Roxana Águila está sentada en el living de su casa en Pudahuel. “Estaba descansando un poco”, comenta con una sonrisa suave. Las paredes blancas se combinan con las plantas y una decoración vibrante en tonos amarillos, naranjos y turquezas, que dan al espacio un aire luminoso y acogedor. Frente al comedor, un arrimo recibe a quienes entran: sobre él descansa una selfie de su hija, esa imagen cercana y espontánea que Roxana mantiene rodeada de mariposas, flores y un par de velas. También hay algunos autos de juguete que parecen pertenecer a su nieto más pequeño. A la izquierda, un cuadro exhibe una fotografía más grande de Valentina abrazando a sus hijos.
“A mí se me detuvo el tiempo. Yo todavía espero y veo a mi hija sonriendo en la puerta de la casa”, comenta con la mirada perdida hacia la entrada.
Su hija, Valentina Ruiz (27), fue el primer caso en Chile de suicidio femicida en 2024. El 25 de febrero, tras sufrir por cuatro años violencia física, sexual, psicológica y económica por parte de su ex pareja y padre de su hijo menor, murió en su hogar en Renca.
El suicidio femicida, según la Red Chilena contra la Violencia Hacia las Mujeres, “refiere a mujeres que deciden acabar con su vida como consecuencia de la violencia machista que viven, o bien, ante la impunidad de sus agresores y la negligencia de las instituciones que deberían protegerlas, vislumbrando el suicidio como “única salida” al sufrimiento que padecen”.
Roxana habla de lo que vivió su hija y piensa en las últimas conversaciones que tuvo con ella horas antes de fallecer. “Me decía que le dolía mucho su pecho”.
La joven es recordada como una mujer empeñosa, carismática, alegre y que daba todo por sus hijos. Tenía un emprendimiento de helados y waffles que había levantado con esfuerzo y autogestión en su casa. “Trabajaba el doble. Ella se acostaba y se levantaba trabajando. Era esforzada, no necesitaba a una pareja para estar bien”, dice su madre.
Su vida se fue apagando con el pasar de los años. Cuando en 2020 inició una relación con su agresor, vivió episodios reiterados de violencia intrafamiliar que la llevaron a interponer más de tres denuncias en Carabineros. De ellas, la única vez que su atacante estuvo detenido fue en 2023. Tras finalizar la relación, éste ingresó en dos oportunidades a su casa: primero, durante la tarde, para golpearla; y luego, en la madrugada, la amarró y ejerció violencia sexual frente al hijo que tenían en común.
“Mi hija quedó en shock. Estaba desesperada”, recuerda Roxana.
El hombre se llevó al niño. Minutos después volvió y la amenazó con lo que le podía pasar si ella hablaba de lo sucedido: “Le dijo que, si ella lo denunciaba, la mataba y que algo le haría a su hijo”. Aún así, acudió a Carabineros.
Esta fue la primera vez que detuvieron a su agresor. Estuvo cinco meses en la cárcel por el delito de violación. Ese tiempo se convirtió en un martirio para Valentina. Sufrió acoso y manipulación por parte de la familia de éste para que retirara la denuncia. “Él supuestamente se convirtió en evangélico. Decía que había cambiado y que iban a volver a ser pareja de nuevo. Valentina hacía todo lo que él le pedía. Ella le contó al psiquiatra que retiró la denuncia por presión de la familia”, cuenta su mamá.
En noviembre de 2023, el sujeto salió de la cárcel. Semanas más tarde, volvieron a convivir como pareja. Tres meses después, el jueves 22 de febrero Valentina realizó su primer intento de suicidio. Días antes, había terminado definitivamente la relación con el padre de su hijo menor. Tras el quiebre, el hombre irrumpió en la casa y le robó el dinero que tenía guardado para la compra de una camioneta que usaría en su emprendimiento. Eso la destrozó.
Su hijo mayor llamó a Roxana y le dijo que su mamá no estaba bien. Ella acudió inmediatamente a verla. “Llegué y vi muy mal a mi hija. Pedí auxilio, porque ni siquiera podía marcar un número en la desesperación. Nos fuimos en una camioneta que nos prestó una vecina y llegamos al Hospital Félix Bulnes”.
