Valentina Vigil se casó en el cantón donde nació el 2 de octubre de 2020, junto a su familia y amistades, en el patio de su casa. No todas las personas invitadas asistieron. Esa tarde cayó una tormenta que la hizo llorar de rabia porque así no podía lucir su vestido blanco de novia, en el que se inspiró viendo tutoriales de YouTube.
Desde temprano, su familia llegó a ayudarle a cocinar el pollo con arroz, el plato que se serviría después de la ceremonia. Mientras tanto, ella se maquillaba y se peinaba.
Por la tarde aún llovía, pero en el patio de la casa y bajo una carpa, inició la ceremonia en la que una amiga de Valentina leyó, frente a la pareja y una veintena de presentes, un acta que ella misma había escrito. La amiga simuló ser una notaria que unía en matrimonio a la pareja, que un año antes había comenzado su relación, sin saber que, con esto, estaba retando al Estado.
Ese día, el caserío El Carreto, en el cantón Las Placitas, desde donde se ve de cerca el imponente volcán Chaparrastique en San Miguel, pasó a la historia con Valentina y Gabriel. La pareja se volvió famosa cuando la noticia de su boda apareció publicada un año después en el periódico español El País y también en El Diario de Hoy, uno de los periódicos tradicionales salvadoreños de mayor circulación.
Valentina y Gabriel en su casa en el caserío El Carreto, San Miguel. Fotos: Kellys Portillo.
En El Salvador, donde no hay ninguna ley a favor de la diversidad sexual, que una mujer trans celebrara una boda con su novio escaló rápidamente a la Asamblea Legislativa. Valentina fue contactada por teléfono por el entonces diputado del departamento de San Miguel, Numán Salgado.
“Me preguntaron que cómo había hecho, porque no estaba legalizado (el matrimonio), que la persona que nos casó podía ser hasta penada. Yo le expliqué y llevé el acta: «Ahí dice claramente que no es una boda civil, es una boda simbólica donde se unen dos personas con el amor’”, recuerda Valentina, directora del Colectivo LGBTIQ Perlas de Oriente.
El tema no escaló más. En cambio, en el 2000, una pareja gay que también simuló una boda en San Juan Nonualco, en La Paz, no tuvo la misma suerte que Valentina y Gabriel. La fiscalía general de la República inició una investigación que finalmente se cerró sin llegar a un tribunal, ya que no había delito que investigar.
El blindaje para las parejas diversas
En El Salvador, el matrimonio igualitario está prohibido y el Estado no reconoce las uniones libres de las parejas LGBTIQ. Algunas personas optan por casarse en países que permiten el matrimonio igualitario, debido a que tienen los recursos socioeconómicos para hacerlo posible. Sin embargo, al regresar a El Salvador, su vínculo carece de validez legal. Además, hay quienes que, como Valentina y Gabriel, eligen realizar ceremonias simbólicas.
Debido a estas condiciones legales, las parejas de la diversidad sexual no tienen acceso a los derechos derivados de las uniones libres o matrimonios: el derecho a heredar, adoptar, nombrar a sus cónyuges como beneficiarios de seguros de vida, o comprar y compartir bienes juntos.
Algunas parejas intentan encontrar soluciones dentro de los vacíos de la legislación salvadoreña, pero no logran acceder a derechos debido a que la prohibición del matrimonio igualitario está establecida en la Constitución de la República, la cual es ley primaria que rige todas las demás. La Constitución actual, vigente desde 1983, en su artículo 33; y el artículo 11 del Código de Familia establecen que el matrimonio es exclusivamente entre un hombre y una mujer cisgénero.
La aprobación del matrimonio igualitario en Estados Unidos, Europa y algunos países latinoamericanos ha llevado a los legisladores salvadoreñes a blindar esta prohibición a toda costa. Durante los períodos de elecciones legislativas y presidenciales han utilizado esta política como una bandera de los grupos conservadores para obtener apoyo y réditos electorales.
A pesar de que el matrimonio igualitario ya estaba prohibido en la Constitución, en 2005, el entonces diputado Rodolfo Parker, del Partido Demócrata Cristiano, presentó una reforma para añadir al artículo 33 que el matrimonio es entre hombres y mujeres “así nacidos naturalmente”. También propuso reformar el artículo 34 para prohibir la adopción de parejas homoparentales. Los cambios fueron aprobados con 46 votos de la derecha, y respaldados por el lobby de las iglesias y del sector empresarial.
