Por Equipa Alharaca
Con 67 votos a favor, cuatro abstenciones y 13 ausencias, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la madrugada del domingo 27 de marzo un régimen de excepción solicitado por el Ejecutivo, que suspende las garantías constitucionales a la libre asociación, a la defensa, a la privacidad de la correspondencia y las telecomunicaciones, y amplía hasta 15 días el periodo de detención administrativa, que normalmente es de 72 horas.
Esta medida, vigente por 30 días prorrogables, ha sido la respuesta a una jornada de incremento de la violencia homicida, que según datos de la Policía Nacional Civil (PNC) dejó 62 asesinatos solo el sábado 26 de marzo, en lo que se ha convertido en el día con mayor cifra de homicidios del presente siglo.
“Solicito a la @AsambleaSV decretar hoy mismo REGIMEN DE EXCEPCION, de acuerdo al artículo 29 de la Constitución de la República”, escribió Bukele en su cuenta de Twitter. La respuesta inmediata del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, fue convocar a una plenaria extraordinaria a las 11 de la noche. La sesión inició dos horas después, y la propuesta del Ejecutivo fue aprobada con dispensa de trámite.
Para la especialista en derechos humanos Celia Medrano, el Gobierno no ha agotado todas las medidas previas para contrarrestar los hechos de violencia que se han registrado en el país desde el viernes 25 de marzo. A su juicio, el estado de excepción debe ser siempre el último recurso a tomar ante situaciones alarmantes como la que está viviendo el país.
«El recurrir a una medida extrema cuestiona la capacidad estatal de control, sin tomar una medida creada para condiciones extremas que rebasan las capacidades institucionales para contrarrestar hechos delincuenciales. Es alarmante el discurso de funcionarios de alto nivel refiriendo estas medidas como una cacería o anticipación de ejecuciones extrajudiciales», señaló.
La directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista, Verónica Reyna, mostró su preocupación por las medidas excepcionales que el Gobierno ejecuta ante el alza de los homicidios. Según Reyna, las personas que viven en peores condiciones serán las más afectadas en términos de asesinatos y abusos de poder de la fuerza por parte de las autoridades de seguridad.
«Ya sabemos que estamos viviendo una situación donde los tres órganos de Estado están controlados por el presidente, esto simplemente va a permitir que se violenten aún más derechos en términos de libertad de expresión, en términos de circulación, de asociación, e incluso, pueden violar la correspondencia a partir de estas medidas», aseguró.
Por su parte, la abogada penalista Marcela Galeas dijo que la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundamentada y motivada en los términos establecidos por la Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, «observando en cada actuación los principios de legalidad, racionalidad, publicidad y el respeto de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la protección de las libertades de pensamiento, conciencia y la la prohibición de la pena de muerte así como la desaparición forzada y la tortura, así como el derecho de acceso a la justicia y defensa de los ciudadanos».
Un estado de excepción similar fue aprobado dos años antes, en 2020, al inicio de la pandemia del COVID-19, pero en ese momento se restringieron otros derechos, como la libre circulación. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos contabilizó más de un centenar de violaciones a los derechos humanos mientras duró el régimen de excepción.
Antecedentes
El Salvador ha vivido periodos de fuerte violencia, con altos promedios diarios de homicidios. En 2012, la administración del entonces presidente Mauricio Funes logró una reducción de estas cifras mediante lo que luego se probó fue un pacto con las principales pandillas del país. Funcionarios de la época siguen siendo procesados por haber participado en estas negociaciones con los grupos criminales.
En 2019, y tras la toma de posesión del actual presidente de la República, Nayib Bukele, las cifras de homicidios bajaron drásticamente, y las autoridades lo adjudicaron a la ejecución del Plan Control Territorial, la apuesta de Bukele en el tema de seguridad. El contenido del plan se ha mantenido en secreto y la insistencia del actual Gobierno en que se le aprobaran fondos para ejecutarlo, sin dar detalles sobre su contenido, movió al propio Bukele a entrar en el recinto legislativo en febrero de 2020, acompañado por soldados y policías.
Pese a que la administración Bukele ha insistido en que la baja de los homicidios se ha debido al Plan Control Territorial, una investigación conjunta entre Alharaca y La Prensa Gráfica mostró que el documento es un compendio de medidas ya presentadas por gobiernos anteriores y propuestas de otras entidades, que en realidad contradicen lo que se ha ejecutado en materia de seguridad durante los últimos dos años y medio, que es más bien una nueva forma de manodurismo.
En respuesta a la jornada violenta del sábado, Bukele llamó a los efectivos de seguridad a aplicar el mismo enfoque. «La @PNCSV y la @FUERZARMADASV deben dejar que los agentes y los soldados hagan su trabajo y deben defenderlos de las acusaciones de quienes protegen a los pandilleros. La @FGR_SV debe ser eficaz con los casos. Y estaremos pendientes de los jueces que favorezcan delincuentes», escribió Bukele, temprano por la noche. Luego, se dedicó a retuitear mensajes de cuentas anónimas que supuestamente pertenecen a soldados y policías, que celebraban el aval del presidente a actuar contra las pandillas. Horas más tarde, estos retuits ya no aparecían en la cuenta del gobernante.