Valentina fue atendida en el recinto de la comuna de Cerro Navia de manera ambulatoria y, tras negarse a ser internada, le dieron el alta. Regresó a su casa en Renca junto a Roxana. Estaba débil. “Ella, sentada en el sillón, me gritaba y me decía todo lo malo que este tipo le había hecho y todo lo malo que había pasado junto a él. Me dijo muchas cosas horribles que ella había vivido, que por eso no quería existir y que ya no aguantaba más”.
Horas después, mientras descansaba en su pieza, Valentina fue encontrada por su padre sin vida.
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El 19 de diciembre de 2022, fecha en que se conmemora de manera anual el Día Nacional contra el Femicidio, se promulgó la Ley 21.523, conocida como Ley Antonia, que reconoce en el Código Penal los delitos de inducción al suicidio y suicidio femicida.
La norma fue impulsada tras la historia de Antonia Barra (21), joven que murió por suicidio tras ser violada por Martín Padrenas en 2019. En sus artículos, “modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales, y evitar su revictimización…”.
Danitza Pérez, abogada, académica e investigadora del Programa de Reformas Procesales y Litigación de la Universidad Diego Portales, explica que “hay varios niveles donde se puede identificar el impacto de la tipificación. Lo primero, tiene que ver con el carácter más simbólico y social de lo que implica el reconocimiento de la violencia. Hasta la Ley Antonia, la única organización que podía dar cifras de esto, como un fenómeno, era la Red Chilena contra la Violencia Hacia las Mujeres, que tiene un registro que debe llevar más de 15 años, donde ellas, además, distinguen formas de violencia que iban más allá de lo que está tipificado, como el suicidio o el castigo femicida”.
Hasta 2022, las cifras oficiales entregadas por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) solo informaban las muertes de mujeres por femicidios íntimos y no íntimos. Con esta promulgación, se amplió el registro en el Informe Anual del Circuito Intersectorial de Femicidio (CIF), incorporando el suicidio femicida en sus cifras oficiales. Entre 2023 y 2024, el CIF ha detectado seis casos de suicidio femicida, todos ellos categorizados como hechos íntimos de pareja; cuatro de ellos ocurrieron en el domicilio de la victima; uno en un domicilio común; y otro en un hospital. De los casos, cuatro tenían denuncias previas y dos mantenían medidas cautelares. “Aunque las cifras son bajas, sigue siendo una problemática grave que requiere atención integral y estrategias de intervención para prevenir estos trágicos desenlaces, consecuencia de la violencia extrema de género”, menciona en su último informe.
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Mientras Roxana Águila velaba a su hija en su casa en Pudahuel, su agresor apareció. Recuerda que no ingresó al interior y se quedó en el antejardín comentándole a los asistentes cosas negativas sobre Valentina. “Decía que era una drogadicta, una alcohólica. Trató de limpiar su imagen de esa manera. Se veía muy preocupado de quedar bien”.
Luego del funeral, Roxana y su familia volvieron a la casa de la joven en Renca para ver a su perro Jack. Cuando llegaron, se encontraron con la sorpresa de que el hombre, junto a parte de su círculo cercano, habían ingresado a la casa para extraer la mayor cantidad de bienes materiales que no le pertenecían. “Yo los llamé y les dije que eran unas ratas miserables. Le robaron a la Vale y a sus hijos. Es macabro. Se llevaron cosas para hacer daño”, comenta Roxana.
Entre los objetos que se robaron se encontraba la ropa de su nieto mayor, accesorios personales de Valentina y hasta una piecera que su hija había adquirido en la ropa americana: “Era su regalona y se tapaba con ella. Eso me duele, porque las cosas materiales se pueden recuperar, pero hay cosas que te traen el recuerdo, como esa mantita que era de mi hija, me quiebra mucho”.
Días después, el agresor estaba vendiendo lo sustraído por redes sociales.
Roxana padecía un dolor terrible. “Sentía en cuerpo y alma por lo que había pasado la Vale”, dice. Al día siguiente del robo, fue inmediatamente a denunciar a la Policía de Investigaciones (PDI). Al conocer los antecedentes, le sugirieron que fuera al juzgado para interponer una denuncia por suicidio femicida.