En marzo de 2008, uno de los hijos de Parker, Andrew, fue acusado en Estados Unidos junto a otros dos salvadoreños de abuso sexual por obligar a tener relaciones sexuales a una pareja de menores de edad en un crucero de la compañía Norwegian Dawn, en las Islas Vírgenes estadounidenses. Ahora la familia Parker enfrenta en El Salvador un juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito. La FGR demanda al exdiputado, su esposa, su hijo y sus dos hijas de apropiarse de 2.3 millones de dólares.
“Desde una visión de beneficio político-electoral, la promoción, defensa y promulgación de esta pretendida reforma discriminatoria ha sido un intento de ganar popularidad entre las masas conservadoras y fundamentalistas religiosas, para que los diputados o diputadas que enarbolan esta bandera mantuvieran su curul en la Asamblea Legislativa”, sostiene el investigador Amaral Arévalo en su artículo “Del margen al centro: matrimonio civil igualitario en El Salvador”, donde resume la prohibición del matrimonio igualitario.
Las reformas aún no han sido incluidas en la Constitución. En los periodos legislativos posteriores a las reformas, hasta 2018, la Asamblea Legislativa no logró obtener los votos necesarios para ratificarlas.
La prohibición del matrimonio igualitario también figura en el Código de Familia. En 2018, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió dos demandas en contra del artículo 11 de dicho código, aunque ya había rechazado otras tres demandas contra las reformas constitucionales de 2005. A la fecha no existe una decisión vinculante de la Sala de lo Constitucional sobre el reconocimiento del matrimonio igualitario o las uniones de hecho entre personas del mismo sexo en El Salvador.
Derechos ¿igualitarios?
Roberto Zapata, economista y coordinador de la sede oriental de la organización AMATE El Salvador, reconoce que, en paralelo a la lucha por el matrimonio igualitario, existen otras necesidades urgentes para la población LGBTIQ salvadoreña, como la aprobación de una Ley de Identidad de Género que reconozca a las personas trans y que no queden impunes los más de 900 crímenes cometidos contra las personas de la diversidad sexual tras la guerra. Sin embargo, subraya que el matrimonio también es un derecho para todas las personas.
“Al final de cuentas, estamos hablando de un derecho que todas las personas deberían tener de forma igualitaria y simplemente eso es lo que se le está exigiendo al Estado salvadoreño, de que elimine la forma de discriminación que existe actualmente y que permita que podamos acceder en igualdad de condiciones a este tipo de derechos”, explica.
El 19 de enero de 2018, después de una opinión consultiva presentada por Costa Rica a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el derecho de las personas trans a acceder legalmente al cambio de identidad y el derecho de las parejas LGBTIQ a derechos patrimoniales derivados del matrimonio, el tribunal, con sede en ese país centroamericano, determinó que estos derechos están protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, instó a los Estados que han ratificado esta convención, como El Salvador, a garantizar su cumplimiento.
En la sentencia, la Corte IDH señaló que las parejas LGBTIQ tienen los mismos derechos que las parejas heterosexuales, pero advirtió que a veces estos derechos se ven limitados por instituciones basadas en motivos religiosos.
Dos años después de la sentencia, Costa Rica aprobó el matrimonio igualitario y hasta ahora es el único país centroamericano donde dos personas LGBTIQ pueden casarse legalmente. En El Salvador, la CSJ aún no ha resuelto las demandas de inconstitucionalidad admitidas.
El 1 de mayo de 2021, en la primera sesión plenaria, el Estado salvadoreño fue cooptado. La bancada de diputados oficialistas de Nuevas Ideas, el partido de Nayib Bukele, destituyó a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, para imponer a funcionarios afines al gobierno. Nueve meses después, en febrero de 2022, esta misma Sala de lo Constitucional ordenó a la Asamblea Legislativa a legislar a favor de la Ley de Identidad de Género, en respuesta a una demanda interpuesta por la activista trans Karla Avelar contra de dos artículos de la Ley del Nombre de la Persona Natural.
