¿Cuánto nos cuestan los embarazos adolescentes?

Andrea Burgos | 21/08/2021

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Uno de cada cinco embarazos en 2020 fue de una adolescente menor de 20 años. La maternidad temprana es, ante todo, una vulneración de los derechos de las niñas, pero también tiene costos económicos para el país: de cada $10 que el Estado salvadoreño destina para la educación de una niña que abandona su educación por un embarazo, solamente “ganará” $4 de rentabilidad versus los $14 que ganaría si la maternidad se postergara hasta después de los 24 años.


Edición: Jimena Aguilar


El Salvador es un país que ve crecer a miles de madres niñas. El primer año de la pandemia no fue diferente: el Ministerio de Salud registró 12,982 embarazadas entre 11 y 19 años en 2020. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el embarazo prematuro es una situación de riesgo, de pérdida de oportunidades educativas y “un factor condicionante de la perpetuación de la pobreza, de la exclusión y la discriminación”. 

Un fenómeno que perpetúa la pobreza afecta indudablemente a la economía. En 2017, el UNFPA publicó un estudio que busca explicar precisamente esas consecuencias económicas y sociales. “El costo económico del embarazo en niñas y adolescentes” retoma el caso de los 25 mil embarazos prematuros que ocurrieron en 2015 y expone cómo la inserción laboral prematura y el abandono de los estudios altera la trayectoria económica estas niñas.

¿Y cómo se calcula el costo económico? Primero debemos saber la cantidad de embarazos tempranos que hay en un año y, segundo, el nivel educativo que alcanzaron estas niñas que se convirtieron en madres. Así sabremos cuánto dinero invirtió el Estado en su educación, qué expectativas laborales tendrán estas niñas y cuánto podría aportar a futuro en impuestos. Alharaca actualizó y analizó las cifras disponibles de embarazos en adolescentes y las condiciones educativas hasta 2020. Revisemos primero la situación del embarazo prematuro. 

¿Qué pasó en el primer año de la pandemia? 

La mayoría de embarazos adolescentes en 2020 se aglutinan en el municipio de San Salvador, pero proporcionalmente su situación no es la más grave: debido a su alta densidad poblacional, la tasa capitalina es en realidad bastante baja. Por el contrario, municipios como Las Vueltas, en Chalatenango, continúa estando entre las tasas más altas del país a pesar de que se estima que hay menos de un centenar de niñas en su territorio. 



La crisis sanitaria dejó en entredicho la cobertura de salud, incluídos los servicios de salud sexual y reproductiva. Neus Bernabeu, representante UNFPA El Salvador, afirma que ellos hicieron un sondeo que reveló que solo el 70 % de las mujeres entrevistadas asistieron a sus controles prenatales. Además, “cuando se le preguntó a las menores de 19 años que resultaron embarazadas entre el mes de marzo y agosto del 2020, el 72.7 % dijo que no esperaba quedar embarazada y que le habría gustado esperar más tiempo, mientras que en las adultas dicho porcentaje fue del 52 %” añade. 

La «Ley Nacer con Cariño» recién aprobada el 17 de agosto busca proteger los derechos de las mujeres y de la infancia en torno al parto; pero con cifras tan altas de embarazos no intencionados en adolescentes su capacidad de dar respuesta a la realidad salvadoreña se pone en duda.


Hay menos embarazos tempranos, pero siguen siendo el 20% del total 


El mismo año en que se publicó el estudio del costo económico —y con el apoyo técnico del mismo UNFPA— el gobierno del FMLN lanzó la Estrategia Nacional Intersectorial de Prevención del embarazo en Niñas y Adolescentes 2017-2027 (ENIPENA), la cual busca “eliminar el embarazo en niñas y en adolescentes”. La estrategia planteó una intervención multidisciplinaria a la problemática y puso al centro de su implementación al Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (Conna), al Ministerio de Salud (Minsal) y al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). 

Cuando el plan arracó, en el país se registraron 19,294 adolescentes embarazadas entre los 10 y los 19 años. Para el año pasado esta cifra se redujo a poco menos de 13 mil. Bernabeu afirma que la disminución del total de embarazos refleja una tendencia demográfica. “Cada vez tenemos menos niños y adolescentes y una población más envejecida. Se manifiesta tanto en mujeres mayores de 19 años como en adolescentes y niñas. Lo que es cierto es que la tasa en adolescentes se reduce de manera mucho más lenta”. 



Ahora bien, ¿qué tan tempranos son? El siguiente gráfico muestra que para el año pasado la mayoría de embarazos adolescentes eran niñas entre 18 y 19 años. Pero la sola existencia de embarazos en edades menores es alarmante, ya que, por ley, cualquier embarazo de una menor de 15 años es prueba de una violación sexual, o estupro si es menor de 18.  



Además de la edad, el territorio es una variable importante de desigualdad y vulnerabilidad. Los departamentos en los que se ubica la urbe capitalina, San Salvador y La Libertad, reportan las tasas de embarazo más bajas en casi todas las edades. Por el contrario, los departamentos con las tasas más altas son del interior del país, como Ahuachapán, Sonsonate y Cabañas. 

