Por María Florencia Alcaraz de LATFEM.
Sin las mascarillas obligatorias ni distancia social, el pastor chileno Ricardo Cid celebró un culto evangélico en una casona de La Pintana, una comuna ubicada al sur de Santiago. Fue el 12 de abril, en plena crisis sanitaria por el coronavirus e incumpliendo la prohibición de este tipo de eventos. En las imágenes que registraron la ceremonia se ven a los fieles entre abrazos y besos. También hay niños y adultos mayores entre las 50 personas. El predicador de la famosa iglesia pentecostal mediática “Impacto de Dios”, que terminó investigado por este episodio, había sido condenado en 2015 a 7 años de cárcel por abuso sexual contra una niña de su propio templo. Unos días antes el autodenominado pastor Javier Soto, de otra iglesia, llamó a sus feligreses a no quedarse en las casas y fue por más: dijo que le parecía “excelente” que un pastor con coronavirus realizara un culto en Puente Alto para poder “dar testimonio”.
En Chile, al igual que en otros países de Latinoamérica y el Caribe, parte de las instituciones religiosas vinculadas a grupos fundamentalistas, conservadores y antigénero han reaccionado de manera negativa a las medidas gubernamentales de aislamiento social dirigidas a contener la propagación de casos y evitar más muertes por Covid-19. Antes de la pandemia sus esfuerzos políticos estaban puestos contra las leyes antidiscriminación, el matrimonio igualitario, las leyes de identidad de género, la educación sexual integral y el derecho al aborto. Ahora su agenda apunta a cuestionar las medidas epidemiológicas en nombre de la libertad religiosa.
El mundo religioso no es homogéneo: muchos templos respetaron las medidas, migraron sus prédicas a la virtualidad y hasta cuestionaron a los pastores irresponsables desde comunicados como el emitido por la Plataforma Evangélica de Servicio.
Lo cierto es que los cultos han estado en el centro de la polémica en el país trasandino desde el comienzo de las medidas que restringieron la circulación. Se registraron misas en San Pedro de la Paz, Osorno y Puente Alto. Los templos barriales se convirtieron en escenarios de secuencias policiales con carabineros, allanamientos y clausuras, y varios referentes evangélicos que pusieron en riesgo la salud de sus fieles y colegas.
El obispo de la Iglesia Metodista Pentecostal (IMP), Mario Salfate Chacana, murió por coronavirus el 14 de abril después de varias semanas internado. Casi un mes atrás, el lunes 16 de marzo cientos de pastores y pastoras de la Iglesia Metodista Pentecostal de Derecho Privado (IMP), se reunieron en una multitudinaria conferencia en Paine, en la Región Metropolitana. La reunión terminó antes de lo planeado. Sin embargo, no sirvió como medida preventiva: al menos cuatro asistentes al evento, entre ellos el máximo líder a nivel nacional de la IMP, Salfate Chacana, terminaron contagiados. Para ese entonces la organización Mundial de la Salud (OMS) había declarado la pandemia y Chile ya registraba contagios. Unos pocos días después de ese multitudinario encuentro, el gobierno de Sebastián Piñera decretó el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, inicialmente por 90 días.
En la previa de Semana Santa, se registró un brote en un culto evangélico en la Iglesia Evangélica “Del Nazareno”, ubicada en el sector Boca Sur de San Pedro de la Paz. A ese culto asistió una mujer de 63 años, confirmada con coronavirus. Este hecho derivó en la prohibición de actividades deportivas, religiosas o culturales que se desarrollen en recintos abiertos y cerrados, además la restricción de acceso a lugares comerciales de hasta 50 personas.
La corriente católica aportó lo suyo. La Diócesis Santa María de Los Ángeles convocó a los y las fieles “que puedan” ir a las misas dominicales a pesar de que la orden del gobierno era quedarse en las casas. A través de un comunicado, firmado por el obispo Felipe Bacarreza Rodríguez, se señaló que “en medio de la preocupación y el temor por la pandemia del coronavirus, es importante ofrecer a los fieles el consuelo y la alegría de la Eucaristía dominical”. “De la misma manera que se mantienen abiertos los supermercados para proveer a la población el alimento corporal, con mayor razón, debemos ofrecer el pan de vida eterna que solamente nosotros podemos dar, según el mandato de Jesús”, se argumentó.
Un caso particular se dió en la Región del Biobío, al sur de Chile. Allí la Secretaría Regional Ministerial de Salud está a cargo del ex concejal, Héctor Muñoz, uno de los líderes evangélicos del Ministerio Evangelístico Las Águilas de Jesús. El 5 de mayo, la autoridad sanitaria local quiso levantar la medida que prohibía los cultos y adecuarse a la norma nacional que permite reuniones de hasta 50 personas. En respuesta, el concejal de Chiguayante, Carlos Benedetti (PS) presentó un recurso de protección para que se mantuvieran suspendidos.
En esa región, la Unidad Evangélica de Chile y la Coordinadora Entidades Evangélicas Pentecostales dicen haber presentado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, debido a las restricciones sanitarias por la pandemia del COVID-19 en nombre de la libertad religiosa y de culto.
