“El Plan Control Territorial no explica el actual comportamiento de la criminalidad”

06/02/2022

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El experto en seguridad pública, Luis Enrique Amaya, analiza el Plan control Territorial y cuestiona el que este explique la baja de homicidios. Al documento lo describe como un collage de políticas públicas anteriores, como el Plan Súper Mano Dura (de Arena) y el Plan El Salvador Seguro (del FMLN). Para estudiar su efectividad, dice, es necesario que el Gobierno informe sobre la implementación del mismo.

El gobierno le atribuye al Plan Control Territorial una sostenida reducción de homicidios. El que fue presentado hace un año a algunas organizaciones que trabajan en la defensa de derechos humanos, sin embargo, difiere en gran medida de las acciones publicitadas en las redes sociales de altos funcionarios, como el presidente, o de instituciones como la Policía Nacional Civil.

Como parte de una investigación sobre el PCT, LA PRENSA GRÁFICA y Alharaca presentaron el contenido de esta política a Luis Enrique Amaya, consultor y experto en seguridad pública con más de 20 años de trayectoria. Anaya analizó el PCT de papel y concluye que este plan no es “esencialmente” diferente al de otros gobiernos. Para él, es una especie de collage de políticas de seguridad presentadas en el pasado por los gobiernos de Arena y FMLN. Y por eso no considera que con este documento pueda explicarse lo qué está pasando con la situación de criminalidad del país.

¿Puede explicarse la reducción de homicidios a la luz de este documento?

Es evidente que el documento no se corresponde ni con lo que anuncia el presidente ni con lo que vemos en la calle. Por ejemplo, según la versión de Bukele y de los más altos funcionarios del ramo de Seguridad, el Plan Control Territorial tiene siete fases. De ellas, solo hemos conocido cuatro: Control, Oportunidades, Modernización e Incursión. Estas fases, sin embargo, no aparecen en el documento. No hay referencia a ellas, más que en un par de veces en las que se hace alusión a que la uno ya está implementada, pero sin dar mayores detalles. Además, yo creo que no explica la situación actual del comportamiento de la criminalidad porque, como documento, a mí me parece muy similar a los anteriores.

¿Qué tiene en común con las políticas o planes de seguridad implementados en el pasado?

Es una especie de collage de los documentos que han elaborado los otros gobiernos. Empezando por el Plan Súper Mano Dura, del expresidente Antonio Saca. Ese plan hablaba de tres componentes: la Mano Dura, que era la parte relativa al combate; el segundo era la Mano Amiga, que estaba enfocada en la prevención; y, finalmente, la Mano Extendida, que referida a la rehabilitación. Entonces, tenía combate, control, prevención y rehabilitación. Eso aparece citado en el Plan Control Territorial y, ahí, se reconoce el valor que tuvo como documento.

Además, el PCT se parece mucho a la Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia y al Plan El Salvador Seguro, de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén. No digo que han fusilado o que es un refrito, porque no es una copia y pega. Es como una especie de paráfrasis. Porque lo que están haciendo es decir lo mismo que los documentos anteriores, pero con otras palabras. Por ejemplo, su estructuración es muy parecida a la del Plan El Salvador Seguro. La variante es que el del gobierno de Sánchez Cerén tenía cinco ejes y el de Bukele cuatro. Por eso, si la mera existencia o redacción del PCT explicara lo que sucede en el país en este momento o el estado de las cosas en materia de seguridad, pues estos cambios deberían haberse visto antes. Porque el plan no es esencialmente diferente.

Ante esto, uno podría escuchar como contra argumento que la diferencia no es tanto la redacción, sino su implementación. Pueden decir que los gobiernos anteriores redactaron buenos documentos, que incluso en este se reconocen como referencias, pero que no los implementaron. O no con la efectividad o el nivel de concreción que lo está haciendo esta administración. Sí, podrían argumentar eso. Pero para confirmarlo o desmentirlo se necesitaría información de la operatividad que está teniendo el Plan, y yo dudo que el gobierno esté en disposición de compartirla.

¿Qué tan realista o aplicable es el contenido de estos documentos?

