Este iba a ser un editorial sobre la suspensión de la candidatura de Walter Araujo. Sobre cómo las palabras importan y cómo la violencia en redes sociales —especialmente la de género— ejercida por alguien que buscaba un puesto público, un puesto de poder, no puede ser tolerada en una democracia.
Pero los hechos de este domingo lo cambiaron. Dos personas, Gloria Rogel del Cid y Juan de Dios Tejada, quienes iban en un vehículo con identificación del partido FMLN fueron asesinadas después de salir del evento de lanzamiento de campaña del candidato a alcalde por San Salvador del mismo partido. Ambas personas eran veteranas de guerra. Otras dos personas resultaron heridas. Un ataque así es inaceptable en una democracia.
Ya hay tres detenidos por el ataque. Dos de ellos son guardaespaldas del ministro de Salud, Francisco Alabí. El otro trabaja como personal de una empresa de seguridad privada, asignado también al Ministerio de Salud. Si se confirma su participación en este hecho de violencia política, esta será una clara señal de que el envalentonamiento que funcionarios públicos de alto nivel muestran a la hora de atacar a sus adversarios ha ganado terreno en otros niveles de las estructuras gubernamentales.
Minutos después de que se dio a conocer el suceso, el presidente Nayib Bukele usó su cuenta de Twitter para insinuar que el FMLN había perpetrado una “autoataque” con el objetivo de desdeñarlo a él y a su partido político. Hasta ahora, ninguna palabra de condena al ataque, ni de condolencia a las víctimas y su familia ha sido emitida por el mandatario. Ningún representante de Nuevas Ideas acudió a la reunión con el Fiscal General de la República, Raúl Melara, para discutir la situación, pese a que fueron convocados. Eso es grave. Todos los demás partidos llegaron y se pronunciaron en solidaridad con las víctimas y condenando el ataque.
Los motivos del ataque aún no están claros. Lo que sí ha quedado demostrado es que las palabras del presidente en redes sociales también tienen consecuencias fuera de ellas. Utilizar su red social como megáfono para desinformar, para atacar a cualquier voz crítica y para incitar el odio hacia quienes considera sus adversarios ha exacerbado los discursos violentos y de odio de sus aliados en el Gobierno y sus seguidores en redes y fuera de ellas.
Si se confirma lo que muchxs ya temen —que el ataque se dio porque las y los militantes del FMLN estaban visiblemente identificados con el partido opositor al del presidente— significará la materialización de las consecuencias más extremas de este tipo de discurso.
Las palabras de quienes nos gobiernan importan. La distancia que la pantalla de un celular da puede hacer parecer que lo que se escribe en menos de un minuto no tiene efectos sobre la realidad. Pero es claro que los discursos políticos juegan un rol importante en la violencia y pueden llevar a crímenes de odio. Este año ya vimos un ejemplo en Estados Unidos de cómo las palabras y las mentiras que los gobernantes empujan entre sus seguidores pueden acarrear violencia muy real.
La insinuación del presidente de que el mismo FMLN organizó el ataque para quitarle votos es de las acciones más dañinas para la democracia de nuestro país desde que dejamos la guerra atrás. No solo es un eco del tipo de acusaciones infundadas que se hicieron durante el conflicto armado, sino un aval para la banalización del dolor de las víctimas. Al no condenar la violencia política, él marcó la pauta de las posiciones que sus funcionarios y simpatizantes expresaron en sus redes sociales: reprodujeron los mensajes de odio y en ningún momento condenaron los asesinatos ni expresaron sus condolencias.
Un mandatario que se precie de gobernar para toda la ciudadanía habría llamado a la calma, habría dado sus condolencias a las familias y al partido, y sobre todo habría condenado el ataque. Habría dicho con contundencia que este tipo de acciones no tiene cabida en el país y que su gobierno asegurará una investigación transparente y unas elecciones pacíficas.