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La historia de Valentina Ruiz se convirtió en uno de los primeros casos que inició un proceso de formalización tras la promulgación de la Ley Antonia. Para llegar a esto, fueron 10 largos meses de recopilación de antecedentes. Algo que favoreció este proceso, es que en Carabineros estaban todas las denuncias previas que ella había interpuesto en contra de quien fue su pareja por cuatro años, junto a las fotografías con su cuerpo golpeado y muestras en el Servicio Médico Legal. “La Vale dejó huellas y dejó testigos que aportaron a la investigación”, piensa su madre.
Roxana y su familia desean justicia. Para lograr judicializar el caso, contrataron a un estudio jurídico privado con enfoque de género. Fue así, que el 4 de diciembre de 2024, se formalizó la causa por suicidio femicida y el 27 de febrero de 2025, a un año de la muerte de Valentina, se dictó prisión preventiva para el agresor por los delitos de violación y lesiones. Al decretar la medida cautelar, la magistrada mencionó que el imputado representaba “un peligro para la familia de la víctima, para la sociedad, y en general para todas las mujeres”.
En la actualidad, lleva nueve meses preso. La querella por suicidio femicida sigue en proceso de investigación hasta enero de 2026. Luego, se dará inicio al juicio.
Roxana lleva, además, otro proceso judicial por la custodia definitiva de sus nietos, ya que después del fallecimiento de su hija, los menores quedaron en custodia de sus padres, uno de ellos el agresor. En su angustia, buscó ayuda en instituciones estatales, como SernamEG, que la hizo combatir entre trabas y burocracias. La mejor opción que encontró, fue acudir a otro estudio de abogadas particulares. “Con ellas, en 15 días, tenía a los niños en mi casa sin habernos ido a juicio”.
Sin embargo, el Estado incurrió en negligencias que afectaron su bienestar y el de sus nietos. El Tribunal de Familia permitió durante tres meses que el hombre visitara al hijo que tenía en común con Valentina en la casa de Roxana. “Cometieron un gran error las leyes chilenas. El Estado vulneró, no solo al más pequeño, sino que también al mayor, porque lo teníamos que sacar de la casa para que no lo viera y era terrible. Yo tenía que aguantar por tres horas a este criminal y lo único que hacía cuando veía a mi nieto era sacarse fotos. ‘Dime que me amas’, le pedía al niño”.
La abogada Danitza Pérez menciona que siguen existiendo sesgos institucionales sobre la violencia ejercida hacia las mujeres. “Cuando hay que poner en una balanza cuánta peligrosidad implica un sujeto como éste, pareciera que le quitamos seriedad. Pasa lo mismo con la discusión entre si el agresor puede ser un buen padre o no para mantener visitas con los hijos. Aún así, los tribunales siguen haciendo la diferencia, por ejemplo, un hombre que le pega a la señora muchas veces es percibido como un excelente papá, entonces no le quitan las visitas. Ahora con la Ley integral de Violencia de Género, se han puesto más trabas a esto, y se están analizando los antecedentes con mayor perspectiva de género”.
Tras ocho años de tramitación, el 3 de junio de 2024 se promulgó la Ley 21.675, conocida como Ley Integral de Violencia de Género, que busca prevenir la violencia hacia las mujeres y una mayor articulación interinstitucional. Sobre ella, Isadora Castillo, vocera de la Red Chilena contra la Violencia Hacia las Mujeres, indica que “no basta simplemente con legislar, sino que también con generar cambios que sean significativos a nivel social y cultural. El Estado tiene la obligación de que todas sus instituciones hagan valer esta ley, porque cuando se trata de violencia hacia las mujeres, vemos que, lastimosamente, siempre pareciera haber mucho más margen de error”.
Roxana está en alerta. A mediados de 2026 será la resolución por la custodia definitiva de sus nietos. Para esa fecha, espera que el hombre que apagó la vida de su hija sea declarado culpable.
Cuando en agosto de este año vio que se dictó la primera condena por suicidio femicida por el caso de Raquel Gutiérrez (22), joven madre de Copiapó que se quitó la vida por violencia ejercida por su ex pareja y padre de su hija, Roxana quedó con un gusto agraz. “Resulta que le dieron libertad vigilada, es una burla. No queremos que la Ley Antonia sea ese tipo de castigo. No nos sirve”.