Martina vive en Cabañas. Ella quedó embarazada a los 14 años de un hombre 10 años mayor que ella. Su papá y su mamá, con quienes vive ahora, se opusieron a la relación precisamente por la diferencia de edad, pero no buscaron ninguna acción penal. “Sí tenemos comunicación y él me ayuda con el niño, pero no estamos juntos ni vivimos juntos”, cuenta Martina.  Su familia y ella luchan para que no se vuelva parte de las cifras de abandono escolar.


Ser madre en lugar de bachiller 


Para 2019, la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) calculaba que más de 73 mil niñas entre los 16 y 18 años no asistían a la escuela y que casi 3 de cada 10 de ellas no asistía a clases debido a trabajos domésticos, embarazo o maternidad. Precisamente, a partir los 16 años, edad en la que se debería empezar a cursar bachillerato, es cuando suceden la mayor cantidad de embarazos adolescentes. 



Hoy Martina tiene 16 años y un bebé de un año y medio. “Ahorita estoy en noveno”, cuenta mientras su hijo juguetea al fondo. “Yo siempre seguí estudiando, igual siempre sigo estudiando. Estudio en la escuela y donde me dieron una beca. Sigo estudiando en los dos”. Dicha beca la obtuvo por ser reconocida como una joven talento por una institución de estudios superiores del país. El apoyo de sus padres fue crucial para que pudiese continuar con sus estudios. La abuela paterna del niño lo cuida mientras ella va a la escuela, y su madre, cuando asiste a la academia superior sabatina. “Los días de semana estudio de 7:30 a 11:45 en presencial. El fin de semana es en línea de 7 a 12 y de 1:30 a 3:30. Es el día que termino más cansada” comenta. Añade que por las tardes se dedica a cuidar a su hijo.  

Pero el caso de Martina representa a una minoría.  En 2020, de las 2,124 gestantes menores de 20 años registradas en el Sistema de Información de Ficha Familiar (SIFF), casi el 70 %  —1,450 de ellas para ser exactas— dijeron no estar estudiando en ese momento. De las 674 que sí estaban estudiando, solamente 7 lo hacían en el sector privado.   



Madres niñas hoy, trabajadoras precarizadas mañana


No hace falta un estudio exhaustivo para saber que las adolescentes que dejan de asistir a la escuela por un embarazo temprano enfrentarán mayores dificultades económicas en su vida. Lo que es más difícil de notar es cómo este problema afecta la economía salvadoreña en su conjunto, es decir, a todas y todos. El documento de UNFPA explica que el fenómeno “involucra mayores gastos asistenciales desde el Estado y una pérdida de captación fiscal de impuestos y contribuciones”.  

El Estado invierte dinero en sus ciudadanos durante su niñez y en el futuro obtiene retornos sobre esa inversión en forma de impuestos. Las niñas que abandonaron su educación debido al embarazo antes de finalizar el bachillerato ganarán, gastarán y tributarán menos dinero a lo largo de su vida productiva. No ganarán menos porque tengan una carga laboral menor, ni pagarán menos impuestos porque la política fiscal salvadoreña reconozca las desigualdades que enfrentan, sino que la falta de educación las empujará a puestos de trabajos precarios o informales, lo que se traduce en una menor capacidad de consumo. Además, esas mismas condiciones laborales implican que ellas no aportarán impuestos sobre la renta. 

Según Iliana Álvarez, docente e investigadora del Departamento de Economía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, estas niñas «no solamente van a estar lejos de ingresos que se consideren dignos, de salarios que les permitan comer, sino muy, pero muy por debajo de salarios que permitan autonomía económica. Esto obviamente lleva a menos oportunidades de tributar». En pocas palabras, una mujer que fue madre antes de la adultez aportará menos dinero al Estado, pero esa salida de dinero será una carga mayor para sus ingresos individuales. 

¿Y cuánto paga la sociedad salvadoreña por el embarazo temprano? El monto varía con los años, aunque se estima que no demasiado. En el caso concreto de las adolescentes que experimentaron la maternidad antes de los 19 años en 2015, el Estado invirtió $89 millones en su educación. En promedio, dicha educación no superaba el sexto grado, por lo que se proyectó que estas mismas niñas tributarán —mayoritariamente en IVA— $123 millones a lo largo de su vida laboral. Entonces, ¿cuánto dinero “ganaría” el Estado por haber invertido en estas niñas? Para estas condiciones, el retorno fiscal de la inversión sería de $33 millones en impuestos. 

Pero, si estas mismas niñas hubiesen tenido hijos hasta después de los 24 años, el gasto en educación subiría a $118 millones y los impuestos que tributarán también ascenderían a $286 millones. Esto quiere decir que el retorno de invertir en estas adolescentes sube a $167 millones, 134 milones más que las que las que experimentaron embarazo temprano. En otras palabras —y bajo condiciones similares a las del estudio— de cada $10 que el Estado salvadoreño invierte en una niña que se convierte en madre a temprana edad, solamente ganará $4 de rentabilidad; mientras que si la maternidad se postergara hasta después de los 24 años el Estado recibiría $14. 


