La mañana
Nery se asegura de que las mujeres que están de turno desayunen. Comienza el día preguntándole a todas cómo están. Desde las 8 de la mañana suena a todo volumen la alabanza El Poderoso de Israel. Viene de al lado, pero es tan fuerte que retumba en el campamento. Poco a poco, las mujeres llegan al campamento. En total, unas 15 pasarán una jornada ahí. Al día siguiente, otra tanda llegará a reemplazarlas. Nery registra la asistencia en un pequeño cuaderno de grapas cada mañana, de esos que se utilizan en cualquier escuela del país. Come al lado de las demás, en silencio, concentrada. Ellas conversan sentadas en la mesa, con mascarillas puestas. Hablan sobre todo lo que deben vivir para adaptarse a la nueva normalidad:
lo complicado que es moverse ahora en bus;
la batalla burocrática que les libran en el Seguro Social para pasar consulta;
lo difícil que es conocer el estado de sus demandas individuales en el Ministerio de Trabajo.
Porque todas estas mujeres tienen una demanda ahí. Le pregunto a Nery si no temen que las desalojen. Me responde con una media sonrisa: “el poder aquí ya es nuestro”.
El campamento está en Soyapango. Es una okupa salvadoreña, una toma de un lugar ejerciendo el derecho de desobediencia civil, que nació de forma orgánica en medio de la pandemia por COVID-19. 113 mujeres se tomaron la parte de afuera de las instalaciones de la maquila donde trabajaban, como protesta en contra de su despido injustificado a finales de junio de 2020. No pueden estar dentro porque temen que las acusen de invasión de propiedad, por eso pasan los días y noches bajo canopis que ellas mismas han instalado.
Pero las denuncias de estas mujeres en contra de Industrias Florenzi S.A. de C.V. van más allá de eso: en enero la empresa dejó de pagar las cuotas de seguro social y de las pensiones de sus empleadas y empleados, denuncias que son corroboradas por datos proporcionados por el mismo Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y estados de cuentas de la pensión de una de las empleadas de la empresa. Algunos de estos señalamientos podrían incurrir en delitos.
Las mujeres aseguran que las dejaron sin protección médica, a pesar de que trabajaron para la empresa, produciendo gabachas médicas justo en los meses antes de que la pandemia se desatara El Salvador y en Estados Unidos, a donde esas gabachas médicas eran exportadas.
Nery es una de sus líderes más importantes.
Para ella, la organización política ha sido más una necesidad que una opción. Está sindicalizada desde el año 2006 y en esos 14 años, se ha enfrentado a tres cierres de maquilas. El último ha sido el de esta maquila que se han tomado, Industrias Florenzi. La turbulencia en esa fábrica comenzó desde que la contrataron en 2010. Ese mismo año la despidieron. Para su sorpresa, fue recontratada la misma semana porque el sindicato —al que ya pertenecía antes de entrar a trabajar ahí— peleó en contra de su despido.
—Todavía me di el gusto y el honor de pasar esa semana sin trabajar, y me tuvieron que pagar los salarios imputables— cuenta Nery y las demás mujeres se ríen, como siendo cómplices de su cometido. Cada vez que cuenta algo sobre lo que ella considera sus conquistas frente al poder de la maquila, infla su pecho y se para derecha. Las demás mujeres la observan con cierta cautela. La respetan, es su líder.
Nery formó parte de la junta directiva por la seccional de Florenzi del Sindicato de Trabajadoras de Algodón, Sintéticos, Similares y Conexos y también del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria del Trabajo Textil. Con la ayuda de esta organización se puso en marcha esta toma. 113 son las que se han tomado las instalaciones de Florenzi, la empresa que hasta el 30 de junio las empleaba para armar gabachas médicas por un sueldo de 123.64 dólares la quincena. El salario mínimo en el rubro de maquila textil y confección es de $299.30 al mes o $9.84 por día.
Solo el 30 de junio, en el país se confirmaron 239 casos de contagios de COVID-19, y 12 fallecidos por dicha causa, según las cifras oficiales. A pesar de esto, la organización de las mujeres recién comenzaba.
Termina la primera ronda del desayuno. Alba, una de las 113 mujeres, continúa preparando huevos en una cocina de leña para las demás mujeres que siguen llegando; ella es la última en comer. Finaliza el culto de la iglesia pentecostal de al lado y, a los pocos minutos, aparecen frente a nosotras dos hombres, miembros de la congregación. Quieren que movamos la cocina porque el humo se cuela por la ventana y molesta a las personas dentro de su local. Sonríen y se van.
Las mujeres los ven alejarse. Se ven algo molestas. Me cuentan que nunca se han acercado a ofrecerles ayuda.