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La casa de Karin Guerrero en Recoleta está decorada con cosas que reflejan la lucha feminista. En su living comedor se pueden ver fotos familiares; varios cuadros de su hija mayor, Amira; y un bordado con la frase “Por ti, por mí, por nuestras hijas, madres y hermanas. Tipificación del suicidio femicida”.
Mientras da play en su equipo de música el CD “Por y para Todas” de Aylin Silva, artista nacional que produce canciones sobre violencia de género, comienza a escucharse de fondo “A Silvana”:
Este canto se organiza pa' encerrar al femicida,
porque así como Silvana existen muchas más amigas.
Este coro emocionado sostiene sin temor:
a Silvana la empujaron del balcón.
A Silvana la mataron, Silvana no se tiró;
de aquel piso 23, Fernando la empujó.
Con una sonrisa tenue, realiza un recorrido de lo que ha sido su vida en los últimos cuatro años.
“Yo conocí el suicidio femicida en mi terraza, caceroleando con Amira tras la historia de Antonia Barra. Nunca pensé que sería una madre que pasaría por eso”, expresa Karin mientras apunta al ventanal, dejando ver en su muñeca un tatuaje con flores y el símbolo del puño del movimiento feminista.
Amira Godoy (16) se convirtió en el tercer caso de suicidio femicida de 2021. “Yo vi cómo mi hija, que era alegre, se iba apagando”, recuerda.
La menor mantuvo una relación de cinco meses con una pareja que ejerció violencia psicológica, física y sexual. Durante este tiempo, su madre no sabía por lo que estaba pasando su hija, pero la notaba triste y desganada. Karin intentó comprender qué ocurría y una semana antes de que falleciera tuvieron una conversación en la que le confesó que tenía una pena profunda y que no quería vivir más.
El 10 de abril de 2021, cuando regresó de su trabajo, encontró a su hija sin vida en el baño. No entendía por qué lo había hecho. Pero las amigas de su hija levantaron las primeras señales. “Tía, ¿usted sabía lo que el pololo le hacía a la Amira?”.
La joven había conversado con sus amigas y psicóloga lo que había vivido en su relación. El día en que se despedía de su hija, Karin se enteró que había sido víctima de violencia en el pololeo. Recuerda que se contuvo y guardó la información, pero sabía que tenía que hacer algo. Días después, buscó ayuda en distintas organizaciones para que la orientaran sobre cómo llevar el caso de su hija a la justicia, pero las respuestas eran desalentadoras: el suicidio femicida no estaba tipificado o era difícil de comprobar en términos legales.
Con el dolor de la pérdida de Amira y un gran escenario en su contra, recopiló antecedentes y contrató a un estudio jurídico particular. Pero el desenlace no fue lo que esperaba. El 18 de febrero de 2022, el Ministerio Público desestimó la querella en contra de quien fue la pareja de su hija por falta de pruebas. Años después, Karin dice que sintió un muro de impunidad. “Yo me habría conformado con lo mínimo. Con que al sujeto lo citaran; con que le mancharan sus papeles; con que le hayan tocado la puerta de su casa y le dijeran que él fue un agresor”.
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Karin dice que Amira era una luchadora incansable. La recuerda como una joven consciente y con gran interés social, lo que la llevó a participar en diversas instancias del movimiento feminista a su corta edad.
Tras el fallecimiento de su hija, muchas personas la llamaron para entregarle apoyo y destacar la forma de ser de Amira con quienes se vinculaba: “Si algo no le parecía justo, ella ahí estaba. Era muy apañadora”.
Fue esa forma de ser de Amira, lo que hizo que Karin decidiera ser una activista por la tipificación del suicidio femicida mucho antes de que se promulgara la ley y se transformó en una de las principales caras visibles de un grupo de 15 madres que compartían la misma historia.
En los inicios de ese activismo, mientras intentaba buscar justicia, piensa en la primera vez que llegó al tribunal, lo hizo acompañada de un colectivo feminista de la comuna de Pudahuel. “Desde ahí, nunca más solté. Actividad que había, yo iba con el pendón de mi hija hablando del suicidio femicida y pidiendo la tipificación”.
