Redacción: Reiny Ponce y Vilma Laínez, Alharaca
Nueve mujeres se sientan en círculo con cuadernos y lapiceros en mano. Pronto, comienzan a trazar las estrategias que pondrán en marcha este año con un objetivo claro: prevenir la violencia de género antes de que toque otra puerta. Aquí, en el local donde antes funcionaba una panadería comunitaria, ellas han levantado la Casa de la Mujer de la comunidad de Santa Marta. En un territorio donde la presencia del Estado escasea, se han convertido en una red de protección para sus vecinas y para ellas mismas. Las nueve mujeres conforman la junta directiva de la Unión de Mujeres Diversas de Santa Marta, un espacio que fue fundado en 2005 por mujeres organizadas de la comunidad y sobrevivientes de la guerra civil salvadoreña.
Leticia Membreño de 50 años es la presidenta de esta Unión. Fue elegida en diciembre del año pasado junto a la nueva junta directiva que liderará las acciones de prevención de la violencia contra las mujeres, las niñas y adolescentes, para los próximos dos años. El sábado 21 de febrero, Leticia llega a la Casa de la Mujer para explicarnos las acciones que como organización han planificado para este 2026.
“Tenemos, por ejemplo, una caminata por la salud en el marco del Día Internacional de las Mujeres”, cuenta. Saben que la violencia de género es amplia y afecta la vida de las vecinas en casi todos los aspectos. Para luchar contra un problema tan grande, han puesto en marcha tantas estrategias como les es posible gestionar: torneos de fútbol entre mujeres jóvenes y adultas, creación de murales, clases de aeróbicos, etc.
En Santa Marta se ha identificado que las principales violencias que se ejercen contra las vecinas son: la psicológica, marcada por humillaciones y descalificaciones, seguida de la violencia sexual, acompañada de acoso y control sobre los cuerpos de las mujeres. La violencia económica y física también prevalecen. El estudio fue desarrollado por la Asociación de Desarrollo Económico y Social “Santa Marta” (ADES) y mujeres de la comunidad en 2024 y advierte que estas agresiones afectan a mujeres de todas las edades.
Leticia viene de procesos formativos desde niña. Fue combatiente de la guerrilla del FMLN y desde que llegó a la comunidad después de vivir refugiada en Honduras no ha parado de participar en los espacios organizativos. Ha sido parte de la ADESCO de Santa Marta y de la Cooperativa de Tierras Nueva Heroica. Y aunque fue parte de las fundadoras de la Unión de Mujeres, es la primera vez que asume como presidenta.
La Unión de Mujeres está integrada por 60 santamarteñas: hay madres, sobrevivientes de violencias, jóvenes de la diversidad sexual y profesionales.
Una de las actividades más simbólicas que realiza la Unión de Mujeres cada año es el encuentro deportivo entre mujeres adultas de la comunidad. La jornada forma parte de las Fiestas de Regreso a Casa, celebradas cada 10 de octubre. Más que competir, las mujeres buscan encontrarse, reír y ocupar —aunque sea por unas horas— un espacio recreativo que históricamente ha sido dominado por los hombres.
El encuentro que anualmente se desarrolla ante la mirada de decenas de personas tanto de la comunidad como de visitantes, comienza con un minuto de silencio en memoria de las mujeres que han fallecido, ya sea a causa de la violencia de género o de enfermedades crónicas. En el del año pasado, tomadas de la mano, formaron un círculo y guardaron silencio. Luego, la presidenta de la Unión de Mujeres les recordó el sentido y la importancia del partido.
Alba Laínez, de 52 años, es una de las participantes que asiste año tras año a ese encuentro. Para ella, la actividad representa una oportunidad para salir de casa y hacer una pausa en la rutina de cuidados no remunerados diaria. “Me gusta jugar porque todo el año estamos solo en nuestros hogares haciendo oficio y siento que nos venimos a desestresar y a reír”.
Sembrando esperanza
En Guarjila, 105 mujeres que conforman la Asociación Mujeres Unidas Sembrando Esperanza se reúnen en la Casa Los Talleres, que es una casa de la comunidad que ocupan las personas para realizar sus actividades, una vez al mes para hablar, reflexionar sobre sus derechos y sobre cómo erradicar la violencia contra las vecinas de la comunidad. La asociación está por cumplir tres años de haberse constituido legalmente, pero las integrantes han participado en el tejido asociativo desde tiempo atrás. Ejemplo de ello es Juana Morales, de 56 años, quien es la presidenta de la asociación y desde niña participó en procesos comunitarios.
La asociación que preside gestiona actividades recreativas y talleres sobre valores y derechos donde siembran una certeza sencilla y poderosa: la violencia no es normal. En estos espacios, las mujeres también han llegado a hablar y cuestionar prácticas arraigadas, como los matrimonios forzados a temprana edad y la violencia cotidiana que viven algunas mujeres de la comunidad.
