO), una organización donde mujeres migrantes de América Latina se reunían para construir redes de apoyo mutuo.
Aprovechando ese impulso de articulación de asociaciones migrantes, al año siguiente Rafaela co-creó Territorio Doméstico en la Eskalera Karakola –un espacio de mujeres autogestionado ubicado en el barrio Lavapiés en Madrid– con el propósito de “resignificar lo doméstico de una manera política”. Pero esto significaba más que manifestaciones y protestas: primero y, sobre todo, significó reunir a mujeres cuyas vidas laborales a menudo las aislaba completamente.
Territorio Doméstico ha ofrecido un espacio “que se siente como casa”, dice Rafaela, donde las trabajadoras del hogar y los cuidados pueden hablar de “lo importante que es su trabajo” y compartir experiencias sobre “las cadenas globales de cuidado: ya sabemos que muchas mujeres llegábamos acá, pero dejábamos nuestros hijos y nuestras familias a que los cuidara otra mujer, que era casi siempre la tía, la abuela, la hermana”.
“Las compañeras salían de sus trabajos e iban directamente a las 5 de la tarde a Eskalera Karakola, donde esa puerta roja y unos ventanales se abrían para recibirlas”, recuerda. A través del teatro, se expresaban, comprendían y resignificaban sus experiencias. La música y la danza les ayudaban a sanar, celebrar y conectar con todas, superando las barreras del idioma entre mujeres de América Latina, África y Europa del Este.
Graciela Gallego se empleó como trabajadora interna del hogar y de los cuidados durante 18 años tras llegar a Madrid desde Colombia en 2001, y luego se convirtió en presidenta de SEDOAC. Dice que todo se trataba de “ser empáticas, unirnos a esa vulnerabilidad compartida que todas nosotras, en su momento, hemos vivido”.
Juntas, Graciela y Rafaela trabajaron para cultivar esa conciencia entre las trabajadoras del hogar y de los cuidados sobre su propio valor y poder. “Nos llevó años concienciar sobre la importancia de cotizar a la seguridad social y de no aceptar un aumento de salario a cambio de renunciar a nuestros derechos”, dice Gallego.
Con el poco tiempo libre que tenían, llevaron su mensaje a los únicos espacios que ofrecían momentos de liberación del aislamiento en sus trabajos. “Hola, ¿eres trabajadora del hogar? Mira, esto es para ti, esta información te ayudará a comprender mejor tus derechos”, recuerda Graciela decirle a las mujeres que se encontraban en estaciones de metro, en tiendas o en la calle haciendo diligencias: “Estábamos ahí fuera compartiendo información, concienciándolas. Poníamos mesas de información y la gente se acercaba”.
A veces, cuando sacaba a pasear a personas mayores al parque, Graciela aprendía de otras mujeres con las que se encontraba. “Ahí es donde se forma una comunidad, no solo de abuelos en el parque, sino también una comunidad de cuidadoras”, dice Graciela. “Había compañeras incluso mejor informadas. Una de ellas me preguntó si tenía planes para un día libre, y yo no sabía que tenía derecho. -¿Ah, tengo derecho? -Sí, sí, claro que tienes derecho. Lo tienes que pedir. Yo no sabía que tenía derecho a disfrutar del puente”.
También visitaron a trabajadoras internas del hogar y de los cuidados que rara vez salían de las casas en las que trabajaban, enfrentando directamente ese aislamiento que contribuye a que las trabajadoras estén más vulnerables frente al abuso y la explotación.
“Estos primeros pasos fueron cruciales para visibilizar nuestros derechos y deberes como trabajadoras del hogar y de los cuidados”, afirma Graciela. El paso siguiente fue llevar esas conversaciones sobre el trabajo hecho en el ámbito privado de los hogares a un público más amplio, transformando esa vergüenza y lástima asociadas a la limpieza, los cuidados y el trabajo doméstico en orgullo.
El 28 de marzo de 2010, Territorio Doméstico y SEDOAC se unieron a otras colectivas y grupos de activistas para realizar su primera manifestación pública: una marcha desde la Eskalera Karakola hasta la Puerta del Sol. “¡Fue hermoso! Salir a la calle fue un paso fundamental para superar el miedo y sostener una sensación de seguridad a las compañeras que estaban en situación administrativa irregular, para sentirnos protegidas”, recuerda Graciela.