Fue en esa lucha que logró conectar profundamente con Rosa Elena Moreno, mamá de Francisca Moll (37), quien falleció por suicidio femicida seis días antes que Amira: “El día en que la conocí, nos abrazamos y lloramos. Hasta el día de hoy, siempre hablamos de nuestras niñas con dolor, pero también con una especie de satisfacción en nuestro caminar de que algo hicimos y que algo logramos”, expresa Karin.
Y lo que consiguieron no fue poco. Ellas y otros familiares, durante meses golpearon puertas, estuvieron en el Congreso, asistieron a marchas conmemorativas y se hicieron partícipes en la tramitación del proyecto de ley que buscaba tipificar el suicidio femicida, que estuvo por dos años en tramitación hasta su publicación.
Danitza Pérez, abogada y académica UDP, reflexiona sobre la complejidad que conllevó la aprobación de la ley, resaltando principalmente factores estructurales, culturales y también políticos: “Tipificar el suicidio femicida también implicaba reconocer cierta responsabilidad estatal en términos de cómo críticamente la falta de medidas oportunas, la revictimización, las fallas en la evaluación de riesgo o el acompañamiento integral podían generar también un ambiente donde efectivamente las víctimas no están protegidas y no se está cumpliendo con el rol del Estado. Entonces, en ese sentido, el debate que se da en el Congreso sobre este tema aborda una serie de dimensiones que incluyen todas estas aristas de la discusión, que además en términos prácticos tiene dificultades probatorias que también hacen que el Poder Judicial sea más reticente a su aplicación y nos da un poco cuenta de los números que ya existen que también son bastante bajos”.
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El anhelo por justicia y una sensación de reponerse entre el dolor, hicieron que Karin Guerrero, junto a Rosa Elena Moreno, crearan la agrupación de familiares “Tipificación Suicidio Femicida”, en la que se unieron madres, hermanas y amigas que se acompañaban durante el proceso de duelo. En ella, estas dos madres, conocieron nuevos casos, visibilizaron sus historias y, desde sus experiencias, buscaron la forma de ayudarlas. “Es parte del proceso de sanar, también, hacer”, manifiesta Karin.
El acompañamiento y la lucha colectiva, hizo que varias agrupaciones y coordinadoras feministas exigieran que el Estado se hiciera responsable por la muerte de mujeres por razón de género. Cuatro meses después de la promulgación de la Ley Antonia, el 19 de abril de 2023, se oficializó la Ley 21.565 de Reparación a Víctimas de Femicidios, que busca establecer un régimen de protección y mecanismos de reparación a sobrevivientes y familiares, especialmente a los hijos e hijas de mujeres víctimas de femicidio. La normativa, además, contempla la figura de suicidio femicida.
Sobre la incorporación de esta forma de violencia en la ley de reparación, Carmen Gloria Rodríguez, coordinadora Ni Una Menos (NUM), manifiesta: “Ese no es nuestro logro. Es un logro de las mamás que se agruparon y consiguieron eso”. La fundadora de NUM expresa que la existencia de medidas reparatorias en casos de suicidio femicida, pueden resultar un desafío: “Para que los niños y niñas que quedaron sin sus madres puedan optar a esa reparación que ofrece la ley, primero se tiene que comprobar que fue suicidio femicida y eso es lo difícil. Ahora, espero que después de las condenas, empiecen a entregarles todos los beneficios, porque esta ley no solo beneficia con pensiones, sino que además busca proteger laboralmente a las personas que están luchando por justicia”.
Por su parte, y en términos generales sobre la búsqueda de reparación en el contexto de violencia hacia la mujer, Isadora Castillo, de la Red Chilena contra la Violencia Hacia las Mujeres, expone: “La pregunta de fondo es qué pasa con las garantías de no repetición. Ahí volvemos al punto de la Ley Integral, que tiene que apuntar también de forma contundente a la promoción de vidas libres de violencia. Lamentablemente la cantidad de femicidios en Chile se mantiene a lo largo de los años y creo que eso no contribuye a la reparación. La reparación tiene que estar vinculada a las garantías de no repetición”.
