Han pasado casi 30 días desde que se divulgaron audios de conversaciones entre el fallecido exasesor Alejandro Muyshondt y Ernesto Castro, entonces secretario privado de la Presidencia. En esos audios, de 2020, se menciona corrupción en el Gobierno de Nayib Bukele y espionaje a periodistas. A pesar de la gravedad de estos hechos, el Estado no ha iniciado investigaciones sobre el involucramiento de funcionarios.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) ha pedido al Gobierno que aclare el supuesto espionaje a periodistas tras la publicación de la investigación de Silva. Tampoco ha habido respuesta.
Además de la precariedad económica que enfrenta el gremio por bajos salarios, falta de prestaciones y enfremedades crónicas, el espionaje digital es otra amenaza para el periodismo en El Salvador, donde la libertad de expresión y la democracia están en riesgo.
En la investigación realizada por Héctor Silva y publicada en Infobae, Ernesto Castro menciona su interés en espiar a Jorge Beltrán Luna, de El Diario de Hoy, y al director de El Faro, Carlos Dada.
Beltrán Luna señala que, aunque no le sorprende esta vigilancia, ha afectado su trabajo, sobre todo en el acceso a fuentes militares quienes, por temor a represalias, ya no le responden. Ha tenido que tomar más medidas de seguridad para protegerse a sí mismo y a sus fuentes.
Asegura que no es la primera vez que lo espían. Anteriormente, otros gobiernos lo hicieron cuando denunció abusos de la seguridad pública y corrupción. Periodistas del medio en que trabaja también han sido víctimas de espionaje. En 2022, a través del programa Pegasus, se infectaron los teléfonos de periodistas de varios medios, incluidos 22 de El Faro y 10 de El Diario de Hoy.
Con más de 20 años de carrera, Beltrán Luna ha cubierto corrupción, derechos humanos, narcotráfico y seguridad. Antes de ser periodista, fue militar en la Fuerza Armada entre 1986 y 1992, lo que le facilitó el acceso a fuentes militares.
En esta entrevista, habla sobre el impacto personal de la vigilancia gubernamental. Considera que el espionaje a periodistas críticos refleja el temor del Gobierno hacia la prensa. Cree que el objetivo es silenciar no solo a los periodistas, sino también a sus fuentes.
¿Cómo recibe la noticia de estos audios en los que un alto funcionario ordena espiarlo?
No me sorprende. Desde el caso Pegasus, sabemos que los periodistas que investigamos corrupción, seguridad o pandillas somos de interés para el Gobierno. Sospechaba que algo similar podía ocurrir conmigo, y por eso siempre he tomado medidas de seguridad. Sin embargo, escuchar que el presidente del primer Órgano del Estado, quien antes fue secretario privado, ordenó espiarme, revela un enorme temor hacia el periodismo, hacia lo que podemos saber y divulgar.
No quiero sonar como Bukele diciendo que «nosotros no sumamos, multiplicamos». Lo que quiero decir es que veo cuánto interés tienen en saber cuánto conocemos sobre la corrupción que están llevando a cabo. Si estuvieran haciendo las cosas bien, ¿por qué les preocuparía un periodismo crítico, si no tendríamos nada que descubrir?
Evidencian el grado de temor que tienen. Que un alto funcionario haya pedido a Alejandro Muyshondt que nos espiara implica un peligro para mí como periodista y también para mis fuentes. Veo una clara intención de descubrir quiénes son las fuentes. En audios posteriores, hemos escuchado a Alejandro Muyshondt ofrecer un polígrafo sofisticado, comprado en Israel, y al funcionario decir que con un polígrafo obsoleto ya habían descubierto mucho, que había gente equivocada comprando información. Lo más grave para mí es que no solo buscan intimidar al periodista o saber qué está investigando, sino que también van tras las fuentes.
¿Por qué cree que hay un interés sobre usted?
A lo largo de mi trayectoria como periodista, he intentado hacer un periodismo de profundidad, con los recursos que tengo, revelando casos de corrupción y violaciones de derechos humanos. ¿Y a quién afecta cuando exponemos violaciones de derechos humanos? Al Estado, especialmente a policías y militares. En este contexto, tras 30 meses de régimen de excepción, para ellos es fundamental saber quién me contacta para hacer una denuncia, adónde voy.
¿Qué opina sobre las reacciones del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, al ser cuestionado por estos audios?
En ningún momento, dice que sea falso. Se desvía a desmeritar el trabajo periodístico de Héctor Silva y de Infobae. Esto ya es costumbre en funcionarios de este Gobierno: recurrir a restar importancia a los reportajes que están revelando la corrupción.
¿Qué ha implicado esto para usted?
He perdido varias fuentes.
¿Ha perdido fuentes en el ámbito militar?
En el ámbito militar tenía muy buenas fuentes. Sé que un funcionario inventó que yo revelaba quiénes me pasaban información en la Fuerza Armada, lo cual es totalmente falso. Las fuentes se protegen, porque está en juego no solo la información, sino también su trabajo, su vida y su familia. Les dijeron a algunos: «No seas tonto, no le des información, ya sabemos, él mismo nos lo ha dicho». La estrategia es simple: di una mentira, repítela mil veces, y algo quedará. Muchos militares dejaron de responder mis llamadas, y no les he insistido porque entiendo la situación. He intentado advertirles que no caigan en esa mentira, especialmente en este momento tan delicado, donde nadie quiere correr el riesgo de acabar como Muyshondt.
¿Considera que una de las principales consecuencias que enfrentan las y los periodistas que investigan la corrupción es que las fuentes dejen de responder?