Muchas compañeras temían ser reconocidas durante las manifestaciones y que, si sus empleadores las veían, pudieran perder sus trabajos. Así, decidieron convertir el anonimato en una celebración. “Y de ahí nació nuestra pasarela: nosotras nos ponemos pelucas, gafas, nos ponemos nuestros delantales decorados con nuestras demandas y salimos a la calle con esa protección”, dice Rafaela.
Desde entonces, las trabajadoras del hogar y de los cuidados han realizado marchas cada 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer; el 30 de marzo, por el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar; así como paros y manifestaciones en defensa del acceso justo a la vivienda. Estas acciones públicas no han sido solo para exigir igualdad de derechos, dice Rafaela, sino también para reivindicar el “reconocimiento de las trabajadoras del hogar como mujeres con agencia política, que hablan en primera persona”.
“Las raras que no pertenecemos”
Mientras todo esto ocurría en Madrid, en Barcelona el movimiento también iba tomando fuerza. Como Rafaela y Graciela, Norma Falconi vino a España con una trayectoria en activismo político, tras haber luchado por los derechos humanos y participar en luchas obreras en Ecuador.
Poco después de llegar en 1996, trabajó con varios grupos autoorganizados y dirigidos por migrantes, defendiendo los derechos de las trabajadoras del hogar y de los cuidados con Puertas Obertas, y los derechos de los migrantes en situación irregular con Papeles para todos y todas, utilizando tácticas que incluyeron encierros y huelgas de hambre.
Fue en esas intersecciones entre ambos movimientos que Norma empezó “a comprender los puntos neurálgicos que nos impedía ser personas reconocidas en el Estado español”.
“No pensábamos que nos íbamos a encontrar con muchas limitaciones, sobre todo por el reconocimiento de nuestros orígenes de países latinoamericanos”, explica Norma. “La ley de extranjería nos discrimina y nos ubica en el sector de los cuidados, un nicho en que no hay ninguna valoración del trabajo que tú realizas, cuidando a los menores, a las familias y a las personas dependientes o a los abuelos. Sobre todo, el racismo es un arma fundamental para decir que somos cosas raras, que no pertenecemos a ninguna comunidad europea”.
Para muchas trabajadoras del sector de los cuidados, sus prioridades más urgentes eran regularizar su estatus de residencia, asegurar una vivienda y lograr la reunificación familiar para poder traer a sus hijos desde sus territorios de origen. Por ello, forjar alianzas con movimientos cuyas causas se entrelazan fue fundamental en el trabajo de Norma.
Pero la solidaridad de los sindicatos, liderados en su mayoría por hombres, no se dio. “Nuestra agencia no era reconocida”, afirma Norma. Entonces, ella y sus compañeras unieron fuerzas con otras organizaciones de trabajadoras del hogar y los cuidados para reclamar una interlocución directa, reconociendo que necesitaban crear un sindicato propio para poder negociar de manera colectiva por mejores condiciones laborales y para impulsar reformas legislativas. “Dijimos: «¡Basta ya! Tenemos que luchar juntas, que es la única forma de poder ganar”, recuerda Norma.
Norma cofundó Sindillar/Sindihogar en 2011, el primer sindicato independiente, liderado por mujeres trabajadoras del hogar y los cuidados en Cataluña. Organizado en torno a valores antirracistas, en la toma de decisiones horizontal y la autogestión de economía feminista, ofrece acompañamiento legal, entrenamiento profesional y un espacio vital para que las trabajadoras del hogar y los cuidados puedan reconocer su propio poder y apoyarse unas a otras a través del cuidado colectivo.
Sindillar/Sindihogar celebra tanto el valor del trabajo de sus integrantes como la influencia del activismo migrante. “Además de presentarnos a proyectos y relacionarnos con organizaciones feministas de nuestro entorno, hemos demostrado que podemos compartir saberes y sabores, que contamos con un patrimonio cultural nacido de nuestras experiencias en nuestros países de origen y que lo podemos compartir con los demás”, dice Norma.
Las habilidades en activismo comunitario en el mundo, especialmente en Latinoamérica, van más allá de la organización política tradicional. Por ello, el trabajo de Sindillar/Sindihogar abarca la construcción de narrativas, comparte recetas como un acto político, hace intervenciones como un proyecto de activismo textil que celebra la resistencia migrante a través de la costura, y hace teatro, incluyendo la obra galardonada Madremanya.
