* Imágenes obtenidas a partir de capturas de la transmisión de la plenaria publicada en el canal de YouTube de la Asamblea Legislativa.
Con 57 votos a favor y dispensa de trámite, la Asamblea Legislativa aprobó la ley, una semana después del anuncio de Nayib Bukele en su perfil en X. Él vinculó la propuesta a la protesta pacífica de pobladores del cantón El Triunfo, Santa Tecla, contra una orden de desalojo que afectaba a 300 familias.
Un día antes de que publicara este tuit, la protesta pacífica había sido reprimida por agentes de la Policía Militar y de la Policía Nacional Civil (PNC). La noche del lunes 12 de mayo, la PNC detuvo a Diego Guzmán Rodezno, Moisés Galeano y al pastor de la iglesia ELIM y presidente de la cooperativa El Bosque, José Ángel Pérez. El 13 de mayo, detuvieron al abogado y asesor de la cooperativa, Alejandro Henríquez, en su lugar de trabajo: el Foro del Agua. Pérez y Henríquez siguen detenidos, los otros dos hombres recuperaron su libertad al día siguiente de su detención arbitraria.
La discusión de la ley duró menos de hora y media. Su contenido llegó al pleno sin análisis previo. Leonor Arteaga, directora de Programa de la Fundación para el Debido Proceso (PDLF), afirma que las organizaciones civiles no tuvieron tiempo para estudiar la normativa.“Nos preocupa la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros que modifica significativamente las formas de trabajo de la sociedad civil en El Salvador. Siendo así, una ley tan importante, no tuvo ninguna consulta, ninguna discusión. Esa ley revive las preocupaciones que ya se habían tenido en 2021 y se detuvo por la presión internacional”.
Legisladores de Nuevas Ideas, como Christian Guevara, Suecy Callejas, Alexia Rivas y Ernesto Castro, aseguraron que esta ley llena un vacío legal. Según ellos, va a regular a todas las personas y entidades que reciban fondos del extranjero. “Aquí toda la vida se creó un sistema en donde ciertas organizaciones recibían dinero, a saber, de quién y a saber para qué”, dijo Castro.
Sin embargo, desde 1996 existe la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de lucro. Esta establece las regulaciones de las actividades y funciones de las asociaciones y fundaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Constitución de la República que obliga al Estado a garantizar el derecho de asociarse libremente.
Castro, al igual que sus compañeros de bancada quienes hablaron durante la plenaria, aseguraron que con esta ley no buscan perseguir a nadie. Pero su contenido y su aplicación discrecional contradicen esa promesa.
“Y pueden dedicarse a lo que quieran, incluyendo a aquellas que sigan queriendo dedicarse a actividades políticas, lo podrán seguir haciendo solo que ahora van a pagar el 30 %”, señaló Castro.
El artículo 9 prohíbe “realizar actividades con fines políticos u otros, con el objetivo de: alterar el orden público, que ponga en riesgo o amenacen la seguridad nacional, o la estabilidad social y política del país”.
Claudia Ortiz, diputada de Vamos, calificó la ley como incompatible con la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales de expresión y asociación.
“Somete a estricta vigilancia gubernamental las actividades de la cooperación y la solidaridad internacional y aunque establece exclusiones para que algunas de estas entidades no sean denominadas agentes extranjeros, los criterios para excluir a una organización como agente extranjero son absolutamente discrecionales y ambiguos”.
Ortiz advirtió que el Gobierno decidirá qué organización paga el 30 % y cuál no.
La ley crea un Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) con facultades para “aprobar, denegar, revocar o no renovar” registros de sujetos obligados. El artículo 19 fija multas de hasta 250 mil dólares por incumplimiento.
Leonor Arteaga señaló que con las nuevas obligaciones complican a las organizaciones que trabajan en los territorios y comunidades con mujeres, niñeces y adolescencias en situación de vulnerabilidad, donde el Estado no llega.
“Las oenegés van a tener que inscribirse en un nuevo registro y tienen 90 días para inscribirse. Todas sus actividades tienen que pasar por aprobación del Estado. Hay sanciones desproporcionadas, de multas, que se les pongan cargos penales y todo eso se está dando donde hay ataques a la sociedad civil que incomoda al gobierno, a las voces más críticas”.
Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, tuiteó que la ley frena a la sociedad civil y a medios independientes. “Con esta ley, el país da un paso más en la dirección de Nicaragua. La deriva autoritaria avanza a pasos agigantados”.
«No es un tema de transparencia, buscan afectar el trabajo de las organizaciones»
Alexia Rivas, diputada de Nuevas Ideas, afirmó que la ley permitirá revelar las fuentes de financiamiento de las oenegés para «fortalecer su credibilidad» y «generar confianza».
De acuerdo con su intervención durante la plenaria, la ley permitirá saber si grupos usaban fondos para «pagar planillas o robarse el dinero». Una investigación de Alharaca de 2021, demostró que las cinco organizaciones que más recibieron fondos estatales, entre 2011 y 2020, fueron organizaciones educativas con plena rendición de cuentas, no “fachadas”, como el oficialismo insiste en llamar a todas las oenegés.
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Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, afirmó que al oficialismo no le interesa la transparencia. Señaló que este Gobierno reserva información sobre gastos públicos y financiamiento de Nuevas Ideas.
“Si está pidiendo transparencia, el Gobierno y el partido oficial, ¿por qué no son transparentes y revelan quién financió sus campañas electorales en 2019, en 2021 y en 2024? No hay información sobre eso. ¿Por qué hay reserva de información sobre obras públicas, sobre gastos del gobierno, por qué hay reserva? Por ahí debería empezar el gobierno, si le interesa la transparencia, a trabajar porque sus funcionarios hagan pública esta información”.
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Para Escobar, la ley es parte de una escalada represiva. “Busca afectar el trabajo de las organizaciones porque le da un poder discrecional al aplicador de la ley al establecer prohibiciones de forma muy genéricas”.
Francisco Lira, diputado por Arena, criticó a la bancada oficialista por no abrir el debate. Llamó al proyecto «improvisado» y sostuvo que sirve para desviar la atención de problemas reales: pobreza, pensiones, vivienda y corrupción.
“Esta iniciativa sirve para desviar la atención de la problemática que tiene el pueblo salvadoreño, que día a día no le alcanza el dinero para comer, que no tiene una vivienda digna, que el tema de pensiones, no hay una solución todavía sobre la mesa, que los actos de corrupción de este Gobierno todavía no han sido juzgados”.
Calificó la Ley de Agentes Extranjeros como una «ley mordaza «dirigida a instituciones, oenegés y fundaciones que denuncian abusos y arbitrariedades del actual Gobierno.
“Cuando en sus intervenciones mencionan: «Vamos a conocer de dónde viene el dinero, de dónde les están financiando», les doy un aplauso, porque ahí me gustaría saber cuándo les dio Cosavi a ustedes para financiar sus campañas”.
Los artículos clave de la Ley de Agentes Extranjeros aprobada en El Salvador el 20 de mayo de 2025, que afectan directamente a las organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación independientes, son los siguientes:
Estos artículos han sido criticados por organizaciones internacionales como Human Rights Watch, que señalan que la ley restringe la libertad de expresión y de asociación, y otorga al Gobierno salvadoreño amplios poderes para controlar y sancionar a organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes.