Alrededor de las 10 de la mañana, cada una toma una silla y la lleva a un predio donde realizan una charla grupal con el acompañamiento de una colectiva de mujeres feministas, quienes toman el papel de moderadoras. Nos sentamos en círculo y las mujeres repasan uno a uno los hechos que han ocurrido en los últimos 10 años en la fábrica. Los ordenan de forma cronológica, con plumón y papel en mano. A medida que cada una toma la palabra, construyen juntas el caso que en unos días presentarán ante la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa y, tal vez así, lograrán conseguir una reunión con Rolando Castro, el actual Ministro de Trabajo.
El antagonista de Nery y el sindicato en esta historia no es solo la sociedad Industrias Florenzi, que según el Registro de Comercio se constituyó el 10 de septiembre de 1985 y cuyo poder legal estuvo desde siempre en manos de hombres influyentes en la vida pública del país. El primer apoderado judicial general de Florenzi fue Carlos Humberto Henríquez, un abogado quien fue director propietario de la Junta Directiva de CEL de 2014 a 2017; el apoderado legal fue Roberto Pineda Letona, director del Club Campestre Cuscatlán en 2017. Nery y sus compañeras, además de enfrentarse a una empresa y a sus fundadores influyentes, también lo hacen contra todo un aparataje cuyas raíces se remontan a 50 años de políticas económicas en el país: la industria maquilera.
Desde 1970 en El Salvador hay territorios delimitados dentro de los que existen beneficios tributarios, es decir que las empresas que están dentro no pagan ciertos impuestos, como la renta o a la importación de bienes insumos. A estos se les llama zonas francas. Nacieron a raíz de una tendencia que se estableció en las economías latinoamericanas de esa época, cuya máxima rezaba reemplazar la dependencia de las importaciones como principal sustento de las necesidades de la población. Se intentó hacerlo por medio de la industrialización del país. El objetivo era sustituir las importaciones por productos fabricados localmente y exportarlos en mercados regionales y mundiales.
En estas zonas francas se edificó la estructura para la producción de textiles y confección: la maquila. En 1974, durante la presidencia de Arturo Armando Molina, la entonces Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Promoción de Exportaciones, que posibilitó la construcción de la primera zona franca ubicada en San Bartolo. Las primeras zonas francas fueron propiedad del Estado y se ubicaron en zonas urbanas populosas, como Ilopango, San Marcos, Mejicanos y Soyapango. En este último municipio es donde se ubica Florenzi, la maquila ocupada por las mujeres en protesta.
En 1998 se aprobó la Ley de Zonas Francas y Parques Industriales, que expande el concepto a lo que conocemos ahora. Actualmente, existen 17 zonas francas en todo el país, pero los resultados de aquel plan de industrialización no fueron los previstos. El crecimiento exponencial de la población en dichas zonas, y en especial de la zona industrial de Soyapango, implicó un crecimiento urbano, descrito como caótico por un estudio de Clacso, y las convirtió en grandes asentamientos urbanos de forma muy rápida.
La población de Soyapango se multiplicó por seis en el curso de dos décadas, pasando de poco más de 43 mil habitantes en 1971 a 261,122 habitantes en 1992, según los censos nacionales. La Digestyc estimó, a partir del censo de 2007, que este municipio —el cual tiene solo 29.72 km2— llegaría a una densidad poblacional de 9,374 habitantes por kilómetro cuadrado en 2020. Si lo pensáramos en una escala de metros, en un área en forma de cuadrado, con 100 metros de lado, habitarían 9 personas.
La demanda de servicios básicos también incrementó. Debido a esto y a la falta de recolección de impuestos por autoridades locales y nacionales, fue difícil desde el comienzo evitar que aparecieran problemas de servicios, como escasez de agua potable y embotellamientos frecuentes en las calles circundantes, como apunta un estudio de 2018 de la Universidad de El Salvador sobre los impactos de la industria textil en el país y en la vida de las personas que son empleadas por ellas.
—¿A cuántas de ustedes les deben sus vacaciones?
Las mujeres comienzan a hablar todas al mismo tiempo y levantan sus manos. La moderadora anota en un trozo de papel y continúan el ejercicio de memoria.
—El 27 de enero, la empresa envió un mensaje a todas las trabajadoras diciendo que trabajo ya no había. Fue una suspensión para todas; yo lo recuerdo porque ese día me iba de vacaciones —cuenta Concepción Cruz “Conchi”, como la llaman quienes la conocen.
Ella es una de las 113 mujeres que, junto a Nery, establecieron este campamento fuera de la maquila. Fue operaria de Florenzi durante 9 años y medio. Su trabajo consistía en coser piezas de gabachas para médicos. Conchi se pone de pie y agrega que ha escuchado algunos rumores que dicen que las operaciones de la maquila se han trasladado a Nicaragua, porque se enteraron del traspaso de una caldera hacia ese país. La caldera de la que habla es una máquina utilizada para generar el vapor que se necesita para planchar la ropa que se produce en la maquila. Algunas mujeres la interrumpen para asegurar que han escuchado lo mismo.
—5 mil dólares valía esa máquina —agrega Nery.
