El Estado le negó a Mónica su maternidad
Fátima Escobar | 20/07/2021
“Precario” es un adjetivo que durante años se le ha adjudicado al sistema de salud salvadoreño. La llegada de la pandemia por COVID-19 recrudeció esta realidad y mujeres como Mónica vivieron las consecuencias de un sistema de salud que no brindó la atención que necesitaban. La muerte de su hija a los 14 días de haber nacido es una señal más de que el Estado no tuvo un plan para mantener al sistema público en marcha durante la pandemia y, aunque hubo lineamientos desarticulados, estos no siempre se cumplieron.
Edición y visualizaciones de datos: Jimena Aguilar
Diseño e ilustraciones: Natalia Franco
El Estado salvadoreño no ayudó a la hija de Mónica. La pequeña, de apenas 13 días de vida, murió el pasado 22 de septiembre de 2020 frente al portón de la clínica FOSALUD de San Marcos, en el departamento de San Salvador. “Si yo hubiera sabido que a mi hija no la iban a atender ahí, me hubiera ido al Hospital Bloom”, dice Mónica mientras seca sus lágrimas meses después. Aquella noche, Mónica tuvo que sostener por horas el cuerpo sin vida de su hija ante ese portón. “Ese Dios, del que la gente habla, no existe para mí. ¿Cómo pudo permitir que mi hija muriera? Me quedé con mi cuna vacía”, recalca cuando cuenta su historia.
Mónica Ochoa es una mujer de 37 años, tiene cabello largo y oscuro, ojos grandes, es delgada y de unos 1.70 metros de altura. Su hija nació a término, en la semana 39 de gestación. Su parto fue uno de los 789 realizados en septiembre de 2020 en el Hospital Nacional de la Mujer “María Isabel Rodríguez” (HNM), el hospital de tercera línea más importante en términos de atención a la mujer en El Salvador.
Mónica y yo nos encontramos en enero de 2021 en un café de la zona metropolitana de San Salvador. Ambas tenemos una herida reciente que atraviesa nuestro útero y que nos hace recordar, a diario, la vida que creamos por nueve meses adentro de nosotras. Ambas, como cientos de mujeres, vivimos nuestro embarazo marcado por el encierro de una cuarentena obligatoria debido a la pandemia por el COVID-19. Sin embargo, nuestras historias fueron muy distintas debido a factores como acceso a recursos, cuidados y desigualdad social. Diferencias que, quizás, en un El Salvador más igualitario no se hubieran dado. Como resultado, Mónica no podrá ver a su hija crecer.
Ella confiaba que todo saldría bien. Su hija era esperada por su familia y amigas, quienes días antes del nacimiento organizaron un baby shower. Me muestra la foto donde se ve a una de sus amigas sostener con emoción su vientre. “Yo le tenía bien bonito arreglado su cuarto a mi niña”, agrega Mónica, quien además me comparte que aún no había sido capaz de sacar la cuna de la bebé de la habitación.
Días antes de su parto, Mónica fue referida de la Clínica Parroquial Inmaculada Concepción de Santa Tecla, donde llevó sus controles prenatales, al Hospital Nacional de la Mujer ya que mostraba síntomas de preeclampsia. Este es un trastorno relacionado con la presión arterial alta durante el embarazo y el posparto. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una cuarta parte de las muertes maternas en América Latina son debido a trastornos hipertensivos del embarazo, como la preeclampsia. Además, este trastorno tiene mayor impacto en la morbimortalidad de los neonatos. Según la Fundación de la Preeclampsia, cada año alrededor de 500 mil muertes infantiles en el mundo se le atribuyen a esta patología. En estos casos, la OMS recomienda que a las mujeres que estén a término, como Mónica, y que tengan preeclampsia o hipertensión gestacional leves, se les induzca el trabajo de parto lo más pronto posible. A ella solo la hicieron esperar.
Para entonces El Salvador ya llevaba 7 meses enfrentándose a la pandemia por COVID-19.
El 16 de marzo, por medio de un Decreto Ejecutivo, se ordenó en El Salvador el resguardo de las personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con comorbilidades que se podrían ver más afectadas al exponerse al contagio. El decreto ejecutivo número 6, sobre las “Disposiciones para ordenar a los trabajadores el retorno a su domicilio para resguardarse del contagio de la Pandemia de covid-19 y garantizar su remuneración”, se implementó en el sector público y privado.
