Sobrevivir seis meses detenido en Mariona

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Afuera de las bartolinas policiales conocidas como «El Penalito», en San Salvador, había risas y lágrimas. Varios hombres capturados durante el régimen de excepción habían recuperado su libertad en una noche lluviosa de septiembre. Era por eso que tanto sus familias como otras personas que tienen parientes detenidos celebraban, como cuando un hijx regresa a casa después de años de ausencia. Aplausos y palabras de aliento se escuchaban por parte de sus familiares cuando empezaron a salir uno por uno. 

Se trataba de personas que fueron detenidas durante el inicio del régimen, en marzo de este año, y que cumplieron seis meses presas, sin que se encontrara pruebas en su contra. 

Jorge*, un hombre de unos 30 años de edad que fue detenido en abril junto a su hermano menor y otros dos parientes, fue una de esas personas liberadas en septiembre. Este relato, en el que se utiliza un pseudónimo para proteger su identidad y la de su familia, recoge las experiencias que contó al salir de detención. 

El 20 de septiembre, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, declaró en el canal estatal de televisión, Canal 10, que se solicitó la liberación de más de 800 capturados y capturadas a las que no se les había encontrado vinculación con grupos de pandillas. «Se ha solicitado la liberación de 803 personas, ya que uno de los roles de la FGR es velar porque se respete el debido proceso y las garantías de estas personas», dijo el funcionario. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han señalado reiteradamente que en las capturas no se ha respetado el debido proceso y se ha detenido a personas incluso por tener el celular con la batería baja.  

Los seis meses en los que ha estado vigente el régimen han sido un periodo de suspensión de garantías ciudadanas, en el que hay ya más de 53,000 detenciones, miles de denuncias de violaciones a los derechos humanos, y decenas de fallecidos bajo custodia del Estado. 

Tras conocerse la noticia de la liberación de estas personas, decenas de familias se concentraron frente a las bartolinas del Penalito. Algunas fueron contactadas por las mismas autoridades de la Dirección de Centros Penales, otras llegaron a esperar. Lo hacen de día y de noche porque guardan la esperanza de que el nombre de sus parientes suene en los parlantes de las bartolinas y cuando llegue ese momento, quieren estar ahí. En esa espera hay menores de edad, personas adultas y, sobre todo, mujeres. Viajan desde diferentes puntos del país y muchos se quedan a dormir en las aceras de pequeños negocios o sobre las camas de pick-ups.

Unos días después del anuncio hecho por la FGR, al menos una veintena de reos fueron liberados. Todos habían sido trasladados desde el penal La Esperanza, conocido como Mariona, para ser puestos en libertad. Empezaron a salir pasadas las 9:30 de la noche.  

 «¡Ya viene!», gritaba la gente, cada vez que un policía abría la puerta y al fondo se observaba a un grupo de hombres vestidos de blanco. «No tomen fotos porque se va a enojar el presidente y no los van a dejar salir», decían algunas madres, que llegaron desde temprano.  

Llegó el turno de Jorge. Se veía desmejorado. Durante los seis meses que pasó capturado, bajó más de 20 libras. Lo atribuye al hecho de haber recibido a diario únicamente dos reducidos tiempos de comida.  

A él lo esperaban su madre y uno de sus hermanos. Salieron a su encuentro, se abrazaron fuerte, lloraron y caminaron hacia a un vehículo donde le tenían ropa y comida. Jorge preguntaba a su madre por su esposa y sus dos hijas. Estaba ansioso por saber cómo su familia había afrontado su detención. Otras personas los seguían. Querían saber cómo se la pasan los reos en Mariona, si las autoridades les entregan completos los paquetes que van a dejar y en qué sector estaba él. La información escasea desde que se aprobó por primera vez el régimen de excepción, y a los parientes de los detenidos no les queda más que acampar a los alrededores de las prisiones para tratar de averiguar algo sobre sus familiares.  

A Jorge lo capturaron durante los primeros días del régimen de excepción, y fue trasladado al penal La Esperanza. Allí, según contó, solo le dieron una mudada de ropa —calzoneta, una camisa, un bóxer y un par de calcetines—, a pesar de que sus familiares compraron y entregaron dos piezas de cada uno de esos artículos. A nadie le dieron cobijas o colchonetas en el sector donde él estaba, aun cuando Centros Penales solicitó a sus parientes esos artículos. Tampoco les entregaron la comida que les enviaban, como avena o galletas, cuenta después de haber comparado con su familia lo que le llevaron y lo que le llegó. 

Jorge se dedica a la agricultura y a la albañilería. Sobrevivía principalmente de la producción agrícola. Aseguró que ahora tendrá que trabajar el doble para mantener a su familia. En los principales días de la temporada de siembra de maíz y frijol estuvo detenido, junto a su hermano menor, lo que significa que no tendrá granos básicos para este año. «Mis otros hijos me han dicho que con lo poquito que han sembrado te van a ayudar», le decía su madre. 

Decenas de personas rodeaban a Jorge. Padres y madres que tienen hijos detenidos en Mariona y que, ante la falta de información estatal, querían conocer la experiencia de Jorge dentro de uno de los penales del país donde se están muchos de los detenidos del régimen de excepción.  

«¿En qué sector estaba?», le preguntó un hombre a Jorge. «En el cinco», respondió. 