El 31 de mayo de 2023, FESPAD, COMCAVIS TRANS El Salvador, Asociación Colectivo Alejandría El Salvador y Synergía – Initiatives for Human Rights presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de Karla Avelar. Las organizaciones señalaron que el Estado salvadoreño tiene responsabilidad internacional en este caso por tres razones principales: la falta de reconocimiento del nombre de Karla de acuerdo con su identidad de género, la falta de investigación y sanción diligente de los actos de violencia por prejuicio transfóbico contra Karla y su madre Claudia, y el desplazamiento forzado de ambas a Suiza para proteger sus vidas y su integridad personal.
Durante varios años, la Mesa por Una Ley de Identidad de Género, conformada por organizaciones LGBTIQ, trabajó un proyecto de Ley de Identidad que formó parte del compendio de iniciativas que la nueva legislatura afín a Bukele archivó por considerlas “obsoletas”.
La cruzada antiderechos LGBTIQ+
Desde su campaña presidencial de 2018, Bukele se ha mantenido opuesto al matrimonio igualitario, una postura antiderechos que no ha cambiado. En junio de 2019, su primer gabinete eliminó la Dirección de Diversidad Sexual, que era parte de la Secretaría de Inclusión Social. Este programa había sido establecido durante el primer gobierno del FMLN para atender a las diversidades sexuales y a las mujeres. Bukele delegó estas responsabilidades en el Ministerio de Cultura.
En febrero de 2024, días después de ser reelegido para un segundo mandato consecutivo inconstitucional, Bukele viajó a Estados Unidos, a la Conferencia de Acción Política Conservadora, que reunió a políticos ultraderechistas como Donald Trump y el presidente argentino Javier Milei.
Allí, Catalina Stubbe, directora hispana de Moms for Liberty, una organización estadounidense que está en contra de la diversidad sexual y de la educación sexual, le consultó a Bukele qué estaba haciendo El Salvador para prevenir la “ideología de género” en las escuelas, un término acuñado por los grupos conservadores para estigmatizar a la población LGBTIQ+ y su lucha en el acceso a derechos igualitarios.
“Nosotros confiamos a nuestros hijos, que son lo que valen para nosotros, al sistema educativo, para que les enseñe cosas útiles en su vida: biología, matemática, cosas importantes, para su aprendizaje. Y luego vienen y quieren meterle ideologías, quieren meterles cosas contrarias a la naturaleza”, fue parte de la respuesta de Bukele.
El término «ideología de género» carece de fundamento en las ciencias sociales y se emplea para desacreditar la diversidad sexual y de género. En realidad, lo que existe es la teoría de género, que promueve el respeto a los derechos de todas las personas y la igualdad, proporcionando una base científica para entender y combatir la discriminación y promover la educación sexual integral.
El Gobierno, por otra parte, trabaja una reforma constitucional liderada por el vicepresidente, Félix Ulloa, también reelecto inconstitucionalmente, en que la ya adelantó que no modificará los artículos relacionados con la prohibición del matrimonio igualitario, el aborto y la eutanasia. Esta reforma es discutida por una comisión integrada por diputados y pastores evangélicos.
En contraste con El Salvador, en América Latina, Argentina es uno de los países pioneros en lograr derechos a favor de la diversidad sexual. Tiene legalizado el matrimonio igualitario desde 2010 y en 2012 aprobó la Ley de Identidad de Género.
María Rachid, una de las fundadoras de la Federación Argentina LGBTIQ y quien, entre 2007 y 2010, militó activamente para la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario en este país, destaca que esta ley significa un paso importante en los derechos humanos de la población LGBTIQ, particularmente, pero también en la población en general. “Una sociedad que construye mayor libertad y derechos para sus ciudadanes, es una sociedad más libre para todes”, asegura.
Los tropiezos legales
Wendy y Alejandra se casaron en Buenos Aires, en 2013. Lo hicieron a través de Easy Wedding Argentina, una empresa argentina que en redes sociales se promociona como organizadora de bodas para personas LGBTIQ y que para este reportaje no respondió los mensajes.
Además de comprar los boletos desde Bogotá, Colombia, donde estaban viviendo para entonces, pagaron 1000 dólares por casarse, incluyendo el servicio de traducción de su acta de matrimonio al inglés.
La pareja estuvo 10 días antes de la boda en Argentina, para someterse a un examen de sífilis y conocer a sus dos testigos, de nacionalidad argentina. Todo fue gestionado por Easy Wedding Argentina. Después de la boda, regresaron a Bogotá, donde Alejandra estaba trabajando. Y, en diciembre de 2013, se instalaron nuevamente en El Salvador.
