Democracia

Bukele y Argentina: guiños políticos y acuerdos entre la “medicina amarga” 

En su visita a Argentina, Nayib Bukele se reunió en privado con el presidente Javier Milei y empresarios. Aunque se anunciaron acuerdos de cooperación en seguridad, economía y cultura, no hay documentación que los respalde. Analistas consideran que la visita fue un intento de Bukele por ganar visibilidad en la agenda conservadora global. No descartan, además, que Milei, economista neoliberal, pueda asesorarlo en el ajuste fiscal que Bukele planea para El Salvador.

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Foto tomada de la cuenta de Casa Presidencial en la red social X (antes Twitter).

Alejandra Gutiérrez, argentina que conoció a Nayib Bukele por TikTok, lleva cuatro años con su imagen de fondo de pantalla. Fue parte de la decena de personas que esperaron a Bukele a la entrada del Congreso de la Nación de Argentina el 1 de octubre. Estaban emocionadas de verle. Alejandra también lo esperó fuera de la Casa Rosada el día anterior, donde Bukele se reunió con el presidente Javier Milei. 

“Ojalá que los funcionarios nuestros aprendan mucho de él, porque él tiene mucho que enseñarnos en lo social, en lo económico y en la inseguridad”, aseguró. Apenas unos minutos antes, Bukele había llegado escoltado al Congreso, en una camioneta BMW. Alejandra fue una de las que lo vitoreó.  

Aunque la visita de Bukele pasó desapercibida en los noticieros de Argentina, la televisión pública salvadoreña dedicó horas a mostrar el evento como un hito, a pesar de que los actos protocolarios que le realizaron al presidente salvadoreño son los actos que cualquier país realiza ante las visitas diplomáticas que recibe. 

Mientras Bukele estaba en Argentina, Claudia Sheinbaum se convertía en la primera mujer en asumir la presidencia de México, sin representación de los gobiernos salvadoreño ni argentino. Por parte de Argentina, solo asistió el gobernador peronista de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien fue un invitado de honor.  

La agenda oficial de Bukele en Argentina duró dos días. El 30 de septiembre se reunió con Milei, en la Casa Rosada, y después con un grupo de empresarios argentinos. Luego, como suele hacer Milei, ambos presidentes salieron a saludar desde un palco de la casa de gobierno que da a la histórica Plaza de Mayo. Continuaron sus charlas en una cena privada en la residencia presidencial en Olivos. 

El 1 de octubre, Bukele visitó la Corte Suprema de la Nación, donde lo recibió el ministro Juan Carlos Maqueta. Después, se reunió en el Congreso con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la vicepresidenta Victoria Villarruel, junto a senadores interesados en la seguridad en El Salvador. 

En esa reunión, Bukele calificó de hostil a la prensa salvadoreña, admitió que el desempleo abarca a más sectores que turismo y agricultura, y negó las violaciones sistemáticas a derechos humanos causadas por el régimen de excepción que su gobierno implementó desde hace dos años y medio.  

Atribuyó el éxito contra las pandillas al respaldo popular y el apoyo de la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema y la Fiscalía, controladas por su gobierno desde mayo de 2021, tras la destitución ilegal de magistrados y del fiscal general. Este hecho, paralizó las investigaciones de corrupción contra funcionarios dentro de la Sección de Probidad de la Corte y también las investigaciones que realizaba un equipo especializado en corrupción que seguía la pista por ejemplo, al más de medio millón de dólares que las empresas del círculo Bukele recibieron de la partida secreta del expresidente Salvador Sánchez Cerén y al caso Catedral,  publicado por El Faro en 2021 y que reveló las negociaciones del gobierno actual con las tres principales pandillas salvadoreñas.  

“Tener el apoyo completo de la sociedad fue clave para poder solventar el problema (de las pandillas)”, aseguró Bukele en el Congreso argentino. 

Con Bukele viajó una comitiva de funcionarios y funcionarias de su confianza, entre ellos la secretaria de Comunicaciones de la Presidencia, Sofía Medina; la canciller Alexandra Tinoco Hill, el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro; y el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, Federico Anliker; así como el personal de comunicaciones de la Presidencia, que documentó esta visita.  