Las políticas de Funes, Sánchez Cerén (incluyendo El Salvador Seguro) y Bukele aspiran a la integralidad. Y eso es, por supuesto, deseable. Pero tiene una desventaja, y es que entre más intenta cambiar uno las cosas, la viabilidad se hace más complicada. Por decirlo de forma coloquial: si se intenta abarcar mucho, aprieta menos. Por eso, una de las claves de la planificación estratégica es la identificación de aspectos medulares. Algunos llaman a eso “planificación de acupunturista”. Es decir, que hay que buscar los puntos importantes para presionar y así tener un efecto en el sistema. Pero lo que pasa con estos planes es que en aras de ser muy integrales se hacen difíciles de implementar.

Usted mencionaba que lo que pudo haber cambiado, con respecto a planes anteriores, es la implementación del PCT. Sin tener que solicitar información, por lo que ha podido ver, ¿qué de lo que promete el documento está ya funcionando en la práctica?

Básicamente, la ocupación del territorio, de ciertas zonas, por parte de los cuerpos de seguridad: policías y militares. Y los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBOS). Pero de ahí hay mucho asunto pendiente.

¿Por ejemplo?

El tema de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES). Según el documento esto era algo que se iba a impulsar, pero seguramente ya no se va a cumplir. Además, me llama la atención la creación del Centro de Investigación Forense (CIF) del que se habla en el Plan. Dice el mismo documento que su financiamiento será a través de la Fundación Howard G. Buffett y de la Oficina de Asuntos Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del gobierno de Estados Unidos. Pero, hasta donde yo sé, esta fundación anunció su salida del país o el cierre de operaciones. Y, además, ya sabemos cómo están las relaciones con EUA. Entonces, ¿de verdad está garantizado el financiamiento para el CIF? Yo entiendo que está todavía sin terminar en Nuevo Cuscatlán.

También hay otra referencia que me parece interesante: los “interruptores de violencia”. Esta, tal como yo la conozco, es una estrategia que se impulsó en Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles. El programa allá se llamaba Gang Reduction and Youth Development (GRYD). Los interruptores de violencia eran jóvenes contratados por la alcaldía, cuando ya no tenían deudas con la ley, sabiendo que había cierta entrada, reconocimiento o prestigio con miembros de pandillas, porque antes tuvieron alguna vinculación con ellas. Su trabajo era interrumpir la “cadena de venganza”: si un pandillero mata a otro, los amigos de la persona asesinada intentan vengarse. Entonces, los interruptores intervenían para tranquilizar a quien se sintiera agraviado para que no tomara represalias.

En el documento hablan de una cosa similar. Pacificadores sociales, les llaman ahí. Y dice que “harán las veces de interruptores de violencia”. Me llama la atención que dice que estos pacificadores “intervendrán frente a aquellas personas que por su condición de conflicto con la ley puedan ser víctimas de un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, persecución y acoso más allá de los procedimientos que manda la ley”. En otras palabras, aquí de lo que se trata es de proteger a personas que, se presume, son delincuentes. Y se hará para que las autoridades no abusen de ellas. En mi opinión, es una iniciativa que habría que considerar. Yo con esto no estoy en desacuerdo, dependiendo de cómo se plantee. Me parece que hay que ponerlo sobre la mesa como una opción. Pero tengo dudas de que este tipo de iniciativas sean impulsadas por un gobierno que dice o repite con frecuencia que no tiene ninguna paciencia con los pandilleros.

¿Hay algo innovador, y que sí pueda funcionar, en el Plan Control Territorial?

Como planteamiento, tristemente no encuentro nada nuevo. Será nueva la formulación, o al menos diferente. Pero en el contenido no encuentro nada innovador. A mí, para ser franco, eso no me preocupa. Creo que en todos los gobiernos ha habido un fetiche por la innovación. Por desconocer por completo todo lo que hicieron los anteriores. Como si lo hubieran hecho todo mal y nada hubiera por recuperar o aprender. Eso no es inusual. Pero en este gobierno se ha acentuado este fetiche. Tiene un deseo desmedido por decir que lo que están haciendo no tiene ninguna referencia, no solo en el país, sino que en el mundo.

