Ilustración por Alejandro Sol.
*Con reportes de Vilma Laínez.
Las niñas, adolescentes y mujeres están siendo forzadas a tener relaciones sexuales para evitar su detención y la de sus amistades y familiares bajo el régimen de excepción. Aquellas que ingresan al sistema carcelario son violadas por custodios penitenciarios y por otras reclusas «a cambio de medicamentos, ropa o alimentos». Así lo revela una investigación realizada por Cristosal, a partir del análisis de 110 entrevistas realizadas a mujeres que han recuperado su libertad y de analizar patrones de conducta en 7,742 casos judiciales.
El documento, titulado: «El silencio no es opción: investigación sobre las prácticas de tortura, muerte y justicia fallida en el régimen de excepción», publicado el 10 de julio de 2024, recoge información concluyente de casos en los que “ha sido recurrente, por ejemplo, la detención de mujeres que no ceden ante el acoso laboral y el acoso sexual de compañeros de trabajo, jefes —de instituciones gubernamentales o privadas— o conocidos».
En los casos documentados por Cristosal, los responsables de estos abusos suelen ser policías, miembros de la Fuerza Armada y del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), quienes aprovechan sus cargos y la arbitrariedad del régimen de excepción para acosar y violar.
Cristosal presenta el testimonio en primera persona de una mujer de 37 años, agente del CAM, quien ha sufrido acoso sexual y laboral desde 2021 por parte de su jefe, quien la trasladó repetidamente y promovió denuncias anónimas que llevaron a su detención en enero de 2024. Ese mes, en una cuenta de Facebook la acusaron de haber participado en un delito, lo que resultó en su arresto por la Policía Nacional Civil (PNC) en su lugar de trabajo.
Días después, policías y soldados intentaron ingresar a su vivienda y decomisarle el teléfono. Ella no lo permitió. Ese mismo mes, integrantes de la Fuerza Armada la detuvieron por segunda ocasión. Nuevamente por una denuncia anónima «por cobrar una extorsión» cuando, en realidad, estaba cambiando el cheque de su salario en un banco. Fue liberada al demostrar su inocencia. En febrero, otra denuncia en redes sociales la llevó a ser detenida durante diez días, acusada falsamente de pertenecer a pandillas. «Debido a que ya había denunciado las acusaciones falsas en su contra, la Fiscalía no presentó cargos».
El informe presenta los relatos de cinco mujeres privadas de libertad y luego liberadas. Incluye el caso de Dina Hernández, a partir del relato de sus familiares. La activista de derechos humanos, de 28 años, y embarazada de 35 semanas, fue detenida en marzo de este año bajo acusaciones de Agrupaciones Ilícitas. Aunque un juez dictó medidas sustitutivas después de 24 horas, las autoridades penitenciarias no las aplicaron y otro tribunal ordenó su detención por un delito diferente el mismo día. Tres semanas después, su familia fue informada de la muerte de su hija por nacer, y solo pudieron recoger el cadáver. La familia desconoce las condiciones de salud de Dina y si ha recibido atención posnatal.
Zaira Navas, jefa de Estado de Derecho y Seguridad en Cristosal, explicó que las mujeres enfrentan dificultades para acceder a medidas sustitutivas a la detención provisional. Esto se debe a que a menudo no pueden demostrar ante un juez o jueza sus arraigos, ya sea porque trabajan en empleos informales, como trabajadoras del hogar no remuneradas, o porque no son propietarias de sus viviendas.
Estas detenciones arbitrarias reflejan un patrón de abuso de poder y discriminación contra mujeres, exacerbado por el régimen de excepción y la discrecionalidad en las decisiones policiales, afirma Cristosal en su investigación.
Violar en nombre del régimen
El régimen de excepción, junto con las narrativas que lo justifican, fomenta la normalización del abuso de poder, incluyendo la detención sin pruebas, la tortura y los homicidios. En este entorno, las fuerzas de seguridad operan bajo una presunción de inmunidad, cometiendo abusos de poder constantes y delitos graves como la violación sexual de niñas y mujeres bajo coacción, según el informe de Cristosal.