Las esposas cuentan que se casaron para tener cómo comprobar su relación en los trámites administrativos y también para migrar a otro país en el que su matrimonio sea válido. Pero una vez instaladas acá, decidieron no moverse. Salir les implica iniciar, otra vez, su vida, y no quieren emigrar sin una visa de trabajo.
Las dos se dedican a la computación. En 2022, Alejandra estuvo a punto de ser seleccionada para un trabajo en Estados Unidos y, por primera vez, cuando le preguntaron su estado civil, pudo comprobar que estaba casada con una mujer. Wendy asume que el matrimonio le sirvió para que, en el cuarto intento, le otorgaran la visa para viajar a Estados Unidos, donde el matrimonio igualitario es legal desde 2015. Antes se la habían negado.
Estas han sido las únicas veces en las que la pareja ha encontrado validez a su matrimonio en El Salvador. Por lo demás, todo ha sido cuesta arriba. Cuando Alejandra y Wendy intentaron sacar un préstamo juntas para comprar la casa en la que viven, el banco no las dejó. Esto les condicionó el presupuesto. Tuvieron que optar por una vivienda en un lugar que no tenían como primera opción y la hipoteca quedó solo a nombre de Wendy.
Los tropiezos legales siguen. Alejandra y Wendy no pueden inscribirse mutuamente como beneficiarias del Instituto Salvadoreño de Seguro Social (ISSS), la única institución accesible para quienes tienen un trabajo formal y quieren cotizar servicios de salud. Tampoco pueden inscribirse juntas a un seguro de vida o abrir una cuenta bancaria en común.
Pies de fotos: Wendy y Alejandra se casaron en Argentina. Fotos: Kellys Portillo.
Hasta 2022, de acuerdo con la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples, 35 de cada 100 personas con empleo remunerado estaban afiliadas o cubiertas por algún sistema de seguridad social público o privado. Y un poco más de la mitad, el 51.8 %, eran propietarias de sus viviendas.
“Lamentablemente, en este país, todo tiene que ver con recursos y con posibilidades. Y si no hay recursos, si no hay dinero de por medio, entonces las posibilidades que tenés disponibles son bien limitadas”, comenta Alejandra.
En 2020, la pandemia del COVID puso en evidencia las vulnerabilidades que enfrentan poblaciones como las disidencias sexuales y las mujeres, a falta de garantías constitucionales y políticas públicas.
Wendy y Alejandra se asustaron por los fallecimientos y los casos de contagios del virus. Al no poder beneficiarse de un seguro de vida mutuo, se asesoraron con una amiga para redactar, cada una, su testamento, en el que figura como herencia la casa y el carro que comparten.
El Código Civil salvadoreño permite la libre disposición testamentaria. Es decir, la posibilidad de que una persona herede a otra un bien sin importar el vínculo entre ambas. Este derecho tiene validez hasta que la persona que cede la herencia fallece, explica Abner Mendoza, notario y colaborador del área de Derechos Laborales de la Asociación de Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES).
Hace tres años, Mendoza ayudó a una pareja gay a redactar su testamento, para que, al fallecer uno de ellos, el otro se quede con la casa para la que ambos han aportado la mitad del dinero en su compra. “Querían también que uno se encargara de los restos del otro al morir. Pero no hay forma de concretizar esto, porque, de por sí, los procesos de herencia son tardados y, en caso hubiese impedimento de la familia de alguno con el cuerpo, no era algo que pudiera resolverse por los plazos ante un tribunal”, enfatiza el notario.
Sin una regulación legal en derechos patrimoniales para toda la ciudadanía, las parejas LGBTIQ salvadoreñas están expuestas a un sinfín de situaciones en las que siempre quedan desprotegidas en comparación con las parejas heterosexuales, aun cuando estas no están casadas.
En 2020, AMATE acompañó a un hombre gay que había perdido a su pareja de años en un accidente de tránsito. No pudo recibir la indemnización del Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidente de Tránsito (FONAT), un programa estatal enfocado en las víctimas de accidentes de tránsito, porque legalmente no era reconocido como familiar del fallecido. Las beneficiarias de la indemnización de su pareja fueron su madre y su hermana, quienes desde hace años se habían alejado de él porque nunca aceptaron que fuera un hombre gay.
