Para la Red de Mujeres por la Igualdad y Una Vida Libre de Violencia, los funcionarios del Estado han invisibilizado la violencia que han vivido las mujeres en el marco de la emergencia por Covid-19. Hicieron la denuncia pública este lunes tras participar en la Caravana Las mujeres exigimos vivir una vida libre de Violencia, que recorrió las instalaciones de Unimujer-ODAC de San Salvador. Como evidencia de esto, señalan la reducción de 2.2 millones de dólares para programas de atención a mujeres víctimas de la violencia en el presupuesto General de la Nación de 2020 con respecto a 2019.
De acuerdo a la presidenta de esta Red, Roxana Hernández, el rol del Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer (Isdemu) ha sido débil en el cumplimiento de políticas públicas para las salvadoreñas.
«El Isdemu, al ser ente rector y ser parte del Estado, toma una postura muy light, a modo que no exige que las políticas públicas hacia las mujeres se lleven a cabo. Es un Isdemu débil, que se nota que está al servicio del Estado y no de las mujeres», detalló Roxana Hernández.
Además, critican que el Isdemu no se pronuncia frente a hechos graves de violencia proveniente de funcionarios públicos. Hernández dijo que la institución ha hecho caso omiso a feminicidios donde funcionarios del Estado se han visto involucrados, como el caso de la joven Zulma Yamileth Valencia, asesinada en mayo durante un enfrentamiento con policías.
La Red de Mujeres también señaló que, tanto el Isdemu como las oficinas especializadas para la atención de mujeres en situación de violencia no han dado acompañamiento directo a los casos de violencia que han sido denunciados durante la pandemia. América Romualdo, coordinadora general de las Dignas, aseguró que las atenciones han sido sobre todo a través de Whatsapp. Esta mecánica no evita agresiones, solo es una forma de asesoría, pues no implica acciones.
«La respuesta que hemos visto de las autoridades es paliativa, digamos, dar asistencia por Whatsapp, se ha incrementado esa modalidad. Lo que sí creemos es que la violencia contra las mujeres no tiene que intervenirse de esa manera, porque si bien podrían dar asesoría por WhatsApp, pero no una atención, una prevención, una medida de protección», dijo.
Las organizaciones afirman que hay casos que simplemente requieren intervención inmediata, no todos se pueden tratar de la misma manera a través de mensajes de texto. Roxana Hernández pone como ejemplo el caso de una mujer que era abusada por su exesposo, que aunque tenía orden de alejamiento, continuaba llegando a la casa a abusar de la mujer, creando una situación de vulnerabilidad para la mujer y sus hijos.
Romualdo afirmó, además, que los programas de atención a las mujeres han disminuido y que ya no son una prioridad para el Gobierno. Como muestra de esto señaló el recorte de más de 2.2 millones de dólares al presupuesto General de la Nación de 2020 para programas de atención a mujeres víctimas de la violencia.
Aumentan casos de violencia contra las mujeres
La red registró un aumento de hechos de violencia contra las mujeres en el marco de la cuarentena por Covid-19. Contrario a lo que afirmó el gobierno en mayo, al decir que las mujeres se sentían más seguras este año, las organizaciones aseguraron que en los territorios fue evidente el incremento de denuncias de agresiones en los hogares.
Las mujeres se vieron más expuestas a vivir con su agresor sin que las autoridades dieran una respuesta oportuna. Solo entre enero y marzo de este año, las Unimujer-ODAC de la Polícia Nacional Civil atendieron alrededor de 2,500 casos de expresiones de violencia contra la mujer. Entre enero y agosto se contabilizaron 878 casos de violencia intrafamiliar y 84 feminicidios.
La Red de Mujeres señaló que entre los principales agresores a mujeres hay agentes de seguridad, tanto pública como privada, y agendtes militares.