Según el Banco Central de Reserva, el tipo de maquila más común en el país es parte de una cadena productiva denominada “Buyer-driven” o “impulsada por el comprador”. Esto significa que la producción de la maquila textil es planificada y dirigida por la marca, la cual compra los productos textiles a la maquila y luego distribuye en tiendas de menudeo. Florenzi recibía piezas de ropa ya cortadas.
Este modelo de empresa resulta en un rotundo éxito económico para las marcas que contratan los servicios de las maquilas, puesto que ahorran costos de producción. El caso es diferente para estas últimas. BARCO, la marca de gabachas para la que produce Florenzi, registra ingresos de $36.5 millones en lo que va de 2020, según datos de la consultora Dun & Bradstreet. En 2018, según el CNR, las utilidades de Florenzi fueron de $159,568.24.
Entre 2015 y 2019, la industria maquilera empleaba un promedio anual de 63 mil personas, según datos de las empresas que cotizan con el ISSS obtenidos a partir de una solicitud de información pública. Entre todo 2019 y los primeros nueve meses de 2020, se observa una posible reducción del 20 % en cotizaciones en dicho sector. Sin embargo, esta reducción no se podrá confirmar hasta el fin del año.
Según el balance de empresas de 2017 de la Concertación por un Empleo Digno para las Mujeres (CEDM), Industrias Florenzi fue denunciada ante diferentes organizaciones por:
violación a goce de licencias y permisos;
no pago de subsidios por incapacidades médicas;
descuentos injustos y violación al derecho de libertad sindical.
Estas son solo algunos ejemplos de las violaciones a los derechos humanos que ocurren dentro de esta industria.
Las mujeres se han sentido desamparadas por el Estado, tanto dentro como fuera de la maquila. Fuera, porque dicen no haber sido acuerpadas por el Ministerio de Trabajo en este proceso y en otros. Anualmente, la institución recibe un promedio de 122 denuncias dirigidas al sector maquila. Según la Memoria de Labores del Ministerio de Trabajo 2019-2020, 24,769 personas trabajadoras que hicieron uso del Sistema de Atención de Denuncias Laborales por Pandemia COVID-19 en marzo de 2020, pero no especifica cuántas hicieron consultas y cuántas denuncias.
Las interacciones dentro de la maquila, según las trabajadoras, tenían como base la negociación informal y eran del tipo:
¿No hay dinero para pagar algún pasivo laboral que asciende a 1,000 dólares según los cálculos de las trabajadoras? Pues acepte 200 dólares o vaya a juicio, un proceso que puede demorar entre uno a dos años, y que puede finalizar en contra de usted.
¿Está pensionada y quiere continuar laborando? Puede seguir, pero no le pagamos aguinaldo, ni su ahorro de pensión, ni de seguridad social, ni vacaciones, como indica la ley.
¿No alcanza el dinero para pagar la planilla donde usted está inscrita? Pues tenga estos 20 dólares y espere una semana para recibir el resto.
¿No hay agua potable porque la empresa tiene facturas vencidas? Pues acepte el agua que compramos de pipas o la que almacenamos de la lluvia y que guardamos en cisternas, en condiciones insalubres, y que aparte sirven como hogar de larvas de zancudo y de ratas. O compre usted misma su agua embotellada.
Las mujeres de Florenzi entendieron este mecanismo.
—En 2011 quitaron el agua, teniendo una mora el señor este [Roberto Pineda] de 50 mil dólares a ANDA. Tengo recibos de esto que él me dio para ver si ANDA nos ayudaba por medio de los sindicatos. Él no aceptó la propuesta de un plan de pago para poder pagar. No le pareció. Dijo que era la misma babosada y que mejor pues que se iba a mantener comprando las pipas diarias. —contó Nery al grupo.
Ese año, organizaron demandas de la maquila ante el Ministerio de Trabajo para lograr la instalación de filtros de agua potable. Tomó cuatro años para que esta institución les diera la razón y obligara a la empresa a proveer a sus empleadas con agua potable. Ellas mismas supervisaron el proceso de la instalación de los filtros, y le dieron el mantenimiento que requerían.
El caso Florenzi tiene algunas piezas que van desde mal manejo administrativo hasta acciones que podrían incurrir en ilegalidades. Las exempleadas denuncian desde la suspensión de pagos de cuotas del ISSS, AFP, vacaciones de las empleadas y, por último y quizás lo más grave, suspensión del pago de salarios e indemnizaciones por despido injustificado.
A principios de marzo de 2020, cuando en países de Europa ya estaban bien adentrados en la pandemia y se estaba por implementar la cuarentena obligatoria en El Salvador, al menos 20 trabajadoras se enfrentaron a la misma situación: cuando fueron al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) a pasar consulta y recoger medicamentos para tratar sus enfermedades crónicas o atención de accidentes laborales, les negaron el servicio debido que la empresa no había pagado la cuota correspondiente desde diciembre de 2019.
