*Este texto forma parte de los productos periodísticos desarrollados en la segunda edición de La Mediatón 2025, el laboratorio de innovación narrativa de Alharaca. Es una copublicación con Revista Abismo.
Para Guila Sosman Contreras, hubo un momento en que el término “violencia vicaria digital” dejó de ser un concepto abstracto y se transformó en un temblor reconocible en la voz de las mujeres que llegaban a su consulta. Con años de trayectoria como psicóloga, empezó a notar un patrón que se repetía: mujeres cuyos hijos e hijas eran utilizados como el arma más eficaz para causarles dolor a sus madres.
“Uno de los casos que más me marcó fue el de una madre cuya expareja había comenzado a utilizar Instagram y otras plataformas digitales para exponer información íntima sobre ella, insinuar públicamente que era una mala madre y compartir fotografías antiguas fuera de contexto con el fin de dañarla emocionalmente”, comenta la docente de la Universidad Diego Portales y directora del Centro de Psicoterapia Acompañar, donde realiza intervención especializada en casos de violencia de género y vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.
No se quedaba ahí. La expareja también publicaba historias con mensajes velados en los que la acusaba de manipular a los niños o de impedir el vínculo paterno. Todo esto era visible para familiares, amistades, docentes y, en algunos momentos, incluso para los propios hijos e hijas. En paralelo, le enviaba mensajes desde cuentas anónimas a personas del entorno de la mujer, difundiendo rumores o detalles privados para aislarla socialmente y poner en duda su credibilidad.
Cuando la psicóloga escuchó por primera vez el término “violencia vicaria digital”, las piezas encajaron. Comprendió que aquellas conductas no eran incidentales ni simples conflictos derivados de una separación. “Respondían a una estrategia de control y castigo, donde la tecnología permitía ampliar la violencia más allá de lo físico y lo presencial. La exposición pública, la divulgación de información privada y el uso de redes para hostigar continúan siendo mecanismos utilizados para dañar”, sostiene.
Ver cómo lo digital incrementaba la magnitud del daño la impulsó a investigar más sobre el tema: ha acompañado a mujeres y sus hijos e hijas para que puedan reconocerlo y también ha cuestionado el hecho de que, judicialmente, este fenómeno sigue siendo ampliamente invisibilizado.
Guila no ha sido la única en advertirlo.
En julio de 2025, la oenegé feminista Amaranta publicó el informe Violencia vicaria digital en Chile: ¿otra forma de violencia de género facilitada por la tecnología? El estudio empieza con una advertencia: su propósito es visibilizar “lo que las políticas del Estado y las leyes no están viendo”, una forma de violencia de género digital que está justo en el cruce entre maternidades, activismos, sistema judicial y violencia vicaria: la llamada “violencia vicaria digital”.
Los episodios de violencia vicaria digital han aumentado desde la aprobación de la ley “Papito Corazón”, que entró en vigencia en Chile en 2023. Celebrada por organizaciones de derechos humanos y feministas, la normativa tiene como objetivo principal asegurar el pago de las pensiones de alimentos a través de mecanismos como el cobro con fondos de cuentas bancarias y de los sistemas de seguridad social (AFP) de los deudores, y la creación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Las consecuencias para los deudores han incluido, entre otras medidas, la retención de la devolución de impuestos y la imposibilidad de renovar licencias de conducir y pasaportes.
Sin embargo, advierte Amaranta, “la ley ha generado un ambiente hostil hacia quienes exigen el pago de pensiones, especialmente las madres y activistas”.
Fátima —su nombre y apellido real fueron ocultados a su pedido, por el proceso judicial en el que se encuentra con el padre de su hijo, aún infante, — lo sabe bien.
Su caso comenzó como tantos otros: una demanda de pensión impaga, un proceso lento, burocrático y desgastante. Pero pronto, las audiencias y escritos judiciales empezaron a llenarse de comentarios que no tenían relación con la pensión ni con el cuidado del niño. Eran ataques.
El padre de su hijo llevó a tribunales fotografías de Fátima en una celebración con amigas, capturas de pantalla de sus historias de Instagram e incluso el certificado de un diplomado que ella había comenzado a estudiar. Todo presentado como “prueba” de que ella “tenía dinero”, de que no necesitaba apoyo económico, de que su vida social (normal, esporádica y, por lo demás, legítima) era incompatible con la maternidad.
Verme ahí, expuesta, fue como si estuvieran leyendo mi vida privada en voz alta”, cuenta Fátima.