La precarización laboral LGBTIQ+
Manuel es diseñador industrial, y, Carlos, un médico estatal. En la pandemia, Manuel se quedó sin trabajo y perdió la cobertura médica del ISSS. Carlos intentó inscribirlo a los dos seguros privados que el Estado le ofreció a la planta de médicos salvadoreños durante la pandemia, pero la aseguradora les puso obstáculos: legalmente, Carlos no tiene ningún vínculo con Manuel, aunque viven juntos desde hace cinco años. Las beneficiarias del seguro son la mamá y la hermana de Carlos.
En una cafetería de San Salvador, Carlos cuenta esta y otras vivencias de su relación. Como la mayoría de las parejas de este texto, prefiere que se les llame con un solo nombre o que se omita su nombre. No todas son abiertas y visiblemente personas LGBTIQ dentro de sus círculos familiares o sociales.
“Podemos estar juntos sin necesidad de un papel de por medio. El tema es asegurarle a la otra persona lo que vos quisieras darle si vos faltaras”, expresa Carlos con tranquilidad, aunque parece que ya han hablado sobre qué pasará con sus bienes si alguno de los dos llega a faltar.
Un año después de ser novios, se mudaron a la casa de la mamá de Carlos, donde su papá le heredó un espacio. A Carlos le preocupa que Manuel no pueda acceder a una pensión o que, si él muere, su pareja se quede sin casa. Por eso, Carlos le ha dicho a su familia que Manuel debe heredar la parte de la casa que le corresponde a él. Todo está charlado, pero no hay ningún papel legal que lo respalde o garantice que se respetará su voluntad.
La investigación “Sin derechos igualitarios: el acceso desigual de las personas LGBTIQ a la seguridad social en el Área Metropolitana de San Salvador, 2019”, publicada por AMATE y liderada por Roberto Zapata, da cuenta de la exclusión estructural que viven las personas de la diversidad sexual en El Salvador. Cuando algunas hacen visible su identidad de género y orientación sexual en sus casas, son expulsadas; y luego, esta exclusión también la viven en el mundo laboral.
A falta de un censo que contabilice a la población de la diversidad sexual salvadoreña, AMATE tomó como muestra a 384 personas LGBTIQ de los entonces municipios de San Salvador, Soyapango y Santa Tecla, donde se concentra la mayoría de cotizantes del ISSS en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
Los principales hallazgos revelaron que un 22 % de las personas entrevistadas respondió que, al salir del clóset, abandonó su hogar y se las arregló económicamente por sí mismas, ya que no encontró ayuda de otras personas. Además, la mitad de las personas entrevistadas dijo haber enfrentado la exclusión laboral.
Las más afectadas son las mujeres trans. “Nosotras somos marginadas”, asegura Valentina, recordando cómo ha sido para ella vivir en la campiña salvadoreña. Primero fue discriminada en su casa y luego en su vecindario. Ella es una de las tres mujeres trans que, para 2018, había podido insertarse en un trabajo formal, según la investigación de AMATE.
En 2016, cuatro años antes de aprobar el matrimonio igualitario, la Caja Costarricense del Seguro Social modificó su reglamento para que las parejas LGBTIQ pudieran acceder a la prestación del servicio. En El Salvador, casadas o no, las personas heterosexuales pueden inscribir a sus parejas como beneficiarias del ISSS. Las parejas diversas no.
De acuerdo con la investigación de AMATE, en 2018, 316,015 personas eran cubiertas por el ISSS por ser beneficiarias de trabajadores activos. El 58 % de las personas beneficiarias estaban casadas, el 42 % restante eran parejas heterosexuales de trabajadores formales que no estaban casadas.
“Es una cuestión de voluntad de la institución de decir: ‘Ok, aunque no exista esta cuestión en la ley, nosotros podemos cambiar la normativa para que accedan las personas’, porque no hay nada que te inhiba a ampliar derechos. Lo que en teoría te inhibe es quitar derechos, aunque en la práctica pasa”, sostiene Zapata.
El reglamento del ISSS no permite que la pareja de una persona LGBTIQ sea beneficiaria del régimen de salud, y esto parece inquebrantable para la institución. AMATE también acompañó el caso de una mujer lesbiana que fue diagnosticada con cáncer de mama y que no pudo acceder al servicio de salud del ISSS como beneficiara de su pareja.