Este señalamiento lo hizo el mismo ISSS en una incapacidad médica de Angélica, una de las trabajadoras. El 27 de febrero de 2020, al salir de su casa por la mañana, cuando se dirigía a la maquila, Angélica se tropezó en una grada y se fracturó la rodilla. Al pasar consulta en el ISSS, le dijeron que no se trataba de accidente laboral —por el que la empresa tendría que haberla subsidiado— sino accidente común, a pesar de que el artículo 317, inciso 4 del Código de Trabajo estipule lo contrario: los accidentes que ocurren en la ruta hacia el lugar de trabajo se considerarán como accidentes de trabajo. Aun así, ella aceptó la incapacidad de 60 días. El papel donde le otorgaban la incapacidad llevaba una nota de parte del personal administrativo: “Cancelar el mes de diciembre de 2019. Se le informó”.
Estos relatos son además corroborados por datos proporcionados por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) en respuesta a la solicitud de información No.9060 del 23 de septiembre de 2020 en la que Alharaca pidió se le entragara el «número de afiliados al sector maquila en los últimos 5 años (2015 a lo que va del 2020)», desglosado por empresa.
Industrias Florenzi S.A. de C.V., según datos del ISSS, reportó ante esta institución 0 empleados en su planilla en todo 2020. Esto demuestra que, al menos, la empresa no pagó la cuota patronal ante el ISSS. Se intentó obtener más información del ISSS al respecto, pero la institución no brindó las declaraciones solicitadas.
Conchi no pudo pasar consulta con su coloproctólogo.
Ana cortó su tratamiento para la hipertensión.
La fractura de Angélica no sanó correctamente.
La empresa también suspendió en enero el pago de la contribución a las pensiones en la AFP, según una boleta de estado de cuenta de individual de ahorro para pensiones que una de ellas nos mostró. No pagó enero ni febrero. Alharaca buscó obtener información oficial del caso de la Administradora de Fondo de Pensiones Confía. No se obtuvo respuesta.
Las mujeres aseguran que la empresa siguió descontándoles la cuota de ISSS y AFP de sus últimos salarios a pesar de que no realizó el pago de sus cotizaciones en dichas instituciones. Es decir, que la empresa se quedó con lo descontado a las trabajadoras, dinero destinado a su seguridad social, dinero que les pertenece a ellas.
Una de las exempleadas de Florenzi mostró lo que asegura es una boleta de pago de enero de 2020 donde le descontaron ambas cuotas, cuando Florenzi según el ISSS no tuvo empleados en planilla.
Si se llega a comprobar lo que afirman las mujeres —y muestran los datos del ISSS, esta boleta de pago, y este estado de cuenta—, Industrias Florenzi puede haber incurrido en el de Apropiación o Retención de Cuotas Laborales de acuerdo al artículo 245 del Código Penal, el cual puede ser penado con hasta 8 años de prisión.
Esta retención de fondos es ilegal. El Ministerio de Trabajo aseguró el año pasado haber encontrado 600,00 casos en que empresas incurrieron en este posible delito.
A las trabajadoras les decían que “se iban de vacaciones”, pero no se las pagaron como dictaba la ley. Según ellas cuentan, Florenzi, hasta esta fecha, les debe el pago de vacaciones de 2018 y 2019. Algunas de las mujeres nunca van a recibir los casi 200 dólares que se les debe a cada una por su vacación anual. Según el artículo 613 del Código de Trabajo, la demanda por ese pago ya prescribió. 200 dólares no son poca cosa en un país donde el 40 % de la población vive con menos de dos dólares diarios, según el PNUD, y no son poca cosa para esas mujeres.
El cuento también se repitió con el pago del 80 % de las 210 trabajadoras inscritas en la planilla, cuyo pago se suspendió en enero de 2020. Según las cuentas de las trabajadoras, lo que la empresa les adeuda en total, a todas, suma casi medio millón de dólares, compuesto por el pago atrasado de vacaciones e indemnizaciones por despidos. Por todos esos atropellos 113 del estas empleadas se tomaron la maquila.
Todo a las puertas de una pandemia, que hasta el 30 de octubre de 2020 llegaría a sumar más de 45 millones de casos confirmados a nivel mundial. En El Salvador, para la misma fecha, hubo 33,445 casos acumulados de contagios y 962 muertes en total, desde la identificación del primer caso.
Captura de pantalla de una publicación de Facebook de Grey’s Anatomy Srcubs del 11 de septiembre que contiene un mensaje donde una cliente de la marca los felicita por su labor: «En lo más duro de la pandemia en Nueva York nos enviaron sus maravillosas gabachas para el equipo. Nunca nos vamos a olvidar de lo que hicieron por nosotros». Para la misma fecha, las trabajadoras de Florenzi, que elaboraba los productos de esta marca, estaban en protesta por cierre injustificado de la maquila en plena pandemia por COVID-19.
Conchi toma de nuevo la palabra. Quiere compartir una anécdota para ejemplificar cómo toda esta inestabilidad no solo les afecta sus finanzas. También les roba calidad de su salud mental.