Una inversión para evitar la fuga del futuro 


¿Y cómo se evita el embarazo temprano? Se invierte más. UNFPA calcula que un programa moderno de educación integral de la sexualidad para adolescentes tendría un costo de apenas $12.80 per cápita para el Minsal. Dicho modelo va más allá de la mera información y promoción de la abstinencia, sino que busca empoderar a los jóvenes de su propia sexualidad, lo que ayuda a detectar abusos y protegerlos de posibles violaciones. Por ejemplo, en el municipio de Las Vueltas, los jóvenes sí tienen información, pero culturalmente se ha normalizado que hombres mayores embaracen a niñas, lo que resulta en que la tasa de embarazos se mantenga entre las más altas del país. 

Lo mismo ocurrió para Martina. Ella sí conocía métodos para evitar el embarazo “como mi mamá es enfermera, ya medio habían platicado de eso conmigo. Los dos, mi papá y mi mamá” comenta. Pero su embarazo, parto y maternidad los experimentó a los 14 años, producto de una relación con un hombre de 24 años. Legalmente ella fue víctima de una violación. “Mi mamá sí se molestó un poco al principio. Me preguntó que por qué no había usado ningún método anticonceptivo (…) Nos olvidamos un poquito”, finaliza más tímida de lo usual. 

El estudio del UNFPA añade que por cada dólar extra que el sector educativo invierta en prevenir el embarazo antes de los 19 años, el Estado obtendrá $7.70 de retorno. Pero, según datos del MINEDUCYT dicho aumento en inversión para prevención de embarazos precoces no sólo no sucedió, sino que, por el contrario, la inversión promedio por estudiante en los distintos niveles educativos decreció drásticamente en 2018 durante el segundo gobierno del FMLN y sigue reducida desde entonces.  



En mayo de este año se aprobó un préstamo por $600 millones para financiar proyectos de educación, primera infancia y salud materna. Esto venía a sumarse a los más de $900 millones en préstamos aprobados por la Asamblea Legislativa hasta esa fecha, ante lo cual la diputada del FMLN, Marleni Funes, señaló la importancia del tema y el problema de la creciente deuda. “Nos pone en una disyuntiva. Queremos apoyar el presente y el futuro del país, pero heredándoles una deuda bastante grande” opinó Funes. Añadió que su partido nunca tuvo la correlación con la que cuenta el partido oficial actual, y que para el Frente la “educación no es un gasto, sino una inversión”.

Al preguntarle sobre la reducción presupuestaria en educación ocurrida precisamente durante ese segundo gobierno de izquierda, Funes afirmó que “en 2017 o un poco antes había un préstamo de $900 millones para refuerzo en salud y educación. La Asamblea lo aprobó, pero la Sala de lo Constitucional lo declaró inconstitucional. Fue por eso que no se financió la educación en ese entonces. Decir que el FMLN no invirtió en educación es negar todos los avances que se tuvieron ¿Que se pudo hacer más? Sí, pero se hizo mucho”.  

Lo cierto es que hasta ahora el dinero necesario no ha llegado al sector educativo. El MINEDUCYT comunicó a Alharaca que en su labor de prevención de embarazos adolescentes ha producido un video, capacitado 560 docentes con un curso básico en Educación Integral de la Sexualidad y se encuentran en la producción de otros dos videos y dos cuñas radiales. A estos proyectos se les destinó un presupuesto de $199,839.99. En el sector salud, el Minsal expresó tener un presupuesto de $1,339,700 para la ejecución de la ENIPENA, aunque no especificó los tiempos de ejecución ni los proyectos puntuales.  

El Ministerio de Economía declaró que no es de su competencia realizar estudios del impacto económico del embarazo adolescente, por lo que la investigación de UNFPA es la única guía en el tema. La estimación del retorno fiscal cambia año con año debido a que, entre otras cosas, el monto invertido por estudiante varía dependiendo de la cantidad de estudiantes inscritos y, sobre todo, del presupuesto anual asignado a educación. Por desgracia, lo que no parece cambiar demasiado es la cantidad de embarazos tempranos: para junio de este año ya se contabilizan 6,938 embarazos en niñas de 10 a 19 años.

“Creemos que el país debería dar más prioridad y más financiación a esta problemática” opina Bernabeu. “Hemos testado un modelo de intervención municipal para la prevención y atención de los embarazos en niñas y adolescentes, donde hemos logrado acelerar la reducción en un 17 % con respecto a otros municipios donde no estamos interviniendo. Creemos que, si este modelo se extiende en el territorio y se moviliza la voluntad política y los recursos necesarios, podríamos tener muy buenos resultados como país, y lo más importante, se garantizaría que todas las niñas y las adolescentes puedan desarrollarse plenamente sin que un embarazo no deseado trunque sus proyectos de vida».



Corrección 23/08/2021: una versión anterior de este artículo incluía un error en la redacción del nombre de la representante del UNFPA Neus Bernabeu.

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