Además de cuestionar su situación económica, el juicio parecía querer instalar la idea de que ella era irresponsable, que no priorizaba a su hijo, que estudiar o salir con amigas la convertía en una mala madre. Argumentos que, aunque no tengan ningún sustento jurídico, sí tienen el potencial de erosionar su credibilidad.
El informe de Amaranta destaca otros testimonios de sobrevivientes de violencia vicaria digital.
Uno de ellos indica:
Un día, me di cuenta que mi teléfono estaba raro y era él que le había puesto una cuestión que era como un espejo. Entonces se leían mis WhatsApp en otros dispositivos. Me enteré cuando, en la demanda, él respondió con pantallazos descontextualizados de cosas”.
Otro, dice:
Tuvimos que poner un recurso, porque lo pillamos desbloqueando el celular de mi hija mayor con su dedo mientras ella dormía. Lo hizo para leer los mensajes, para ver lo que hablamos nosotras”.
En todos los casos se evidencia el uso de tecnologías para el acoso, la violencia, el control y el hostigamiento de las madres y/o tergiversar narrativas y cuestionar su forma de maternar.
Como parte de esa experiencia y usando los materiales brindados por siete entrevistadas (sobrevivientes de violencia vicaria digital y otras fuentes especializadas), Amanda Marton y Lucero Chávez realizaron el siguiente cómic de difusión sobre violencia vicaria digital, ilustrado por la artista Mara Parra .
Los retos y las oportunidades legales
La principal dificultad con la violencia vicaria digital, dice Rocío Ceresuela Del Valle, directora de la comisión legislativa e integrante de la comisión familia, niñez e infancia de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (ABOFEM), es que no existe en el país un marco legal que reconozca esta forma de violencia. “El sistema judicial suele leer estos hechos como conflictos parentales y no como violencia de género”, sostiene. Así, muchas mujeres quedan obligadas a mantener contacto por medios digitales con su agresor, incluso cuando esa comunicación se convierte en una herramienta de control y hostigamiento.
Por ese motivo, la abogada considera que es necesario incorporar la violencia vicaria digital en el marco legal chileno. En su opinión, una buena oportunidad para ello es el proyecto de ley impulsado por el Ministerio de la Mujer del gobierno de Gabriel Boric que tipifica y sanciona la violencia digital. La iniciativa ya avanza al tipificar conductas esenciales (hostigamiento digital, doxxing, difusión de imágenes íntimas, suplantación), pero la dimensión vicaria todavía no está reconocida.
“Si la violencia muta con la tecnología, la ley debe evolucionar con la misma rapidez”, sostiene Rocío. “Integrar esta figura en la tramitación permitiría nombrar lo que hoy no está nombrado: que la tecnología está siendo usada para continuar la violencia de género a través de los hijos e hijas; también permitiría evitar que tribunales sigan tratando estas agresiones como problemas de coordinación parental, cuando en realidad son métodos sofisticados de control; y asegurar que las herramientas ya contempladas en el proyecto puedan usarse también para proteger a mujeres y niños en contextos de violencia vicaria”, añade.
Por último, detalla la abogada, considerar esta forma de violencia en la legislación permitiría actualizar la ley a estándares internacionales, “que exigen adaptar las normas a las violencias facilitadas por tecnologías”.
Métodos de control y hostigamiento
Las formas en las que la violencia vicaria digital se expresa son diversas. Pero, en todos los casos, Guila Sosman Contreras ha identificado en sus consultas que las mujeres se sienten atrapadas en una “doble batalla”: por un lado, proteger a sus hijos e hijas, por otro, intentar resistir el uso del entorno digital como herramienta de daño.
“Muchas relatan que el padre les envía mensajes directamente a los niños para contarles la verdad sobre la madre, utiliza capturas de pantalla de conversaciones para desacreditarla, o publica comentarios que cuestionan su capacidad parental. El agresor también puede acudir a grupos de chat familiares, redes sociales o plataformas escolares para presionar, humillar o desgastar emocionalmente”, sostiene.
Otras mujeres han reportado geolocalización indebida; el envío masivo de correos electrónicos con amenazas que involucran a los hijos e hijas, del tipo “si no me respondes ahora, no ves más a la niña”; la creación de perfiles falsos, la instalación de programas de espionaje y hasta el empleo de hackers profesionales para acceder a las cuentas de las madres.
Este tipo de violencia, dice un estudio de Ciencia Latina Internacional, es una mutación de la violencia de género, ya que surge después de la separación. Es decir, “cuando el agresor pierde acceso a su víctima principal que es la mujer y empieza a idear nuevas formas de agredirla”. En ese contexto, hasta una videollamada puede ser un mecanismo para hacer daño.