—Una vez encontré a una compañera allá en la Plaza Mundo (centro comercial). Se había venido de su casa porque estaba de vacaciones. Se suponía que ese día le iban a depositar y no le depositaron. Andaba con su nieta. Me dijo: “y hoy no sé cómo voy a hacer para irnos porque solo con la cora me vine”. Vine yo y me saqué un dólar y le dije “tome, para que se vaya”. Y la señora se puso melancólica—. También Conchi se puso melancólica al contar esta historia. Sus ojos se llenaron de lágrimas.
—Allá andaba dando vueltas en la Plaza la gente. Les decían que a las 6 iban a depositar. Se hacían las 7 o las 8 de la noche y no había nada —cuenta Conchi, quien asegura que, en reiteradas ocasiones, confrontó a Roberto Pineda por ello.
—Le dije que, si no iban a pagar, no le debían de decir a la gente. Porque el cajero cada vez que se mete la tarjeta, son 20 centavos que le quita a una.
Conchi también cuenta que el miedo era el pan de cada día en la fábrica. Contó la historia de una mujer que, aproximadamente a los 4 meses de haber entrado a trabajar en la maquila, quedó embarazada. No reclamó las horas de lactancia materna que por ley le correspondían —según el artículo 35 de la Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna— por miedo a que la despidieran y porque los empleadores le aseguraron que se las pagarían como horas extra.
La gente debía tener mucha paciencia y estirar el poco dinero que les quedaba al finalizar los catorce días hasta recibir el próximo pago. Muchas veces, cuenta Conchi, esos catorce días entre pago y pago se convertían en quince, dieciséis, diecisiete… e incluso en un mes.
Hasta este punto, las empleadas de la fábrica no han obtenido respuestas de la empresa sobre estas denuncias que, como mínimo, son irregularidades, pero podrían rayar incluso en ofensas penales. El Código Penal en el artículo 245 establece que el delito de retención de cuotas laborales podría ser penalizado con 4 a 8 años de prisión. Lo único que les ofrecieron a las trabajadoras fueron dos explicaciones por medios de notificación informales como WhatsApp, una para decirles que Roberto Pineda había muerto y otra para avisarles sobre el cese de operaciones de la maquila.
—¡Nos dijeron que se había muerto el que hacía los cheques allá en Estados Unidos! —comenta Conchi. Y añade: —El siguiente pago fue lo mismo. Y entonces le dije yo a la representante de recursos humanos: “¿y qué pasó con el pago ahora? ¿Otra vez se murió otro que no hizo el cheque?”.
La mañana pasa rápido, es el momento del día en que agendan la mayoría de sus actividades. Las mujeres regresan a las mesas donde tomaron su desayuno y las asistentes de la colectiva feminista se marchan a conseguir alimento.
La tarde
La tarde es pesada. Los cuerpos se resienten, los ánimos caen. Hay mucho y al mismo tiempo nada qué hacer durante las siguientes horas. Las mujeres se sientan y descansan. La comida que ha ordenado la colectiva ha llegado. Angélica, la mujer que recibió una incapacidad del ISSS con advertencia de falta de pago, está sentada al otro extremo de la mesa donde se encuentra Nery. Angélica era una supervisora dentro la maquila. En la jerarquía de estas empresas, las supervisoras tienen la función de optimizar el trabajo de las líneas de producción: velan porque las trabajadoras manuales y las operarias cumplan con las metas de producción del día.
Las trabajadoras debían elaborar los productos que cubrieran el valor de su remuneración diaria. Florenzi producía para la marca norteamericana BARCO; específicamente para la línea de gabachas médicas Grey’s Anatomy Scrubs —cuyo concepto se inspira en la popular serie de televisión de la productora estadounidense American Broadcasting Company (ABC), Grey’s Anatomy—. Estas gabachas cuestan alrededor de $30 por unidad en Amazon. Pero las mujeres cuentan que, por una gabacha, a ellas les pagaban alrededor de 5 centavos de dólar. Para llegar a producir el equivalente en gabachas a los $9.87 que recibían por una jornada laboral, a cada mujer se le imponía como meta producir al menos 200 gabachas diarias. Es decir, 25 gabachas cada hora; 2.5 minutos por gabacha. Esto significa que esos 2.5 minutos debían ser suficientes para coser la gabacha entera; pegar y coser adornos; planchar y empacar una gabacha. Recibían 123.64 dólares de remuneración cada 14 días. Cuando no se les atrasaba el pago.
Para que todo esto funcionara, las supervisoras como Angélica debían restringir permisos para ir al baño, beber agua o hacer pausas de las empleadas.
—A algunas de las compañeras, la menstruación les venía irregular. Se desangraban en los baños, mientras las supervisoras las esperaban afuera, contando el tiempo que se estaba tardando y las tachaban de haraganas—cuenta Nery.
—Yo soy hipertensa; tenía dos, tres citas en el mes. “Si va a ir al Seguro”, me decían, “déjeme la producción del día, métale ahora en la mañana” —añade una de las mujeres.