Pero la clave del asunto no es si se dicen cosas nuevas o no. La clave es la implementación. Porque no se trata tanto de tener nuevas ideas, sino de hacer nuevas acciones. Lo que pasa es que el mismo gobierno se ha puesto en la situación de querer decirnos que es una cosa tan novedosa que si nosotros le mencionamos que se parece a lo que otros ya han dicho, lo consideran casi un insulto. Aquí la pregunta es si este gobierno logra hacer algo nuevo, algo diferente. Y eso es lo que yo estaría interesado en conocer. El problema que tenemos es que si el gobierno no nos dice lo que ha propuesto, menos nos va a decir lo que está haciendo.

Los CUBOS, en el documento, se plantean como un espacio que se crea para romper las “fronteras invisibles” generadas por la violencia entre pandillas, al que casi cualquier persona puede tener acceso. ¿Qué opina de esto? ¿Puede funcionar en la práctica?

Esa es la gran pregunta. Para mí la mirada está en la práctica. Las palabras dicen que va a ser un lugar abierto, al que van a llegar distintos públicos. Incluso dice que esto borra “fronteras invisibles”. Me parece absurdo. Es algo que únicamente podría decir alguien que no conoce el territorio. Las fronteras invisibles siguen siendo un hecho en el país. Y para muchos propósitos hay que considerarlas. Porque las personas tienen que cumplir normas para salir de sus comunidades. Y hay normas que aplican de distinto modo para adultos y para jóvenes, y para hombres y para mujeres. Por ejemplo, la portación del DUI. Si usted va a un lugar en el que sabe que la pandilla que tiene presencia ahí es contraria a la que tiene presencia en donde usted vive, no lleva el documento. Y dice que se le olvidó. Porque en cuanto se lo vean, se mete en problemas. Entonces, solo lleva el DUI si sabe que va a una zona de la misma pandilla de donde usted vive. También hay códigos de vestimenta. Y me parece de un desconocimiento indisculpable del territorio que alguien venga a decir que las fronteras invisibles van a ser borradas porque hay un espacio de esparcimiento.

Si los CUBOS son bonitos, si son acogedores para los niños y los jóvenes, esa podría ser una diferencia positiva de los centros de convivencia creados por otros gobiernos. Pero también hay que ver otras cosas, como el costo/efectividad. A mí lo que me gustaría saber es cuánto cuestan. Porque si son muy lindos, pero nos cuestan, por ejemplo, $10 millones, no sé qué tan costo/eficiente sean. Pero, en principio, con respecto a infraestructura me parece algo positivo. Ya como se dinamice es otra cosa.

¿Cómo debería tratarse el tema de la seguridad pública en el país sin caer en propuestas poco realistas de dignificación de la vida y de los territorios ni en situaciones de represión?

La represión es la salida fácil, porque además la opinión pública es muy propensa al populismo punitivo. Le parece bien que se use la fuerza incluso con exceso. También es fácil porque fundamentalmente la ejecutan dos instituciones: la PNC y los militares. Claro, porque si usted tiene que reunir a 20 instituciones para una estrategia más integral, hay dificultades de implementación. Por eso digo que la integralidad se compromete al aspirar a una estrategia más ambiciosa. Yo creo que el tema de seguridad en el país requiere de inteligencia para identificar aquellos aspectos que son verdaderamente críticos. Ningún gobierno se ha preocupado por entender y abordar la problemática de las pandillas de una manera que no sea estrictamente represiva.

Todos entendemos que el actor que más promueve la violencia en el país, sobre todo en las comunidades, son las pandillas. Muchos se han enfocado en trabajar con los “jóvenes en riesgo” o en “situación de vulnerabilidad”, y yo creo que todo ese trabajo es importante, hay que llevarlo a cabo. Pero estamos perdiendo de vista que la mayor cantidad de delitos son cometidos por un pequeño porcentaje de la población. Hay estudios en Estados Unidos que dicen que el 40 o 50% de los delitos los comete el 1% de la gente. Creo que nuestro 1% son las pandillas. Con ellos hay que trabajar directamente. Hay que ensayar otras cosas que vayan más allá de la persecución. Creo que los gobiernos, y este lo confirma, no han tenido la suficiente creatividad y valor como para trabajar con las pandillas a través de iniciativas más diversas.



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