En la última Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, el 25,8% de la mujeres consultadas declararon que, tras el último episodio de violencia física que vivieron, decidieron no denunciar porque creían que hacerlo no servía. Sobre esto, la abogada Danitza Pérez enfatiza en la labor de las instituciones al momento de establecer medidas de no repetición: “Esta encuesta revela parte de los desafíos y un poco la percepción que tienen las víctimas y las sobrevivientes en general respecto al Estado y el rol que ha cumplido a lo largo de los años. Cuando una víctima decide no denunciar, porque cree que no sirve, el Estado está fallando, porque ha demostrado que no cumple su objetivo que es proteger”.
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Karin Guerrero se dirige hacia una habitación de su departamento y busca su computador. Tras la muerte de su hija, los primeros años fueron intensos cuando se refiere al activismo. Cuenta que, además, conformó el Memorial Feminista, colectivo que durante ese tiempo generó un catastro con casos de mujeres víctimas de suicidio femicida.
Habla sobre las historias y cómo las recopilaron, mientras intenta recordar la clave del correo que la acompañó por meses en la actualización del registro, sonríe nerviosa al no acertar. Luego de varios intentos, abre la planilla de Excel y explica el formato del documento. El caso más antiguo data de 1987. Luego busca el último nombre ingresado en el documento:
Fecha: 25 de febrero del 2024. Nombre de la víctima: Valentina Ruiz.
Karin expresa que su activismo está en pausa. Necesitaba estar conectada con el presente y centrarse en su hija menor: “Yo no quería que mi hija, además de perder a su hermana, perdiera a su mamá. Y me estaba perdiendo”. Hoy, se encuentra acompañándola en cada una de sus actividades escolares y extraprogramáticas. “Parezco un volantín detrás de ella”, dice entre risas.
Cuando habla de Amira, expresa que está presente en cada momento de sus vidas. “Siempre pensamos en ella. Siempre la recuerdo. Siempre la traemos con nosotras con alegría. El dolor va a estar siempre, toda la vida. Cada día que pasa es un día menos para nuestro encuentro”.
Aunque dice no estar activa, mantiene actualizado el Instagram conmemorativo de Amira y asiste a marchas contra la violencia hacia las mujeres. “De alguna forma, es como estar presente. Yo creo que se lo debo a mi hija. Yo marcho por ella, porque ella ya no puede hacerlo”.
Con las nuevas medidas para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres y la implementación de la Ley Antonia, Karin considera que hay mucho por visibilizar y seguir mejorando, no solo en temáticas de género, sino que también en salud mental. Aún sentada en el sofá de su living, reflexiona sobre la primera condena por suicidio femicida y manifiesta: “Fue una miseria, pero nosotras ni esa miseria tuvimos”.
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*Si tú o alguien de tu entorno está pasando por un momento difícil, puedes pedir ayuda llamando gratuitamente al Fono Prevención del Suicidio 4141, disponible en todo Chile.
Si estás viviendo o presenciando situaciones de violencia de género, puedes recibir orientación y apoyo en el Fono 1455 del SernamEG, en Chile, que atiende de forma gratuita y confidencial. No estás sola.
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📍 Si enfrentás una situación de violencia en El Salvador, buscá apoyo en:
📲 ISDEMU: 126
📲 PGR: 2231-9595
📲 PNC: 911
📲 CONAPINA: 119
Javiera Mora L. y Francisca Varea G.
Javiera Mora es periodista y licenciada en Comunicación Social de la Universidad Alberto Hurtado. Diplomada en Género y Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Ganadora del Premio Periodismo, Memoria y Derechos Humanos 2022 y finalista del Premio Periodismo de Excelencia 2022. Ha escrito para CIPER, Revista Anfibia Chile, El Desconcierto y La Tercera. Francisca Varea es periodista y licenciada en Comunicación Social de la Universidad Alberto Hurtado. Interesada en abordar temáticas con perspectiva de género. Ganadora del Premio Periodismo, Memoria y Derechos Humanos 2022 y finalista del Premio Periodismo de Excelencia 2022. Trabaja como periodista digital.
Este texto fue publicado originalmente el 28 de noviembre en Revista Abismo.