El vacío legal de la legislación internacional
La tipificación exacta de “violencia vicaria digital”, no obstante, aún está en evolución. Mientras este concepto se consolida, algunos países han comenzado a avanzar con mayor decisión. En 2021, España marcó un hito aprobando el anteproyecto de Ley Orgánica 8/2021, que reconoce a las infancias como víctimas de violencia de género y demanda la suspensión de la patria potestad del padre. La ley establece que la violencia vicaria se considera un “delito contra la integridad moral”, sancionado con penas que van desde seis meses a tres años de cárcel.
En la región, las discusiones también han tomado fuerza. En Colombia avanza el proyecto de Ley 052, que busca reconocer e incorporar la violencia vicaria como una forma de violencia basada en género dentro de su legislación. Otros países latinoamericanos, en cambio, han optado por abordar primero la violencia digital mediante leyes específicas o reformas al Código Penal.
En esa línea, Argentina y México aprobaron la Ley Olimpia, que sanciona la violencia digital, especialmente la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Ecuador y Perú también incorporaron este tipo de violencia en su normativa, con penas que van de uno a cinco años de cárcel.
Hay países, sin embargo, donde el reconocimiento es más difuso. En Bolivia, Uruguay, Venezuela y Paraguay, la violencia vicaria se enmarca dentro de leyes integrales de violencia de género ya existentes o se aborda a través de figuras más generales como lesiones, amenazas o maltrato habitual. En estos casos, su tipificación depende en gran medida de la interpretación judicial.
Este punto ciego de la Justicia, dice el informe de Amaranta, conlleva a que muchos tribunales ejerzan violencia contra las madres y caigan en teorías pseudocientíficas absurdas como “el Síndrome de Alienación Parental”, el cual asume que la madre está utilizando falsas denuncias de abuso y violencia para apartar al padre.
Esta situación, sostiene Guila Sosman Contreras, hace que muchas mujeres tengan la sensación de que sus denuncias no son comprendidas o que los recursos legales disponibles no alcanzan a visibilizar este tipo de violencia, lo que contribuye a su agotamiento emocional y a la sensación de desprotección.
Impactos visibles e invisibles
La campaña de represalias desgasta y también erosiona, poco a poco, cada capa de la vida de las mujeres. El cansancio emocional y psicológico se acumula, así como el daño económico, que suele quedar silenciado hasta que una experiencia concreta lo hace visible. Como relata una denunciante a Amaranta:
Soy cuidadora de una niña con discapacidad, entonces en los trabajos formales me van echando porque tengo que salir a cada rato a ver cosas de mi hija. Entonces me he ido armando otros emprendimientos y cuando los subo a redes sociales, él toma el pantallazo y los sube a los documentos del tribunal, diciendo que me estoy forrando”.
A ese desgaste material se suma el impacto profundo en la salud mental. Muchas madres desarrollan TEPT, miedo, depresión, dificultades para relacionarse y episodios de pérdida de control.
El daño no se detiene ahí. También alcanza a los niños y niñas, que ven y escuchan más de lo que los adultos creen. La psicóloga Guila Sosman Contreras explica que exponerles a estos conflictos puede generarles confusión, angustia y sentimientos injustificados de culpa: “Temen que la información privada se haga pública o que deben ‘elegir bando’. Esta confusión causa problemas de sueño, dificultades en la escuela y baja autoestima”, señala.
La amenaza, además, puede extenderse en el tiempo. Niños y niñas que crecen entre el control digital, la vigilancia y la exposición pública pueden normalizar estas formas de relación y reproducirlas más adelante, advierte la psicóloga.
Y, en los casos más extremos, la violencia vicaria digital puede dejar de ser solo digital. Se vuelve física. Llega a su expresión más brutal: el filicidio, el asesinato de un hijo o hija como forma de castigo hacia la madre. Ocurrió en Ecuador, en mayo de 2023, cuando Washington René Ch. fue sentenciado a 34 años de cárcel por asesinar a su hija de tres meses, luego de que la madre lo denunciara por pensión de alimentos.
Juntas nos cuidamos
Ante la ausencia de una legislación, en Chile se han articulado movimientos sociales para visibilizar este tipo de acciones, así como dar apoyo a las víctimas.
Para Karen Vergara, investigadora de Amaranta, uno de los primeros pasos es justamente levantar datos y caracterizar este tipo de violencia, entregando definiciones y posibilitando que las personas puedan comprenderlas a lo largo de todo el territorio. Además, detalla, la oenegé traspasa ese tipo de información a las comunidades escolares donde trabajan para que estas “sepan identificar y estar atentas” a este tipo de violencia.
