Fotos por M. Díaz y P.G.G. Maren
Editado por Wilfredo Miranda Aburto y Metzi Rosales Martel
En octubre de 2014, Sonia Gutiérrez miró cómo la lluvia borraba su historia. Durante más de diez días un temporal azotó Izalco, Sonsonate, hasta dejar la milpa en ruinas. No quedó ni una mazorca. El viento arrancó el techo de su cocina y el agua empapó las semillas que su familia había guardado durante generaciones. “Me marcó profundamente”, recuerda.
Cuando creyó que no podría volver a sembrar, un amigo le regaló aproximadamente 25 mazorcas de maíz criollo —las mismas que había perdido— y Sonia, agradecida, le compartió dos libras de frijol. Ese trueque no fue un gesto aislado: le recordó que el intercambio de semillas es una práctica ancestral que sostiene la vida campesina y fortalece la resiliencia frente al clima en este departamento de origen prehispánico.
Sonia Gutiérrez tiene 56 años y vive en Izalco con su madre de 92. Se encarga de su alimentación, de sus medicinas y de acompañarla. Es madre soltera: su hijo, de 29 años, la visita con frecuencia. Viene de una familia agricultora y desde niña aprendió a sembrar.
A los 17 años, Sonia probó por primera vez lo que era la discriminación. Había aprobado el examen de admisión en el instituto y quiso inscribirse en el bachillerato agrícola. La respuesta fue tajante: no podía, porque era mujer. Volvió a casa con la decepción a cuestas y se matriculó en bachillerato comercial. Eso, sin embargo, no la alejó de la agricultura. Hasta hoy lo recuerda con un mal sabor:
Ha sido la única vez que me discriminaron por ser agricultora y mujer”.
La agricultura, la ganadería, la caza y la silvicultura conforman la tercera actividad económica más extendida en el país. En este sector trabaja el 13.6 % de la población: cerca de 400 mil personas. La mayoría son hombres (341,727) y apenas 58,086 son mujeres.
Según una estimación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para 2022, las actividades agropecuarias, pesqueras y forestales aportaron alrededor del 5 % al Producto Interno Bruto (PIB).
Pero detrás de esos números se esconde una brecha: de las 345,047 personas que se dedican a la agricultura, solo 77,063 tienen tierra propia, y dentro de este grupo apenas 9,299 son mujeres.
En Izalco, las mujeres y los hombres no han tenido las mismas oportunidades educativas: mientras que los hombres de 10 años o más promedian 7.7 años de escolaridad, las mujeres apenas alcanzan 7.0. Esto de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2024. Sonia se graduó de bachillerato, como otras 16,632 personas de este distrito, un dato que muestra que completar estudios superiores sigue siendo un desafío, sobre todo para las mujeres.
Mazorcas criollas que Sonia conserva para asegurar la siembra y la continuidad de sus cultivos.
Sembrar en medio de la crisis climática
La vida diaria de Sonia está dividida en dos. Una parte la dedica al huerto comunitario, donde enseña; la otra, a su propio cultivo. Sale de su casa a las cinco de la mañana, recorre a pie cuatro kilómetros entre cañales y barrancas, y llega a la parcela a eso de las seis y media. No lo siente como sacrificio. Al contrario, dice que el camino la fortalece: “Respiro aire puro, hago ejercicio, me motiva”.
El contexto que enfrenta no es fácil. El Salvador está dentro del Corredor Seco Centroamericano, una de las regiones más expuestas a la crisis climática. El Plan Nacional de Cambio Climático 2022–2026 advierte que los eventos extremos serán cada vez más frecuentes e intensos, y que golpearán de lleno a la agricultura.
Los efectos son más duros en los territorios vulnerables y amenazan la soberanía alimentaria”, advierte Ricardo Navarro, presidente de CESTA.
Sonia repite una frase como si fuera oración: “Si no hay semilla, no hay comida”. Es descendiente del pueblo náhuat. Su familia sobrevivió al desplazamiento forzado tras la masacre indígena de 1932. Sus abuelas sembraban mucho antes de establecerse en Izalco, y ella ha continuado esa tradición durante más de cuarenta años. Empezó a cultivar cuando era una niña que sumaba 10 años.
Durante tres décadas, practicó la agricultura convencional porque no conocía otra forma. Era cuando ella y su familia trabajaban en la Cooperativa San Isidro. En 2010 todo cambió: asistió a una capacitación en la Universidad Luterana Salvadoreña que le abrió la puerta a la agroecología. Desde entonces se ha seguido formando y ha desterrado los agrotóxicos de sus parcelas. Lo suyo es el cultivo orgánico.
Sonia en el huerto, un espacio donde cultiva no solo alimentos, sino también saberes que comparte con otras mujeres.