Pero, como siempre, su discurso de odio, desinformación, y su preferencia por los ataques al diálogo prevalecieron. Y como resultado, en un día de luto, sus seguidores se han dedicado a propagar su narrativa conspirativa y a atacar a quienes han repudiado lo ocurrido.
Lamentablemente, esta respuesta por un gobernante que se refiere a los Acuerdos de Paz como «farsa» no sorprende.
A solo dos semanas del 29 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, ver imágenes de una bandera política ensangrentada es un choque al sistema. Sobre todo en un mes que estuvo sumido en una campaña en Twitter para recordar a las víctimas del conflicto armado, las experiencias de quienes lo vivieron, y los logros que estos significaron. Todo en respuesta a las declaraciones de Bukele, quien no solo ninguneó la importancia de estos acuerdos históricos sino también violentó la memoria de las víctimas y sobrevivientes de los 12 años de conflicto armado y de sus familiares. Ahora, una vez más, el país se ve frente al fantasma de la violencia política.
Esta semana estuvo marcada por la suspensión de la candidatura de Walter Araujo —debido a sus ataques misóginos a otra candidata— a la que el presidente respondió con una foto de la Fuerza Armada. Hay poco margen de interpretación posible ante esta imagen. Cabe recordar que el próximo 9 de febrero también se cumplirá un año de que Bukele ingresara a la Asamblea Legislativa con el Ejército, y acosara y amedrentara a las y los diputados.
Pero como con Araujo, quien es parte de los políticos más cercanos al presidente que ejercen discursos violentos en redes sociales, las dinámicas que el mandatario utiliza como estrategia política no están aisladas del ecosistema político salvadoreño y su historia. Esta es una herencia que venimos cargando desde hace décadas.
Este es el momento en que el FMLN y Arena también deben confrontarse con sus respectivos papeles históricos que nos han traído hasta este momento. No podemos olvidar que Arena defendió a quienes les hacían favores políticos en la Corte de Cuentas y les daban votos incondicionales en la Asamblea. Cuando Arena fomentó una cultura de prebendas dentro de su propio partido, apoyo al mejor postor, que ya no pudo sostener una vez perdió el ejecutivo. Que estuvieron en contra de una ley de transparencia y mayor fiscalización del ejecutivo hasta que el FMLN llegó al poder. Cada vez que el FMLN también calló cualquier disidencia dentro del partido. Cuando ambos partidos se enmarañaron en el decreto 743 para silenciar una Sala de lo Constitucional que emitía sentencias con las que no estaban de acuerdo.
Estos historiales tienen consecuencias. El asesinato de dos personas militantes del FMLN, excombatientes durante la guerra, es atroz y un ataque directo a la democracia salvadoreña. Si Arena y el FMLN realmente quieren defender la pluralidad política y nuestro sistema democrático, es ahora cuando deben reconocer su papel en la creación del aparataje autoritario del que Bukele se ha agarrado y multiplicado. Y proponer vías concretas para reforzar la institucionalidad, haciendo un esfuerzo de memoria histórica con procesos de justicia restaurativa.
A las puertas de las elecciones, el presidente Bukele debe cambiar su discurso confrontativo y de odio. Sus amenazas al orden democrático durante su mandato nos dan suficientes razones para temer que continuará polarizando y que es capaz de rechazar los resultados si no le favorecen como espera. Exigimos al presidente que garantice que las elecciones del 28 de febrero se realicen de manera pacífica e independiente.
Pero ante la posibilidad de que los trazos autocráticos de Bukele se terminen de materializar, los demás partidos políticos, la sociedad civil, organizada o no, los medios de comunicación y la comunidad internacional debemos velar por el respeto de nuestros derechos políticos. Así como sus discursos de odio se han manifestado como violencia física, los esfuerzos de la sociedad civil por no olvidar las heridas del pasado, de fomentar una sociedad más democrática que respete las diferencias de pensamiento, también pueden encontrar un reflejo real y físico este 28F.
