
En el mes de octubre se conmemora el Día Mundial de la Niñez. Seguramente, este día el aparato de propaganda del Gobierno de El Salvador realizará un despliegue de mensajes sobre lo felices y seguros que viven las niñas y los niños de El Salvador desde la instauración del régimen autocrático del Presidente Nayib Bukele en 2019. Nada más alejado de la realidad.
Durante el primer quinquenio del bukelismo, se aprobó la denominada Ley Crecer Juntos, como una iniciativa para garantizar el desarrollo integral de la primera infancia, niñez y adolescencia. Entró en vigencia el 1 de enero de 2023 y plantea como objetivo “asegurar que los niños y adolescentes alcancen su máximo potencial de desarrollo desde la gestación hasta los 18 años”. Adicionalmente, en noviembre de 2023 se aprobó una Política Nacional de Corresponsabilidad de los Cuidados, que tiene entre su población objetivo a niños y niñas entre 0 y 18 años.
Con este marco jurídico, el mes de octubre es un buen momento para preguntarse: ¿Son estas políticas más que propaganda? ¿Qué tanto se ha desarrollado el potencial de la niñez y adolescencia en el país en los últimos 5 años? La información oficial disponible nos da cuenta no solo de una situación de precariedad en los cuidados de este segmento de la población, también muestra un panorama poco alentador en cuanto al desarrollo pleno de sus capacidades humanas.
La infancia salvadoreña vive violencia y abandono
De acuerdo con las estadísticas del Consejo de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA), en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2023, ocurrieron 26,993 posibles vulneraciones a este sector poblacional, incluyendo 2,084 casos de abusos sexuales y 196 violaciones a menores de 18 años. Solamente en los primeros tres meses de 2023, el Ministerio de Salud (MINSAL) reportó 120 inscripciones prenatales en niñas de 10 a 14 años y otras 2,395 en adolescentes entre 15 y 19 años. Es decir, un total de 2,515 inscripciones prenatales en las edades de 10 a 19 años. Además, en ese mismo periodo, el MINSAL reportó 2,045 atenciones de partos en niñas y adolescentes, de los cuales 88 correspondieron a niñas de apenas 10 a 14 años y 1,957 a adolescentes de 15 a 19 años. Del total de inscripciones prenatales reportadas en el primer trimestre de 2023, se estableció que en 725 casos de niñas de 10 a 17 años se trataba de un embarazo con diagnóstico principal de abuso sexual.
En 2023, 4,442 niños, niñas y adolescentes fueron enviados a centros de asistencia gubernamental debido a situaciones de extrema urgencia o necesidad ocasionados por situaciones de alta vulnerabilidad a su integridad física, emocional o sexual. Un cuarto de los casos correspondió a niños y niñas entre 3 y 6 años de edad.
La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) registró que el 37.9 % (669,481 niños, niñas y adolescentes) estaba en condición de abandono en 2023. Esto significa que 1 de cada 4 niños y niñas de nuestro país no cuenta con el cuidado de uno o por dos de sus progenitores, debido a irresponsabilidad parental, migración forzada, muerte o encarcelamiento.
Las vulneraciones a los derechos de la niñez y adolescencia se traducen cada año en un menor acceso al sistema educativo o en una mayor deserción escolar. En el año 2023, la matrícula inicial reportada por el Ministerio de Educación fue de 1,200,000 estudiantes. Es decir que más de 800,000 (40.3 % del total de niños, niñas y adolescentes) quedaron fuera del sistema educativo.
La niñez y adolescencia que no estudia tiene dos opciones principales: quedarse en sus hogares realizando tareas domésticas y del cuidado no remuneradas o dedicarse a un empleo en el sector informal de la economía para generar ingresos para sus familias, muchas veces en condiciones de precariedad o de peligro. La EHPM identificó en 2023 a 70,171 niños y niñas en situación de trabajo infantil, lo que representó un incremento de casi 4 mil niños y niñas con respecto al año anterior.
Pobreza y desigualdad en la niñez
Las causas estructurales de estas vulneraciones a los derechos de la niñez y adolescencia son la pobreza, la desigualdad en el acceso a cuidados continuos o de calidad desde su nacimiento hasta su mayoría de edad.
Según un informe de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO), el 80.3 % de los hogares con niños, niñas y adolescentes son pobres o están en riesgo de caer en pobreza monetaria. Más de la mitad de la niñez salvadoreña está en situación de pobreza grave. Los niños y niñas que viven en la pobreza sufren privaciones de recursos materiales, emocionales y de seguridad humana necesarios para su desarrollo y bienestar.
¿Cuál es la solución? Sencilla, llevar a la práctica las disposiciones de la Ley Crecer con Cariño y las disposiciones de la Política Nacional de los Cuidados aprobada en 2023. El Presupuesto General de la Nación 2025 debería reflejar en las partidas presupuestarias la voluntad de este gobierno de reconocer, tutelar y promover los derechos de la niñez y adolescencia salvadoreña. Pero sabemos que esto no va a ocurrir, porque los niños, niñas y adolescentes en los regímenes autoritarios y no democráticos solamente importan cuando sirven como material para hacer propaganda política y para aumentar sus niveles de popularidad.