Conchi enfatizó en que en el contrato que firmó ella al entrar a trabajar en la maquila se estipulaba que el pago no sería por obra, sino por una jornada laboral de 8 horas. A pesar de eso, agregaron otras mujeres, a muchas las hacían quedarse hasta después de fin de turno a las 4 de la tarde, sin pagarles horas extra.
También debían asignar hasta dos máquinas de coser por operaria. No por nada Angélica había acumulado una serie de demandas laborales en su contra dentro de la empresa.
Las supervisoras además juegan una doble función: por un lado, son quienes hacen cumplir las medidas impuestas por la empresa y, por el otro, también hacen de mediadoras entre las empleadas y los jefes y dueños.
—Hasta llorar la hacían a una —Angélica dijo esto mientras su mirada estaba puesta en el suelo. Se refiere al trato que Roberto Pineda le daba—. Yo era supervisora de una línea de producción, él me exigía bastante a mí. Mi línea era una de las que más funcionaba, de las que más producía.
A pesar de esto, destaca que nunca recibió un estímulo, como un premio o siquiera palabras de felicitación por esto. Solo exigencias.
La conversación de sobremesa se tensó y las mujeres, una por una, guardan silencio.
Les preocupan muchas cosas más allá de la batalla legal contra una empresa millonaria. Nery cuenta que temen no poder conseguir otro trabajo asalariado, por su edad y por su actividad política: en otras maquilas cargan el estigma de “alborotadoras”. Otras mujeres han decidido, obligadas por las circunstancias, dedicarse a la actividad económica más grande del país: el comercio informal. Lo han hecho de forma renuente porque era su última opción. Saben que en este país el comercio informal implica arriesgar la vida en la calle. Es eso, migrar al norte, o nada.
El 18 de marzo de 2020, el presidente de El Salvador Nayib Bukele anunció el cierre de maquilas y call-centers por quince días, como medida de emergencia ante la pandemia del COVID-19. Al día siguiente, como si el presidente no hubiera dicho nada, las operarias de la maquila se presentaron a trabajar. Temían perder sus empleos. Desde adentro, un vigilante les negó la entrada. “¿Que ustedes no ven televisión? ¿Que no saben que el presidente dijo que no tienen que venir a trabajar? ¿Que no saben que se van de vacaciones?”. Ante este desconcierto, de no saber si tenían trabajo o no, las trabajadoras se acercaron a la Fiscalía General de la República y al Ministerio de Trabajo a interponer denuncias por la suspensión del pago de AFP. Sin embargo, el proceso caminaba lento.
La empresa fue apaciguando la incertidumbre sobre el paro de sus operaciones y sobre los despidos de manera progresiva. El 12 de junio, tres meses después de la cuarentena obligatoria, Conchi recibió un anuncio vía WhatsApp donde la supervisora general de la empresa le informó sobre el fallecimiento de Roberto Pineda Letona. Le dijo que perdió la vida durante una intervención quirúrgica en Estados Unidos. La reapertura de la economía estaba planeada para cuatro días después, el 16 de junio. Las trabajadoras asumieron que reanudarían su trabajo entonces, pero el 14 de junio recibieron un aviso de la supervisora general informándoles que se presentarían a trabajar “hasta nuevo aviso”.
Captura de pantalla de una publicación del perfil de Facebook de la Federación Salvadoreña de Golf donde lamenta el fallecimiento de Roberto Pineda Letona, apoderado legal de Industrias Florenzi. Roberto Pineda fue director del Club Campestre Salvadoreño
La reapertura se pospuso y también la reanudación de operaciones, hasta que el 30 de junio llegó el último mensaje, con el que se terminaron de enterar de la situación definitiva: la empresa cesaría operaciones en el país.
Al día siguiente, 20 trabajadoras volvieron a la maquila, donde el abogado de la empresa les comunicó que Sergio Pineda López, apoderado de la empresa e hijo de Roberto Pineda, les ofrecía una máquina de coser por mujer, que ellas mismas podrían elegir, a cambio de que cesaran sus demandas por lo que se les adeudaba.
—Esas máquinas están devaluadas. Yo compré una a 75 dólares, del cierre de otra empresa. Con todos los arreglos que le mandé a hacer, me salieron 145 en total —dice Conchi cuando recuerda el momento. La oferta la tomaron como una ofensa.
Esto terminó por hacer que las mujeres se dedicaran toda la semana siguiente a iniciar el proceso legal en el Ministerio de Trabajo. Tuvieron que pagar representación legal privada, a pesar de que la Procuraduría General de la República, según los artículos 29 y 30 de su ley orgánica, les debería haber asignado un representante. Según Conchi, cada vez que preguntaban, obtenían información ambigua de parte de los funcionarios de la PGR. Dice que le prometían plazos de fechas tentativas para su asignación. Llegado el día, le decían que el proceso demoraría un poco más y le daban la excusa de que se trataban de obstáculos burocráticos.
