Este 1 de junio no llega como otros. Durante años, hemos hecho un editorial especial para conmemorar los momentos claves del Gobierno, utilizando la sátira y la música para hablar de un gobernante que empezó a perfilar su autoritarismo desde su primer año de mandato. Hoy, 6 años después de que Nayib Bukele llegara a la presidencia, nos encontramos en un país envuelto en la zozobra por la furia que puede desatar en cualquier momento contra quien le moleste. Hoy, incluso escribir estas palabras nos exige pensarlo dos veces. Dudamos de qué decir, cómo decirlo y hasta cuándo.
La reciente detención de la abogada defensora de derechos humanos, Ruth Eleonora López, ha marcado un punto de no retorno. No es un caso aislado. En tres años de régimen de excepción, han sido detenidas más de 85,500 personas sin ningún respeto al debido proceso y al estado de derecho. Al menos 416 han muerto bajo custodia del Estado. Pero este caso ha tocado fibras que se habían adormecido desde la firma de los Acuerdos de Paz. La defensa de derechos humanos es de nuevo un crimen en El Salvador, con pena de desaparición en una cárcel financiada con los impuestos que pagamos.
A esto se le suma la recién aprobada Ley de Agentes Extranjeros, con su impuesto del 30 % y sus definiciones tan amplias, que convierte cada donación, cada proyecto y cada crítica en riesgo de multa, cancelación de registro o detención bajo el régimen de excepción. Es una amenaza directa a la libertad de expresión y de prensa, al derecho a saber y a la existencia misma de medios feministas e independientes como el nuestro. Obliga a todas las organizaciones de la sociedad civil y medios independientes a replantearse cómo o si es posible operar en El Salvador.
Este país cambió. Y nosotras también. La resistencia ya no se grita con euforia. A veces apenas se sostiene. No queremos mártires. Este país ya tiene suficientes. Desde que nació, Alharaca ha intentado crear espacios seguros para sus integrantes y esa misión se vuelve primordial en este contexto de tanto riesgo, pues también nos debemos a nuestra equipa y a su seguridad.
Queremos vivir en un país donde podamos ser abiertamente feministas, donde hacer periodismo, señalar y visibilizar lo que hace mal el Gobierno no sea un acto de alto riesgo, sino un ejercicio político de ciudadanía y el cumplimiento de nuestra labor. Queremos seguir documentando, preservando la memoria histórica, visibilizando las luchas de las mujeres y de la población LGBTIQA+, ahora más amenazadas que nunca. Queremos seguir recorriendo sin temor los territorios, donde la gentrificación y la modernización arrasan con historia, recursos y comunidad. Queremos ser parte de una sociedad donde decir lo que pensamos no nos ponga en peligro. Pero ese país, ahora mismo, no existe.
¿Quién responde por todas las vidas afectadas? ¿Qué pasará cuando todas las voces críticas sean silenciadas o tengan demasiado temor y dejen de hablar?