“Se analiza que las mujeres están levantadas a las cuatro de la mañana y el esposo o el hijo les dicen que no trabajan, que no tienen derecho a vender el maíz que cultivan. Entonces, en cada actividad tratamos un tema que va enfocado en dialogar y analizar qué cosas podemos hacer”, explica la líder comunitaria.
Para erradicar esta violencia económica y alimentaria, que son de las principales violencias que también reconocen las mujeres en esta comunidad, impulsan jornadas sobre independencia económica, soberanía alimentaria y autonomía. A través de sus redes sociales subrayan que una soberanía alimentaria liderada por mujeres fortalece su autonomía y garantiza recursos para ellas y para las nuevas generaciones.
Edith Guardado, de 39 años, participa en las actividades que se autogestionan desde Guarjila. “La Asociación ha ayudado mucho a que las mujeres en cada encuentro participen, opinen. Antes no tenían un espacio para participar”, sostiene.
La Asociación Mujeres Unidas Sembrando Esperanza entiende que la vida comunitaria solo se sostiene si involucra a todas las personas que la conforman: mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños. Invitan a los hombres a participar para que aprendan sobre lo que hablan y no reproduzcan violencias en sus casas.
Quienes conforman la asociación también acompañan a víctimas de casos de agresión física y psicológica. Pueden actuar como mediadoras, dialogando con la persona que ejerció violencia o incluso llevar el caso hasta las autoridades y buscar medidas de protección jurídica.
“Me alegra mucho cuando veo a muchas mujeres hablando ya con mucha libertad de decir: ´Yo decido por mí”, explica Juana Morales, presidenta de la asociación. Por ahora, ella está enfocando esfuerzos en el trabajo con infancias. “A través de juegos tradicionales y croché, les voy integrando en el tema de los valores y de los derechos”, comenta. “Son pequeños y pequeñas de 9 a 14 añitos, y yo digo, ´estas son las niñas y los niños que vamos a ir tomando’. Así les digo: ´ustedes no tienen que permitir que les hagan violencia´”.
La prevención de la violencia nace en comunidad
Santa Marta y Guarjila son cantones rurales. Su población casi en su totalidad es campesina. Están separadas por más de dos horas de camino, pero las une una historia común: la organización comunitaria y la memoria histórica. Su población vivió en campamentos de personas refugiadas en Honduras a causa de la guerra. Ahí aprendieron a cuidarse de forma colectiva: compartían la comida, aprendían a leer y escribir en comunidad y las mujeres acompañaban y asistían a sus vecinas durante la dieta de parto, brindándoles apoyo y cuidados en esos días de resguardo.
Ahora, sus habitantes sobreviven de lo que siembran, de ganado, animales de corral, pequeños comercios, jornadas de albañilería y las remesas que llegan desde Estados Unidos. Santa Marta tiene una población aproximada de 2,900 personas, según datos locales, mientras que la población de Guarjila es de 2,246 personas, incluyendo el caserío Guancora.
Estos territorios se caracterizan por la autogestión de proyectos comunitarios ante el abandono estatal. Santa Marta por ejemplo, ha reparado sus caminos vecinales con recursos propios. A pesar de que las comunidades pertenecen a municipios gobernados por el partido oficial Nuevas Ideas.
Y aunque cada comunidad tiene su propio ritmo y estrategias, ambas comparten la convicción de que la protección no puede depender únicamente de instituciones lejanas. La mayoría de las acciones comunitarias que realizan nacen de sus propias vivencias como mujeres rurales: los retos de las maternidades de quienes participan, la falta de recursos para moverse de un lugar a otro, las sobrecargas de cuidado, sus enfermedades, la baja escolaridad, etc.
Con la autogestión identifican necesidades y, con los recursos limitados que tienen, les dan respuesta. Por ejemplo, la caminata grupal que han planificado surge de darse cuenta de cómo algunas de ellas padecen enfermedades crónicas y no cuentan con espacios propios donde hablar de lo que les sucede. “Por estar siempre enfocadas en el quehacer del hogar, nunca nos damos ese espacio, nunca nos damos tiempo para salir a estas actividades”, explica.
Para Leticia, estas acciones ayudan a que, en grupo, las vecinas se atrevan a nombrar la violencia que viven o presencian. «Hay mujeres que sí han logrado identificar que los derechos de las mujeres nos pertenecen y los tenemos que defender”, detalla.
La estrategia nacional frente a la estrategia comunitaria
Estas dos organizaciones, al trabajar directamente en el territorio, tienen acceso especial al tejido comunitario local. Y por ello, logran construir diagnósticos específicos para su comunidad, como en el caso de Santa Marta.