Finalmente, el 8 de julio, en medio de la pandemia por el COVID-19; en medio de una cuarentena obligatoria y un ir y venir del ejecutivo con la Asamblea Legislativa; sin buses que las llevaran; 60 mujeres viajaron como pudieron para ir a la maquila Florenzi y tomarse lo que ni la empresa ni el Estado les querían dar.
Las trabajadoras volvieron a la maquila. Y montaron campamento.
Bloquear la entrada de las instalaciones era su carta de negociación. Las mujeres decidieron dejar entrar solamente a quienes no estaban vinculados a Florenzi, personas o empresas que habían alquilado temporalmente partes de la nave para guardar inventario. Pero no querían que nadie se acercara a la maquinaria y equipo de la maquila, considerando que es un conjunto valorado en $691,564.39, según lo reconoció la misma empresa en su balance de 2018, presentado en el Registro de Comercio. Lo custodiarán, dicen, hasta que respondan a sus demandas. Si sus dueños quieren recuperarlo, deberán negociar.
Una estrategia importante de este juego de poder es interponer ante un juzgado de Soyapango una medida cautelar. Esta medida requiere que, entre otras cosas, el Estado compruebe que la empresa efectivamente está en quiebra a partir del hecho comprobable de que no se produce nada dentro de sus instalaciones. Esto quiere decir que los bienes e inmuebles dentro de la maquila no pueden ser movidos de donde están. Si esto se logra comprobar, el Estado puede embargar la edificación y su mobiliario, llevarla a subasta pública y liquidarla, para pagar lo que adeuda a las trabajadoras, a Hacienda, y las multas del Ministerio de Trabajo. Esta medida cautelar les protegería su reinado, pero no para siempre.
La tarde es un momento de cambio en el campamento.
Aquí es cuando algunas regresan a sus casas a asearse y recobrar energías para continuar con la protesta otro día, mientras que otra tanda de mujeres hace vigilia en la maquila. Para muchas de ellas, regresar a sus casas implica una carga considerable. Deben atender las tareas del hogar y, además, hacer frente a los reclamos que les hacen sus compañeros de vida por el descuido de estas tareas. La división internacional y desigual del trabajo las alcanza hasta la intimidad de sus hogares. La maquila se extiende hasta ahí.
El 13 de julio, cinco días después que cerraron la maquila, las mujeres fueron atendidas por el asistente del Ministro de Trabajo, Rolando Castro, quien fue un controversial líder de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales, ASTRAM. A pesar de su trayectoria como sindicalista, las mujeres denuncian la ausencia del ministro en este proceso liderado por ellas y demandan su renuncia “por incompetencia”. Las únicas declaraciones públicas que ha emitido respecto al caso han sido en dos ocasiones. Una vez, a inicios de septiembre, en su cuenta oficial de Twitter, donde en un tuit afirmó haber recibido a las mujeres “más de 15 veces”. Las mujeres desmienten esta versión: ellas dicen que solo las recibieron una vez, y fue el asistente de Castro. En una conferencia de prensa, el 22 de octubre, cuando le preguntaron si era verdad que había recibido a las mujeres esa cantidad de veces, evadió la pregunta. No se obtuvo ninguna declaración oficial del Ministerio de Trabajo. Además, Castro publicó un video que muestra escenas cortas en las que las trabajadoras expresan agradecimiento por su disposición de recibir a las trabajadoras ese día, seguido de un hilo donde despotrica contra una de las abogadas que las ha asesorado en más de una ocasión, Bertha María Deleón, actual candidata a diputada por San Salvador por el partido Nuestro Tiempo.
No solo estas figuras políticas se han aparecido y desaparecido en el campamento. Miembros del FMLN donaron tres colchonetas en un evento en el que llevaron desayuno y batucada al campamento. Nadie les preguntó, pero se apresuraron a aclarar que no era propaganda política.
Durante cuatro meses las mujeres se organizaron solas para obtener comida y no recibieron la cesta solidaria. Fue hasta el 22 de septiembre, un par de representantes del gobierno repartieron cestas a las mujeres que llegaron. Michelle Sol, Ministra de Vivienda, había agendado ir a esa visita a las instalaciones, pero no llegó. No dieron explicaciones de la ausencia de Sol.
Al día siguiente de la toma de la maquila, las mujeres presentaron una demanda colectiva ante el Ministerio de Trabajo. Les previnieron que debían presentar una lista de evidencias para que su demanda procediera: una demanda con un abogado; una cuantía o lista de objetos en el recinto de la maquila; y el monto que cada una pedía. Según el abogado de las mujeres, Jesús Santos, esta demanda en realidad no puede llevarse a cabo porque, según la ley, debe de existir una conciliación previa entre el sindicato y los dueños de la empresa, cosa que no existe. Por ello, la siguiente táctica que realizaron fue promover una medida cautelar ante un juzgado en Soyapango.
