Democracia

Milei y Bukele: presidentes latinoamericanos antiderechos

La agenda antiderechos y la represión para controlar el descontento social son rasgos que comparten Nayib Bukele y Javier Milei. Ambos llegaron al poder impulsados por el descontento con los partidos tradicionales y ahora forjan alianzas bajo el pretexto de la seguridad pública. En junio, Milei y su ministra de Seguridad visitaron a Bukele, y esta semana Bukele les devuelve la visita a Argentina.

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Fotos tomadas de la cuenta de Casa Presidencial en la red social X (antes Twitter).

Bukele ha hecho de la inseguridad su principal bandera y promete «curar la economía con la ayuda de Dios»; mientras que Milei, en Argentina, ha usado la crisis económica y la inflación como sus principales argumentos. Ambos avanzan con una agenda antiderechos y ahora fortalecen sus lazos: Milei visitó a Bukele al inicio de su segundo mandato, a pesar de su carácter inconstitucional. Tres meses después, Bukele le devolvió la visita, en un encuentro que se extiende hasta esta semana. 

Milei, un economista neoliberal, inició su carrera política en 2021 como diputado en Buenos Aires, ganando notoriedad por su discurso contra la «casta política» en programas televisivos. Bukele, un publicista que no completó la carrera de Derecho, se refería a los partidos tradicionales ARENA y FMLN como «los mismos de siempre» cuando era alcalde de San Salvador. Irónicamente, fue electo alcalde de Nuevo Cuscatlán y posteriormente de San Salvador bajo la bandera del FMLN, consolidando su imagen mediática, lo que lo llevó a la presidencia en 2019. Este año, logró su reelección inmediata, violando seis artículos de la Constitución. 

Mercedes D’Alessandro, economista argentina, quien fue la primera Directora Nacional de Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de Economía de su país, explica que ambos políticos han canalizado el descontento de una población afectada por la pandemia, que agudizó la desigualdad en América Latina. Además, destaca que han promovido sus agendas mediante redes sociales para sus «narrativas fáciles». 

Milei saluda a las personas que asistieron a la investidura de Bukele. Alza su mano derecha frente a dos soldados armados y vestidos con el uniforme característico del mandato incostitucional de Bukele.
Javier Milei en la investidura del presidente Bukele en junio de 2024. Foto: Kellys Portillo.

En Argentina, Bukele es conocido por el régimen de excepción. Una imagen de un grupo de presos, sin camisa y esposados, en una cárcel de Rosario, en la provincia de Santa Fe, fue comparada con las imágenes del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador en marzo de este año.  

En El Salvador, Bukele aún no ha explicado en detalle en qué consiste el Plan Control Territorial. Cada mes, el oficialismo aprueba una nueva prórroga del régimen de excepción argumentando que es clave para garantizar la seguridad.  Desde su inicio, el 27 de marzo de 2022, hasta el 2 de septiembre, más de 81,900 personas han sido detenidas, y el país ha sido denunciado internacionalmente por graves violaciones a los derechos humanos. 

Aun así, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Milei, visitó el CECOT en junio y anunció la firma de un acuerdo de seguridad pública con el Gobierno salvadoreño. “Queremos seguir el modelo que ustedes están llevando adelante”, le dijo Bullrich a Bukele. Bullrich es la misma ministra que creó un protocolo para reprimir las marchas contra el Gobierno de Milei. 

La agenda antiderechos de Milei y Bukele

Argentina fue pionera en la conquista de derechos para la población LGBTIQ+. En 2010, aprobó el Matrimonio Igualitario y, en 2012, la Ley de Identidad de Género, que sentó las bases para la aprobación de la Ley del Cupo Laboral Travesti Trans en 2021. Sin embargo, en tan solo nueve meses de gobierno, Milei ha desmantelado importantes políticas sociales y ha enfocado su discurso en atacar a grupos en situación de vulnerabilidad, entre estos las mujeres y la diversidad sexual. 