El 24 de mayo, cuando Chile registró 74 mil casos confirmados de Coronavirus, en la entrada de la Iglesia Bíblica de Hualpén parecía que el mundo no había entrado en pausa por una pandemia. Las personas entraban a la iglesia caminando y en autos. Lo hacían de a pequeños grupos. Llegaron a ser 35 feligreses. El predicador evangélico que ofició el culto tuvo que irse del lugar acompañado por carabineros por incumplir el decreto 1.094 del 23 de marzo dictado por la Seremi de Salud del Biobío. El decreto “prohíbe toda realización de eventos públicos en espacios abiertos o cerrados, sin importar la cantidad de personas en ella”. Fue el segundo pastor apresado en la misma comuna perteneciente a la provincia de Concepción, Región del Biobío. El segundo culto que terminaba en escena policial por religiosos que insistían con las misas a pesar de la prohibición. El sábado 16 de mayo habían detenido a otro hombre por convocar y liderar un culto religioso con más de 50 personas. Desde la Fiscalía de Talcahuano dijeron que había infringido el artículo 318 del Código Penal. El hombre se defendió diciendo que habían sido 49 personas.
Se estima que en Chile existen más de 3.200 iglesias evangélicas registradas y que el 80% de ellas son pentecostales. Esos números se desprenden del informe “Políticas antigénero en América Latina: Chile ¿estrategias en construcción?”, publicado este año por el Observatorio de Sexualidad y Política (SPW) junto a otros ocho informes sobre países de la región. En el capítulo chileno, el investigador Jaime Barrientos Delgado traza una línea de tiempo posible sobre el inicio de los ataques sistemáticos al género en Chile y los distintos actores que traccionan las fuerzas ultraconservadoras. Barrientos Delgado es Doctor en Psicología Social y docente de la Facultad de Psicología en la Universidad Alberto Hurtado.
“Las voces del mundo evangélico han sido cada vez más visibles en los debates legislativos relativos a derechos, género, sexualidad y reproducción; en especial respecto al aborto”, dice el autor.
En los últimos 20 años, en Chile, los fieles católicos fueron en descenso mientras que los evangélicos crecieron. Los primeros pasaron de representar 73% de la población en 1998 a 55% en 2018. “El número de evangélicos/as ha aumentado, aunque no tanto como en otros países de la región. Su porcentaje se ha mantenido constante no superando el 20%”, puntualiza Barrientos Delgado.
El campo religioso evangélico conservador es un espacio sobre el cual poner la lupa para analizar las fuerzas antigénero en la región, y su reacción ante la pandemia muestra parte de esa estrategia en construcción. Fue tras la Ley de Culto en Chile, a fines de los años 90, que las Iglesias evangélicas -principalmente de la corriente metodista pentecostal- han experimentado un acelerado desarrollo.
“Actualmente, los/as evangélicos/as en el país tienen escuelas y colegios, dos canales de televisión y decenas de radios. En este momento, existen cuatro asociaciones que reúnen a las Iglesias evangélicas”, dice el experto. Su presencia en el campo político también es llamativa: hay al menos tres diputados evangélicos y muchos más distribuidos en cargos ejecutivos.
De acuerdo a la investigación de Barrientos Delgado, 2012 fue un momento clave. En ese año se aprobó la Ley Antidiscriminación luego del brutal crimen de odio contra el joven homosexual Daniel Zamudio. Para el 2016, la propagación abierta de discursos antigénero era evidente y se intensificó al año siguiente con la llegada a Santiago de Chile del conocido autobús naranja creado por la organización española Hazte Oír con el apoyo de la organización CitizenGo Chile, Padres Objetores de Chile y el Observatorio Legislativo Cristiano. Este hecho ocurrió cuando estaba en debate la reforma de ley del aborto y un año antes del debate legislativo sobre la Ley de Identidad de Género.
Las iglesias evangélicas, según el recorrido histórico que hace el informe, alcanzaron una visibilidad enorme luego de la polémica en torno al derecho al aborto, cuando en septiembre del 2017, la ex presidenta Michelle Bachelet, al salir de un Te Deum evangélico, enfrentó insultos por parte de quienes rechazan la despenalización del aborto en tres causales.
“En Chile nos encontramos con una situación respecto a la “ideología de género” que sin ser equivalente a la encontrada en otros países, donde este movimiento ha alcanzado un desarrollo amplio y bastante sofisticado, debe ser observada y seguida con atención. Para examinar escenarios futuros posibles es crucial ubicar las ofensivas antigénero en su relación con la política institucional nacional”, dice Barrientos Delgado. Habrá que seguir con atención los movimientos de las fuerzas ultraconservadoras evangélicas, religiosas y seculares de cara a los nuevos desafíos futuros.
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CRÉDITOS:
Este trabajo periodístico fue realizado por los medios digitales Wambra de Ecuador, Mutante de Colombia, Alharaca de El Salvador y LatFem de Argentina.
Participaron: Florencia Alcaraz, Elizabeth Otalvaro, Rebeca Monge, Laura Aguirre, Ana María Acosta, Luisana Aguilar, Verónica Calvopiña, Génesis Anangonó.