Seis personas interpusieron esa demanda ante el juzgado y se espera que el juez añada a las demás. Las extrabajadoras buscan que en la liquidación se dé prioridad al pago de ellas antes que a otras entidades del Estado, justificando que la situación en que han quedado requiere el pago de lo que se les debe con más con urgencia. No quedó otra opción más que esta, luego de que la empresa se desentendiera de todo el proceso legal en su contra. Ha sido imposible obtener declaraciones de parte del actual apoderado legal, Sergio Pineda López, ni del abogado de la empresa.
El 7 de agosto comenzaron a interponer las demandas individuales. Actualmente el proceso está en periodo de conciliación; es decir, se espera que los dueños de la empresa respondan.
La noche
Al llegar la noche, las mujeres se sienten cansadas. Algunas deben quedarse a dormir y cuidar la maquila. La medida cautelar interpuesta funcionaría también como protección contra cualquier intento de desalojo, que los han habido. La noche del 2 de septiembre, personas que se identificaron como agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) intentaron sacarlas con un documento que decían era una orden de desalojo proveniente de un juzgado. Keyla Cáceres, quien pertenece a una de las colectivas feministas que ha acompañado a las mujeres en este proceso y candidata a diputada suplente por el partido Nuestro Tiempo, estaba ese día en la fábrica. Ella identificó que el documento no era lo que decían. Ella asegura que era, más bien, una demanda que alguien hizo ante la PNC. Los supuestos policías se fueron ante este razonamiento.
Nery coordina y tiene voz en todas las decisiones que se toman en el campamento. Organizó al menos dos tomas de calles: una frente a la Terminal de Buses sobre el Bulevar del Ejército, y otra sobre la Avenida Juan Pablo II, en el Centro de Gobierno. Esto con el objetivo de conseguir cobertura de los medios y llamar la atención de las autoridades. Además, es quien transmite todos los mensajes importantes y es quien se preocupa de que todas reciban los talleres y capacitaciones que les ofrecen diversas organizaciones. También ordena las pupusas de la cena. Nos sentamos bajo un canopy en completa oscuridad, iluminadas por algunas lámparas de celulares. Conversamos.
Una de las mujeres ha llevado a su hijo de 12 años, Armando, a pasar la noche en el campamento. Decidió que dejara la escuela desde que el Ministerio de Educación anunció las clases a distancia como medidas para reducir el contagio del COVID 19. Al final, la carga académica recaía sobre ella.
Mientras comen su cena, Nery y las demás cuestionan los gustos de la juventud actual. El reguetón, dicen, no tiene ningún mensaje positivo para las y los jóvenes, y las mamás y los papás deberían ser más responsables en este asunto. Armando y su mamá las escuchan en silencio mientras disfrutan del reguetón que escuchan en el celular de Armando, compartiendo audífonos.
Terminamos de cenar, manteniendo distancia entre una persona y otra. Nos colocamos las mascarillas y comenzamos a acomodar algunas tarimas viejas sobre las que colocamos colchonetas para pasar la noche. “Todas las mujeres tienen que pasar por este ácido”, me dice Nery, mientras carga su tarima. Se refiere a que todas las 113 mujeres deben quedarse a dormir en el campamento. Al inicio de la toma no contaban con esas colchonetas.
—Estoy atravesando un gran problema en mi casa. Es cansado tener que hacerme la fuerte para estas mujeres y en el fondo estar mal. Pero esto me ayuda, viera cómo me ha ayudado ̶̶ . Nery me confía estas palabras mientras se va quedando dormida. Enfatiza varias veces que trabajar del lado de estas mujeres es beneficioso para ella y para las demás. Para todas.
Por suerte, esa noche no llueve. De lo contrario, les habría tocado dormir flotando en medio de una corriente que, en cualquier momento, se las podría llevar.
La madrugada
Las mujeres se levantan a las 5 a.m. Comienzan a organizarse para preparar los alimentos.
Nery debe regresar a su casa. Llama un taxi. De los pocos que, Zasegura, las pandillas permiten entrar a su colonia. Las demás se bañan, recogen leña, platican.
En el día, las mujeres sonríen y sueñan en voz alta. Ansían que la maquila pase a ser de su propiedad. “Imagínese. Todo esto sería de nosotras. ¿Qué cosas no podríamos hacer?”, dice Nery. La pondrían a funcionar como saben hacerlo. La maquila ya parece suya, siempre lo ha parecido.
Corrección 03/11/2020: una versión previa de este artículo establecía una escala incorrecta para dimensionar la densidad poblacional de Soyapango.
Ninguna de las mujeres quiso ser identificada para la realización de esta investigación por temor a posibles represalias. Algunos nombres han sido modificados debido a esta consideración.
Créditos:
Reportaje: Marcela Trejo
Edición: Suchit Chávez y Jimena Aguilar
Collages y visualización de datos: Andrea Burgos con fotografías de Marcela Trejo
Este reportaje se hizo con apoyo del National Endowment for Democracy.