Y esa creatividad también ha ido mano a mano con el movimiento de resistencia en Madrid. “Nosotras cuando vamos a la calle o cuando hacemos nuestras asambleas, nos gusta cantar y bailar”, dice Rafaela. Así, Territorio Doméstico lanzó un álbum de canciones populares llamado Porque sin nosotras no se mueve el mundo e incluso produjo una radionovela.
“No queremos leyes que tengan un bonito discurso”
En 2020, Rafaela y Graciela cocrearon el primer sindicato del sector a nivel nacional, llamado Sindicato de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados (SINTRAHOCU). Pero esto realmente sucedió solo después de que el movimiento enfrentara un revés difícil, un giro de tuerca que expandió la solidaridad más allá de las fronteras y mejoró su enfoque con un objetivo estratégico más claro.
En 2011 y 2012, el gobierno español finalmente tomó medidas para alinear las regulaciones del trabajo del hogar y los cuidados con la Constitución de 1978 y la legislación posterior en materia de igualdad. Los contratos por escrito y el tiempo de descanso se volvieron obligatorios. Pero estas leyes continuaban siendo parte de un marco separado que seguía tratando a las trabajadoras del hogar y los cuidados de forma diferente a las personas trabajadoras de cualquier otro sector, y todavía las excluía del esquema general de seguridad social.
Lejos de tranquilizar al movimiento, estas concesiones a medio camino fortalecieron la determinación de las activistas. “No queremos leyes inconclusas, no queremos leyes que tengan un bonito discurso que no señalan cuáles son los elementos, las herramientas que vamos a utilizar para defendernos como trabajadoras”, afirma Norma.
Fue en 2011 cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanzó justamente esa herramienta: el Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos (C189), que fue ratificado por 12 países a finales de 2012. Al año siguiente, la OIT invitó a colectivos, asociaciones políticas y sindicatos locales de España a Italia para conocer más sobre el C189.
Esta reunión llevada a cabo en Turín fue transformadora. “Nosotras no sabíamos que teníamos unos convenios internacionales que nos pudieran cobijar. Tampoco los conocíamos”, dice Graciela. Aunque no obtuvo permiso de su trabajo para asistir a esa reunión, sí terminó convirtiéndose en una figura reconocida en el Grupo Turín, una alianza de asociaciones migrantes que se unieron tras esa reunión con un objetivo en común: que España ratificara el C189.
“Nuestro poder emocionaba profundamente”
En 2016, el Grupo Turín fue el anfitrión del Primer Congreso del Trabajo del Hogar y los Cuidados que reunió a más de 400 personas para alinear estrategias. Marcela Bahamón, una trabajadora interna en Valencia, escuchó sobre este congreso en una entrevista en una radio latina, en la que Graciela convocó a todas las trabajadoras del hogar y los cuidados a participar. Marcela aceptó esta invitación.
“Cuando empezaron a hablar esas mujeres desde ese sentido de pertenencia, desde la claridad de lo que pedían, de los derechos y el reconocimiento que exigían, ¿no? ¡Qué impresionante!”, recuerda Marcela. “Para mí, había muchísima fuerza. Yo sentía una energía que, claro, vienes de pasar de trabajar sola en una casa, sin nadie más. Y te juntas en ese espacio y ves que somos tantas”.
Marcela estaba viajando de vuelta a su casa en Valencia cuando ella y sus compañeras decidieron crear la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y los Cuidados, una de tantas nuevas colectivas que emergieron tras el congreso. “A partir de ahí la juntanza fue tan potente que surgieron nuevas organizaciones y asociaciones por todo lado, en todos los rincones de España”, dice Graciela. “Ese poder que teníamos nosotras nos emocionaba profundamente. Cuando pensamos en colectivo es lo mejor, se dan mejores resultados”.
A nivel político, el Grupo Turín también construyó alianzas con organizaciones feministas y organizaciones no gubernamentales, tejió redes con responsables políticos y aseguró financiamiento para el Centro de Empoderamiento de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados (CETHYC). Este es un espacio gestionado por SEDOAC en Madrid que combina servicios integrales en acompañamiento jurídico, asesoría laboral con atención en salud psicosocial, así como programas de apoyo mutuo que ayudan a las trabajadoras del sector no solo a ser conscientes de sus derechos, sino también de sus habilidades y del valor esencial de su trabajo.