Fue así como la pandemia puso al sistema de salud del país a prueba. En El Salvador, el manejo la pandemia se ha visto marcada por denuncias de corrupción, poca transparencia sobre las cifras oficiales, desinformación, y rechazo de las sugerencias del gremio médico por parte del Gobierno de El Salvador .
El ministro de Salud, Francisco Alabí, realzó en constantes ocasiones el trabajo realizado por el Gobierno, e incluso afirmó en enero —tras casi un año de pandemia, y el mismo mes en que Mónica se sentó a contar la historia de la muerte de su hija en un café en San Salvador— que no se había descuidado a personas con otros padecimientos:
Hasta el momento, El Salvador no cuenta con un plan de salud que sea público. A pesar de que el Ministerio no ha hecho público este plan, hay otros documentos que esbozan cómo este se enfrentó a la pandemia y cómo se preparó para lidiar con las consecuencias en otras áreas de su funcionamiento: los lineamientos técnicos.
Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico, comparó estos mandatos con otros que afectaron a otros grupos de pacientes, como los lineamientos técnicos para el manejo de pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles y personas adultas mayores durante estado de emergencia por enfermedad COVID-19 en el primer nivel de atención. “En resumen lo que dicen es que no los iban a atender. No hay otro documento oficial que diga cómo se va a atender a estar personas. Y, entiendo yo, que cada establecimiento de salud ha ido haciendo su propio programa para retornar a las actividades normales. No hay un plan coordinado al respecto”, comentó.
Además de esos lineamientos, existe el Proyecto de Respuesta al COVID-19 – El Salvador con el Banco Mundial por un monto de $20 millones, que “forma parte del paquete de emergencia del Banco Mundial para el país en el marco del Programa Estratégico de Preparación y Respuesta (PEPR) ante el COVID-19”. Como parte de este proyecto —aprobado por el banco el 17 de abril de 2020, firmado por el gobierno en junio y declarado efectivo en agosto de 2020, y que está siendo ejecutado por el Ministerio de Salud— el gobierno entregó una propuesta de proyecto y ha entregado una serie de informes y documentos. Estos, sin embargo, son documentos para el Banco Mundial y no un plan de salud. En algunos de estos documentos se mencionan los lineamientos técnicos y, al menos en el “Documento de Evaluación del Proyecto” con fecha del 2 de abril de 2020 ni se menciona el Plan Nacional de Salud y tampoco a las mujeres embarazas, ni neonatos.
Alharaca se contactó por medio de WhatsApp y correo electrónico con el Director de Comunicación Social e Institucional del Ministerio de Salud, Rafael Quiñonez, para conocer la postura del Ministerio las atenciones a mujeres en la pandemia por COVID-19, pero no obtuvo respuesta. Asimismo, se comunicó con el Director del Hospital de la Mujer «María Isabel Rodríguez», doctor René Mauricio Arévalo por medio del correo electrónico para preguntarle sobre la disminución de las atenciones y el caso de Mónica y no obtuvo respuesta.
La disminución en atenciones fue evidente en 2020, y estaba además vinculada directamente con la baja del gremio médico por infecciones por COVID-19, que fue uno de los más afectados. A mitad de 2020, El Salvador se posicionó como el país con mayor letalidad de personal médico de Centroamérica, según datos recopilados por El Diario de Hoy, Amnistía Internacional y worldmeters.info. El Colegio Médico de El Salvador, reportó hasta el 30 de diciembre de 2020 un total de 160 muertes de personal médico, de estas, 75 eran de médicos.
Además del personal médico que se contagió, otra porción tuvo que dejar sus funciones por pertenecer a grupos de riesgo. La jefa de la Unidad de Emergencias del HNM, Claudia María Guzmán, aseguró a Alharaca que, debido a que varios miembros del personal del Hospital sobrepasan los 60 años, el equipo médico disminuyó de forma notoria. Debido a esto recalcó que hubo jornadas de hasta 12 horas diarias para el resto del personal médico. “Nosotros sabíamos que si nos íbamos el hospital iba a flaquear”, indicó.
“Nadie renunció porque hemos crecido ahí y tenemos sentido de pertenencia del Hospital…Pero sí, estábamos muy cansados”, respondió Guzmán al preguntar si hubo personal médico que desistió de sus cargos debido a las largas jornadas laborales.