Entre otros esfuerzos, está el de Vania Mendonça Radas, quien dice que la violencia vicaria digital es “el peor tipo de violencia de género que existe” porque “se daña a la maternidad y la protección”.
Tiene 32 años, cuatro hijos y una vida que cambió de eje cuando su expareja inició contra ella una cadena de agresiones: cuentas falsas, funas diarias, difusión de sus datos personales, imputaciones inventadas, correos enviados a sus empleadores para desacreditarla. Frente a eso, fundó en marzo de 2025 el Frente Nacional Justicia Vicaria de Chile, una organización que reúne hoy a cerca de 80 madres de todo el país, todas sobrevivientes de formas complejas de violencia que combinan el sistema judicial, las tecnologías digitales y la reproducción de estereotipos de género.
El Frente articula tres tipos de apoyo. El primero es legal, con orientación, redacción de escritos y acompañamiento en procesos judiciales. El segundo es psicosocial, con presencia frente a crisis, protocolos SOS cuando un niño o niña desaparece, y apoyo emocional sostenido. El tercero es de incidencia pública: hoy participan en las mesas nacionales del Plan Una Vida Libre de Violencia 2025–2030; preparan un congreso que se llevará a cabo a fines de noviembre, donde lanzarán su programa oficial de apoyo integral; y trabajan en una propuesta de ley para que la violencia vicaria y vicaria digital sean reconocidas en la legislación chilena.
Además, han creado un certificado que acredita ante tribunales que una mujer está viviendo violencia de género extrema, una herramienta inédita que busca contrarrestar la desprotección legal actual.
Paralelamente, la Corporación Humanas y Red de Periodistas Feministas han jugado un rol fundamental para lograr que la Comisión de Mujer y Equidad de Género legisle sobre el uso de la tecnología como un mecanismo para impartir violencia.
Cómo actuar frente a la violencia digital y vicaria: guía para no quedarse sola
A medida que las historias se acumulan también crece la necesidad de rutas claras para que las mujeres puedan protegerse. En ese sentido, el trabajo de organizaciones, activistas y profesionales pone nombre a lo que ocurre, y también abre un espacio donde las víctimas pueden empezar a entender que lo que viven no es un malentendido ni un exceso de sensibilidad.
“La mujeres que están viviendo este tipo de violencia deben saber que no están solas ni están exagerando: lo que viven es real, grave y tiene nombre”, recuerda la psicóloga Guila Sosman Contreras, subrayando la importancia de reconocer la violencia digital y vicaria desde su raíz emocional.
Rocío Ceresuela Del Valle, de ABOFEM, coincide: “Lo más importante es nunca minimizar lo que está ocurriendo. No es un problema de comunicación: es violencia, y debe ser tratada como tal”. En su experiencia, cuando una madre entiende esto, el primer paso es buscar acompañamiento jurídico con enfoque de género y solicitar medidas cautelares que consideren también la esfera digital, donde muchas veces se despliega la agresión.
El segundo pilar es la documentación. Capturas de pantalla, correos insistentes, intentos de hackeo, publicaciones injuriosas, exposición de datos personales o uso indebido de imágenes de los hijos: todo sirve. “Cada registro ayuda a construir el relato que el sistema muchas veces no ve”, agrega la abogada.
A ello se suma la alfabetización digital, destaca Karen Vergara. Incrementar la seguridad digital se vuelve una capa de protección necesaria: cambiar contraseñas, evitar utilizar claves con cumpleaños u otras informaciones personales que alguna persona que haya tenido un vínculo con la madre pueda identificar fácilmente, activar doble autenticación, revisar dispositivos ante posibles herramientas de vigilancia y reducir -estratégicamente, sin aislarse- la exposición en redes sociales.
Cuando el tribunal obliga a mantener comunicación con el agresor, ABOFEM recomienda pedir alternativas supervisadas para que las videollamadas o los correos no se conviertan en armas de hostigamiento.
Y, finalmente, está lo que ninguna medida técnica puede reemplazar: la red. “Buscar a otras mujeres, organizaciones feministas y espacios seguros no solo sostiene emocionalmente, sino que ayuda a identificar patrones comunes de esta violencia”, concluye Rocío Ceresuela Del Valle.
Porque es en esos espacios donde ocurre algo decisivo. Es ahí donde la violencia deja de ser un laberinto en solitario y empieza a convertirse en una historia que puede ser contada, comprendida y enfrentada colectivamente.
Este producto es resultado de la segunda edición de La Mediatón, el laboratorio de innovación periodística de Alharaca.