“Cuando las trabajadoras del hogar y los cuidados ganan más herramientas para luchar por sus derechos, desde lo pequeño comienzan a hacer incidencia política y a exigir: ‘jefe, es necesario que usted me pague el salario mínimo profesional’”, dice Carolina Elías, expresidenta de SEDOAC, cuyo recorrido en el activismo de base la ha llevado a convertirse en la primera concejala del Ayuntamiento de Madrid con orígenes salvadoreños y experiencia en el trabajo del hogar y los cuidados.
Para Carolina, “no sólo es importante que los políticos escuchen nuestras voces, sino que tengamos voz dentro de las instituciones donde se toman esas decisiones, y también tener votos en la elección de políticas públicas”.
“Es importante para nosotras que se reconozca este trabajo de los cuidados, que se pague la deuda histórica que tienen con las mujeres y que se transforme en reparación para tantas que hoy no están con nosotras, que están en el limbo por ahí: sin pensiones en condiciones, sin familia, sin quien las cuide, sin nadie que las acompañe”
“Vamos a hablar con estas mujeres que generan tanto ruido”
En 2020, Mariana, una trabajadora del hogar y los cuidados en Galicia, se acercó a Javier de Cominges con “miedo al futuro, no solo a que le negaran una pensión, sino a enfrentar una situación general de vulnerabilidad y desamparo social absoluto”.
Javier de Cominges, abogado experto en derecho laboral, dice que fue el impulso de las asociaciones en todo el país, que exigían la ratificación del C189, lo que hizo posible su propio aporte en esta lucha. Javier reconoció el caso de Mariana contra el sistema de seguridad social por negarle el derecho a cotizar como el caso de prueba por discriminación que llevaba tiempo buscando.
Ya que la vía más común para elevar un caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es que un juez nacional solicite una aclaración sobre la legislación europea, Javier presentó primero la denuncia de Mariana en un juzgado en Galicia. “¿Vulnera España la directiva europea de no discriminación denegando el derecho de acceso a la protección de desempleo a las empleadas de hogar? Esta fue la base de la discusión y cómo conseguimos convencer al juez de la Corte Administrativa de Vigo”, explica.
El juez decidió que el caso de Mariana era lo suficientemente sólido para ser referido al TJUE y que este dictaminara si, dado que el sector emplea casi exclusivamente a mujeres, negar a las trabajadoras del hogar y los cuidados un acceso igualitario al sistema de seguridad social constituía discriminación por género y, por lo tanto, un incumplimiento de la normativa europea. El 24 de febrero de 2022, el TJUE lo confirmó, sentando un precedente vinculante para las trabajadoras del hogar y los cuidados en toda Europa.
Mariana ha decidido mantenerse al margen del foco mediático, pero Javier dice que ella estaba “muy feliz y orgullosa del resultado. Lo consideró un éxito, una cuestión justa que le permitió acceder a mayores protecciones laborales, no solo a ella, sino a todo el colectivo de trabajadoras del hogar y los cuidados”.
Javier también hace énfasis en que la sentencia del TJUE no solo fue una victoria para la comunidad, sino una victoria impulsada por la propia comunidad. “Sus luchas y su defensa colectiva han visibilizado un problema que apenas existía en el debate público. ¿Cómo podemos, como sociedad, entender que hay una deuda hacia un colectivo habitualmente precarizado si ni siquiera reconocemos su situación? Es inviable”.
Edith, quien ha sido una figura destacada en SEDOAC desde el congreso del Grupo Turín, cree que fue la combinación de la sentencia europea con la exigencia incesante de los movimientos de base la que finalmente forzó al gobierno a actuar: “Cuando la presión vino de arriba y de abajo, España se quedó en el medio. Ahí es cuando los decisores políticos decidieron: ‘Vamos a hablar con estas mujeres que generan tanto ruido”.
Las esclavas del siglo XXI
En octubre de 2022, la nueva legislación finalmente otorgó todos los derechos de desempleo y beneficios de la seguridad social a más de medio millón de trabajadoras del hogar y los cuidados. Edith dice que las mujeres del sector “se sienten mejor protegidas por la ley”. Pero, por más importante que haya sido este paso, todavía está lejos de la justicia plena que exige el movimiento.