Nayib Bukele y su comitiva en la Corte Suprema de Argentina.
Foto tomada de la cuenta de Casa Presidencial en la red social X (antes Twitter).

Sobre las reuniones privadas de Bukele y su comitiva, el gobierno argentino solo divulgó información limitada: posibles acuerdos comerciales, un hub aeroportuario, cooperación en capacitación para energía nuclear, en sintonía con las intenciones del gobierno de Bukele de crear energía nuclear sin contar con estudios previos de factibilidad; y, un intercambio entre la Autoridad Salvadoreña del Agua y el Departamento de Irrigación de Mendoza, la mayor productora de vinos de Argentina.  

Bukele, por su parte, mencionó “asesorías” en seguridad pública para Rosario, una ciudad argentina afectada por el narcotráfico y conocida por la cárcel Piñero, comparada con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, por exhibir a reos sobre el suelo, con las manos esposadas y la espalda desnuda, en marzo pasado. 

Reos en la cárcel Piñero, ubicada en Rosario, Argentina.
Fotografía tomada de la cuenta de Instagram del Ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe

Hasta la fecha, ningún acuerdo bilateral ha sido publicado en el Diario Oficial argentino. En El Salvador, La Prensa Gráfica informó que, tras una solicitud de información, el Gobierno respondió que no cuenta con acuerdos. 

Gobiernos antiderechos y represivos 

Los gobiernos de Bukele y Milei comparten una agenda antiderechos. Tras coincidir con Donald Trump en la Conferencia de Acción Política Conservadora en febrero, han fortalecido sus lazos. Ambos han desfinanciado políticas públicas para mujeres y la diversidad sexual, y reprimen el descontento social. En El Salvador, Bukele usa el régimen de excepción como medida represiva, mientras que, en Argentina, Milei aplica un protocolo “antipiquete” contra las protestas, diseñado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien visitó el CECOT en junio, Bullrich y anunció un acuerdo de seguridad entre ambos países. 

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, quien visitó el CECOT en junio de 2024. Bullrich anunció un acuerdo de seguridad entre El Salvador y Argentina.

Pese a la represión, las protestas continúan en los dos países. En El Salvador, el 19 de octubre, cientos de representantes de salud, educación y otros sindicatos participaron en la Marcha Blanca, para exigir el respeto del escalafón y evitar recortes presupuestarios para 2025. Tras la marcha, más de 60 manifestantes denunciaron despidos en el sector público, incluida Idalia Zúniga, líder del Frente Magisterial Salvadoreño, despedida dos días después de la protesta. 

Una Marcha Blanca también tuvo lugar en Argentina el 22 de octubre. Profesionales de la salud, docentes y estudiantes de las universidades públicas caminaron desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo para exigir presupuestos ajustados a la inflación, y rechazar recortes en Salud y Educación, que amenazan el cierre de hospitales públicos.  

Amnistía Internacional ha instado a Argentina y El Salvador a detener el deterioro de las libertades fundamentales y el espacio cívico. De acuerdo con Irene Cuéllar, delegada regional de Amnistía Internacional, «estos dos países muestran características similares en cuanto a la represión y la deslegitimación hacia la prensa y medios independientes. Esta colaboración podría fortalecer una tendencia regional preocupante, que es el uso del poder estatal para reprimir la disidencia”.  

Cuéllar señala que la visita de Bukele a Argentina es parte de su estrategia para ignorar las denuncias de violaciones a derechos humanos bajo el régimen de excepción. Desde el 27 de marzo de 2022, más de 81,900 personas han sido detenidas y la organización Socorro Jurídico Humanitario documenta más de 314 muertes en las cárceles salvadoreñas.  

En el Congreso argentino, Bukele justificó estas detenciones: “Dicen que nosotros pusimos en prisión a miles de personas, pero lo que nosotros hicimos fue liberar a millones, porque todo el pueblo salvadoreño estaba en prisión”. En El Salvador, Bukele y sus funcionarios evitan a la prensa y bloquean a periodistas en sus redes sociales, las cuales han sido convertidas por el Bukelato en canales de información oficial, evitando así rendir cuentas sobre su gestión.  