El infectólogo y vicepresidente de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Infectología (ACENCAI), Iván Solano, expresó que además de las bajas y de los lineamientos en sí, otro problema es cómo estos se implementaron. “Yo siempre he dicho que el papel aguanta con todo. Yo puedo escribir unos lineamientos muy bonitos, pero en la práctica no se lleva a cabo… Tenemos lineamientos para todo, a veces son documentos copy paste, pero que no se llevan a cabo en la práctica”.
Además, indicó que “en todo el mundo la desatención de otras enfermedades y la desatención de los programas nacionales de vacunación que sirven para combatir otras enfermedades se han descuidado durante la pandemia. En unos países más que otros y el nuestro no ha sido la excepción”.
Solano expresó que las primeras medidas que se dictaron para el manejo del COVID-19, como la suspensión de cirugías electivas, consultas externas, quimioterapias y radioterapias alrededor del mundo y en El Salvador, tuvieron consecuencias negativas. “¿Cuál fue el efecto? Que muchos han muerto por la desatención. Pero también es cierto que muchas personas, por temor al virus, desatendieron sus propios controles. Pero obviamente la mayor responsabilidad recae en el estado, en el sentido que éste es el encargado de velar porque los salvadoreños tengamos acceso a la salud”, aseguró.
En la crisis por la pandemia, con menos personal médico, sin un plan nacional y lineamientos con órdenes de reducir consultas externas y un sistema de salud puesto a prueba, muchos pacientes no fueros atendidos a tiempo. Mónica y su bebé fueron uno de esos casos.
Meses después del parto Mónica recuenta su experiencia. Algo que le llamó la atención fue que los protocolos de bioseguridad dentro del hospital le parecieron inexistentes. Cuenta en un tono indignado cómo se tuvo que limpiar después del parto: “no me dieron mascarilla; los baños no estaban en condiciones higiénicas. Incluso mis yinas se perdieron y tuve que bañarme descalza”.
Entre todas las indicaciones que Mónica recuerda que le dieron, una fue crucial y es la que refleja el paro que se dio en el sistema de salud por la pandemia y los lineamientos del ministerio, entre estos lineamientos técnicos para suspender consultas en el primer nivel y en hospitales a mujeres embarazadas y niños menores de 10 años.
“Incluso la enfermera que cuidaba a los bebés me dijo que no la llevara a los controles a la Unidad de Salud, había que esperar a que la bebé cumpliera dos meses”, contó Mónica.
Las indicaciones que se le brindaron a Mónica fueron de no llevar a su hija a los controles indicativos del Ministerio de Salud, pese que su bebé estuvo en cuidados mínimos por sufrimiento fetal y, según los lineamientos técnicos podría haber sido candidata a recibir visita domiciliar. “La visita domiciliar será priorizada en aquellos niños y niñas con factores condiciones de riesgo como los siguientes: prematurez, bajo peso, síndrome de Down, enfermedades crónicas o discapacidad, entre otros” se lee en el documento.
El doctor Jorge Mármol, médico de la Unidad de Salud de Agua Caliente en Chalatenango expresó que, desde septiembre de 2020 los controles de niño sano se empezaron a normalizar, pero antes de ello hubo suspensión de algunos servicios. Cuando la situación por la pandemia se normalizó, “la madre debía llevar al recién nacido dentro de los primeros siete días de vida a la Unidad de Salud para su inscripción. Luego se deja la próxima cita cuando el niño cumple un mes. Posterior a ello los controles se realizan cada dos meses. Y si la madre no podía ir por falta de acceso, se programa una visita domiciliar». Esa información no llegó a Mónica.
Según Mónica, la doctora, buscó los números telefónicos de la policía y la fiscalía en su celular y llamó para que llegaran a llevarse el cuerpo de la niña. “Mi hermana le pidió que le diera reanimación, y preguntó que si se podía hacer algo”. Ella le contestó que no y también le advirtió que no podían pasar dentro de la clínica debido a los protocolos estipulados por la pandemia.
En medio del caos atribuido por la noticia de la muerte de su bebé, parada afuera de la clínica de FOSALUD, Mónica arrancó la mascarilla de su cara en desesperación por lo que pasaba, rasguñándose la cara en el acto. Herida que luego serviría para que un miembro de la Policía Nacional Civil (PNC) insinuara que Mónica había sido parte de una pelea y que, probablemente, ella había golpeado a la niña.