En España, ahora se establece un límite a las horas semanales de las trabajadoras del hogar y los cuidados, y se exige conceder tiempos mínimos de descanso diarios y semanales. Pero estos derechos no se aplican a las trabajadoras internas, quienes son precisamente las que están en más riesgo de trabajar a todas horas. “Puede preguntarle a una trabajadora interna cuántas horas extra le pagan por cada semana, y probablemente diga que ninguna. ¿Cuántos días libres tienen? A veces ni siquiera el sábado o el domingo”, explica Marcela.
Oxfam estima que más de 38.000 migrantes, en su mayoría de fuera de la UE, son empleadas como trabajadoras internas del hogar y los cuidados en España, con jornadas consideradas legales que pueden alcanzar hasta 60 horas semanales. “Somos las esclavas del siglo XXI, porque ninguna de las leyes garantiza que las personas que están trabajando internas puedan tener un contrato honorable que respete un salario mínimo interprofesional”, asegura Norma.
Las reformas de 2022 tampoco ayudan a muchas mujeres que hacen el trabajo del hogar y los cuidados en situación administrativa irregular, que trabajan en la informalidad. Oxfam también estima que cerca de un tercio de las trabajadoras del hogar y los cuidados no están dadas de alta ni contribuyen al sistema de seguridad social.
Irónicamente, aquellas que no solo están expuestas a un mayor riesgo, sino que han sido la fuerza que ha conducido el movimiento –las mujeres migrantes que han transformado el aislamiento en comunidad y apoyo mutuo cuando el Estado las ha abandonado– son las que menos se han beneficiado de esta gran victoria.
“No podemos construir una sociedad con justicia e igualdad mientras se mantenga un régimen que abuse, rompa y explote los cuerpos de las mujeres”
Cuando las mujeres no están solas en los cuidados
El movimiento siempre se ha centrado en la interseccionalidad: no solo en los derechos laborales, sino también en la vivienda, los derechos de las personas migrantes y la lucha para que el “trabajo feminizado” sea reconocido con la misma importancia que otros trabajos que muchas mujeres realizan junto a los hombres.
El C189 se centra solo en uno de estos aspectos, como ocurre con muchas otras iniciativas políticas de justicia social que abordan cada tema de forma separada. Pero las luchas de base por los derechos de las trabajadoras del hogar y los cuidados continúan construyendo poder colectivo al formar parte de un movimiento más amplio de activistas que luchan contra el racismo, la discriminación por género y la explotación.
Actualmente los esfuerzos se enfocan en la iniciativa del movimiento Regularización Ya!, que demanda la regularización extraordinaria de más de 500.000 personas migrantes –de las cuales más del 60 % son mujeres, incluyendo un estimado de 70 mil trabajadoras del hogar y los cuidados, según estimaciones de Regularización Ya!, SEDOAC y Oxfam–. Los activistas han reunido casi 700 mil firmas de ciudadanos españoles en apoyo a la propuesta, que ahora se discute en los grupos parlamentarios.
“Porque nosotras, cuando luchamos por derechos, justicia social y dignidad, creemos que debe ser en condiciones igualitarias para todas, y para eso primero todas tenemos que tener los papeles en regla”, afirma Edith. “Si un país dice ser justo y lucha por la igualdad, donde todas somos iguales, no puede ser que sigan existiendo compañeras en régimen de trabajadora interna y otras que están en situación administrativa irregular, completamente fuera de todo rádar y excluidas de cualquier apoyo o protección estatal.”
Al mismo tiempo, en el movimiento de trabajadoras del hogar y los cuidados se está considerando acciones legales para hacer que los derechos en materia de seguridad social sean retroactivos. Si quieren un reconocimiento del trabajo previo a 2022, “probablemente ganen el caso, pero tienen que tomar el camino largo y pasar por un juicio”, afirma Javier.
También las trabajadoras del hogar y los cuidados continúan luchando por condiciones de trabajo más seguras y humanas, exigiendo protección contra el acoso y abuso sexual en el trabajo, medidas para contrarrestar los efectos del aislamiento en la salud mental, y el reconocimiento de enfermedades laborales cubiertas por bajas por enfermedad, discapacidad y jubilación anticipada.
“No podemos construir una sociedad con justicia e igualdad mientras se mantenga un régimen que abuse, rompa y explote los cuerpos de las mujeres”, dice Edith.