No tiene tierras propias. Cultiva seis tareas de milpa en un «guatal» —una franja de bosque que le han prestado con la condición de no talar ni un árbol— desde hace diez años. Allí aplica prácticas agroecológicas: combina cultivos, evita químicos y rescata semillas criollas. Es parte de la Red Uniendo Manos El Salvador, donde coordina una de las dos escuelitas de agricultura orgánica. Allí capacita a siete mujeres más en técnicas sostenibles.
La red está conformada por mujeres, hombres que son socios y junta directiva, de 19 comunidades agrícolas distribuidas en 10 departamentos del país. Recibe apoyo de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos a través de la campaña “Contra el Hambre”. Entre sus principales impulsores está Silverio Morales, amigo de Sonia, con quien intercambió semillas después del temporal de 2014.
Todos lo llaman tata Silverio. En su cosmovisión, la relación entre la tierra y el ser humano es sagrada y directa. Antes de sembrar, dice, hay que alimentar a la tierra. Por eso entre el 2 y el 3 de mayo hacen una ofrenda: alimentan a la tierra, piden permiso y agradecen. De ese acto depende la buena o la mala cosecha.
La red, además de enfocarse en la agricultura orgánica, promueve el rescate de alimentos ancestrales, semillas criollas y nativas, explica Norma Mejía, coordinadora de Uniendo Manos.
Para Sonia, el cuidado de la tierra también es espiritual. Sus semillas criollas resisten las canículas y los cambios bruscos del clima. Limpia el terreno con cuma, una herramienta que permite controlar la hierba sin eliminarla del todo y así conservar la humedad del suelo. Sus cultivos crecen sin depender de insumos externos.
Habla con convicción cuando toca el tema del clima:
Mucha gente dice que el cambio climático no existe. Déjenme decirles que sí existe”.
Antes sembraba cada primero de mayo, como lo hacía su familia. Ahora espera hasta finales del mes para asegurarse de que haya lluvias.
El conocimiento de conservación lo aprendió de su abuela. Ella guardaba un saco de maíz sin destusar por completo: sin dejarlo «chulón», lo amarraba a un trozo de madera curado con cal y lo subía al poyetón, la cocina de leña. El humo actuaba como protector natural. “La semilla no se debe perder —le decía su abuela—, ella te dice de dónde vienes y para dónde vas”.
No todas sus cosechas agroecológicas han estado a salvo. Una vez, una avioneta pasó y roció pesticidas en la zona. En cuestión de días todo se volvió amarillo. Perdió la siembra entera. Ese método de fumigación aérea, usado durante décadas en El Salvador, cobró 92 vidas cada año, entre 2015 y 2022, según el Sistema de Vigilancia Epidemiológica.
A pesar de los riesgos, los químicos siguen circulando. Cinco agrotóxicos —entre ellos Paraquat y Glifosato, — se venden en El Salvador. Por ejemplo, el Paraquat está prohibido en decenas de países como Costa Rica, Estados Unidos, Chile y Uruguay. Pedro Cabezas, de la organización Azúcar Amarga, denuncia que en lugares como el Bajo Lempa se vinculan directamente con epidemias de insuficiencia renal crónica.
El negocio de los químicos y las semillas está concentrado en pocas manos. Según el informe de Grain, ¿Quién gana con la UPOV?, el 50 % de la industria mundial está controlada por cuatro compañías: Bayer —que tras comprar Monsanto domina una cuarta parte del mercado global—, Corteva, Syngenta y BASF.
La ingeniera agroecóloga Sara García lo resume en una frase: “La imposición de semillas modificadas, controladas por estas corporaciones, rompe el vínculo cultural y espiritual con la tierra”. Ricardo Navarro agrega: “El objetivo no es producir alimento, sino ganancias”.
La disputa por las semillas
Las y los campesinos enfrentan cada vez más obstáculos para producir su propio alimento y decidir qué consumen. En 2013, en Indiana, Estados Unidos, el agricultor Vernon Bowman fue declarado culpable de infringir la patente de Monsanto al cultivar soja transgénica sin autorización. La Corte Suprema falló a favor de la empresa, que lo había demandado por violar derechos de propiedad intelectual.
Ese fallo encendió alarmas fuera de Estados Unidos. Organizaciones campesinas y ambientalistas advierten que precedentes como este podrían abrir la puerta a litigios en otros países si las semillas se contaminan con variedades transgénicas, aun cuando los agricultores no las hayan adquirido de manera directa. A esa preocupación se suma la posibilidad de que se impongan marcos legales similares a los ya adoptados en naciones de África, donde comunidades rurales se han movilizado contra las multinacionales que amenazan la soberanía alimentaria.
Santuarios de semillas criollas, resguardadas como resistencia histórica y climática.