Jeannette Aguilar, investigadora en seguridad pública, afirma que, aunque Bukele es popular en Latinoamérica, está aislado políticamente en la región; a diferencia de Milei, referente de la extrema derecha mundial y cercano a Trump.  

Trump se enfrentará en las elecciones del 5 de noviembre a la actual vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Su campaña ha estado marcada por un tono xenófobo, al punto de que, en un acto en Nueva York, el comediante Tony Hinchcliffe se refirió a Puerto Rico como una “isla de basura” y afirmó que a las personas latinas “les encanta hacer bebés”. 

Este discurso xenófobo también ha permeado en los últimos meses en el gobierno ultraderechista de Milei, quien, ante el desfinanciamiento de las universidades públicas, ha propuesto cobrar aranceles a estudiantes universitarios extranjeros no residentes en Argentina. Algunas provincias ya comenzaron a cobrar por los servicios de salud a personas extranjeras. 

“Además de la visión compartida en términos de algunas medidas neoliberales y de desmantelamiento del Estado y su crítica a organismos internacionales, la cercanía de Bukele con Milei responde a una lógica oportunista de usar ese vínculo para aproximarse a esos círculos de poder económico y político neoconservador, que actualmente están ganando terreno a nivel global y en los que Bukele no figura”, apunta Aguilar. 

La investigadora describe a ambos gobiernos como improvisados, ausentes de políticas públicas y sin visión estratégica. Para ella, la cooperación en seguridad y los acuerdos bilaterales son un “relleno” en la búsqueda de inversiones extranjeras en El Salvador, que enfrenta bajos niveles de inversión. 

Otra dosis de «medicina amarga»

El 1 de junio, durante el discurso para la toma de posesión inconstitucional, Bukele admitió los problemas económicos en El Salvador, comparándolos con un “niño que necesita medicina amarga”, al igual que hizo con la inseguridad para su primer quinquenio (2019-2023). 

De acuerdo con la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM) de 2023, el 27.2 % de los hogares salvadoreños se encuentra en situación de pobreza monetaria, y el 25.1 % enfrenta pobreza multidimensional.  

En el primer quinquenio de Bukele, la Mesa por la Soberanía Alimentaria advirtió que la canasta básica urbana subió en promedio $47.52 y la rural $59.67. Actualmente, la canasta básica urbana cuesta $262.17 y la rural $179.23. 

En enero de este año, una encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) mostró que el 70 % de la ciudadanía considera la economía su mayor preocupación, en un país donde el salario mínimo ronda entre $243 y $365, según el sector.  

Un informe sobre seguridad alimentaria elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y el Programa Mundial de Alimentos, entre junio y noviembre del 2023, colocó a El Salvador entre los 18 países con “puntos críticos” de hambre a nivel mundial. Una categoría que solo le sigue al “máximo estado de alerta” por el hambre, en la cual se encuentran países como Haití.  

En contraste con los niveles de pobreza, una reciente investigación periodística de Redacción Regional y Focos, basada en documentos del Centro Nacional de Registro, reveló que, en su primer quinquenio, Bukele y su familia adquirieron 34 propiedades por un valor de $9.2 millones. Antes de ser presidente, Bukele y su esposa Gabriela de Bukele poseían $2.5 millones correspondientes a bienes inmuebles, de acuerdo con la investigación.  

A los problemas económicos y de inseguridad alimentaria en El Salvador, se suma el desempleo. La EHPM de 2023 confirmó que hubo un aumento en el número de personas desempleadas. En 2022, el 4.8 % de las personas salvadoreñas estaba desempleada, para 2023 subió a 4.9 %. Desde que Bukele asumió el poder, en 2019, el Movimiento de Trabajadores Despedidos ha registrado que más de 22,250 empleados de gobierno han sido despedidos; además, los desalojos de vendedores y vendedoras ambulantes y de residentes en comunidades rurales aumentan debido a proyectos estatales y privados, realizados con el aval del Ejecutivo. Para 2025, el presupuesto destinado a los sectores salud y educación sufrió recortes de $90.8 millones y $31 millones, respectivamente, mientras que los fondos para seguridad y defensa ascienden a $903.4 millones. 