En El Salvador se registraron 93,593 hechos de violencia contra mujeres, de acuerdo con el Informe de Hechos, Estado y Situación de la Violencia contra las mujeres 2022. El documento recoge información ocurrida entre 2019 y 2022. Sin embargo, el documento presenta cifras desagregadas por departamento, no por zonas urbanas y rurales, lo que impide dimensionar con precisión cuántos de estos delitos ocurren en comunidades alejadas de la capital.
En el país las instituciones estatales no publican datos oficiales sobre hechos de violencia contra las mujeres, casi toda la información se encuentra en reserva, confirma el Informe Anual 2022-2023 de ORMUSA, incumpliendo el artículo 30 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres que establece que el Sistema Nacional de Datos es el encargado de procesar datos, estadísticas o información sobre estos hechos.
Por su parte, las estadísticas del sitio web de la FGR entre los años 2022 y 2025 reflejan categorías sobre violencia como “intolerancia familiar”, pero en ninguna se hace referencia específica a la violencia diferenciada por género que experimentan las mujeres. Eso, a pesar de que la memoria de labores de dicha institución del 2024 al 2025 registra más de 8 mil delitos de violencia contra las mujeres. Algo similar sucede con la Policía. La memoria de labores de la Policía Nacional Civil refleja únicamente datos sobre homicidios de 2024. Y el Instituto Salvadoreño del Desarrollo de la Mujer tampoco brinda información diferenciada. En sus memorias de labores tienen estadísticas sobre atenciones de violencias, pero no se actualizan desde 2021.
El principal escenario de violencia feminicida es el área rural, de acuerdo con una investigación de El Diario de Hoy que retoma estadísticas que hasta 2022 proporcionaban las instituciones públicas. El 39.2 % de los casos se registraron en estos territorios, en comparación al 32.2% registrado en las zonas urbanas. Y al consultar fuentes de la Organización Salvadoreña de Mujeres por la Paz (ORMUSA) se alerta sobre la persistencia de la violencia feminicida en áreas rurales y las barreras que enfrentan las mujeres para denunciar de forma oportuna, como la distancia hasta las instituciones estatales y la limitada presencia policial en algunas comunidades.
El régimen de excepción, la estrategia de seguridad salvadoreña, aprobado en marzo de 2022 no garantiza la seguridad de las mujeres en las calles o sus hogares. Así lo han advertido organizaciones feministas que sostienen que la lógica punitiva se ha concentrado en la captura de presuntos integrantes de estructuras criminales, mientras las mujeres continúan sin mecanismos efectivos de protección.
La falta de gobernanza con enfoque de género también ha sido criticada por la Resistencia Feminista recientemente en conferencia de prensa. Ellas hacen referencia al desmantelamiento de servicios y políticas públicas que fueron conquistas históricas del movimiento de mujeres como atención especializada en salud, presupuestos para programas o acciones para prevenir la violencia, programas para mujeres rurales y jóvenes, políticas con enfoque de género, acciones para la población LGBTIQ+ y la defensa integral de los derechos humanos.
A estos retrocesos se suman los recortes de fondos con los que las organizaciones de mujeres sostenían la prevención de la violencia en las comunidades, tras la entrada en vigor de la Ley de Agentes Extranjeros. Las dos asociaciones eran apoyadas por organizaciones que han sido afectadas con recortes de fondos de la cooperación internacional.
En Santa Marta, para garantizar el desarrollo de las actividades programadas para este año, han reforzado el cobro de cuotas atrasadas que como socias aportan anualmente. También harán cenas benéficas de recaudación de fondos o tardes alegres donde puedan vender platillos típicos. Tareas que ahora son necesarias para hacer sus actividades de autocuido y formación, pero que ahora, implican más carga de trabajo. En Guarjila, algunas de las actividades planificadas para este año se realizarán sin fondos, otras con el apoyo de proyectos que vienen gestionando con organizaciones sociales.
Para Silvia Juárez, coordinadora del Programa para una Vida Libre de Violencia de ORMUSA, con estos retrocesos se “incumple la Constitución al no garantizar a las mujeres igual ciudadanía plena, (ni) presupuestos equitativos basados en las necesidades específicas de las mujeres”. La especialista en violencia de género considera que la organización territorial debe ser uno de los ejes que más se potencian. Sin embargo, en organizaciones como estas hace falta inversión estatal.
La líder comunitaria de Santa Marta, Leticia cree saber la razón de los obstáculos que organizaciones como la suya enfrentan: “Estos son grupos que están despertando pensamiento, abriéndole la mente a las mujeres”.
*Este trabajo fue realizado por medio de la Beca Zarelia- Poder Elegir, impulsada por Festival Zarelia, Fundación El Churo y Wambra.
Zarelia: www.festivalzarelia.com
Wambra: www.wambra.ec
Poder Elegir: https://www.poderelegir.org/
Churo: https://elchuro.org/