El Gobierno de La Libertad Avanza cerró el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, despidió al 10 % de empleades contratades por la Ley del Cupo Laboral Travesti Trans; censuró contenido LGBTIQ+ en medios estatales y, recientemente, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, declaró ante una comisión del Congreso de la Nación que el gobierno no reconoce a la diversidad sexual. 

En 2019, Bukele disolvió la Secretaría de Inclusión Social, que impulsaba políticas públicas a favor de las mujeres y la población LGBTIQ+. Dos años después, las y los diputados oficialistas archivaron los anteproyectos de Ley de Identidad de Género y despenalización del aborto, calificándolos de «obsoletos».

Sectores antiderechos en América

En febrero pasado, Bukele y Milei se reunieron con Donald Trump en la Conferencia de Acción Política Conservadora en Washington. Al regresar a sus países, continuaron con sus agendas antiderechos: Milei prohibió el uso del lenguaje inclusivo en dependencias estatales, mientras que Bukele prohibió abordar temas de diversidad sexual y géneros en el Ministerio de Educación y el uso del acrónimo LGBTIQ+ en los 16 ministerios.   

“Situarnos así en cualquier plano: saberse menos seres humanos o con menos derechos, en una condición de precariedad, es realmente una transición bastante cruel”, opina Silvia Juárez, de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz. 

De acuerdo con Juárez, durante el Gobierno de Bukele ha habido una regresión en los derechos que las mujeres habían conquistado, como la aprobación de la Ley para una Vida Libre de Violencia y la Ley de Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. En las leyes más recientes que involucran a las mujeres, señala, las vinculan principalmente con la maternidad, como la Ley Nacer con Cariño y la Ley Crecer Juntos. 

“El problema que generan los sectores antiderechos en América Latina implica mucho sufrimiento y muchas muertes de personas. Es realmente muy grave”, afirma María Rachid, presidenta de la Federación LGBT Argentina y una de las activistas clave en la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario, en 2010.  

@alharaca.sv

Nayib Bukele está de visita en Argentina para fortalecer su alianza con Javier Milei. ¿Qué tienen en común estos dos líderes latinoamericanos? En este video te contamos: #elsalvador #argentina #milei #bukele #antiderechos

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Edición de video: Andrea Burgos y Lisseth Ortiz.

Retrocesos en derechos conquistados

Gobiernos como el de Bukele y Milei, señala Rachid, están provocando retrocesos legislativos y frenando los avances en el reconocimiento de los derechos humanos. En el ámbito cultural, esto refuerza sistemas de creencias que perpetúan prejuicios y fomentan la discriminación y violencia contra poblaciones vulnerables.  

En Argentina, han aumentado los ataques en la vía pública contra personas LGBTIQ+ visibles, algo que antes no ocurría con tanta frecuencia. Tras las declaraciones del ministro Cúneo Libarona el 28 de agosto, se reportaron dos travesticidios en diferentes provincias, comenta Marlene Wayar, activista travesti argentina. 

“Somos el blanco fácil para tirar una bomba de humo, distraer de los problemas que realmente interesan, frivolizando los temas que deben ser tomados y llevados a políticas públicas de manera seria y compleja”, añade. 

Roberto Zapata, activista de la organización AMATE El Salvador, quien reside temporalmente en Argentina por motivos académicos, relata que en su organización han recibido denuncias de docentes, alumnos y alumnas sobre la implementación de protocolos de vestimenta y comportamiento en sus centros escolares, lo cual busca censurar la expresión de género de las personas de la diversidad sexual.

Zapata afirma que policías y militares han cometido abusos, como torturas, contra 130 personas LGBTIQ+ durante el régimen de excepción, según lo documentado por las organizaciones. 

La liberación de los mercados 

Zapata identifica tres puntos clave de comparación entre los gobiernos de Bukele y Milei: su agenda antiderechos, el uso de la militarización para sofocar el descontento de las personas frente a sus gestiones, y la reestructuración de los Estados para ponerlos al servicio de los mercados. 