El año pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó un ajuste fiscal del 3.5 % del Producto Interno Bruto (PIB). Durante la visita que Milei realizó durante la investidura presidencial inconstitucional, Bukele conversó sobre este tema con su homólogo, quien impulsa un ajuste similar en Argentina. “Nos están pidiendo un ajuste del 3 %, pero tiene que ser con hacha, porque con bisturí no”, le dijo Bukele Milei, por su parte, presumió el ajuste fiscal del 14 % del PIB en Argentina.   

En Argentina, este ajuste fiscal se está traduciendo en recortes a instituciones públicas y despidos masivos. La narrativa con la que el gobierno de La Libertad Avanza mantiene este “plan motosierra” es lograr un déficit cero y bajar la inflación. En paralelo, se está experimentado una caída en el consumo, un incremento en el costo de los servicios básicos y un aumento de la pobreza. Solo en el primer semestre del año, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos argentino señaló que la pobreza alcanzó 52.9 % Respecto a este mismo periodo en 2023, la pobreza aumentó 12. 8 %. 

“Milei le puede ser de utilidad en asesorar a Bukele sobre la manera en cómo abordar un ajuste fiscal brutal como el que se está proponiendo para El Salvador y que El Salvador está dispuesto a llevar a cabo con o sin acuerdo con el FMI”, advierte la economista Julia Evelyn Martínez. La implementación de este ajuste, agrega, agravaría la crisis de sostenibilidad en un país donde, solo el año pasado, más de 4,000 niños y niñas abandonaron sus estudios para trabajar.   

Recientemente, Bukele anunció nuevas ofertas de empleo en los sectores de construcción y salud, disponibles únicamente para personas de Argentina y Colombia. Según la economista Martínez, esta medida acompaña el ajuste fiscal que planea implementar, y podría buscar intimidar a personal del sector público, sugiriendo que quienes no acepten las nuevas condiciones podrían ser reemplazados por personal extranjero. 

La economista considera que la búsqueda de mano de obra extranjera es otra “ocurrencia” del gobierno para proyectar a Bukele como un “líder innovador” en el escenario internacional, pese a que las finanzas públicas no pueden sostener esas contrataciones. Casos similares ocurrieron con la adopción del bitcoin y el anuncio del “satélite Cuscatlán”. Según Martínez, Moody’s ha calificado las políticas públicas de Bukele como “erráticas y discrecionales”. 

Roberto Zapata, economista y activista de la organización AMATE, indica que este ajuste fiscal podría deteriorar aún más la vida de la población, limitando el acceso a servicios de justicia y profundizando la desigualdad en El Salvador. «Va a ser brutal. Esto tiene que ver con toda una profundización de un modelo neoliberal, donde cada vez hay menos recursos públicos para la salud, la educación, la asistencia social, pero para lo que siempre hay más recursos es para las fuerzas represivas del Estado».  

El Salvador enfrenta denuncias internacionales por graves violaciones a derechos humanos bajo el régimen de excepción. En junio, la Organización de las Naciones Unidas pidió su cese inmediato. Además, el gobierno de Bukele ha rechazado una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia a la que han acudido representantes de diferentes organizaciones sociales para denunciar, en audiencias públicas, torturas, malos tratos, violaciones al debido proceso y muertes bajo custodia estatal.  

Zapata advierte cómo el ajuste fiscal también afectará a la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, instituciones a las que acuden las personas en busca de garantía de sus derechos. Sin acceso a estos servicios, quienes puedan costearlos recurrirán a servicios legales privados; quienes no, abandonarán su búsqueda de justicia. Lo que equivale a una revictimización desde el Estado y al incumplimiento de la Constitución, tratados internacionales y otra legislación que garantiza un verdadero Estado de derecho. “Va a implicar un deterioro en la vida de la población que, de por sí, ya está bastante deteriorada”, concluye el activista. 

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