Las declaraciones de Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, acerca de la juramentación de la designada presidencial, Claudia Juana Rodríguez de Guevara, generaron críticas en redes sociales por parte de profesionales del derecho, la oposición y periodistas que siguen de cerca el trabajo de este órgano de Estado.
Cuando periodistas le preguntaron el 6 de diciembre de 2023 sobre el acto de juramentación de Rodríguez de Guevara, Castro afirmó que la ceremonia se llevó a cabo en la Asamblea Legislativa, a pesar de que la funcionaria no asistió a la sesión plenaria extraordinaria del 30 de noviembre convocada para avalar su nombramiento.
No es la primera vez que el diputado de Nuevas Ideas emite declaraciones falsas o inexactas, lo que podría confundir o manipular la opinión pública. Un ejemplo previo fue el 6 de mayo de 2021 cuando desacreditó una publicación de Alharaca sobre la remodelación de las oficinas de la nueva Junta Directiva, acompañando su afirmación con una foto editada.
Cuando las y los diputados de oposición señalaron la falta de transparencia en el uso de fondos, especificamente durante la discusión para aprobar la Ley de Salarios para la Asamblea Legislativa, para el ejercicio 2024, en la sesión plenaria ordinaria #137, del 20 de diciembre de 2023, Castro respondió de manera despectiva: “no soy su tata para estarles explicando”. Castro ha adoptado una actitud similar hacia periodistas que lo interpelan en los pasillos, a quienes califica de malcriados.
En este contexto, se llevó a cabo un breve análisis de una declaración de 40 segundos que Castro proporcionó el 6 de diciembre de 2023 a periodistas sobre la falta de publicidad en la juramentación de la designada. «Hubo juramentación aquí en la Asamblea Legislativa. No tenía que ser pública», afirmó el diputado. Esta declaración es un ejemplo más de las afirmaciones inexactas de Castro cuando es cuestionado por la prensa.
En la sesión extraordinaria del 30 de noviembre, las y los diputados oficialistas y aliados realizaron únicamente una votación nominal y pública de la designada, según se constata en los medios de comunicación de la Asamblea Legislativa. Las declaraciones de Castro no fueron verificadas debido a la falta de evidencia, ya que la Asamblea Legislativa decidió en 2021 poner en reserva información que anteriormente estaba disponible mediante solicitudes de acceso a la información.
Según la abogada Sonia Rubio de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), los actos de la Asamblea Legislativa deben ser públicos por ley, especialmente aquellos que otorgan legitimidad de origen a una funcionaria que asumirá un cargo de la presidencia. Sin esta transparencia, la designada no puede ejercer su función, según el abogado Jhonatan Sisco, ya que es un requisito formal para la investidura.
La Constitución de la República, en su artículo 131, ordinal 14, establece que el presidente o vicepresidente debe ser juramentado para asumir el cargo. No obstante, la Constitución no especifica un procedimiento de sustitución cuando un presidente busca la reelección de manera inmediata.
“Creo que hoy vamos nosotros a establecer por primera vez un procedimiento legislativo que va a quedar institucionalizado para futuras elecciones cuando lleguen más presidentes y busquen la reelección”, expresó el diputado de GANA, Guillermo Gallegos. Sin embargo, la reelección está prohibida en al menos seis artículos de la Constitución.
Castro también aseguró que las decisiones relacionadas con el nombramiento de la designada presidencial fueron legales, pero esto es falso. Las y los diputados solo respaldaron la propuesta enviada por el presidente Bukele, sin tener la opción de elegir entre ternas, como lo establece la Constitución en sus artículos 168, ordinal 16, y 131, ordinal 17.
El artículo 152 de la Constitución establece que no podrán ser candidatos a la presidencia de la República quienes hayan desempeñado el cargo por más de seis meses anteriores al inicio del periodo presidencial. “No cumplen la ley, no cumplen la Constitución de forma deliberada, de forma intencional. Todo lo que están haciendo es inconstitucional, está plagado de ilegalidades”, señaló el abogado Sisco.