Recientemente, en una publicación del periódico colombiano El Tiempo, el Gobierno de Bukele anunció la contratación de profesionales en las áreas de construcción y salud. A la vez, en El Salvador han ocurrido despidos masivos en instituciones públicas. El Movimiento de Trabajadores Despedidos registra más de 22,250 despidos desde 2019.  

A esto se suma la concesión por 100 años de los puertos de Acajutla y La Unión, otorgada en marzo pasado a la empresa turca Yilport,  sin que este acuerdo fuera discutido previamente en la Asamblea Legislativa.  

Zapata también menciona que la liberación del mercado incluye el uso de las finanzas públicas para comprar criptomonedas, luego de que el bitcoin se convirtiera en moneda de circulación legal en El Salvador, en septiembre de 2021.  

El Estado argentino al servicio del mercado

En junio, el Congreso de la Nación en Argentina aprobó la Ley Bases, impulsada por Milei, que reformó el Estado en los ámbitos laboral, administrativo y económico. Esta ley incluye el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones, otorgando beneficios fiscales por 30 años a empresas que inviertan más de 200 millones de dólares en el país. Mientras tanto, en El Salvador, el oficialismo aprobó este mes un decreto que exime del Impuesto sobre la Renta, durante 15 años, a las ganancias obtenidas por los propietarios de nuevas construcciones de edificios de 35 niveles o más. 

Siguiendo la escuela económica austriaca, que promueve el libre mercado, Milei concibe a la inflación como el único problema económico relevante. Por ello, se enfoca exclusivamente en reducir el gasto público sin tener en cuenta otras variables económicas, explica la economista D’Allesandro.  

Milei saluda desde el balcón del Palacio Nacional en la toma de posesión de Nayib Bukele.
Javier Milei en la investidura del presidente Bukele en junio de 2024. Foto: Kellys Portillo.

En consecuencia, su Gobierno ha eliminado políticas a favor de poblaciones vulnerables, vetando una ley que buscaba aumentar las pensiones de las personas jubiladas, con el argumento de mantener el equilibrio fiscal en Argentina. Hasta la fecha, ha despedido a más de 30 mil empleados estatales. En el primer semestre del año, según datos publicados hace una semana por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la pobreza en Argentina alcanzó el 52.9 %. En El Salvador, de acuerdo con la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2023, el promedio nacional de hogares en situación de pobreza monetaria es del 27 %; mientras que la pobreza multidimensional, alcanza el 25 %. 

«Como la única visión que tiene es la inflación y su única herramienta es la motosierra para recordar los gastos, entonces, por supuesto, las que más se ven afectadas son las personas normales, que todos los días deben ir a trabajar. Y, como siempre, las personas que son más vulnerables son las mujeres, las diversidades, las mujeres travestis y trans», concluye D’Allesandro. 

El Estado salvadoreño al servicio del mercado

Durante el primer mandato de Bukele, la deuda de pensiones en El Salvador se duplicó, alcanzando los $10,185.96 millones. Este aumento resultó de reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa que permiten al gobierno acceder sin restricciones a los fondos de los cotizantes. Para 2024, ya se habían emitido $1,789.68 millones en nuevos certificados de deuda. Aunque se han aplazado algunos pagos, el saldo de la deuda continúa incrementándose. 

Bukele aterrizó el jueves por la noche en Argentina. Está previsto que este lunes se reúna con Milei y que uno de los puntos centrales de su encuentro sea la seguridad pública. Desde el Congreso de la Nación, todavía no confirman si Bukele se reunirá con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y con la presidenta del Senado y vicepresidenta de la Nación, Victoria Villaruel. 

La agenda oficial de Bukele inicia en una semana de movilización masiva en Argentina. Tras días de paros, este miércoles, estudiantes de las universidades públicas realizarán la segunda marcha federal universitaria, en la cual reclaman por el desfinanciamiento a la educación pública y por la precarización de los salarios docentes. 

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