En noviembre del año pasado, Rafaela se vio obligada a dejar su trabajo, tras más de dos años de baja por enfermedad por los efectos que –según ella– ha tenido en su salud haber trabajado 30 años como trabajadora interna del hogar. Ya que no existía un reconocimiento legal de los impactos en la salud ocupacional del trabajo del hogar y los cuidados, le negaron los beneficios por incapacidad permanente. Y luego de haber sido excluida del sistema de seguridad social durante gran parte de su vida laboral, la pensión a la que tiene derecho al cumplir 67 años no será suficiente para vivir.
Para Rafaela, una retroactividad en derechos de seguridad social le permitiría pensionarse con dignidad. Pero ese reconocimiento del trabajo de miles de mujeres durante décadas también es un asunto de principios. “Es importante para nosotras que se reconozca este trabajo de los cuidados, que se pague la deuda histórica que tienen con las mujeres y que se transforme en reparación para tantas que hoy no están con nosotras, que están en el limbo por ahí: sin pensiones en condiciones, sin familia, sin quien las cuide, sin nadie que las acompañe”, dice.
Por fortuna, Rafaela no se ha quedado sola, sin nadie que pueda cuidar de ella. Cuando el Estado ha fallado, su comunidad ha estado presente. “He podido seguir adelante gracias al apoyo de mis compañeras y amigas”, dice. Además, su antiguo empleador también se implicó por encima y más allá de los requerimientos legales para apoyarla después de que paró de trabajar. Ahora forma parte de Senda de Cuidados, una asociación centrada en los cuidados que le paga un salario mínimo por trabajos administrativos, permitiéndole ampliar sus beneficios para poder pensionarse en 2028.
Y esto representa una de las estrategias más importantes del movimiento, también uno de sus más grandes logros: el cuidado colectivo entre las alianzas y la comunidad de activistas. “Todas esas herramientas de autocuidado que hemos tenido, ¿no?, y que seguimos teniendo son fundamentales. Hemos creado unos comandos de cuidado donde compañeras jubiladas u otras que tienen un poquito de tiempo acompañan y apoyan a otras”.
Rafaela ha visto que politizar los cuidados se ha convertido en mucho más que una estrategia para reclamar derechos laborales. Ahora, quisiera que la manera en que ella y sus compañeras valoran y practican los cuidados pueda servir de modelo para toda la sociedad: “Nos dimos cuenta de que también queríamos reivindicar que hubiera una reorganización real de los cuidados más allá de nuestra comunidad, que no fuéramos solo las mujeres migrantes quienes cuidáramos solas, sino reivindicar el derecho a tener unos cuidados dignos, a tener unas políticas públicas de cuidado a las que también pudiéramos acceder.”
La lucha continúa – Actualización: abril de 2026
Desde que se publicó este reportaje, el movimiento sigue luchando por un sistema de cuidados que ya no dependa de que las trabajadoras sacrifiquen sus derechos, su seguridad y su estabilidad. El 15 de abril, el gobierno español aprobó un proceso extraordinario de regularización para conceder residencia temporal —de un año— y derechos laborales a migrantes en situación irregular, entre ellas cerca de 70.000 trabajadoras del hogar y los cuidados.
Los impactos del litigio estratégico por los derechos laborales del movimiento siguen en desarrollo. Tras la victoria de 2022 y una serie de sentencias posteriores, en noviembre de 2025 el Servicio Público de Empleo Estatal emitió una orden interna que reconoce derechos de seguridad social —con carácter retroactivo de hasta seis años— para las trabajadoras del hogar y los cuidados inscritas en el sistema antes de 2022.
Desde entonces, más de 210.000 hogares que emplean a trabajadoras externas e internas del hogar y los cuidados se han registrado en Prevención 10, una plataforma que facilita el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. Pero aún quedan brechas importantes.
Las inspecciones en hogares aún no han comenzado, y el gobierno todavía no ha establecido un protocolo contra la violencia y el acoso que incluya evaluaciones de riesgo, canales de denuncia confidenciales y medidas de protección inmediata. Una reciente declaración conjunta de más de 150 organizaciones subraya su urgencia: según los datos que recoge, el 49 % de las trabajadoras del hogar y los cuidados ha sufrido algún tipo de abuso, y las mujeres migrantes del sector denuncian acoso sexual cuatro veces más que sus compañeras de origen español.
Acerca de la autora
Mayra Alejandra Margffoy Tuay es periodista migrante interdisciplinaria y consultora estratégica y creativa, radicada en España. Su trabajo está comprometido con la justicia social, ambiental y la equidad.