La adhesión al Convenio promovido por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) —especialmente en su versión más restrictiva, UPOV 91— también pone en jaque la soberanía alimentaria. Con él, el control sobre lo que se siembra y se come queda en manos de grandes empresas, no de quienes trabajan la tierra. Actualmente, UPOV cuenta con 80 países miembros, y 28 Estados —entre ellos El Salvador— han solicitado asistencia para elaborar leyes basadas en este convenio.
En El Salvador, el apropiamiento de la semilla todavía no tiene un marco legal, pero eso no lo ha dejado libre de prácticas cuestionables. Sonia recuerda que, durante el gobierno de Alfredo Cristiani, en 1992, se convocó a las comunidades locales a entregar sus semillas a cambio de un supuesto intercambio. Nadie explicó entonces que debían ceder sus semillas criollas —las que habían resguardado por generaciones— para recibir híbridos. Para muchas familias, aquello significó la pérdida silenciosa de su patrimonio agrícola, disfrazada de modernización.
Ese mismo Gobierno estableció vínculos directos con la multinacional Monsanto, a través de la compra de la firma Cristiani Burkard, dedicada a comercializar semillas en Centroamérica. Dos décadas después, en 2011, nació el Plan de Agricultura Familiar (PAF), respaldado por dos decretos que permitieron al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) adquirir directamente semillas de maíz y frijol.
El cambio fue importante: productores y productoras nacionales ofrecieron semillas de calidad y a buen precio, lo que permitió ampliar el número de personas beneficiarias de los paquetes agrícolas. En 2013, el 91 % de las semillas entregadas fueron compradas a proveedores locales, y apenas el 9 % a importadores.
Para Ricardo Navarro, el Estado debe garantizar que la alimentación se produzca con agroecología y en menor escala, sin agrotóxicos. Sara García coincide:
La semilla criolla se adapta, y por eso las campesinas y campesinos pierden menos cosechas que con las semillas mejoradas”.
El huerto comunitario es espacio de cultivo y aprendizaje, donde se siembran tomates, cebollines, berenjenas y más hortalizas.
Una lucha colectiva
La historia de Sonia no es aislada. En todo El Salvador existen múltiples experiencias de éxito en la preservación de semillas criollas. El Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA) reúne organizaciones campesinas del occidente, centro y oriente del país que trabajan la agroecología y defienden la semilla. Incluso cuentan con su propio santuario, donde resguardan variedades nativas.
Izalco, ubicado en el departamento de Sonsonate, tiene una población estimada de 77,529 habitantes según los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024. En la zona urbana viven 28,826 hombres y 32,853 mujeres, mientras que en la zona rural habitan 7,521 hombres y 8,329 mujeres. En total, los hombres suman 36,347 personas (46.9 %) y las mujeres 41,182 (53.1 %), esto refleja una leve mayoría femenina en el distrito.
Hasta hace poco, el salario mínimo agrícola en El Salvador era de $243.43 al mes. Desde junio de 2025 subió un 12 %, quedando en $272.53. Sonia, sin embargo, recibe $200 mensuales por las capacitaciones que imparte, es decir, un 27 % menos que el salario mínimo. Ese dinero lo estira gracias a lo que produce en su parcela y en el huerto comunitario. “Maíz y frijol no compro. Verduras tampoco. Huevo y pollo no compro porque tengo en la casa. Solo lácteos, azúcar, arroz, jabón, detergente, lejía… y gracias a Dios me alcanza”, dice con sencillez. Tener casa propia y los cultivos que mantiene con sus alumnas —tomates, chiles, berenjenas, cebollines, entre otros— le permiten llenar la mesa y garantizar la alimentación para ella y su madre de 92 años.
Pero las necesidades no se reducen a la comida. El cuidado de una persona adulta mayor implica gastos constantes en medicinas y consultas. Como Sonia trabaja en el sector informal, no cotiza al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, por lo que debe recurrir al sistema público de salud —donde muchas veces no encuentra todos los medicamentos— o pagar en la atención privada. La canasta básica rural, calculada para una familia de cuatro personas, cuesta $178.76 al mes. Sonia logra cubrir el equivalente a dos personas, unos $89.38, lo que representa casi el 45 % de su ingreso mensual. El resto debe destinarlo para el cuido y mantenimiento del hogar, para cubrir su salud y otras necesidades personales.
En cuanto al riesgo de la soberanía alimentaria, estudios recientes muestran que la inseguridad alimentaria afecta con mayor gravedad a las mujeres que a los hombres. De acuerdo con el reporte Estado de la soberanía alimentaria de El Salvador 1961-2022, elaborado por Oikos y la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), entre 75 % y 80 % de las mujeres enfrentan inseguridad alimentaria, mientras que entre los hombres ese rango es de alrededor del 37 % al 38 %.
Las mujeres son tres veces más vulnerables a la inseguridad alimentaria. La lucha de Sonia, entonces, va más allá de lo agrícola: es memoria, resistencia y soberanía. Cada mazorca criolla que guarda en su poyetón se convierte en un acto de futuro.