Para recibir sus quimioterapias, una amiga emprendedora tuvo que inscribirla en su empresa. Al figurar como empleada activa, la mujer pudo cotizar en el ISSS y acceder a la cobertura médica.
En la investigación de AMATE, muchas personas entrevistadas mencionaron que, aunque existen formas de acceder a la cobertura de salud del ISSS, con trabajos precarios no podían costearse los 50 dólares mensuales de cuota, en un país donde los salarios mínimos van desde $243.46 hasta un tope de $364.80.
El privilegio
Después de ocho años de estar de novio con Jaime y de asesorarse con un amigo notario en Miami sobre el país más conveniente para casarse, con el fin de explorar la legislación salvadoreña y hacer valer algunos de sus derechos conyugales, Mauricio finalmente se casó Jaime el 24 de agosto del año pasado en Houston, Texas, Estados Unidos.
Mauricio y Jaime se conocieron mientras estudiaban en una escuela de comunicaciones de El Salvador. Durante un intercambio en México, en los primeros seis meses de noviazgo, se enamoraron. Al terminar sus estudios, siguieron juntos. Cada uno tiene su trabajo y han comprado un apartamento en el que conviven parte de la semana. Mauricio trabaja para empresas estadounidenses y Jaime, en un negocio familiar de bienes y raíces.
En enero de este año, organizaron una boda simbólica para celebrar el matrimonio que realizaron en Estados Unidos, pero esta vez con sus familias y amistades. No fue fácil encontrar un hotel para la fiesta. La administración de cuatro hoteles ubicados en San Salvador, El Salvador, le dijo a la pareja que, por tratarse de una celebración entre dos hombres, el asunto tenía que ser discutido por las juntas directivas. Finalmente, la celebración fue en un hotel boutique en la capital salvadoreña. Pagaron seis mil dólares por el alquiler, la recepción y por contar con seguridad privada.
El núcleo familiar de Mauricio y Jaime conoce su relación y matrimonio, pero Mauricio desciende de árabes y tiene a un tío musulmán a quien evita en los encuentros familiares. Los musulmanes practican el islam y, según su religión, la homosexualidad es un delito. En algunos países islámicos, la homosexualidad incluso se castiga con la pena de muerte.
Mauricio y Jaime se casaron en Houston, Texas. Fotos: Kellys Portillo.
Mauricio ha informado a sus padres que, si llega a fallecer, el 75 % de la pensión de su seguro privado debe ser para Jaime, aunque él no figure en los documentos como su esposo. También ha indicado que, si es necesario tomar decisiones sobre su salud, su esposo lo haga.
“Nosotros, al ser una pareja de hombres gais, hasta cierto punto, como bien se puede decir heteronormados, se nos brindan mayores facilidades que a otras parejas, por ejemplo, de parejas lesbianas”, reconoce Luis, quien también se casó con su pareja, Octavio, el 25 de enero de este año en Washington, la capital estadounidense.
Luis es economista y Octavio mercadólogo. Ambos trabajan para la cooperación internacional, lo que, de acuerdo con Luis, les ha abierto puertas a oportunidades que otras parejas diversas no tienen: encontrar una inmobiliaria que acceda a otorgarles una hipoteca sin estar casados; ser beneficiarios mutuos de sus seguros de vida; abrir juntos una cuenta mancomunada; y hasta que Octavio cuidara de Luis mientras él estuvo internado por COVID en un hospital privado de San Salvador, en dos ocasiones.
A diferencia de Valentina, a quien no le permitieron comprar una motocicleta a nombre suyo y de su pareja, lo que hace suponer que será igual cuando busquen una casa, ya que donde viven actualmente es de una tía de Valentina que está en Estados Unidos.
“Hay que pelearnos por esto, porque las personas piensan que uno se quiere casar por beneficio, y yo siento que beneficio no es, es algo para apoyarnos mutuamente. Yo, por ejemplo, tengo trabajo estable, tengo mi seguro, ¿cómo lo puedo meter a él? No puedo decir: ‘Él es mi pareja, él es mi esposo, lo quiero asegurar’, dice Valentina, casi cuatro años después de una boda que el Estado no reconoce.
* Esta investigación fue publicada en el marco del Proyecto “Por la libertad de prensa, el acceso a la información y la democracia en El Salvador”, ejecutado por la UCA, APES y FIP.