Mientras recuerda esa conversación, Mónica tapa su rostro y me dice ya sin aliento, “¿cómo se le ocurre que le voy a hacer algo a mi bebé?”.
En el momento, los forenses que llegaron a hacer el levantamiento del cuerpo de su bebé insinuaron que la niña había muerto por COVID-19. Sin embargo, ella les pidió que investigaran más. “Yo les expliqué a los forenses lo que me había pasado en el parto y decidieron llevar el cuerpo a medicina legal para una autopsia” dice.
Horas más tarde de la muerte de su bebé, cuando fue a recoger el cuerpo de la niña en Medicina Legal, Mónica cuenta que un forense le preguntó: “¿usted es la mamá de la tiernita?”, y que ella asintió con la cabeza y le contó lo que ocurrió en su parto. El especialista le comentó, recuerda Mónica, que debido al sufrimiento fetal que ocurrió en el parto, en el HNM tuvieron que haberle dado una referencia para que la niña tuviera seguimiento en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, pues se podrían presentar cuadros de daño neurológico en la bebé.
Mónica me muestra la hoja de egreso. En ella, los resultados de las pruebas realizadas a su hija son normales, a pesar de los problemas que hubo durante el parto. De hecho, en el documento no se recomienda ningún seguimiento por anomalías identificadas. Únicamente se recomienda el alta de la niña y los controles en las Unidades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF), sin embargo, no se especifica cuándo ni en qué condiciones.
La esquela que le entregaron a Mónica en Medicina Legal confirmó que su bebé no murió de COVID-19 (como insinuaron las autoridades), al establecer que murió por “un edema pulmonar.” Mónica me entrega la esquela donde dice que el Instituto de Medica Legal “Dr. Alberto Masferrer” externa que su hija falleció a causa de un edema pulmonar (preliminar).
Días después del funeral de su hija, Mónica recibió un citatorio en su casa, que le indicaba que debía presentarse a la Oficina Fiscal San Marcos, específicamente ante la Unidad de Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y Mujer en relación con una investigación respecto a la muerte de su hija. Aquella acusación del policía frente al portón de FOSALUD escaló y se convirtió en una citación para esclarecer la muerte de su hija.
En casi dos horas de plática, Mónica, no tomó ni un sorbo de café. “Yo no tengo miedo, fui el día de la cita, pero no me atendieron. Yo deseo que ni una mujer, jamás, viva lo que yo viví”, expresa Mónica cuando explica por qué ha decidido contar su historia mientras finalmente da un sorbo al café.
A la hija de Mónica la velaron y la enterraron. Mónica saca su teléfono y me dice: “yo le he dejado bien bonita la tumba a mi niña”. Me muestra una fotografía donde se ven flores y la estatua de un ángel.
—La vela de mi bebé la viví desgarrada. Pasé con un extractor de leche, sacándome la leche que alimentaba a mi niña —me dice mientras llora. Ambas guardamos silencio—. ¿Usted tiene hijos? —me pregunta tras un minuto.
—Sí —le respondo. Volvemos a callar.
—¿cuánto tiene?
—Ya está grandecita —respondo en mi cobardía por no expresarle que es una recién nacida.
Al cierre de este reportaje, Mónica aseguró que todavía no había sido notificada personalmente por la Fiscal del caso sobre la resolución final de las investigaciones. Sin embargo, dijo tener conocimiento de que la fiscalía la había eximido de responsabilidad, por una llamada que ella realizó a la Fiscalía en marzo de 2021.
“El dolor es solamente para mí”, dice Mónica. Después de la muerte de la bebé, no supo del padre de su hija hasta el día del entierro de su hija. Luego de eso, no volvieron a tener contacto. “El dolor no es el mismo, él tiene más hijos”, agregó.
En el último contacto que tuve con Mónica, ella me dijo con entusiasmo que tiene un nuevo trabajo. En esa llamada telefónica indicó que espera que su historia potencie la lucha por los derechos de las mujeres y la reducción de las desigualdades. “Aquí todas deberíamos ser iguales”, dijo.
Su dolor se transformó en fuerza y en su constante lucha para superarse, este año ella inició un emprendimiento de jabones y cosmética natural, el cual lleva el nombre de su hija: Mariana.