Si usted sabe que están espiando a Jorge Beltrán, eso implica que posiblemente leen sus correos, sus mensajes en redes sociales, y escuchan sus llamadas. Entonces, ¿se atrevería a llamarme para darme un informe? Eso afecta mucho. No solo van contra el periodista, están intentando silenciar o intimidar a las fuentes. Es grave, porque mucha gente pensará: «Mejor no lo llamemos». En estos días, he recibido al menos tres reacciones de este tipo. Yo les he dicho: tranquilos.
¿Estas fuentes le advirtieron que era porque lo estaban espiando?
No, no. Aquí espían a todos los periodistas que los funcionarios, de manera torpe, nos etiquetan como oposición. Yo no soy oposición. Me han atacado durante los gobiernos de ARENA, del Frente y ahora en este. Sea cual sea el gobierno, si hay corrupción o algo ilegal, lo voy a decir.
¿Qué casos que ha investigado cree que han incomodado a esta administración y lo han llevado a estar en el grupo de periodistas que están siendo espiados?
Hemos investigado varios casos de corrupción, como el de una niña violada en Mizata por un sargento, un hecho que intentaron ocultar. También hay otro caso en Soyapango. Las leyes que protegen a los menores son muy claras: si es menor de edad, es violación. En ambos casos, [la Policía Nacional Civil] lo negó, afirmando en un tuit que era falso. Sin embargo, tras investigar, confirmamos con múltiples fuentes que el hecho sí ocurrió.
Revelamos el caso de un jefe militar en Puerto del Triunfo que extorsionaba a mujeres a cambio de no meter presos a los maridos. Estos casos son claramente incómodos para el Gobierno y la Fuerza Armada.
Hicimos público el caso de un oficial cuya orientación sexual fue intolerada por la Fuerza Armada. Publicamos su historia porque estaba siendo marginado. La homosexualidad siempre ha existido en la Fuerza Armada. Recuerdo a un compañero homosexual que hacía bien su trabajo y se llevaba bien con todos. Otro caso de un teniente que fue dado de baja por su orientación sexual, a pesar de que otros oficiales lo elogiaban por su desempeño profesional. Hemos publicado varios casos de este tipo.
Usted mencionó que en gobiernos anteriores también se le vigilaba. ¿Qué ha cambiado en esta dinámica con el actual Gobierno?
En mi opinión, muchos funcionarios de este Gobierno solo han cambiado las camisetas de los partidos que han gobernado en el pasado. Siguen con las mismas prácticas. Sin embargo, veo un incremento en la represión, algo más fuerte y frontal contra el periodismo. ¿Por qué? Porque saben que el periodismo es, en cierta medida, el último reducto de lo que fue la democracia en El Salvador. Ellos actúan así porque tienen el control de la Fiscalía [General de la República], la Corte [Suprema de Justicia], la Sala [de lo Constitucional] y la Procuraduría [para la Defensa] de los Derechos Humanos. Antes, estas instituciones frenaban las violaciones a derechos humanos. Aunque no funcionaban a la perfección, existía una esperanza.
¿Cómo ha cambiado esta situación en su dinámica de trabajo como periodista?
Días después de que pasan las cosas, uno tiende a ponerse en guardia. Las circunstancias o el contexto hacen que el periodista vaya adecuando su forma de obtener información.
¿Piensa dejar de hacer periodismo dadas las circunstancias?
De momento, no. Hay que seguir.
¿Por qué dice que el periodismo es el último reducto que queda de la democracia?
Porque aún no han podido anularlo por completo. Hay personas que siguen luchando, como en la publicación del 19 de septiembre de Redacción Regional y Focos TV, que reveló que la familia de Bukele se ha convertido en cafetalera. No es sorprendente que odien al periodismo, ya que está exponiendo sus irregularidades. Han experimentado un cambio económico exponencial desde que asumió la presidencia. No tengo los recursos para llegar a esas ligas. Es posible que mis fuentes se hayan replegado y opten por el silencio. Sin embargo, seguimos evidenciando violaciones a derechos humanos, corrupción policial y militar, y la falsedad de ciertos proyectos. Por ejemplo, he publicado varios casos de escuelas que fueron derribadas y, en lugar de mejorar la situación, han dejado a la comunidad escolar en condiciones terribles. En Ilobasco, en la escuela del caserío Potrerillos, los niños tienen que aguantar las ganas de ir al baño porque no hay sanitarios, o deben ir a las casas vecinas a pedir prestado.
¿No cree que se está exponiendo mucho en sus redes sociales?
Es importante hablar. Si nos quedamos callados, ¿qué va a pasar? Si hay personas que quieren hablar, yo estoy dispuesto, pero si van a decir que tienen miedo, eso es un problema. Todos estamos en peligro en este país. He visto que muchos abogados son cobardes, con excepciones como Ruth López y Jonathan Cisco. La mayoría se rinde. Hay fiscales que saben que están encarcelando a inocentes, pero, para proteger sus empleos, acusan a personas injustamente.
Algunos me dicen que me expongo demasiado. Pero ¿exponerme a qué? A decir lo que está sucediendo. Cuando hago denuncias en mis redes o critico algo, no busco protagonismo; lo hago porque es necesario.
Si no existiera el periodismo, muchas violaciones de derechos que comete este Gobierno no serían conocidas. Es paradójico que Muyshondt y Castro conspiraran para espiarme. Si yo no hubiera revelado que a él (Muyshondt) lo tenían inconsciente, su familia probablemente no se habría dado cuenta. Publicamos el 16 de octubre de 2023 que le habían hecho una lobotomía, y eso llevó a la familia y a muchos medios a investigar más. Fue El Diario de Hoy quien reveló que estaba sedado en una situación crítica. Después de eso, el acceso a la información se volvió aún más restringido. Sin el periodismo, muchas de estas cosas no se supieran.