El informe retoma los casos de dos niñas de 13 años que fueron violadas por militares, en el marco del régimen de excepción. Uno ocurrió en septiembre de 2023, en una playa de La Libertad. El otro en octubre de 2023, en Soyapango. Asimismo, registra la detención de José Edid Cortez Henríquez, capitán de la Fuerza Naval de Puerto El Triunfo, Usulután, acusado por varios delitos de agresión sexual contra niñas y mujeres. En estos hechos, los militares han ocupado la amenaza de detener bajo el régimen de excepción a las niñas, adolescentes y mujeres, a sus amistades o familiares si no acceden a tener relaciones sexuales no consensuadas.
Cristosal contextualiza que la mayoría de las mujeres privadas de libertad por el régimen de excepción han vivido situaciones de violencia de género, tanto en contextos públicos como privados antes de ingresar a las cárceles salvadoreñas. Algunas por crecer y vivir en lugares de alta incidencia de las pandillas, lo que las llevó a ser víctimas de acoso y abusos sexuales. Algunas incluso han sido víctimas de desplazamiento forzado debido a que habitan en zonas controladas por pandillas.
Navas detalló que las mujeres detenidas sufren violación, abusos y agresiones sexuales por parte de custodios penitenciarios. Enfrentan condiciones específicas de hacinamiento y problemas de atención médica. Son obligadas a bañarse desnudas ante la presencia de hombres y mujeres, hecho que se ha normalizado por la falta de baños y puertas.
Este es el segundo informe que la organización publica como parte de las denuncias que ha recibido desde la entrada en vigor del régimen de excepción aprobado el 27 de marzo de 2022, a solicitud del presidente Nayib Bukele. En su primer informe, “Un año bajo el régimen de excepción”, publicado el 29 de mayo de 2023, la organización documentó detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo la custodia estatal.
Justo en la fecha que Cristosal presentó su segundo informe, en la Asamblea Legislativa, el oficialismo aprobó la prórroga 27 del régimen de excepción que ya suma 81,100 personas privadas de libertad. Como resultado de este régimen, el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) ha contabilizado, de marzo de 2022 al 9 de junio de 2024, más de 300 muertes bajo custodia del Estado, entre estas las de tres niñas y un niño.
Defensoras hablan sobre violencia sexual durante el régimen
El 20 de junio, Celia Medrano, integrante de la Red contra la Extorsión, organizó un diálogo virtual enfocado en la sextorsión en el marco del régimen de excepción, para la Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Medrano aseguró que los militares “estaban amenazando a las personas de que, si no permitían una relación sexual con ellos, les iban a aplicar el régimen a ellas o a sus familiares. Encontramos casos donde se violaron niñas de 14 años”.
En esa conversación, Ingrid Escobar, del SJH, explicó el impacto diferenciado del régimen de excepción en las mujeres. Citó un caso en el occidente del país donde las mujeres ya no temen de las pandillas, pero sí de las fuerzas armadas. En una de las denuncias que recibió una usuaria le dijo: “Los militares nos violaron a mi niña y a mí”.
Relató que, en este caso, ocurrido en Santa Ana, detuvieron a los hombres para asegurarse que ellas quedaran solas y cometer los delitos sexuales. “Este es un patrón reiterativo. Lo vamos escuchando más y más veces. No es algo aislado”, expresó.
Además de la violencia sexual, el informe de Cristosal también resalta que las privadas de libertad con mayor riesgo, por temas de salud, dentro de las cárceles salvadoreñas son las adultas mayores; mujeres con enfermedades crónicas y enfermedades terminales, con discapacidad, con enfermedades mentales, embarazadas y en períodos pre y post natal, con enfermedades adquiridas en la cárcel por falta de atención, lesbianas y trans.
En el informe, Cristosal consigna el relato en primera persona de Lucía, una mujer trans de 27 años, defensora de derechos humanos con énfasis en la población LGBTIQ+, quien fue interceptada por una patrulla policial. Uno de los agentes la amenazó con detenerla y la obligó a subir al vehículo, «donde la violaron los tres policías».