«¿Por casualidad conoció a un muchacho que se llama…? Dicen que allí en ese sector está». Jorge se encogió de hombros: «El detalle es que en el sector son 37 celdas, y en algunas había hasta 200 personas».  

Jorge aseguró que al principio de su detención vio morir a varios reos. En ese tiempo, todos los capturados llegaban al sector 6. En los últimos cuatro meses, agregó, la situación ha sido menos cruenta. «Ya no le pegaban [los custodios] tanto a uno. Al principio era una desgracia, le pegaban a uno», afirma, mientras muestra la parte inferior de sus manos, con lesiones sobre sus dedos. «A mí gracias a Dios cuando entré un medio toquecito me dieron en la cabeza porque iba a la par de uno que estaba bien tatuado».  En las celdas, señala, están juntos pandilleros y personas sin vinculación con estos grupos. «Teníamos como 10 revueltos. Era tremendo al principio, arrastrado lo llevaban a uno, arrastrado», relató. 

Al llegar, recordó, no lo alimentaron. «Yo comí a los siete días de que me capturaron. Le daban una tortilla para el desayuno y de ahí hasta la cena a las 8 de la noche dos tortillas, pero de aquellas que hacen para tacos. Agua había a veces, gracias a Dios lograba tomar una pichingada», contó. 

Entre las madres y padres que lo escuchaban había impotencia y reclamos. «Nos fuimos chucos al votar por este Gobierno», decía una madre. «En las próximas elecciones, aunque sea para sacarlo iré a votar», decía otra. Algunas mujeres se concentraban sobre un vehículo con barandillas para sentarse un rato, otras buscaban protegerse de la lluvia bajo los techos de los pequeños negocios de la zona que permanecían abiertos. Las más jóvenes tomaban vídeos para captar los momentos en los que salían los reos.  

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Violaciones documentadas 

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El relato de Jorge apoya las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos dentro de las cárceles, y de las condiciones inhumanas que enfrentan los detenidos. Los tratos degradantes y las golpizas son parte de los hechos que la organización de defensa de los derechos humanos Cristosal ha documentado.  

Zaira Navas, jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal, detalló algunas de las torturas narradas por personas que han recuperado su libertad y han denunciado las violaciones a derechos humanos que enfrentaron al interior de las cárceles. 

«Es un problema ir al servicio sanitario o fosas adentro de las celdas. Duermen allá adentro, el hacinamiento genera riñas, enfermedades de la piel, enfermedades como gripe, tos. Hay probabilidad muy alta que muchas personas hayan tenido COVID y falta de atención médica. La alimentación es horrorosa. Hay personas que cuentan que les tiran la comida en el suelo, que les limitan el agua. Son rociados con gas si hay ruido, son amenazados, son golpeados por los mismos internos y los custodios», enumeró Navas. 

La noche en la que salió Jorge, también fueron liberados uno de sus tíos, un primo y un vecino. Uno de ellos, que se quejaba de los golpes recibidos por los custodios, se levantó la camisa para mostrar las lesiones que tenía a la altura de las costillas. El tío de Jorge, por otra parte, aseguró que no había comido ese día. 

Desde que se implementó el régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, Cristosal registra alrededor de 2,775 denuncias de violaciones a los derechos humanos. La mayoría de víctimas son jóvenes entre los 18 y los 30 años. Del total de casos, hay 223 personas con enfermedades crónicas y 47 con discapacidad que aseguran no han recibieron atención adecuada. La organización ha documentado, además, 151 casos de personas que fueron detenidas tras ser señaladas a través llamadas anónimas o avisos de terceros. 

En los primeros 30 días del régimen de excepción, el Gobierno reportó la captura de 17,143 personas, es decir, más de 500 capturas diarias. Todas las personas detenidas fueron calificadas de «terroristas» por el propio presidente de la República, Nayib Bukele. El mandatario advirtió el 28 de marzo que los reos no verían la luz del sol, que les racionarían la comida y les quitarían las colchonetas para dormir. «Les vamos a demostrar quién manda. Lo que hagan afuera, lo van a sufrir aquí adentro. El Estado se respeta», sentenció. 

Esas palabras las recordaba al pie de la letra la madre de Jorge. Se las repetía cada vez que su hijo relataba lo que había vivido en seis meses dentro de la cárcel. «Y mire, para el trabajo iban a las 6 de la mañana y los cuatro que iban, el tío de ellos, otro muchacho y los dos hijos míos cuando los capturaron. Mire, él estaba bien gordito y mire cómo me lo regresan», dice la mujer, mientras acaricia el rostro de su hijo. 

Tanto Jorge como su madre creen que a él y a sus demás familiares los capturaron para llenar las cuotas que el Gobierno exigía a policías y soldados. «Esto es injusto, a nadie se lo deseo», repetía Jorge a las personas que escuchaban atentamente su relato.  

Su hermano menor también tenía la carta de libertad, pero ese día no salió. Jorge no supo por qué, si la firmaron el mismo día. Para la familia, esto implicará un gasto extra de 100 dólares para el pago del transporte que lo irá a recoger cuando salga. 

Esa noche de su salida, Jorge y su familia esperaron hasta pasada la medianoche para irse al occidente del país. Lo hicieron para aguardar la salida de otra persona, un vecino, cuya familia no había sido avisada por Centros Penales. 

Mientras Jorge se despedía de otras familias de detenidos, les deseó suerte. «Ojalá sus hijos salgan pronto», les dijo.